Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCION
El rompimiento
constitucional presente y, la insistencia de crear un nuevo cuerpo legal, son
un proceso, iniciado con el ordenamiento municipal de San Salvador que finaliza,
con la desestabilización nacional, al cambiar su sistema republicano,
democrático y representativo, y abandonar a la mara, la soberanía nacional,
creando una relación simbiótica, entre entes armados (legales e ilegales) y Bukele,
capaz de desestabilizar el Triángulo Norte.
El nuevo mercado
Cuscatlán, inició la relación Bukele-mara, cediéndole a esta, puestos en dicho
mercado. Dicha política, se extendió a todo San Salvador, lo que implicó una
cesión a la mara, de la soberanía y
control territorial, cambiándola, de entidad meramente delincuencial, a
política, con fines económicos, basados en actos delictivos. (Según informe de
InSiht Crime, entidad que se dedica a la investigación y análisis del crimen
organizado en Latinoamérica y, que se sostiene con fondos norteamericanos e
ingleses). Los intereses de la mara, son económico- políticos: tienen
incidencia electoral, para defenderlos.
A esta reunión de
las pandillas, con fin económico-político, se suma la facción disidente del
FMLN, que apoya a Bukele, liderada por José Luis Merino y sus allegados, que
mantienen su red de narcotráfico y lavado de dinero, con las empresas ALBA. Lo cual
garantiza el control territorial (por medio de la mara y, económico delictivo) que
le da mucho poder sometiendo las instituciones del Estado. Este poder, es ofrecido
como capacidad de control del país, para frenar la emigración, aceptando a
todos los retornados, sin que estos vuelvan a tratar de ingresar ilegalmente, a
USA.
Para sostener este
aparato de control y dominio, es necesario violar la Constitución, en su contenido
y espíritu, acallando las voces disidentes de la oposición, que sí cree en el actual
sistema político, enmarcado en la Constitución y que ha obligado, a crear una
simbiosis Fuerza Armada-PNC-Bukele: los jefes militares y policiales, ven en
Bukele, su único apoyo para no ser procesados y, le dan libertad, asegurándose de que sus decretos
ejecutivos, serán sostenidos por la fuerza, dañando así, el papel de dichas
instituciones, dentro de un marco estrictamente constitucional y legítimo.
Sostener el nexo
con las pandillas es muy difícil: sólo hay tres formas: con dinero, con bienes
y territorio, lo cual, a la larga, será insostenible, pues el territorio es así,
considerado para “usufructuarlo en sus habitantes” y, si estos, migran o,
carecen de los recursos para su subsistencia, no podrán pagar la “renta” al
marero, ni mucho menos, al Gobierno. El caos generado, aleja la ayuda
internacional, e inversión.
Si los Ministros ya
son mareros, no es posible dar a estos, más presencia en el Gobierno y, la
relación con José Luis Merino, se hace más complicada, en la medida que aumenta
la presión contra la corrupción y el crimen organizado, hasta no poder ocultar
dicha relación.
La resistencia de
los Ministros a dar cuentas, es para evitar que la relación, con el crimen
organizado sea de debate público y, debilite a Bukele electoralmente, pero el
Estado, está llegando al colapso, si se cumplen las amenazas del Ministro de
Hacienda, de no pagar a los funcionarios públicos y, paralizar al Gobierno a
final de año, entonces el Estado colapsará o echará mano, de los ahorros
privados.
El twitter de Bukele
de ayer por la noche, sobre un aumento de los casos de infección de
coronavirus, en la condición actual, podría estar indicando que puede darse un
nuevo cierre total del país y así, evitar las protestas masivas que van contra
el Gobierno, ahondando aún más la crisis, en un efecto sinérgico. Por ello,
sólo puede garantizarnos la estabilidad que necesitamos, la Constitución
vigente.
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