¡¡CRISIS!!

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION

 

Mientras el Gobierno impone penas de 1090 años, en el exterior se compara nuestra economía pública con la de Venezuela, aún peor que Haití, a pasos de un inevitable colapso, mientras el Gobierno gasta 1.5 millones para comprar Bitcoin y, crea nueva crisis política, al llevar al debate, la reelección Presidencial:  conveniente es analizar dicha situación.

 

La Constituyente, en 1983, ya debatió sobre la reelección: estableciéronse inicialmente, dos posiciones antagónicas: Presidencia de cuatro años sin reelección o, Presidencia de cuatro años con reelección. Este impase fue roto, por la propuesta de los Doctores Luis Nelson Segovia y Ricardo González Camacho, ambos de Acción Democrática, quedando la redacción final, como hoy se encuentra en la Constitución. Se estableció, que quien propusiese la reelección, perdería sus derechos políticos, o sea la facultad de elegir o ser electo, a un cargo público.

 

La no reelección Presidencial, se funda en la naturaleza republicana del Estado, pues sin importar la forma, no existiría alternabilidad, en el Ejercicio del Poder, el Estado correría riesgo de ser manejado como patrimonio de los Gobernantes. Este concepto, lo vemos con claridad, en la Constitución de 1886, un pensamiento plasmado claramente por su secretario, el Dr. Máximo Mancía, como expresión unánime y conteste, del resto de dichos Constituyentes y así tenemos:

 

Artículo 1.- La Nación salvadoreña es soberana e independiente, y no podrá ser jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.

La soberanía es inalienable e imprescriptible y limitada a lo honesto, justo y conveniente a la sociedad; reside esencialmente en la universalidad de los salvadoreños y ninguna fracción de pueblos o de individuos puede atribuírsela.

Artículo 2.- Todo poder público emana del pueblo. Los funcionarios del Estado son sus delegados y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley. Por ella legislan, administran y juzgan, por ella se les debe obediencia y respeto; y conforme a ella deben dar cuenta de sus funciones.

 

Estos conceptos, en la práctica, dejaron de aplicarse pocos años después, durante el período de la Presidencia de los hermanos Ezeta, pero las arbitrariedades por ellos cometidas, considerando como su patrimonio El Salvador, manejando la economía pública como propia y ejerciendo el poder arbitrariamente, generó el alzamiento de 1894, o la Revolución de los 44, la cual no hubiera podido prosperar, si no hubiese habido un cansancio social y las condiciones económicas adversas, en la economía nacional, le favoreciesen.

 

La reelección durante la Presidencia del General Maximiliano Hernández Martínez, provocó el alzamiento del 2 de abril de 1944 y posteriormente, la huelga de brazos caídos, que finalizó en mayo de 1944, llevándolo a su dimisión. Lo cual, permitió un reacomodo de las fuerzas políticas y la redacción de la Constitución de 1950, cuyos principios sociales, se unen a las garantías individuales y a la estructura del Estado, concebida por la Constituyente de 1886, lo cual, en sus principios generales, aún sigue vigente en la Constitución de 1984.

 

El Salvador, ha vivido los últimos cincuenta años en tensión política: ha habido desde lucha callejera, hasta un conflicto armado internacionalizado, pasando por varias crisis económicas, como consecuencia de las políticas públicas, por lo cual, necesario es que haya una época de paz y prosperidad económica, basada en los principios republicanos y democráticos, que aseguren que ningún salvadoreño, tenga necesidad de emigrar buscando oportunidades que en el país, no le permite la política.

 

El Salvador, es patrimonio de todos los salvadoreños y no, de un grupo o familia, por tal razón, quienes propongan la reelección presidencial, pierden sus derechos políticos.