SOCIALISTAS SALVADOREÑOS PIDEN AYUDA A PODEMOS PARA DEBATIR

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Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com

San Salvador, 28 de junio de 2016.

Algunos socialistas del Siglo XXI, a quienes de vez en cando respondo en las redes sociales a sus comentarios políticos, piden ayuda a un español, radicado en Escocia – según su perfil – para que les proporcione videos o algún pronunciamiento de PODEMOS, con el cual rebatir mi artículo: EL XXII ENCUENTRO DEL FORO DE SAO PAULO, publicado en La Prensa Gráfica, el 21/junio/2016 y a algunos comentarios en las redes sociales, sobre la participación de Salvador Sánchez Cerén en la firma de los Acuerdos de Paz de Colombia, en Cuba. Dichos comentarios, ofrecen oportunidad para reflexionar sobre la cultura política y sobre la alienación mental, por causa de los discursos populistas.

Todo Socialista del Siglo XXI, debería ser, por principio, un ávido lector de  “Rebelión” (órgano divulgativo de la V Internacional) y si  es salvadoreño, del “CoLatino” y el “Independiente”. Para su cultura general, está obligado a leer  La Prensa Gráfica y el Diario de Hoy; sin embargo, se limitan con los videos de Pablo Iglesias, Nicolás Maduro, Evo Mórales y Rafael Correa.

Puede el populismo ganar adeptos fácilmente, pero cuando a conciencia, sus propuestas son analizadas sobre bases reales, se derrumban: son meros espejismos. Tal es lo que pasó con Cristina Fernández, Dilma Rousseff y Pablo Iglesias. Diferente es el caso de Nicolás Maduro: su repudio es provocado por el colapso del Estado, camino que llevan Ecuador, Bolivia y El Salvador.

El triunfo del PP, se debió a las propuestas de Pablo Iglesias y a su vinculación, desde sus orígenes, con Venezuela. La visión geopolítica de Chávez (descabellada desde su concepción) fue crear una red de aliados europeos, gracias a la penetración en España, de las ideas socialistas latinoamericanas, que luego podrían expandirse, al resto de Europa, por la apatía sobre los partidos tradicionales y mayoritarios, por causa de la corrupción de que se ha acusado a sus miembros.

España, ha despertado hoy de los cantos populistas y comprendido la realidad actual de Europa. La experiencia vivida por los ingleses, que dando sus votos al populismo,  enfréntanse  hoy, a  consecuencias inesperadas, ocultadas por quienes propusieron el “brexit”, ha  contribuido a que voten, luego de una seria meditación, contra   quienes  favorecen el separatismo español, que  los pondría fuera de la UE.

Por populismo y para conseguir votos,  Pablo Iglesias ha negado ser comunista. Julio Anguita, líder histórico de la izquierda española, ha reconocido el comunismo de Iglesias: además, quien  interpreta el Art. 128 de la Constitución española,  como que la propiedad privada, está al servicio del Estado y, a disposición del Gobierno, es comunista, aunque lo niegue. El rechazo a PODEMOS, es superior a un millón doscientos mil votos, que  claramente, no desean el caos en España.

El populismo ha llevado a Latinoamérica, a un estado de permanente caos. No es de la izquierda toda la responsabilidad: la preocupación de los partidos de derecha, por conservar su posición política, en las dependencias Gubernamentales, y asegurarse el clientelismo político, favoreciendo la corrupción, ha llevado al descuido ideológico de sus acciones. Estas condiciones, presentes en todos los países latinoamericanos, provocan que el votante, se desencante de la política, permitiendo que la izquierda, en un frente común, pueda consolidarse y fácilmente, tener acceso al poder. Este abandono de los partidos políticos de sus responsabilidades,  obliga a  otros grupos de derecha, como la empresa privada,  a ejercer una función que no les corresponde: ser oposición política; siendo su papel natural,  promover los valores y bondades del sistema democrático y liberal, dentro del largo plazo: ante  el abandono de los partidos políticos, debe suplirlos, en detrimento de sus  funciones cívicas.

EL PODER POLÍTICO DE LA UCA

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com

San Salvador, 26 de junio de 2016.

