LOS PRIMEROS SACRIFICADOS

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

El dictamen aprobado el 7 de julio de 2022, por la Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa, recomendando la prohibición de la recuperación de moras, en los sectores inmobiliarios, vuelve a los sectores financiero, construcción habitacional y lotificaciones, los primeros sacrificados, en aras del populismo del Gobierno. Pasado el impacto propagandístico inicial del Régimen de Excepción, a la alteración de la libre contratación y, poniendo en riesgo, el sistema financiero, sacrificando en el mediano plazo, a todos los cuenta ahorrantes.

 

El descenso en la economía mundial, es agravado en El Salvador, por las medidas que toma el Gobierno, para ganar popularidad. El excesivo confinamiento durante el 2020, detuvo el aparato económico nacional, pero permitió experimentar con el asistencialismo, a costa del particular: la suspensión de los alquileres, por los meses de la pandemia, calculando que el número de afectados, sería menor al número de personas que verían con agrado, no pagar sus alquileres, especialmente si estos eran de locales comerciales, afectados por el cierre obligatorio. A la larga, dichos cierres, no evitaron que El Salvador sufriera todas las consecuencias de la pandemia y, la economía como sistema, sufriera más de lo necesario con respecto a lo que  han sufrido otros países.

 

La importación de alimentos y el subsidio generalizado de los combustibles, no sólo ha agotado la economía pública, limitando la capacidad de subsidiariedad del Estado, sino que ha creado un desincentivo a la producción nacional, en un momento, en que el autoabastecimiento de alimentos, es de Seguridad Nacional. De concretarse tal recomendación de la Comisión de Economía, se crearía un estímulo al incumplimiento de obligaciones mercantiles, sufriendo con ello, las lotificadoras, constructoras y bancos, lo que haría sufrir a todo el sistema financiero, por lo interrelacionado que éste se encuentra.

 

En aplicación de la legislación financiera, cada banco del sistema, tendrá que elevar su riesgo crediticio a sectores específicos, lo cual constreñirá aún más, el crédito para el particular, por lo que, al encarecer sus operaciones, tendrá que colocar más dinero en manos del Estado, para buscar el equilibrio que debe existir, entre depósitos y préstamos.

 

El Gobierno ya no tiene capacidad de pago y, fuerza al sistema financiero para satisfacer sus necesidades económicas. No recibiendo del extranjero, dicho financiamiento, ha bajado el encaje legal del 20.3% (antes de la pandemia) al 8.6% (en la actualidad) a fin de crear más liquidez, en el sistema, para poder satisfacer su necesidad de dinero, garantizándolos con CETES y LETES.

 

Una maniobra política tan compleja, le permite ganar popularidad, para garantizar la ausencia de protestas, ante una posible reelección, pero sacrificando el sistema financiero y el principio de la libre contratación, lo cual tendrá consecuencias negativas, para el país.

 

El Salvador, con una deuda pública de $24,617 millones equivalente al 85.6% del PIB (2021), creciendo la deuda a un promedio de $89.1 millones al mes, sólo puede ser sostenido por un canibalismo en su economía, lo cual está haciendo el Gobierno.

 

Si el presente Gobierno, pretende pagar la deuda interna y externa, tiene que conseguir un financiamiento externo de alguna clase y fuera del sistema del FMI, lo que sería aún mas lesivo para el país, pues podría significar, no sólo pagos leoninos, sino compromisos sobre la soberanía nacional.

 

Débese tener claro, que las acciones del Ejecutivo, no van tendientes al sostenimiento del país, sino a los negocios personales de quienes ejercen dictatorialmente el poder y que, todo aquel que ha negociado en algún momento con él, ha salido, a la larga, traicionado. Ahora, los sacrificados serán el sistema financiero y luego, quienes han hecho uso de él.