Por
Lic. Fernán
Camilo Álvarez Consuegra
San Salvador, 19
de enero de 2014.
La corrupción es
uno de los temas más publicitados por la prensa y discutidos por los
comentaristas. Cuando fijamos la atención en el fenómeno, nos asombra comprobar
cual descarado puede llegar a ser el latrocinio que, de los dineros del Estado,
hacen quienes han asumido la obligación de administrarlo y, no advertimos que,
esta corrupción, no sólo en lo que es posible y comprobar, sino que existe
también una corrupción muy difícil de
probar, es invisible: la manipulación de los intereses del Estado para
lograr beneficios particulares; se amparan en la seguridad de que es difícil
desenredar su trama y, por consiguiente de probar; sólo muy pocos se percatan
de dichos actos y, no los denuncian porque lo tal, traería como resultado la
exclusión de las contrataciones estatales que se realizan con fina manipulación
que es muy difícil de corregirla o suprimirla.
La Ley de
Contrataciones y adquisiciones públicas (LACAP), ha sido concebida para
descentralizar las compras por parte del Estado, excluyendo la corrupción y
procurando que el Estado, contribuya a la dinamización de la actividad
comercial privada, que es la generadora de riqueza e impuestos.
Pues bien, si
leemos con atención las ofertas de requerimiento de bienes y servicios para el
Estado, comprobamos que requieren muy altos estándares de calidad lo cual, es
muy natural exigencia por parte de una entidad contratante. No obstante, cuando
estos requisitos, analizados por el ojo experto del conocedor de la materia y
del entorno económico o del interesado en ofertar, comprueba que tales
requisitos son tan extremados que excluyen a la mayoría de empresas ofertantes
particulares y, las pocas que pueden satisfacerlos quedan desanimados por lo
mínimo de la sutilidades que no alcanzarían a cubrir los costos operativos de la
empresa y, además, de que habrá que esperar largo tiempo para que el Estado
cancele el costo de los servicios que se le prestan. Por tales razones, las
licitaciones son declaradas desiertas y se entregan a conveniencia en
contratación directa. Cuando se trata de servicios profesionales se entregan a
personas afectas al gobierno o, a
miembros que pertenecen a las instituciones ofertantes pero, en su carácter particular,
creando así, conflicto de intereses.
Para comprobar
objetivamente, esta corrupción observamos el scanner en las aduanas otorgado
por contratación directa a una compañía allegada al Gobierno de Daniel Ortega
en Nicaragua lo cual de hecho, crea un vinculo directo a Nicaragua del actual
Gobierno salvadoreño, lo que se viene repitiendo desde años anteriores con adjudicaciones relacionadas a la compra
de zapatos y uniformes. Son estos casos el de SITRAMS Y SUBE, que favorecen a
empresas relacionadas con el ALBA y que, excluyen a los empresarios
salvadoreños, no afectos al Gobierno de Mauricio Funes. Cuando se concede un
contrato a un empresario salvadoreño, por haber interés de alguno afecto al
Gobierno, le atrasan los pagos provocando pérdidas al contratista, quien no
vuelve a ofertar al Estado. Las empresas productoras de medicamentos, han
expresado públicamente que es más fácil vender a gobiernos extranjeros, que al
propio, pues se favorece a las empres
extranjeras relacionadas políticamente con el actual Gobierno de Mauricio
Funes.
Esta práctica “legal”
de favoritismo político, se extiende, de la contratación directa a otras áreas
de mayor dificultad de comprobar públicamente. Por ejemplo en la intencionada restricción
de los créditos bancarios por parte de los Bancos Estatales (Hipotecario y de
Fomento) para casos que son de Seguridad Nacional, como lo son los créditos
destinados a la agricultura; su restricción tiene por objeto permitir que ALBA aparezca
con su chequera salvadora, creando, no sólo un elemento agradecido y cautivo,
sino también una “fidelidad política” por conveniencia y muchas veces, por
supervivencia. Ejemplo vivo de tal proceder es lo que viven, no sólo pequeños agricultores sino también
los cafetaleros.
Quien esta asta
acostumbrado a ejercer la corrupción desde el Gobierno, y lo hace para granjear
favoritismos políticos, también lo hace en su actuar privado, pues muchos altos
personajes relacionados con el ALBA en nuestro país, se han dado a la tarea den
engrosar sus carteras personales, comprando bienes, pactando con el comprador,
un precio superior al de mercado, pero que en la escritura de compra-venta, se
pone un valor pequeño, pero para la contabilidad del que da el dinero, la ALBA,
se le declara un precio muy alto, a condición que se le devuelva una parte de
dichos fondos al “que hiso el negocio”, y la diferencia con el sobre precio, se
le colocará en una cuenta en un paraíso fiscal. Por lo cual, la corrupción se
ha vuelto una realidad cotidiana y normal.
Cuando un
Gobierno deja crecer la insatisfacción social,
para manipularla con dádivas jugosas a sus organizadores y miserias para
la masa de su organización, lo que esta haciendo es fomentar la corrupción en
las manifestaciones sociales. Un ejemplo de esto son los reclamos de los
desmovilizados, quienes luego de algunas protestas, se les ha hecho entrega de
mucho dinero “por sus derechos reivindicatorios”, pero a cambio de su
participación en el día de las elecciones, es comprar con los dineros del
Estado, mercenarios descartables para sus actos fraudulentos.
Ningún Estado
podrá salir de la pobreza y crecer económicamente, si todos sus recursos alimentan
la corrupción generalizada del Gobierno y,
al parecer, la corrupción generalizada se le debe al Gobierno de Mauricio
Funes.
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