Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCION
Es el espionaje, medio de recolección de datos para la
realización de análisis, planificación y ejecución futura de acciones, contra
cualquier amenaza, puede ser lícito, tanto como ilícito, dependiendo de su
alcance, métodos y fines. Por esta razón, es imperativo analizar su práctica
actual, en El Salvador, por parte del Gobierno, dentro de un esquema democrático.
Espionaje es la práctica y conjunto de técnicas,
asociadas a la obtención encubierta, de datos de información confidencial, de
cualquier tipo o forma de secretos. Las técnicas comunes de espionaje son la
infiltración y la penetración, por medios tecnológicos, usando el soborno y el
chantaje, para quebrar estructuras de seguridad.
Se utiliza el espionaje, ante cualquier amenaza contra
la sociedad o el Estado: estabilidad económica,
Seguridad Pública o, cualquier hecho que pudiese perjudicar a la entidad
colectiva, que es el Estado. Pueden las amenazas ser muy variadas, y si el Gobierno
advierte una, en la oposición política legal, dentro del sistema democrático, o
la advierte, en la disidencia de pensamiento, significa que el sistema democrático
ya no existe materialmente, aunque se mantengan aún, las instituciones formales,
siendo entonces ilícito, el uso del espionaje.
La característica esencial del sistema democrático, es
la existencia de pluralidad de pensamiento o, de corrientes políticas, las
cuales, en su ejercicio práctico, deben ganarse el favor de la mayoría; por tal
razón, existen el voto “duro” y el “indeciso o variable”, según sean los efectos
prácticos en la sociedad: más, si la oposición es vista como “amenaza”, es que
el Estado, se ha reducido al interés de unos pocos, excluyendo a quienes
piensan de manera diferente.
Si el presente Gobierno, realiza espionaje a la ANEP y
a empresarios relevantes, por la magnitud de sus empresas, significa que los
considera sus enemigos y, si muchos de los asociados a la ANEP son invitados
individualmente, a reunirse con el Gobierno, y son las propuestas diferentes
para cada quien, es porque muy probablemente, también estén siendo espiados,
considerándolos “piezas”, en el tablero político del Gobierno.
Si la seguridad ha sido vulnerada, estarán probablemente,
practicando espionaje, sobre cada uno de los opositores, deformando el sistema
político, volviéndolo un Estado policial o autoritario. ¿Quién puede confiar su
inversión en un Estado policía? ¿Qué garantía tiene el allegado del Gobierno de
que, para asegurarse de su lealtad, no se le somete a espionaje?
Toda acción de espionaje conlleva otra de
desinformación, por lo que si ésta, es generalizada, el “enemigo” es la
sociedad salvadoreña; en consecuencia, si se deforma el sistema democrático, se
deformase también el republicano, volviéndose en una dictadura.
El espionaje generalizado, va precisamente, de la
mano, con la desinformación, para engañar al “enemigo”. Si el engaño es masivo
significa que, en conjunto, se considera a la sociedad como enemigo. El ocultamiento masivo de información, como lo
referente a la extensión de la pandemia, tiene el propósito de conseguir la
mayor asistencia a la votación, aún a costa de la vida de salvadoreños. El
Gobierno oculta que no ha hecho gestiones de compra de vacunas, porque espera
que se las regalen, y justifica inmensos gastos, para no cubrir sus
obligaciones; y si también se oculta el fallecimiento de ancianos y otros
enfermos, por falta de medicinas, se están ocultando un genocidio y las
verdaderas prioridades del Gobierno.
Si el espionaje es efectivo, se debe a que hay temor
en quienes han sido coaccionados para realizar la infiltración, temor que es
aliviado, con pago económico. Un Estado policía, podrá asegurar el poder de sus
dirigentes, pero no lograr un desarrollo sustentable, en un país en desarrollo,
evitando la emigración de sus ciudadanos.
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