GOBIERNO VRS. UCA

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

 

Ernesto Castro, presidente de la Asamblea, ha lanzado reto a la Universidad Centroamericana UCA, en una carrera para la condena de los casos Jesuita y Mozote, probando que el Gobierno, lidera la lucha por los Derechos Humanos y, posee mayor influencia que la UCA. En este reto, se puede anticipar, que el costo te tal estrategia populista, lo pagará la Fuerza Armada: quienes ya están en retiro y soportaron los rigores del Conflicto Nacional Internacionalizado y, quienes hoy, la conforman en su servicio activo y, ejecutan las órdenes del presente Gobierno.

 

La UCA, fundada en 1965, pertenece a la tercera generación de jesuitas en el país, según la evolución de su pensamiento ideológico. Tiene sus raíces en Montmartre, París, en 1540, con un alcance hoy, mundial, por lo que, la carrera emprendida por el Gobierno salvadoreño, carece de igualdad en lo temporal, influencia y capacidad conspirativa, pues en ese tiempo, la Compañía de Jesús, ha librado infinidad de conflictos, ganando siempre, por agotamiento del contrario, o sólo, por la acción del tiempo.

 

La persecución que sufren hoy, los involucrados en los casos Mozote y Jesuitas, no debería haber prosperado, según el Derecho salvadoreño, pero las acciones políticas internacionales, influidas por la Compañía de Jesús y las entidades de Derechos Humanos, por el pensamiento ideológico, derivado de la Guerra Fría, han podido mantener vivos esos casos.

 

Estas acciones, por sí solas, no pasarían de un señalamiento de violación de Derechos Humanos, en procesos estancados en El Salvador, pero que sí, sirven para el establecimiento de jurisprudencia internacional. Sin embargo, hoy, el Gobierno retoma dicha bandera, para probar su apego a los Derechos Humanos, a costa de la integridad de quienes, en su momento, ejecutaron las órdenes manadas del Ejecutivo y ejecutadas, como actos del servicio, deformadas posteriormente, por la lucha ideológica.

 

Las acciones que hoy ejecuta el Gobierno, impulsando ilegalmente los procesos penales en los casos Mozote y Jesuitas, crean la estructura jurídica necesaria, para el juzgamiento de los oficiales, hoy en servicio activo, que en cumplimiento de las disposiciones del Ejecutivo, proceden a la captura de pandilleros y de personas, no relacionadas con ellos.

 

Tales acciones, vistas aisladamente, pudieran no ser consideradas como violatorias de los Derechos Humanos, pero al ser enderezada contra opositores políticos o, no ser ejecutadas en forma pareja, contra los mareros, si lo son. Y, aunque las acciones de la Fuerza Armada, se limiten a acompañar a la PNC, son el coadyuvante de la represión, que inicia con una captura y, finaliza en muchos casos, con detenciones arbitrarias o, el asesinato del detenido, bajo la custodia del Estado. Por tal razón, la acción de la Fuerza Armada, será condenada en el futuro, como parte de la represión o, del terrorismo de Estado.

 

Capturas generalizadas y lo peor, procedimientos que no permiten, el análisis de la captura y de los hechos, sin la debida posibilidad de defensa, confirman el terrorismo de Estado. Un proceso que inicia, con las acciones de la Fuerza Armada y la PNC, por lo que siendo inferior la fuerza de la PNC, frente a la Fuerza Armada ésta, asumirá la responsabilidad.

 

Ya hay cuestionamientos en tal sentido, dentro de la Fuerza armada, pues la obediencia del mando, no es ciega, sino conforme a la lógica, en aplicación y cumplimiento de la Ley y, en su defecto, de los principios generales, manados de la Constitución.

 

En la medida que el Gobierno, presione para una condena en los casos Mozote y Jesuitas, está preparándose el futuro juzgamiento de la Fuerza Armada, que hoy cumple las ordenes del Ejecutivo y, no serán los políticos, quienes asumirán la responsabilidad que se le imputará a la Fuerza Armada.