Por
Lic. Fernán
Camilo Álvarez Consuegra
San Salvador, 23
de enero de 2014.
Cuando se habla
de fraude electoral, se piensa, generalmente, en el voto repetido, en la
anulación de votos o en el relleno o cambio en el conteo electoral. No ha
llegado todavía el momento de tales subterfugios, pero el fraude ya se está
realizando, muy sutilmente: actúa como serpiente astuta y silenciosa que
esquiva los espinos pero sabe alcanzar la apresa. Así, astuta y
silenciosamente, el fraude de las elecciones presidenciales de 2014 en El
Salvador, es un suceso inadvertido que se está realizando: es la manipulación de
la voluntad ciudadana por medios muy
simples, a la luz del consentimiento de la voluntad que se expresará en la
papeleta de votación y que será, el resultado del error, de la fuerza y el
dolo.
En las figuras
abstractas del Derecho pueden presentarse los hechos con claridad y sencillez,
pero no sucede lo mismo cuando se quiere deslindar de los hechos la intención
con la cual se realizan, pues en la práctica, es muy difícil separar el acto
preparatorio de la intención tentada y consumada. Y es en esta práctica en
donde vamos con el presente fraude electoral de 2014.
La insistente propaganda
en los medios de comunicación, de “los logros” del Presidente Funes y, de su insistencia
en que éstos deben continuarse en los cinco años subsiguientes, es un “error”
de la campaña electoral (en un sentido
estrictamente jurídico, como vicio del consentimiento) pues esta no es para elegir
a Funes sino a su correligionario Sánchez Cerén. Estas acciones de campaña,
están prohibidas por el código electoral, en dos de sus aspectos: primero que
la campaña sólo puede hacerla el interesado que es el candidato o, su partido y
con fondos, claramente limitados de su propiedad y no del erario público y, en
segundo lugar, no se debe usar la gestión pública para hacer propaganda
electoral: actualmente se ha usado como propaganda, el subterfugio de dar a
conocer obras del Estado, todavía sin terminar y que no se han inaugurado; esto
es, a todas luces, violación a la ley. Por esta propaganda, pudiera pensarse
que es a Funes a quien se pretende reelegir y, reforzada esa impresión, por el
anuncio de Vanda Pignato de que ella continuará en el gobierno de Sánchez Cerén
y lo afirma aunque todavía este señor candidato no se lo ha orecido
públicamente. Se está procediendo de manera semejante con los grupos fantasmas
del Ministro de Hacienda y del Presidente de ANDA.
En la actual
campaña electoral, es notorio el dolo (intención manifiesta de engaño) porque
se hacen ofrecimientos que, en la práctica, resultarían contradictorios: Sánchez
Cerén ofrece a la pequeña empresa, protección y libertad económica pero,
advierte a la gran empresa reglamentación progresiva, hasta llegar al
socialismo. Dicho proceder anuncia una contradicción y, esta, muy grave porque
el sistema económico, pequeño y grande, es un todo armónico, condición para su sostén
y progreso. Ofrece también, el mismo candidato, volver al colón o alguna otra
moneda nueva que pueda el gobierno imprimir a voluntad pero, otras veces ofrece la estabilidad del dólar
norteamericano; es también contradictoria cuando ofrece que habrá seguridad
ciudadana pero se sabe de su relación y pacto con las pandillas de
delincuentes.
Es esto último,
lo que nos lleva al uso de la fuerza (moral y física) pues las Maras dicen que,
a solicitud del FMLN y, siguiendo instrucciones de sus mandos superiores, han
ordenado, en sus territorios, censar a
la población para conocer la intención del voto, del propio y del contrario y,
con especial detalle en los activistas de sus contrarios, ARENA y UNIDAD. Estas
acciones, imposibles de evitar y comprobar por que las niegan tanto la policía
como el FMLN y ahora hasta el mismo Mauricio Funes, son evidentes en las
viviendas informales y en las colonias en las cuales es numerosa la presencia
de pandilleros.
Las acciones de
las Maras, no sólo tienen como propósito conocer la intención del voto, sino
además provocar la intimidación del votante, en los centros poblacionales más
congestionados, como son las zonas de los mercados, sobre todo de San Salvador,
Santa Tecla, Santa Ana y San Miguel. Esta situación real, pasa inadvertida a la
Fiscalía General de la República, que espera,
para proceder, la información de la Policía Nacional Civil cuyos
miembros, no están interesados en
investigar dichos actos, ya sea por complicidad, por negligencia o por
conveniencia.
Pues no obstante
lo disimulado que se hace el fraude, podría evitarse, si funcionasen debida y honradamente
los mecanismos del Estado, pero es notorio que no hay voluntad para evitarlo:
judicialmente, sólo se ha detectado un caso de violencia electoral, no han sido
sancionada las violaciones al Código Electoral pues, no se sabe que se atienda
a las demandas; pueden contarse con los dedos de las manos, las únicas demandas
a las que sí se ha atendido. Se ha resuelto a la mayor parte de las demandas
con el calificativo de “inadmisible” y esto, aunque la demanda haya sido
comprobada con las respectivas fotografías en las cuales se ve cómo se han
empleado automotores del Estado para colaborar en la campaña del FMLN y otras,
en las cuales se ven los vehículos de la Policía Nacional Civil, sirviendo para
transporte de activistas del FMLN.
Los elementos de
la Fuerza Armada han permanecido al margen de la campaña electoral pero el
Sr. Ministro de Defensa, David Munguía
Payés ha sido uno de los estrategas en el uso de las Maras y de otras
estrategias claramente políticas y reñidas con la democracia.
En
conclusión, lo corrupto de la campaña
electoral, es un hecho del que todo salvadoreño interesado en su porvenir de
ciudadano debe estar consciente. El FMLN
por la doctrina que predica, por sus
ataduras con Venezuela, por su afán de cambiar el sistema político, por su
insistencia, casi enfermiza de que los ciudadanos dependan para vivir de la
asistencia del Estado, y por su
protección a las Maras y al narcotráfico, es un peligro que debemos evitar no concediéndoles el voto. El fraude electoral se consuma con sólo su planeación.
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