Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCION
Ante cualquier manifestación de fuerza arbitraria, aplicanse
indistintamente, los términos dictadura o tiranía; aunque ambos términos, tienen
significados muy diferentes: sólo la Constitución, expresada en la
institucionalidad nacional, puede ser antídoto, contra estas dos formas aberrantes
de gobierno. Así, conveniente es, reflexionar sobre sus diferencias, a la luz
de la política presente.
Caracterizase la dictadura, por no tener límites, el
ejercicio de las facultades políticas, pues las funciones legislativas y
ejecutivas, obedecen al criterio de un sólo hombre o, de un reducido grupo que
controla las instituciones del Estado, volviendo inoperantes los sistemas de
contraloría, propios de un Estado de Derecho, como ha sucedido, desde el 1° de
mayo.
Caracterizase la tiranía, por la imposición, en grado
sumo, de cualquier poder o fuerza contra derecho, en el ejercicio del poder del
Estado sea este, avalado o no, por la mayoría, porque ésta se encuentra
indefensa o, en inferioridad, frente al poder armado del Estado, que lo
gobierna, sin justicia y a voluntad del gobernante.
Ha vivido El Salvador, la transición de Estado de
Derecho a una dictadura y, de ésta, a una tiranía. Ha iniciado este último
escalón, con la intervención a ARENA y, el nombramiento de la Comisión que
investiga los sobresueldos; el primer caso, es una clara violación a la
legislación registral, civil, mercantil y procesal; en el segundo caso, la
citación a funcionarios, es mera formula, pues ya se tienen las conclusiones de
la comisión y, ninguna explicación posible, cambiará su criterio. Sin embargo, faltan
aún dos pasos más, por desarrollarse: la reserva a todas las actividades del
Estado, por ser éstas, lesivas a la imagen de los funcionarios y, el
procesamiento de periodistas y analistas, que no siguen la versión oficial.
El libre acceso a la información pública, permite que la
opinión general, actúe políticamente y así, elegir un gobierno, mejor que el
anterior, pero si dicha posibilidad desaparece, también se elimina el “seguro
social” de la opinión pública, que obliga a actuar a la institucionalidad, aún
bajo la dictadura. Por esta razón, durante la tiranía, los primeros en sufrir
la represión, son los periodistas y analistas.
La comisión investigadora de los sobresueldos,
teniendo ya criterio formado sobre los hechos, sólo cumple el papel de “Comisario
Político” o “Tribunal Popular”, que satisface la necesidad en la dictadura o
tiranía, de la destrucción del “enemigo del Estado”, por conveniencia o
utilidad pública. Cumple también la función de amedrentar a la oposición o, a
cualquier grupo disidente oficialista.
Si fuese verdad, la existencia de asesores venezolanos,
en derredor del presente Gobierno, tendríamos claro que, si provienen de la
oposición venezolana, no son de derecha, sino socialdemócratas o centro
izquierda y han vivido, en su contra, las tácticas chavistas, por lo que sería
lógico, que aquí emplearan dichas tácticas, para asegurar el poder tiránico del
Gobierno. Su posición ideológica pudiese haber influido la idea, de la
destrucción de ARENA y el amedrentamiento de sus miembros. De igual forma,
deben tener especial inquina, contra los aliados ideológicos del chavismo: el
FMLN.
Sólo la Constitución, que busca el acomodo pacífico de
las libertades individuales, frente al poder del Estado, regulando el ejercicio
del poder, dentro de un sistema de normas y, que mantiene la independencia de
los distintos órganos del Estado, puede evitar la dictadura y la tiranía. De lo
contrario, la persona, deja de ser ciudadano para volverse siervo del Estado,
sujeto al criterio del dictador y naturalmente, se crea la “resistencia
oculta”, que invariablemente, llevará a la violencia: cuando el Estado, reprima
a sus opositores o disidentes. Restauremos el Orden Constitucional.
No hay comentarios:
Publicar un comentario