SOBERANÍA, LEGITIMIDAD, DINERO

Por       

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Por carecer del dinero necesario para renovar su DUI, 193,000 ciudadanos, no podrán votar en las elecciones del próximo marzo: su poder soberano, quedará condicionado  condicionado a su capacidad de pago. Es  penalización a la pobreza y, argucia electoral.

193,000 ciudadanos no ejercerán su poder soberano,  por carecer del dinero necesario para renovar su DUI  sin el cual, no será posible votar en las elecciones del próximo marzo. El Presidente Salvador Sánchez Cerén,  por la certeza de que estas personas, de extrema pobreza son hoy, sus mayores detractores, vetó el Decreto  que les permitiría ejercer su soberanía. La crisis económica generada por el presente Gobierno y la corrupción de su partido, ha empobrecido a esta numerosa parte de la población.

Al profundizarse la crisis económica, el individuo es excluido  de la actividad formal y éste, para sobrevivir, entra en la informalidad: allí, la exigencia de un medio de identificación legal, no es necesario y,  su subsistencia la logra con apenas entre $ 1.00 a $3.00 diarios. Renovar el DUI,  implica un gasto de $ 10.31; lo cual consumiría varios días de subsistencia: la subsidiariedad del Estado, es para estos individuos, de urgente necesidad, sin embargo, la vigencia de su DUI sólo se pide para un único acto: el ejercicio de la soberanía,  la cual no se pierde con la pobreza.

Todos, en el país, tenemos iguales Derechos; sin embargo, quien haya sufrido más las consecuencias del mal Gobierno del FMLN,  es quien tiene moralmente,  mayor derecho a expresar su disconformidad y es, a quien se niega votar. Ejercer el voto, es un derecho inalienable del ciudadano, sólo reglado por la forma de expresarlo y, así es necesaria la debida identificación, Sin embargo,  un documento, con las debidas medidas de seguridad modernas,  que permita la plena e inequívoca identificación del individuo, no pierde, por el hecho de no estar refrendado, su finalidad, que no es el costo del mismo.

Los intereses que están en juego son: económicos y políticos. El forzar a renovar el DUI, representa casi $ 2, 000,000.00 que ingresarían a la empresa contratada por el Gobierno, para la emisión de los DUI. Eliminar los votos que darían,  por lo menos de cuatro a cinco diputados opositores al Gobierno. Si votase sólo el 40%, tendríamos 77,000 votos válidos, sin embargo, la intención de voto, en este segmento poblacional, es muy superior, llegando al 55%, debido a  los efectos negativos de la gestión gubernamental, en su presente condición, así que deberíamos esperar una votación activa de 106,150 votos.

El Gobierno aduce que los partidos políticos y la empresa privada paguen esos DUI. Nadie puede ni debe dar dinero a otro, para  refrendar su DUI y así, asegurar un voto,  pues eso podría interpretarse como  compra del voto. Lo que sí deberían hacer los grupos cívicos y partidos políticos, es darle voz a ese gran número de salvadoreños,  para que se expresen electoralmente, conforme a su conciencia.

Sólo la presión de partidos políticos y grupos cívicos,  puede ya  revertir el bloqueo al voto que ha hecho Salvador Sánchez Cerén. Lo que está en juego es la legitimidad misma de las elecciones,  pues la voluntad de participar en ellas, debe ser libre y sin limitación de barrera legal.

Ninguna persona, por falta de dinero ($ 10.31) debe  ser excluida del  proceso eleccionario: hacerlo, prueba el grado de corrupción imperante en el Gobierno y, la falta de estructuras contraloras independientes. La participación ciudadana en las elecciones, legitima el ejercicio del poder y su  limitación, deslegitima dicho ejercicio.