Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
San Salvador, 8 de abril de 2013.
Las
cuatro reglas de oro del periodismo son la “duda epistémica”, “la democracia”,
la “auto crítica” y la “impersonalidad”. Estas cuatro reglas, están siendo
violadas por algunos periodistas, que
atacan personarme, por sus ideas contrarias a la izquierda. Este proceder traspasa el ámbito personal y, trasciende a la estrategia de la lucha
partidaria interna, aunque sea sólo, parte de un entorno generalizado.
En
este momento, en el cual está por decidirse una elección trascendental en
Venezuela, la cual decidirá si Venezuela continúa siendo el centro del
Socialismo del Siglo XXI o, éste pasará
a Ecuador; se hacen, por parte de
Venezuela y el FMLN, acusaciones de conspiraciones y maniobras encubiertas en
contra del régimen de Maduro, que son muy improbables, por lo que es conveniente
analizarlas en su verdadero contexto.
El
FMLN, es un movimiento insurgente, transformado en partido político por los
Acuerdos de Paz, y se ha acomodado al
sistema democrático, por el peso del sistema mismo; pero hoy ve la posibilidad de
alcanzar mediante el dinero venezolano, aportado por las empresas ALBA, de la
cual ellos son socios, las metas política no logradas todavía, ni en la guerra,
ni en el juego democrático, razón por la que tienen doble interés, en apoyar la candidatura de Nicolás
Maduro. Desgraciadamente, en El Salvador, la derecha ya no es oposición política
y solamente queda la oposición ciudadana, proveniente de la sociedad civil. Por
esta razón, se pretende dar a la derecha
salvadoreña, un peso conspirativo que no posee, pero que sirva de catalizador
para las masas bolivarianas y, sobre todo, granjearse el apoyo de la cúpula
venezolana, que se está inclinando por defender posiciones más fáciles y
redituables, como es la de Nicaragua y Cuba.
Pasemos a observar lo que es
realmente objetivo: El Socialismo del Siglo XXI es favorable a cualesquiera sea
la forma de socialismo, por lo cual, da apoyo a todo el que pretenda la realización
práctica de estas teorías, por cualquier medio, o que sea el “enemigo de mi
enemigo”, lo cual le hace favorecer a toda organización terrorista: hoy esa
ayuda se ha hecho patente y denunciada, pues ahora Venezuela es cobijo de medio
centenar de terroristas, pertenecientes a la ETA, que son responsables por las
muertes y mutilaciones de mas de cuarenta personas. Esta denuncia pública,
hecha por el Colectivo de Victimas del Terrorismo
del País Vasco (COVITE), presento a continuación:
“ Estimado Ban Ki
Moon, secretario general de Naciones Unidas.
Escribo
estas líneas como presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco,
en España, y como hermana de un dirigente político español asesinado por la organización
terrorista ETA que, como yo, nació en Caracas. Escribo también presa de la
impotencia de quien ya no sabe a quién acudir para evitar que la actitud de
Venezuela siga pisoteando la dignidad de los más de 800 muertos que pesan sobre
la espalda de ETA.
El
proyecto totalitario de la banda languidece tras su comunicado de “cese
definitivo” del pasado octubre de 2011. No obstante, ETA ha conseguido en
Venezuela lo que no ha logrado en España tras tres décadas de asesinatos
selectivos: establecerse en un territorio-santuario para eludir pagar por sus
brutales crímenes.
Usted
mismo recalcó el 27 de septiembre de 2010 que “ninguna causa y ninguna reivindicación
pueden justificar el terrorismo”. Incidió además en “la determinación de las
Naciones Unidas de responder a un desafío mundial transfronterizo que trata de causar
tanto daño a todos”. Cuando se pronunciaron esas palabras, ETA aún mataba. Ya no
lo hace, pero coincidirá conmigo en que tan importante es luchar contra el
terrorismo en ciernes como contra la deslegitimación de ese horror mediante la
memoria una vez la organización ha dejado de asesinar. Y sin justicia no hay
memoria. Precisamente por eso me dirijo a usted, para pedirle ayuda días antes
de unas elecciones cruciales que decidirán en Venezuela el devenir de asesinos
que hoy son considerados por ese país como exiliados políticos.