Pide la UCA a sus catedráticos, defiendan su posición política institucional, lo que es normal y perfectamente lícito, pero debemos analizar su poder político, para apreciar el verdadero peso de éste en la actualidad, su tendencia dentro del espectro ideológico y sus áreas de influencia, sin tomar en cuenta, en dicha valoración, su prestigio académico.

Hoy, la influencia de la UCA, proviene del exterior: antes de los Acuerdos de Paz, provenía del interior, al brindar un espacio político de izquierda, dentro de la legalidad. Sus relaciones, dentro de la clandestinidad, se mezclaban con las de las FPL y ERP, siendo además, el centro del debate de la Teología de la Liberación Latinoamericana, ubicándose en el centro de la vorágine política de la época. El desmoronamiento de la Unión Soviética,  la posición Papal contraria a la Teología de la Liberación y, los Acuerdos de Paz de Chapultepec, hicieron sus conexiones políticas, innecesarias y, su relación con los grupos de ETA en Colombia, perdieron su razón de ser, cuando  ETA decidió retirarse de la lucha armada. La bandera de Monseñor Romero – representante de la Teología de la Liberación – les fue arrebatada por la Iglesia Salvadoreña, al dar su aval el Papa Francisco.

Su poder político, derivase hoy, de su relación con el Programa de Justicia Transicional, en el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA) que promueve querellas en todo el mundo, cobrando millonarias recompensas por la responsabilidad de violaciones  a los Derechos Humanos, en épocas pasadas. Utiliza para ello, las instancias internacionales controladas por el pensamiento jurídico de izquierda: proviene de allí la resolución que invoca Manuel Escalante –Catedrático de Ciencias Jurídicas de la UCA – para clamar contra la interferencia de poderes, cuando la Asamblea Legislativa, formula un “recomendable” a la Corte Suprema de Justicia, sobre la necesidad y conveniencia de no extraditar a los militares capturados y requeridos por España. Entra en la valoración de la Asamblea, el hecho de que ya han sido juzgados y, sólo una entidad nacional puede valorar la validez o no, de tal situación.

Este punto aclarado, vamos a lo que nos interesa: la valoración de la no extradición, por la Asamblea Legislativa, frente a los diferentes criterios de la Corte Suprema de Justicia. Intención es de los defensores de la Justicia Transicional, que debe juzgarse a los que dieron muerte, en guerra, a los sacerdotes jesuitas, es solo el pretexto, para poder continuar con otros procesos: primero el Mozote y después, contra las unidades que participaron en el desalojo de fuerzas insurgentes en Chalatenango, luego que el FMLN, reclamara dicho territorio como “liberado”, secesión de nuestro territorio, de manera temporal; aunque el Estado Salvadoreño, no reconoció dicha secesión, por razones político-jurídicas durante la Guerra Fría. Esta operación involucró a cerca de 3,500 oficiales y, la mayor parte de efectivos de la época, todos hoy, ya en situación de retiro y sólo desean olvidar sus penurias en el pasado conflicto armado, pero sin olvidar a sus compañeros caídos en acción.   Para hacer este camino político-jurídico, se está utilizando la justicia española, que actúa en base a su propio impulso constitucional, pero  sirviendo a intereses ajenos: los de la UCA y al Programa de Justicia Transicional, en el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA).

La Asamblea Legislativa advierte de la inconveniencia de retornar al pasado y que abriendo la puerta, para juzgamientos masivos contra militares, también se abriría, para antiguos insurgentes. Incluso  están conscientes  Estados como Sudáfrica, Estados Unidos, Japón, Chile e Israel, que no es conveniente para la estabilidad de El Salvador,  que se juzgue a la Comandancia del FMLN por sus connacionales asesinados por ellos. Lo que, en la relación de poder actual, traería a El Salvador inestabilidad política pero, si por causas internas, esta paz se rompiese, sí harían efectivos sus reclamos. Colombia no presiona en su reclamo contra José Luis Merino, por tráfico internacional de armas a la guerrilla de dicho país. En conclusión, no hay una interferencia de poderes: es un llamamiento a la estabilidad nacional.

