EN DICTADURA

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION

 

Se encuentra El Salvador, bajo una Dictadura Constitucional, en vía de convertirse en Dictadura Militar, sin que el poder resida en la Fuerza Armada, pero sí, marque el desaparecimiento de la PNC, tal como fue concebida por los Acuerdos de Paz de 1992: será substituida, por un nuevo cuerpo o, transformada en sus funciones.

 

Dictadura Constitucional, es término que designa la vigencia material de la Constitución, pero no, su aplicación, pues el Estado es controlado por una persona o, un grupo, utilizando como razón última, la fuerza ejercida por las estructuras coactivas del Estado (Fuerza Armada y Policía). Véase “La Dictadura Constitucional en América Latina” del político, jurista y diplomático mexicano, Diego Valadés Ríos.

 

La Dictadura Constitucional, en el caso nuestro, lleva en sí misma, una contradicción: si bien el Gobierno asegura tener la aceptación pública o popular, afirmando por ella, su legitimidad, y declarando la mayoría de sus acciones, “bajo reserva” o sea, que no pueden ser conocidas por el público, no obstante, no ser de Seguridad Nacional. Las garantías constitucionales se suspenden: no se ejecutan 28,000 órdenes de captura judiciales, generando un retraso en la administración de justicia y un colapso judicial por los procesos masivos. Se posee la fuerza política, para modificar el Presupuesto General de la Nación: no se realiza dicho trámite, ejecutando los gastos públicos, bajo el “principio de emergencia o urgencia”, declarando dichos gastos en “reserva”. Los funcionarios públicos, no declaran su patrimonio, afectando la función constitucional de probidad y contraloría pública.

 

Estas acciones, revelan ocultamiento: si tuviese la plena aceptación popular, no tendrían razón para ocultarlas, por lo que debe suponerse, que la aceptación popular, en la cual funda su “legitimidad”, en realidad no existe: es efecto, de márquetin político, que necesita de la fuerza, para mantenerse.

 

La razón de tal concentración de poder, es que la nueva estructura política del Estado, al restringir la libertad económica, obliga a las estructuras económicas, a apoyar al Gobierno, condición para mantener sus negocios a costa del Estado. Sin embargo, en la medida que se profundice la Dictadura, se creará un círculo, que ahogará a las empresas allegadas al Gobierno o, serán sacrificadas, para justificar el populismo (acusándolos de ser responsables de la crisis económica del país).

 

Un régimen de excepción constante, obliga al uso conjunto de la PNC y la Fuerza Armada, desnaturalizando sus funciones Constitucionales. Por lo que al dotarlas de equipo nuevo (vehículos, armas, drones, cámaras etc.) se piensa en un uso conjunto, como un solo cuerpo, que abarque las funciones de Seguridad Pública y la defensa de la soberanía del Estado.

 

Esta situación, cambia el fin y objetivo de la PNC luego de los Acuerdos de Paz de 1992. Lo mismo sucede con la Fuerza Armada, pero dicho cambio, se notará menos al inicio, por la multiplicidad de funciones que realiza dentro del Estado. A la larga, se terminará creando un solo cuerpo PNC-Fuerza Armada, cuyo único distingo, sea el color del uniforme y no, sus funciones. Este proceso ya se dio a inicio de los años 80, cuando la Fuerza Armada y los cuerpos de Seguridad Pública, cumplieron funciones similares y por lo cual, en los Acuerdos de Paz, se estableció la clara diferencia, entre ambos cuerpos coactivos del Estado.

 

A más violaciones Constitucionales, mayor desnaturalización de los cuerpos coactivos del Estado. La reelección Presidencial, pudiera ser la línea roja que haga desaparecer la Dictadura Constitucional y surja la Dictadura Militar, lo cual nos llevaría a un mayor deterioro económico y la exclusión del empresariado, del círculo de allegados del Presidente Bukele.