Vaticinan las
autoridades salvadoreñas que la situación de violencia del país, sólo podrá ser
controlada, hasta dentro de cinco años: significa que veinticinco mil personas,
perderán su vida en esta ruleta de la muerte que vive El Salvador: ya han sido
asesinadas treinta y siete mil personas en los últimos siete años de Gobierno.
En esta lotería de la
muerte, no se sortea sólo la vida: que
siguen en una proporción mayor otros delitos: lesiones, violaciones, extorsiones etc. Si en promedio
por año, la Fiscalía General de la
República, procesa cien mil casos que no llegan a judicializarse, debe esperarse
que, en la presente racha de violencia, sean vejadas quinientas mil personas, y
sin contar con las “rentadas” que son el 73% de las empresas formales y el 90%
de las informales, lo cual pone en
crisis a todo el sistema económico nacional.
Un Gobierno incapaz de
controlar 21,041.00 km2, con una población de 6.34 millones de habitantes, es un Estado fallido: mayor criminalidad,
menor crecimiento económico y potenciación de la criminalidad, a causa de la necesidad de supervivencia, y el Gobierno
plantea como solución, la creación de más impuestos y de un nuevo pacto social.
En El Salvador, ya hay
dos sociedades: la que vive legalmente, dentro de un sistema y, la que vive del
mismo sistema, pero ilegalmente. Se calculan 60,000 pandilleros y 450,000
familiares que dependen de ellos, es
casi el 10% de la población salvadoreña dentro del territorio nacional.
Ninguna sociedad
moderna puede sostener al 10% de su población, si ésta ejerce presión de violencia y delincuencia contra el
resto y, más aún, si lo hace con la anuencia del Gobierno. Consideremos que esta
situación no ha evolucionado de la nada: es derivación del pasado conflicto armado, que
dejo viva la lucha ideológica, que se ha materializado hoy, en conflicto social,
auspiciado desde el mismo Gobierno.
De poco más de 100,000
jóvenes que tendrían que sacar el DUI antes de las elecciones de marzo de 2018,
sólo 3000 lo han sacado ¿Por qué? Porque
su vida es completamente fuera del sistema,
o sea, que viven y se desarrollan paralelamente a la sociedad, sin
relación productiva con ella, pero que sí, les provee de su subsistencia.
La actual crisis económica, fuerza a la
informalidad y ésta, facilita la vida ilegal basada en la delincuencia. El
Estado está creando dicha crisis y, no serán más controles, los que lograrán
frenarla; será sólo el desarrollo económico privado, sostenible y progresivo, pero el Gobierno lo considera inaceptable, pues a su juicio, del desarrollo
económico, nacen los males sociales.
Ya está en marcha la
ruleta de la muerte, a la que el Gobierno salvadoreño nos ha condenado; miles
de víctimas padecerán vejaciones o morirán; sin embargo, mientras tal sucede, sólo
se considera una negociación con estos grupos delincuenciales, como si fuesen
estructuras políticas lícitas. Se creará así, un mayor caos y crisis social que
están siendo paleados gracias a la emigración, primero interna y luego, hacia
el exterior, aunque ese alivio, ya es insostenible,
¿Alzarán su voz ese
medio millón de personas que sufrirán un destino inhumano? Muy probablemente no, pues nadie espera ser un ganador en la
lotería de la muerte y, si sale
sorteado, espera que las consecuencias
no sean mayores, o pueda emigrar.
Ningún país extranjero
tiene que soportar en su tierra, nuestros problemas internos, pero sí,
presionar para evitar que El Salvador se vuelva polo de inestabilidad regional;
no sería intervencionismo, sino la aplicación, de que la libre determinación de
los pueblos, no debe afectar los intereses de los otros Estados.
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