Hace un año, estudiantes de la Universidad Nacional, imbuidos de las ideas de la Justicia Transicional, solicitaron en base a la Ley de Acceso a la información Pública, los expedientes militares del pasado conflicto armado, lo que debía ser autorizado por Salvador Sánchez Cerén, como Comandante General de la Fuerza Armada, y fue denegada dicha petición; es más, fue el mismo FMLN que, muy discretamente,  “sugirió” a los peticionarios, desistir y no concurrir a otras instancias, considerando las implicaciones políticas que podrían derivarse.

Hoy,  el Sr. Jorge Galán,  de tendencia izquierdista, al igual que sus hermanos,   se presentó  ante la Audiencia Nacional de España  (luego de solicitar asilo)  para presentar  un audio que, supuestamente, implica al ex presidente  Alfredo Cristiani, en la muerte de los sacerdotes Jesuitas. El Sr. Galán, no ha tenido una vinculación directa con el FMLN durante el pasado conflicto armado, pero pertenece a la “generación de escritores comprometidos”, con  fuerte vinculación con la UCA y la Universidad de El Salvador. Hoy presenta un audio - generado dentro del Estado Mayor y perteneciente a sus archivos -. Muy interesante sería conocer la forma en que fue obtenido dicho audio:  seguramente implicaría toda una trama, iniciada en San Salvador, y tan interesante - como la planteada por Eugene Sue en el “Judío Errante”-, para forzar al Gobierno Español a requerir al ex Presidente Cristiani y, mantener viva, la llama de la Justicia Transicional;  la resolución de la Corte, al respecto, muy probablemente abarcará sólo, a los cuatro ya detenidos, e irá tendiente a forzar al Gobierno salvadoreño, a la búsqueda más activa de los requeridos que hoy están en libertad o por lo menos, a que Cristiani  busque la clandestinidad o se resigne a ser detenido en las mismas bartolinas en las que estuvo prisionero Francisco Flores, guardando la misma detención ilegal, que recae hoy contra cuatro militares.

Aunque la posición ideológica de la UCA, es claramente de izquierda, no se la debe confundir con los poderes políticos que representan otras izquierdas: se mantiene alejada de la línea venezolana y cubana que sigue el Gobierno. También está alejada de la línea que representa Marta Harnecker y de las diferentes líneas que conforman la izquierda descontenta con la orientación gobiernista en El Salvador. Tiene  línea propia, compartida por algunos intelectuales que se autodenominan socialdemócratas, sin que su producción doctrinaria sea tan fértil como lo fue en los años del conflicto, cuando ésta universidad alcanzó su etapa clásica.

Por lo cual podemos afirmar que la fuerza que despliega hoy la UCA, es planificada aquí, ejercida en el extranjero y amplificada a manera de presión internacional, en suelo salvadoreño. Hay interferencia extranjera, sí,  pero provocada desde nuestro suelo, contra nuestros propios connacionales.

RETORNEMOS AL DERECHO ABSOLUTISTA FRANCES PIDE EL MINISTRO CÁCERES.

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Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com

San Salvador, 25 de junio de 2016.

El Ministro Cáceres solicita que el Ministerio de Hacienda pueda directamente, hacer efectivas las deudas en favor del Estado, mediante anotaciones preventivas, embargos, bloqueos de cuentas, remate administrativo de bienes etc., facilitando así, el ingreso de fondos al Estado, proceso que implicaría, retroceso al principio de separación de funciones y a la potestad del Ejecutivo, anteriores a la Revolución Francesa.  

El Estado obtiene derechos sobre el administrado, al concretarse el Hecho Generador (el que origina el impuesto). Si no se está conforme con la calificación del Ministerio de Hacienda, puede acudirse al Tribunal de Apelaciones, dentro de dicho Ministerio. Después está la posibilidad de acudir a la Sala de lo Contencioso Administrativo. El Ministerio de Hacienda tiene que recurrir a la Fiscalía General de la República, para que la unidad civil de dicho organismo, promueva el respectivo cobro judicial: todo, acorde con la separación de funciones y el debido proceso.

