Por
Lic. Fernán Camilo
Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN
ACCIÓN
http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 4 de
noviembre del 2015.
Que para que a los
mareros se les conceda amnistía bajo coacción,
obligar a más impuestos, apropiarse fraudulentamente de los fondos de pensiones y
callar a toda voz que disienta; obliga
al Gobierno, ante la insuficiencia de
fondos para satisfacer las ofertas, de valerse de argumentos populistas; de
exigir más impuestos, de donde ya no es posible darlos. Las propuestas populistas
del FMLN, que muy oportunas para tiempos de campaña son, ya en la realidad, son absolutamente
inviables, por lo que, para mantener la
línea trazada, necesario es amenazar, con puño cerrado, al ciudadano.
Aceptando el
pandillero, su participación en actos ilícitos, se hace la propuesta de anular el procedimiento administrativo y
judicial para su castigo, sin que haya
habido amnistía y sin extinción del tipo penal. No se cuidan de que tal
proceder, es violatorio de la Constitución: de las obligaciones de la PNC, de
la Fiscalía y, de los Jueces. Este
proceder es con el propósito de evitar el costo político de apoyar una amnistía
en favor de los pandilleros y las
consecuencias conflictivas que de ello se derivarían.
El plan del asistencialismo estatal para la
reinserción de las pandillas, se vuelve muy complicado, porque muchas familias,
abandonan diariamente sus hogares, al ser expulsados de ellos. En dichos
lugares desolados, no es posible una reinserción, pues el tejido social ha
desaparecido. Lo cual podemos probar con la emigración de familias hacia
Nicaragua, Costa Rica y Panamá - lugares donde no hay pandillas - como en
Honduras y Guatemala; y como la emigración hacia los Estados Unidos se mantiene
constante, quiere decir que el dominio
territorial de las pandillas, es más fuerte.
Todos los desatinos del
Gobierno y más que todo, la corrupción que le caracteriza: compra de diputados,
dádivas a los funcionarios, los particulares grandes negocios, como los de
Sigfrido Reyes, el del Chaparral y los gastos privados de Mauricio Funes, como el enriquecimiento ilícito producto del
narcotráfico, son situaciones mejor “punto en boca”. Por estas razones, se quiere dar una ley mordaza, precisamente
para época electoral, pero sin advertir
que ni con leyes, podrán, de la opinión pública, ocultarse
tales procederes.
La ley mordaza, avivará
más el ansia del público por informarse sobre la corrupción gubernamental y como
pólvora se regará cualquier noticia, aunque no sea divulgada por un medio
formal. Es más, el primer medio
señalado, ya sea por denuncia de los Diputados Cardoza, Guillermo Gallegos,
Jesús Grande o cualquier otro que haya recibido dinero de dudosa procedencia, o
de algún otro de los tránsfugas de la legislatura pasada, que busque una
segunda reelección, podrá ganar el proceso judicial, pero perderá el juicio
público y, tanto el medio, como el periodista, quedarán ante la población, cual
héroes.
Lo que hoy quiere
evitar el FMLN, con GANA, CN y PES, fue iniciado por éstos mismos, cuando
denunciaron la corrupción en los “veinte años de ARENA”, lo cual, luego de dos campañas electorales, el juicio
contra Francisco Flores, el caso CEL-ENEL y el proceso por el Boulevard Diego
de Holguín, no ha podido probar corrupción alguna, salvo la incompetencia de
la Fiscalía y la de los querellantes. Pero
ahora sí son verdaderos los señalamientos de corrupción de quienes hoy proponen
la ley mordaza.
Lo único que se ve, es
que se está cerrando el puño, sobre el ciudadano salvadoreño y que las únicas
dos fuerzas que pueden evitar el estrangulamiento son las voces de libre
expresión y la denuncia pública de los actos de corrupción, que pongan en
evidencia las oscuras maniobras del Gobierno.
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