LA EXPOLIACIÓN ESTATAL
Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN
Todo dinero público,
no invertido en sus fines, constituye expoliación (robo, fraude, despojo,
usurpación, privación) al ciudadano. Por el desarrollo de la política
cotidiana, con su lucha partidaria, olvidamos este concepto, pilar de nuestro
sistema político actual: es necesario retomar el principio, desde su origen:
las luchas liberales francesas y, la obra La Ley, de Frederic Bastiat.
El fin de la
recaudación fiscal, es satisfacer, de manera indirecta, mediante un impuesto,
una necesidad pública. O sea, recauda lo grabado (hecho generador) y se emplea
para financiar diferentes servicios públicos o, de interés colectivo. La
política practica ha inducido a creer que el impuesto, es forma de lograr una
equidad social o, manera de sostener al Gobierno autocrático. En ambas formas,
el ciudadano se convierte en un productor para beneficio del Gobierno o, en un
“siervo”, en analogía con el feudalismo, sin ninguna diferencia práctica con
las extorsiones ejercidas por las maras.
El ocultamiento de
gastos, por parte del Ministro de Agricultura y su justificación, por parte del
Ministro de Hacienda y las quejas e incapacidad de la Corte de Cuentas de la
República y la Fiscalía General de la República en tal sentido, sólo prueban la
expoliación que sufre la economía pública. Es ya bien sabida la corrupción del
presente Gobierno, que suma más de mil millones de dólares, dinero que
tendremos que pagar, porque los diputados se lo aprobaron en deuda externa. Tendrá
que ser cancelada con sus réditos, por la generación subsiguiente.
Por tal razón
Frederic Bastiat dice: “Cada uno de nosotros tiene un derecho natural – de Dios
– para defender su persona, su libertad y propiedad” …, o sea que la Ley es
injusta cuando se castiga el derecho a la legitima defensa de uno en favor del
derecho adquirido de saquear el de otro. Esto lo hemos visto hoy durante la
pandemia. El Gobierno con fines populistas intervino para impedir el legítimo
cobro de las obligaciones contractuales de los particulares, mientras exigía
que los impuestos le fuesen pagados.
Hoy se da un
reglamento que impide conocer las contrataciones que el Gobierno realiza en
nombre de la ciudadanía y del interés público y que, en todos los casos, se
hacen con sobreprecio y calidad deficiente, para favorecer los intereses de
algún allegado al Gobierno; esto es expoliación.
La necesidad de
una contraloría pública, es congruente con los principios de buen gobierno,
aplicados en todo país democrático. El dinero generado por los impuestos, es
patrimonio de cada ciudadano, en su precariedad o en su abundancia, aunque el
ciudadano no lo sienta así porque todos contribuimos a ello, de manera
consiente o no.
La contraloría de
la opinión pública, se desarrolla debido a la corrupción en el ejercicio del
Gobierno, cuando los partidos políticos e instituciones que deben ejercer dicho
control, según su modelo ideológico e institucional, siguiendo el equilibrio
que pretende la República, llegan a acuerdos que aseguran la gobernabilidad,
basada en la corrupción, por lo que sólo queda la contraloría social, vigilante
de ese equilibrio, pues al romperse, en favor de alguien, hay tiranía y con
ella, mayor corrupción.
La corrupción del
presente Gobierno, está quedando legitimada por la inacción de la sociedad
frente a sus pretensiones: es necesario que se interpongan los recursos
respectivos y el ciudadano tenga claro, que cada centavo de deuda, implica que
tendrá que trabajar más, para el Gobierno, que está convirtiéndose en su
“Señor” y no, en su representante. La inacción ciudadana, está permitiendo la
creación del “Leviatán”, descrito por Thomas Hobbes, en la justificación del
absolutismo del Estado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario