Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCION
Las recientes declaraciones de los Ministros de Hacienda
y de Defensa plantean claramente, el ejercicio de un
Gobierno autoritario que va de la mano, con las acciones del Ministerio de Salud,
ocultando el fallecimiento de ancianos, personas con cáncer, con deficiencia
renal y otras enfermedades crónicas y, con la planificada negligencia del
Gobierno, que es una forma de genocidio. Es necesario relacionar estas
acciones, a la luz de las garantías individuales y los Derechos Humanos.
El Ministro de Hacienda plantea, como necesidad del
Gobierno, suprimir o restringir los procesos administrativos y judiciales, en
la relación Estado-individuo, abriendo el debate, –ya dirimido desde la Revolución
Francesa (1789)-: sobre la potestad del
Estado, sobre la persona o sea, ¿podrá el particular defenderse, de las
arbitrariedades del Ministerio de Hacienda?, pues al Ministro le parece muy
engorroso, tener que agotar la vía administrativa, para que sea la Fiscalía, la
que inicie proceso en vía judicial, al
ejercer un cobro de impuestos forzoso. Según el planteamiento del vicepresidente
Félix Ulloa, este cambio debe hacerse desde la Constitución. La perspectiva a
futuro es que, mientras menos dinero tenga el Gobierno, más serán sus
exigencias que deberán cubrir, forzosamente, los bienes del particular.
Plantea el Ministro de Defensa, ser necesario que la
Fuerza Armada sea política, lo cual sería un riesgo, para el sistema democrático:
siendo política la institución militar, sería también deliberante; pondría en
riesgo, la verticalidad de la Fuerza Armada, creando el peligro de poder ser
utilizado políticamente, su poder armado. El reclutamiento militar obligatorio,
en tales condiciones, podría incorporar con fines políticos, a los allegados
del Gobierno o, reclutar a la oposición, para evitar que se exprese, so pena de
ser juzgado por la legislación militar, más severa y expedita, que la civil.
El fallecimiento de 47 ancianos al cuidado del Estado,
en el Asilo Sara Zaldívar, no es un hecho aislado, pues en otros asilos, se han
registrado fallecimientos, en iguales condiciones. Muertes que se suman a los
fallecimientos por suspensión de tratamientos de cáncer e insuficiencia renal y
al no hacer público tales decesos, existe ocultamiento de información, sin que se trate
de negligencia, sino más bien, de la política encubierta, de ahorro de fondos,
para ser usados en otros destinos, cuando claramente, la asistencia a estas
personas débese a la acción subsidiaria del Estado y no, por mera caridad o
liberalidad: existe una legislación que ordena a la salud pública, dar la
asistencia debida a estas personas.
El autoritarismo es sólo “para los ricos y poderosos”,
como lo justifican los troles del Gobierno, pero llega a las personas más
desvalidas del país, ancianos y pacientes crónicos, que se vuelven una carga
para el Estado; ahora se les deja morir, así los responsables son el
coronavirus y sus enfermedades. La actitud de un Gobierno, que busca el
exterminio de cierta parte de la población, de manera intencional, es genocidio
y, quienes apoyan a este Gobierno en tal gestión, son genocidas.
El autoritarismo no puede tener nada bueno: es la
voluntad de una persona y de su grupo de allegados, quienes deciden por la
totalidad de los habitantes, cuyos bienes, deben estar al servicio del Estado,
o sea de quienes pretenden Gobernar y lo usan para su conveniencia.
Con el reclutamiento obligatorio, se fortalece la
estructura democrática del Estado, en tiempos de crisis, pero parece ahora que,
en el futuro, será un instrumento más, de dominación contra el ciudadano. Por
ahora, podemos hacer política por medio del voto, si se nos quita tal posibilidad,
costará sufrimiento y años de lucha, recobrar ese derecho, nuestro hermanos
nicaragüenses y venezolanos, lo atestiguan.
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