Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 29 de diciembre del 2015.
Con toda la trama de
una película de género “policial procesal”, el Ministerio de Justicia proyecta
crear una unidad especial policial en El Salvador, para prevenir y castigar delitos
cibernéticos, pretendiendo que por medio de una ley, los navegadores como
Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox y otros, restrinjan sus contenidos y
sean sólo a conveniencia de los encargados de la Dirección de Seguridad
Cibernética e Informática Forense, la
cual tendría también bajo su mando, una unidad élite, de comandos policiales. Así
también las entidades que posean computadoras de uso público, llevasen un
registro detallado de usuarios y de las páginas por éstos visitadas, hasta por
un lapso de quince años. No está claro si se debe de tomar a burla esta nueva
propuesta legislativa del FMLN o llorar por la falta de sentido común de
nuestros legisladores. Esto sobrepasa la anterior iniciativa de la Academia de
Seguridad Pública: crear la escuela de payasos para la policía comunitaria, la
cual muchos llamaron burlescamente, “Operación ¡JaJaJa!”
Sólo está claro que existe la intención de controlar el único
espacio verdaderamente libre que existe: la red. Si analizamos el contenido de
la misma, concluimos que el ciudadano se expresa libremente, en la seguridad de
que no habrá repercusiones negativas en su contra. En este espacio, se vierte
sin peligro, el descontento social que existe, y aunque sí ha sido manipulado en ciertas ocasiones, se
tuvo que hacer un esfuerzo descomunal y no puede ser permanente.
Sí existe la Guerra
Cibernética y, los trolls automatizados, tratan de cambiar la opinión de toda
una región, ante determinadas circunstancias; por ejemplo, en 2013, el Congreso de Estados
Unidos derogó la prohibición formal, contra el despliegue de propaganda en
contra de ciudadanos estadounidenses que viven en suelo de EEUU; y este fue un
ejemplo claro de la utilización de estos métodos de lucha. El Reino Unido ya
anunció formalmente, la creación de estas cyber unidades, Rusia las tiene, al
igual que Corea del Norte y el ISIS. Pero ¿las amenazas globales atentan contra
la soberanía salvadoreña? Una unidad de este tipo ¿debería ser policial o militar?,
cualquiera su forma, El Salvador no posee la capacidad económica y tecnológica
para una estructura de este tipo, ni está dentro del rango de los países
amenazados por el cyber terrorismo global.
Hasta este momento, el
cyber terrorismo latinoamericano que se ha visto, ha sido realizado por
gobiernos con poca o nula transparencia y sobre todo, con el manifiesto interés
de perpetuarse en el poder. Por ejemplo, en el mes de septiembre, tres sitios
de medios ecuatorianos han experimentado ataques incapacitantes, minutos apenas
después de publicar pruebas de una asociación, entre el Gobierno ecuatoriano y
la empresa de tecnología en vigilancia Hacking Team. El gobierno ecuatoriano
pagó más de medio millón de dólares para
suscribirse al Sistema de Control Remoto, un paquete de software utilizado para
la vigilancia digital de amplio espectro. La revista de noticias Semana
(Colombia), afirma que el Gobierno ecuatoriano pagó en 2012, 5 millones y medio
de dólares, a una empresa israelí, por una tecnología de vigilancia similar.
En varias ocasiones, el Gobierno de Correa trata de “librar un
contraataque en las redes sociales” contra la oposición; son ciudadanos a los
que el Presidente ha llamado ‘difamadores’. Las secuencias de propaganda en
favor del gobierno, trolls anti-oposición y spam de etiquetas, son parte de lo
que los periodistas y activistas digitales han catalogado como “Twitter Gate“,
una confusa campaña de medios sociales motivada políticamente y que se remonta
a 2012. Esta práctica ha sido señalada tanto en la Argentina de Cristina Fernández, como en Venezuela y México.
Estos ataques a la
libertad de expresión ya los hemos visto por medio de la empresa Bunker y, con robustez
moral podemos afirmar que existe una clara implicación de Casa Presidencial y
de Nayib Bukele y, hasta donde llegue el trasfondo de la misma, sólo lo pueden
decir las investigaciones, que seguramente no avanzarán en el futuro, pero sí está claro que quieren controlar la
opinión pública salvadoreña. La pregunta
es ¿se permitirá que el Gobierno posea la tecnología para el control de la
opinión pública salvadoreña en el ciberespacio, a costa de las medicinas en los
hospitales? ¿Permitiremos que nos quiten la más preciada y útil de las
libertades: la libertad de expresión?
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