Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCION
Con su implementación, la Ley Bitcoin amenaza crear un
gueto: el aislamiento financiero del país, con su consecuente contracción económica
y aislamiento comercial, del resto de países globalizados que, en libertad,
sostiene su sistema político y económico, basado en el desarrollo sostenible: lamentablemente,
nosotros, nos alejamos de dichos sistemas, acercándonos más, a la pobreza y
marginación internacional.
La Subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de
Estados Unidos, sugiere que El Salvador debe regular y limitar el uso del
Bitcoin, para que no sea de uso de “actores malignos”, es por el riesgo de
lavado de activos y el financiamiento del crimen organizado: narcotráfico, terrorismo
y otras formas de delincuencia transnacional.
En una economía, al integrar la criptomoneda y el dólar,
se relaciona lo no regulado con lo estrictamente regulado. La regulación se
debe a la necesidad de un Estado, de administrar su economía y, evitar el
lavado de dinero del crimen organizado y del terrorismo. Con la integración de
la Ley Bitcoin, se crea una puerta, por la cual puédense legitimar las
utilidades del crimen y, volver inrastreables las fuentes de financiamiento del
terrorismo. En este punto hay que tener claro que el dólar, no es moneda
nuestra, pero la adoptamos por su estabilidad.
El Bitcoin, es la criptomoneda más utilizada para las
actividades delictivas: en los dos últimos meses, las defraudaciones más
grandes en el mundo, se han hecho en Bitcoin: Sudáfrica y Turquía. El mayor
ciberataque que ha sufrido Estados Unidos, se ha pagado también en Bitcoin y,
aunque mucho de ese dinero, ha podido ser rastreado y recuperado, representa un
activo muy utilizado por el terrorismo (sólo el año pasado se han detectado $ 1000
millones en Bitcoin, transferidos por dichas fuerzas, para su financiamiento.
La primera pregunta es: si el Bitcoin es moneda de
curso legal y nuestro país, se convierte en el nuevo paraíso fiscal para el
lavado de dinero y, los bancos son sancionados, si sirven para transferir dólares
“lavados”, seguramente habrá consecuencias y restricciones que sufriremos todos.
La segunda pregunta es: Si El Salvador, se desprende
de los dólares físicos por Bitcoin o dólar electrónico (sintético), ¿con qué
adquiriremos nuestras importaciones? Si cada vez se acepta menos el Bitcoin en
el extranjero. ¿Qué pretende el Gobierno?
Las importaciones del Gobierno, para repartir
alimentos con fines políticos, crea una sobreoferta de granos básicos,
desestimulando la producción nacional, resulta más cara la producción, que el
valor del producto, como lo estamos comprobando con el arroz, frijol y maíz.
En caso de ser aprobada la Ley del Agua, tal como se
ha presentado, será un desincentivo para la producción de leche y carne.
Entonces, si el sistema bancario sufre las consecuencias del Bitcoin y,
quedamos en un gueto económico, en la medida que fuésemos autosuficientes, la
crisis sería menos violenta, pero si se destruyese el agro, para depender de
las importaciones, la crisis será potenciada.
El Gobierno procura distraer las crisis, en la medida
que éstas van aumentando, pero la distracción crea una crisis mayor. La
corrupción, ya señalada por Estados Unidos, porque afecta la estabilidad del Triángulo
Norte y la de la frontera sur de aquel país, ha procurado el Presidente Bukele,
cubrirla con el anuncio de un incremento del salario mínimo, que
inevitablemente, obligará a muchos despidos, pues la oferta de “subsidio” a la
mediana y la pequeña empresa, es imposible de ser satisfecha, sin más deuda o confiscación
y, golpeará más al agro.
En consecuencia, de todo lo explicado, el Gobierno nos
está llevando a una catástrofe y solo la reacción conjunta de la sociedad
civil, puede evitarla.
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