Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCION
Limitar y deformar
la libre expresión o, manipular el sistema político, mediante la destrucción de
la representación, es atacar a la República, pues éstos son sus dos pilares y
por ellos, tanto la libertad de expresión, como el Gobierno basado en la
representación, aseguran el correcto funcionamiento del sistema social, base
para el desarrollo sostenido de una nación.
Los ataques a
periodistas, que basándose en un
periodismo investigativo, denuncian las malas acciones del Gobierno, no
deben tomarse como personales, sino al
gremio periodístico y, a la función social que desempeñan, dentro del sistema
democrático, pues por sus investigaciones y la noticia diaria, el ciudadano
puede enterarse, de lo que sucede en el ámbito nacional y, formarse opinión,
sin que sufra o goce, de lo que les sucede a otros, pero si, le sirve para
tomar decisiones de orden político: es decir, sobre la vida nacional y ejercer
su derecho soberano, garantizado en el Art. 83 Cn.
Informar es la
función social, del medio de comunicación: tomar los hechos, interpretarlos y
exponerlos, bajo la óptica del medio que los da a conocer: el carácter pasivo
de la audiencia, le permite leer, ver o escuchar ese medio, a su libre elección,
pudiendo formarse opinión política, que externa, eligiendo a sus representantes,
sin necesidad de ser activista político. Por esta razón, el gobernante, no
puede antagonizar, como medio de comunicación, pues impone las reglas del
sistema y, el quehacer público, no es su patrimonio: por ser de todos, se cuestiona,
aunque debe responder a los señalamientos, como justificación de sus acciones.
Si la elección de
los representantes, se hace por medio del sistema de la democracia
participativa, hay un cambio filosófico, pues se abandona la concepción roussoniana,
de individualismo, como lo establece nuestra Constitución y, lo cambia a un
concepto derivado de los principios de Jacques Maritain: establece que el ser
humano, es un fragmento de la sociedad, conservando únicamente, sus garantías individuales,
imponiéndose, por medio del referéndum, el conglomerado social, al individuo.
La introducción de
los principios de la democracia participativa, rompe de lleno, lo establecido
en el Art. 248 de la Constitución y, crea una democracia semi-directa, que
tiene como principio, que la colectividad debe intervenir en: 1) participar en
la toma de decisiones, 2) participar en la ejecución de decisiones, 3)
participar en el control de la ejecución, 4) participar en los aportes, 5)
participar en los beneficios, 6) participar en la esfera pública.
La implementación
de estos principios, implica modificación de la legislación secundaria, desde
lo electoral, hasta lo civil, lo mercantil, lo laboral, lo administrativo, etc.
La experiencia práctica, es que se termina dando al Ejecutivo, un mayor poder.
En la práctica, lo
que no queda bajo control directo del Ejecutivo, quedará en quien manipule la
opinión pública o, pueda imponerse por la fuerza, a quienes no estén dispuestos
a ejercer un trabajo político cotidiano o, ejercer la fuerza en las calles. Si
tomásemos como parámetro, que el
desarrollo económico y social, se logra mediante la estabilidad nacional, en
aplicación de los principios de “Buen Gobierno”, el país, por tal
inestabilidad, estaría imposibilitado de alcanzarlo.
Por esta razón, la
democracia participativa, ofrecida como introducción del referéndum, en la
nueva constitución, sería el germen de destrucción de la estabilidad nacional,
pues si se quiere, todo sería posible, con un referéndum y, la primera inestabilidad,
vendría del referéndum revocatorio.
Si se atenta
contra la libertad de expresión o, se pretende introducir el referéndum, se
destruirá la República: es necesario un activismo político, en defensa de la
Constitución y la República, si queremos preservar nuestra libertad.
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