Sin embargo, hoy el Ministro de Hacienda,  quiere calificar la existencia del impuesto, exigirlo y hacerlo efectivo, según sus criterios de cobro. Dos peligros presentaría dicho proceso: 1) el ejercicio selectivo del cobro, a conveniencia política del Ejecutivo y 2) la carencia efectiva de instancias, pues todas ellas dependerían del mismo ente,  el Ministerio de Hacienda. Lo cual nos retornaría, al génesis del Derecho Administrativo en el cual, el problema a salvar, fue evitar la concentración de funciones en el Ejecutivo, que eran triples: juzgar, legislar y administrar. La separación de funciones tiene varias causas: la función judicial es para dar estabilidad a lo ya realizado o modificarlo; la legislativa,  es para regular a futuro y, la administrativa, es para regular el presente.  Separadas esas funciones claramente diferentes entre sí, tenemos la división de poderes, según Montesquieu.

En la monarquía francesa, la acumulación de funciones en el Rey, creó el absolutismo clásico. Esta concentración de funciones no se vio en el resto de Europa. Por eso, luego de la Revolución Francesa de 1789, en 1790, se promulgó la ley 16-24, que decía “las funciones judiciales son y continuarán siendo separadas de las funciones administrativas”, para mantener  independencia de funciones y de criterios políticos. Pero el Ministro Cáceres, desea el cobro inapelable de impuestos, bajo la justificación jurídico-político de la “Razón de Estado”.

Esta propuesta es claramente inconstitucional; su razón es la necesidad actual de fondos para sustentar al Gobierno que está derrumbándose económicamente. El alto nivel de endeudamiento, el rechazo a los bonos nacionales, a no ser a una taza de alto riesgo, los casos de corrupción que se están descubriendo y, las ofertas onerosas de servicios sociales obliga a prever que, el presente Gobierno, muy difícilmente podrá terminar su período sin el uso de la fuerza y perfilase un escenario como el de Venezuela.

No es golpista el escenario que nos amenaza: son los efectos económicos de los acontecimientos mundiales actuales: golpearán nuestra economía aún no recuperada, harán caer los ingresos por remesas y la pérdida del valor de nuestras materias primas y descenso del volumen de la maquila. Nuestro Gobierno está imponiendo leyes restrictivas a la empresa privada, volviéndola más vulnerable a la crisis mundial, sin considerar que sólo ésta, puede disminuir el impacto de dicha crisis en El Salvador y lograr su futura recuperación; no obstante el Gobierno la ve como su fuente de ingresos, aunque la trata como a un enemigo.

El Gobierno sacrifica la capacidad productiva de El Salvador, le preocupa sólo  el triunfo en la siguiente campaña electoral, pretendiendo ganarla a fuerza del dinero que sin pertenecerle, regala con promesas populistas.

LAS CALLES DE CARACAS EN SAN SALVADOR

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Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com

San Salvador, 22 de febrero de 2016.

Despliega su militancia el FMLN, para desalojar de la plaza de El Salvador del mundo, a la sociedad civil organizada (S.OC.I.O). Principian así, las luchas callejeras en San Salvador. Sólo reclamábase transparencia en el manejo de los fondos públicos y lucha contra la corrupción de las cúpulas partidarias, por estar generalizada, en el sistema democrático; no tiene dicho reclamo, sesgo ideológico; pero el FMLN lo ha considerado  peligroso e intolerable reclamo, en la semana en que en San Salvador, se celebrará el XXII Foro de Sao Paulo.

Maduro dijo el 15/2/2014: “Llegó la hora de salir a las  calles”. Se dijo aquí, lo mismo el pasado domingo, para desalojar la manifestación de S.O.C.I.O que, aunque poco numerosa representaba a lo que el salvadoreño aspira: política libre de corrupción y transparente manejo de los fondos públicos. Quisieron ahogar en sus inicios el reclamo, para evitar una manifestación masiva. Es notable comprobar que a las dos manifestaciones anteriores de la sociedad civil, se les opuso manifestantes encubiertos pero esta vez, los diputados del FMLN abiertamente dirigieron el desalojo: fue escalada, en la represión del FMLN.

