Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
El Fiscal General de la
República afirma que la justicia es para todos más, con sus hechos, parece
haberse rendido para su encubrimiento, a quienes ejercen hoy los cargos
públicos, o sea que los funcionarios tienen capacidad de manipular en su favor,
el sistema de justicia.
Se han presentado,
entre el ocho de febrero y el dieciocho de noviembre del presente año, cuatro
Avisos, por Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad, en base a la Sentencia de
Inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía de 1993. El Señor Fiscal expresó en
audiencia pública, ante la Sala de lo Constitucional, que había librado orden
de captura contra los condenados y, luego amnistiados, autores materiales del
asesinato de norteamericanos en el helicóptero de Lololique pero, el Aviso en tal sentido, ni siquiera
tiene su número respectivo asignado, en el sistema computarizado de la Fiscalía.
El Padre José María
Tojeira, en una conferencia sobre Derechos Humanos, aseguró que en una reciente
entrevista privada con el Sr. Fiscal General, éste le afirmó, que tomaría una
demanda “de cada lado”, lo cual irritó al Padre Tojeira, pues la UCA, había
interpuesto contra militares ochenta y ocho acusaciones y, el Colectivo
Victimas del Terrorismo, sólo había interpuesto
contra el FMLN, cuatro Avisos, lo cual dejaría de la UCA, ochenta y cuatro demandas fuera. La UCA, pide nuevos procesos,
directamente en tribunales, rompiendo así, la garantía del debido proceso, pero
este procedimiento ilegal tiene como base la actitud del Fiscal de no estudiar
los casos que se le presentan.
Hemos vuelto a las
épocas oscuras del anterior Fiscal, cuando los poderes políticos ordenaban a
dicho funcionario, cual debía ser su conducta y se investigaba ad hoc, o se
engavetaban las investigaciones: la justicia, mercadería al mejor postor.
La justicia debe responder a las víctimas. En nuestra Constitución,
el monopolio de la acción recae en el Fiscal General de la república, de manera
exclusiva y, su negligencia, culposa o dolosa, sólo abona más, a la injusticia
generalizada en El Salvador.
Las peticiones de
justicia por Crímenes de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra, contra el FMLN,
no son de naturaleza electoral, sino de pleno ejercicio del Derecho. Las
acciones del Fiscal General de la República, al no investigar estos delitos,
denotan tres posiciones: 1) considera que las acciones subversivas del FMLN,
fueron lícitas, 2) que no hubo víctimas del FMLN, durante el conflicto armado y
que, las víctimas existentes, se han auto-infringido el daño, 3) que los
procesos por violaciones a los derechos humanos, durante el pasado conflicto
armado, fueron exclusivos del Estado y de la Fuerza Armada.
Cuando el Fiscal
General de la República, niega la existencia de Crímenes de Lesa Humanidad y
Crímenes de Guerra del FMLN, vuélvese cómplice encubridor de los hechores y crea la
re-victimización de las víctimas, que ya no puede clamar justicia, por haber sido
asesinados y, destruye lo último de la personalidad: la memoria de su vida y
asesinato.
La memoria de la
sociedad salvadoreña, solo pide que la justicia sea pareja y que, el Sr. Fiscal
General de la República, asuma su responsabilidad constitucional y devuelva la
memoria histórica de las víctimas. La falta de justicia, obligaría a recurrir
nuevamente, a la Sala de lo Constitucional o a Tribunales internacionales.
La negativa de justicia,
es el origen del caos social en que hoy vivimos y, es obligación de todo
salvadoreño, denunciar los crímenes cometidos; más aún, si son de Lesa
Humanidad o de Guerra, sobre todo, cuando
las victimas yacen en el sepulcro y sus deudos aún viven en el temor.
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