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domingo, 9 de mayo de 2021

LEGÍTIMO E ILEGÍTIMO

 

Por      

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

Las acciones ilegítimas del presente Gobierno, dan legitimidad a todo el proceder de la sociedad civil, justificando la alarma internacional. Esta situación debe analizarse, ante las inminentes protestas públicas y, ante el cierre de espacios, jurídicamente legítimos, que se está provocando en El Salvador.

 

La Asamblea Legislativa y el poder Ejecutivo, legítimamente nominados, en un proceso electoral, han perdido  la legitimidad por su acción: recurrir a la distorsión del sistema político, apoyándose en la fuerza (PNC y Fuerza Armada), para crear la fuente material de poder.

 

Inicia dicho quiebre de legitimidad, con la destitución de los Magistrados de la Sala de lo Constitucional y, del Fiscal General de la República, llegando dicho proceso, a la cancelación de los partidos de oposición y, a la represión fiscal sobre opositores, culminando con la violencia en las calles, contra la oposición.

 

La separación de poderes, garantiza el debido proceso: que existan medios de recurrir (oponerse) a decisiones emanadas de la autoridad pública, llevándolas a una controversia judicial en igualdad de condiciones, para obtener resolución apegada a Derecho. Tal lo garantiza el Artículo 11 de la Constitución.

 

Sí se organizan el Ministerio de Hacienda y la Fiscalía General de la República, para la persecución de “evasores”, dando a los Auditores de Hacienda, el cargo de Fiscales, con capacidad para dar dirección funcional a la PNC, se rompe la independencia de poderes, substituida por un criterio único, que no posibilita las acciones de recurrencia que el procedimiento legal permite, con el fin de la correcta aplicación de la Ley, en igualdad de condiciones.

 

Siendo propio de los jueces, el control difuso de la constitucionalidad y, no aceptando los cambios que se están dando, fuera de la ley y el Derecho, serán substituidos por otros, sujetos acomodaticios designados por el régimen, desapareciendo el sistema de contraloría, y consolidándose el autoritarismo de Estado.

 

Ya el Presidente Bukele afirmó que, la interpretación correcta de la ley, es sólo la suya. Por lo tanto, las únicas opciones, son la manifestación pública y las protestas, mediante escritos, memes y videos, en súplica de auxilio a la comunidad internacional, dejando establecida la falta de legitimidad, del presente Gobierno.

 

En su última cadena nacional, el Presidente dejó en claro, al Cuerpo Diplomático, que la oposición, tendría plena libertad para expresarse, pues la  legitimidad de su Gobierno, se basa en la aceptación popular, denominada por sus troles, “poder popular”; sin embargo, planificar el acuartelamiento de unidades militares y, reforzar el equipo anti disturbios,  es preparar  la represión en las calles, silenciando la oposición, por medio de la fuerza, lo cual, no es coherente, si se tiene mayoría y por lo mismo,  legitimidad.

 

En la medida que los espacios políticos y jurídicos se cierren, crecerán las manifestaciones de descontento, pues difícil es considerar que, los dos mayores partidos de oposición en la Asamblea Legislativa, sean cancelados por acuerdo Legislativo o, del Tribunal Supremo Electoral, sin base legal y sin el debido proceso, como lo han anunciado los troles y, se rumora en los pasillos legislativos. La actual conformación de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, viola el Art. 85 Cn, que exige el pluralismo político.

 

Los despidos injustificados, iniciados en el Gobierno y en las municipalidades adquiridas por Nuevas Ideas, causan la inestabilidad nacional, y las protestas contra el Gobierno, sean estas, en las redes sociales o en las calles, expresando el descontento, que no puede canalizarse de otro modo.

 

Si el Gobierno reprime, de alguna manera como amenaza hacerlo, cualquiera de estas manifestaciones, justificará los temores internacionales, sobre el autoritarismo en El Salvador y legitimará, toda manifestación contra el Gobierno.

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