Tiene base la reacción violenta del FMLN, en la aplicación del principio de la dialéctica de la acción: el sistema socialista, es de acción: ideas, teorías o conceptos, tienen validez sólo en cuanto promueven el proceso revolucionario, carecen  de valor intrínseco, valiendo sólo en la medida en que promueven el proceso revolucionario, son simples instrumentos de lucha, en su constante búsqueda del poder. Toda idea de rebeldía social que  no controlan, la consideran peligrosa: temen a las ideas que un pequeño grupo de personas, pueda promover, pues de ser aceptadas, podríase generar un movimiento “contrarrevolucionario”, perdiendo su influencia social.

La mayoría de la población quiere oír que se condena la corrupción y que ésta no sea encubierta, pues ésta es ya escandalosa. Son las cúpulas partidarias las que se preocupan de que ningún caso prospere: los procesos son iniciados pero no llega a término. Nadie quiere ya escuchar  de socialismo o capitalismo - estos sistemas han dejado de funcionar por causa de la corrupción y los acuerdos políticos, logrados entre las cúpulas partidarias -. Por esa razón el FMLN se preocupa cuando un pequeño grupo de personas, alzan su voz y por conveniencia, calla la oposición política.

La abstención política,  por causa del descontento hacia los partidos,  supera en mucho la lealtad hacia estos. Notorio es que los demás partidos no han protestado contra la  manifestación de fuerza del FMLN. Es porque sienten que los reclamos contra la corrupción, tocan sus intereses. Así, el costo político es exclusivamente del FMLN, éste dice que es un movimiento de ARENA o de la empresa privada desviar la atención.

El abandono de la oposición política, de su papel de crítico del Gobierno, fortalece al FMLN y si no se señalan sus debilidades, se es cómplice. La lección que nos deja el atropello del FMLN, es que la lucha contra la corrupción, no debe ser de pequeños grupos, sino de la totalidad de la población; es la solidaridad en la lucha, la que ha de dar el triunfo. Benjamín Franklin reflexiona en el valor de la unidad y dice: “O nos aferramos juntos o nos cuelgan separados”.

La lección aprendida por la oposición en Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina y Brasil es esa y, también los socialistas pretenden hoy, en el Foro de Sao Paulo, estrechar lazos para su defensa común, pues su visión, al no ser nacional,  sino internacionalista, pretende ejercer su peso transnacional, contra cada oposición local,  lo cual nos exige una mayor cohesión nacional.

LOS DERECHOS HUMANOS COMO ARMA POLÍTICA

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Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra       

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San Salvador, 18 de junio de  2016.

En días recientes, los Generales Humberto Corado Figueroa, Jaime Guzmán Morales y Otto Romero Orellana, los tres, ex Ministros de Defensa, en tiempo posterior a los Acuerdos de Paz de 1992, abogaron – en el programa Frente a Frente – por el respeto a la legalidad salvadoreña que nació de dichos acuerdos y el respeto a la Ley de Amnistía en el caso jesuitas; que se resuelvan los Habeas Corpus presentados en favor de militares detenidos y resolución contraria a su extradición, concordando todo con el espíritu de reconciliación de los Acuerdos de Paz y de la legislación vigente; es opinión que comparte la mayoría de juristas salvadoreños. Provocó airada protesta,  fechada 14/junio/2016 de José M. Tojeira, la cual cusa mi comentario.

Es base de la convivencia social, el respeto a la legalidad; lo solicitado por José M. Tojeira rompe tal principio: exige penalidad a lo ya juzgado y, cuestiona la capacidad del salvadoreño, de decidir sobre su destino. Comprensible es esta posición: la UCA siempre ha sido política: sus primeras luchas fueron “caníbales”, hacia el interior de la Orden. Desde que la generación de jesuitas vascos imbuidos de la Teología de la Liberación, desplazaron a los sacerdotes no vascos (de pensamiento tradicional: Ignacio Knör, Colinos etc.). Situación y hechos ampliamente explicados en la obra “La Iglesia Popular Nació en El Salvador. Memorias de 1972 a 1982” de Monseñor Freddy Delgado.

