Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCION
Nuestra salida de la Guerra Fría en Latinoamérica; se
significó con los Acuerdos de Paz de 1992; se inició un nuevo proceso político:
solventar los conflictos internos, mediante el sistema democrático, respeto de
los Derechos Humanos y entendimiento social, mediante la concurrencia a las
urnas.
El conflicto dejó 11,000 militares fallecidos (caídos
en servicio), 10,000 mutilados por las minas terrestres y dispositivos
explosivos improvisados, miles de muertos de las cinco organizaciones del FMLN,
junto a inocentes civiles, cuyo número nunca podrá contabilizarse con
exactitud, por lo clandestino de la insurgencia y su logística encubierta, que
no permitía distinguir entre el civil y el combatiente.
Aún subsisten los daños materiales: la destrucción del
agro, por causa de la Reforma Agraria decretada con el apoyo de las embajadas
de Estados Unidos y Taiwán, materializando los conceptos agrarios de Roy Prosternan:
pretendían frenar el conflicto, mediante la repartición de tierras. Estrategia
que había fallado en Vietnam, dio aquí puñalada de muerte a la agricultura: a
ella se debe mucha de nuestra migración, y que el país no pueda producir la
totalidad de alimentos que necesita para la población y que, se carezca de la
mano de obra necesaria para las labores agrícolas.
El endeudamiento galopante de nuestros Gobiernos,
débese a la reconstrucción necesaria y la suposición política, que el
asistencialismo, es la base política que sustenta al Gobierno y no, la libertad
económica, fuente de satisfacción de las necesidades individuales; a la larga,
ha estimulado la corrupción, el narcotráfico y el control territorial de las
pandillas.
Creyendo que la sociedad respetaría la ley, por el
sólo hecho, de haber firmado los Acuerdos de Paz, se disolvieron los cuerpos de
seguridad y, sin educación cívica y con una lucha política de parte del FMLN
(siguiendo la estrategia del frente unido – cambiando la lucha militar por la
lucha política-), diose ser político a las pandillas, hecho, por vez primera,
explotado por Mauricio Funes, tomó fuerza propia, hasta ser parte, medianamente
oculta, dentro del presente Gobierno.
El autoritarismo actual, se debe a la falta de
educación cívica (inculcar las normas y principios de una convivencia pacífica,
sostenida en el sistema democrático y republicano) así como las bondades de un
sistema fundado en la libertad económica e individual. Podremos así, ver tres
cambios futuros que el presente Gobierno, pretende introducir.
1)
El
uso político de la Fuerza Armada: despojándola de la función constitucional
establecida luego de los Acuerdos de Paz, genera un sentimiento anti-militar, ya
utilizado en su lucha, por el FMLN, retomado por grupos de izquierda radical,
hoy ampliado a muchos sectores opositores de este Gobierno, induciendo a que la
Fuerza Armada, viendo en Bukele su única protección, se convierta en el
ejecutor de sus disposiciones. El acuerdo político para la condena en el caso
Mozote y una extradición en el caso Jesuitas, va en tal sentido.
2)
Las
Municipalidades que no puedan ser autosuficientes, tenderán a desaparecer y ser
absorbidas por las Municipalidades grandes. Esto facilitará el control de la
mara e influencia del narcotráfico. Con tal fin se está reteniendo el FODES.
3)
La
suspensión de la educación, tendrá efectos futuros: habrá una generación, cuyo objetivo
será sólo la supervivencia, sin respeto a otro ser humano; le será más fácil,
ingresar a la mara y solventar sus problemas por medio de la violencia.
Conclusión: sólo quién no ha vivido o, participado en
el conflicto armado, puede despreciar los Acuerdos de Paz o, mancillar la
memoria de los caídos. La intención es justificar el cambio de sistema
partidocrático, por una dictadura asistencialista, que no podría sostenerse,
sin la nueva lucha económica entre potencias.
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