Venezuela
es hoy uno de los mayores santuarios terroristas del mundo. Informaciones contrastadas
evidencian que al menos 50 terroristas de ETA viven cómodamente al amparo del
régimen bolivariano que busca perpetuar Nicolás Maduro en caso de ganar las
elecciones del 14 de abril. Allí algunos miembros de la organización han aprovechado
su estancia para estrechar vínculos con organizaciones terroristas como las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
A
mi hermano Gregorio, miembro del partido que gobierna en España, ETA le dio un tiro
en la cabeza mientras comía en un restaurante, en 1992. Nadie me lo devolverá jamás,
pero al menos mi familia tuvo la oportunidad de ver cómo sus tres asesinos eran
condenados por la Justicia.
Esa
suerte es la que no tienen cerca de 40 familias; padres, hermanos e hijos de 40
personas que fueron ejecutadas por el medio centenar de etarras que hoy
disfrutan de estatus de refugiado político en Venezuela. Esos casos están aún
sin resolver por culpa de la connivencia del régimen bolivariano que Nicolás
Maduro busca perpetuar tras la muerte de Hugo Chávez, amigo de terroristas y
enemigo del Derecho Internacional que lucha contra el monstruo del terrorismo
en el mundo.
La
Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados excluye de
toda forma de asilo o acogimiento internacional a quienes han participado en
crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra. El texto matiza que no es
necesario que estas personas hayan sido implicadas en procesos nacionales o
internacionales; sino que para que un país no les dé asilo basta con que
“existan motivos fundados para considerar que han podido participar en la
comisión de delitos contra la humanidad”.
Sólo
le remito un ejemplo. Arturo Cubillas Fontán, jefe de Seguridad del Instituto Nacional
de Tierras en Venezuela y requerido por la justicia española desde 2010, se ha encargado
de adiestrar a etarras en suelo venezolano haciendo uso de su cargo público. Participó
al menos en tres asesinatos, en las ejecuciones terroristas del empresario Joseph
Couchot en 1984, del empresario Ángel Facal Soto en 1985 y del policía Máximo
García Kleinte en 1985. En marzo de 2010, la Audiencia Nacional de España señaló
que había diligencias que ponían de manifiesto la cooperación gubernamental venezolana
en la ilícita colaboración entre las FARC y ETA, cuyo enlace en Venezuela es
Arturo Cubillas Fontán. ¿Es acaso un exiliado político quien acribilla a
balazos a alguien por no compartir su mismo ideario? ¿No merecen las víctimas
que ese criminal responda por sus crímenes?
Las
autoridades venezolanas, desde el ascenso de Chávez al poder, han desoído los insistentes
requerimientos de la Justicia española. Y tampoco ayuda que el Gobierno español
de Mariano Rajoy, presa sin duda de la asfixia económica de la crisis, se empeñe
en abrazarse a la discreción, inconveniente a todas luces para promover
críticas contra la postura de Venezuela por parte de la comunidad
internacional.
Por
todo esto, sería de gran ayuda para el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del
País Vasco que Organización de Naciones Unidas de la que usted es secretario
general nos ayudase a presionar a la comunidad internacional para que esta se
posicione firmemente contra el asilo de terroristas de ETA en Venezuela.Muchas
gracias por la atención prestada.Reciba un afectuoso saludo, Consuelo Ordóñez
Fenollar
Esperemos que la izquierda
salvadoreña, que pretende acallar la voz de los
periodistas independientes, y que siguen la lógica de limitar la
libertad de expresión, según lo plantean los países que forman el
GRAMNACIONAL del ALBA, no pasen de una mera verborrea, pues tanto
son terroristas los miembros de la ETA como los políticos de izquierda en El
Salvador, que dan su apoyo y se rasgan las vestiduras por los petrodólares
venezolanos.
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