Por
Lic. Fernán Camilo
Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN
ACCIÓN
http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 15 de
mayo de 2016.
En una migración
interna, la tregua ha generado el desplazamiento de sus hogares de 289,000
personas, según datos dados a conocer en Ginebra, Suiza, en Mayo de 2015, por
el Secretario General del Consejo Noruego para los Refugiados (CNR), Jan
Egeland, en conjunta declaración con el
Jefe Adjunto de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, Volker Turk.
Señalaron, como responsable de tal catástrofe, a la violencia en que vive el
país. Sabemos hoy que, son el Gobierno y las pandillas responsables de tal catástrofe
y, de la violación de los Derechos Humanos de las víctimas.
La responsabilidad
directa, recae en las pandillas, pero el Gobierno tiene una doble
responsabilidad: “comisión por omisión” cual lo señaló Volker Turk al expresar:
"primero se desplazan, pero luego intentan huir de sus países porque se
sienten totalmente desprotegidos". En otro documento, publicado por el Servicio Social Pasionista,
se plantea la responsabilidad directa del Estado, por haber facilitado el desplazamiento
poblacional, como política de Estado.
Como primera responsabilidad,
el Estado de El Salvador, por medio del Gobierno, está obligado a la protección
de sus ciudadanos, en el goce y preservación de su integridad física y de todos
los otros Derechos, como el de la libre permanencia dentro del territorio
nacional. Su negativa, a reconocer la magnitud de la violencia, elude su responsabilidad
constitucional y, con una clara representación de los efectos, convierte su
negligencia, en un hecho intencional pues, para su conveniencia política, ha
encubierto la magnitud de los hechos.
Al justificar la
migración salvadoreña como consecuencia de la extrema pobreza, el Estado de El
Salvador ha evitado que, en instancias internacionales, se valoren, erróneamente,
las solicitudes de asilo; pese a ello, el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas (ACNUR), otorgó el 2014 el status de refugiado a 10,969 salvadoreños,
habiendo 18,037 solicitudes pendientes de refugio, y en el 2015, fueron
presentadas 12,959 solicitudes más.
Responsables de manera
directa, entre agosto de 2014 y diciembre de 2015, han sido la FFAA y la PNC.
Se han realizado veintisiete desplazamientos forzados
de comunidades, al amparo de estas autoridades, siendo diecinueve, al amparo de
las FFAA y, ocho, de la PNC. Justifican dichas acciones “como ayuda a la
población civil, para que puedan salir de manera segura, debido a las amenazas
de las pandillas”. Por consiguiente, al conocer la complicidad del Gobierno en
acuerdos secretos con las pandillas, podemos especular que dicha “ayuda a la
población civil” fue en acuerdo con las pandillas, para limpiar la zona de toda
persona que les fuese ajena. Así, clara está la complicidad de las altas
esferas del Gobierno, de los mandos medios y aún, de algunos elementos de la
PNC.
Las acciones de los
pandilleros y la del Gobierno, no sólo son sancionados por nuestro Código
Penal, sino también contemplados por el Estatuto de Roma; pueden así ser
juzgados, en instancias internacionales, si la justicia nuestra no puede
hacerlo. Es notorio que ni el Procurador de los Derechos Humanos ni el Fiscal
General de la República, se han pronunciado al respecto, siendo tan clara, la
situación. Mucho menos se plantea la reparación del daño causado y de los
efectos negativos en otros Estados.
La responsabilidad que
se deriva de la “responsabilidad del mando”, alcanza en este caso al Ministro
de Defensa Munguía Payés y a Mauricio Funes, aunque nieguen ellos su
participación en la tregua. Por sus cargos, era su obligación conocer y actuar
en los casos en que los Derechos Humanos estaban siendo violentados. Esta
situación alcanza hoy plenamente, a Salvador Sánchez Cerén.
No hay comentarios:
Publicar un comentario