Fue su lucha, concientizar a la generación de los jóvenes oficiales que dieron el Golpe del 15 de octubre de 1979 –invitábanles a muy agradables tertulias sobre la realidad nacional, en el recinto de la UCA -. Al momento del alzamiento, la UCA medió un alto a las operaciones de la naciente insurgencia, para que se pudiese consolidar el movimiento golpista, sin que los jóvenes militares, estuviesen conscientes de tal maniobra. Así  lo relata el Coronel Adolfo Arnoldo Majano en su obra “Una oportunidad Perdida”. La intervención de la UCA permitió que el Foro Popular, que reunía a toda la izquierda revolucionaria, diera su aval; representando al poder político de la UCA; se incorporó a la Junta Revolucionaria de Gobierno, al Dr. Román Mayorga Quiroz, que posteriormente, fue rector de dicha universidad.

Por este hecho se prueban dos cosas: 1) la visceralidad de José M. Tojeira al dirigirse a los Generales es por considerar la pasada lucha, inconclusa y no alcanzar los Derechos Humanos. 2) En esta cruzada personal contra los militares, involucra a la rama jesuita española y a sus ex alumnos, en una situación ideológica contradictoria, pues la influencia jesuítica en España, es hacia la derecha, contraria al separatismo vasco, a sus relaciones con ETA, al terrorismo Latinoamericano y a los principios revolucionarios; se colige así, de las investigaciones de  Don Ricardo de la Cierva, sobre la evolución de la Iglesia Católica en Latinoamérica, durante el período de la Guerra Fría.

José Luís Merino (Comandante Ramiro) cuenta que, durante la ofensiva de 1989, esperaban que ciertas unidades militares se abstuvieran de operar, lo que era una sublevación contra el Presidente Cristiani,  en  repetición de los hechos de 1979 y que, sólo la UCA, manejaba esa trama  dentro de los planes generales de la ofensiva. De haberse concretado tal situación, el triunfo guerrillero del FMLN hubiese sido inevitable y los Acuerdos de Paz,  no se hubiesen dado. Lo cual lanza una duda: ¿estuvo la UCA dentro, o fuera de la trama de las operaciones bélicas? Incluso los querellantes han presentado algunos indicios de esta situación, que aparecen relacionados en el Auto emitido por el Juez Eloy Velazco Núñez.

Los dirigentes de la Fuerza Armada en los aciagos días de 1989, fueron los mismos que iniciaron la democratización del país, después de 1979. Los altos mando militares, mantuvieron la institucionalidad, permitiendo la existencia de una constituyente, de dos elecciones presidenciales, de varias legislativas y pleno sometimiento al poder civil, aún antes, de los Acuerdos de Paz. La Fuerza Armada es sólo el instrumento coactivo del Estado sin que importe el lineamiento ideológico de éste. José M. Tojeira  utiliza  los Derechos Humanos, como arma política.

Es el momento de finalizar este caso, para bienestar de la nación: los Derechos Humanos como arma política, es hoz que cortaría también a la insurgencia, pues sus acciones bélicas fueron, en su mayoría, Crímenes de Lesa Humanidad contra el civil, lo cual es fácil de probar. Preguntémonos ¿Pretende la UCA suprimir a la cúpula del FMLN del escenario político? ¿Acaso los considera desviacionistas de los principios revolucionarios? Por ahora no se puede contestar. Pero sí podemos afirmar que la UCA utiliza como arma política, los Derechos Humanos.

EL XXII ENCUENTRO DEL FORO DE SAO PAULO

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Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra       

Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com

San Salvador, 17 de junio de  2016.

Mientras se organiza el XXII encuentro del Foro de Sao Paulo y los socialistas latinoamericanos, prepárense a proclamar a San Salvador “Capital latinoamericana del Socialismo”, cabe preguntarnos: ¿Qué es el Socialismo latinoamericano, es sistema económico social, es partido político? En Latinoamérica hemos sentido sus efectos, siendo relevantes, la pobreza, la corrupción y la perdida de libertades. Se desmorona hoy, abrumado por el peso de sus contradicciones.

El Socialismo es doctrina que ve normales las diferencias sociales, como contradicciones que mueven a la sociedad; agudizándolas, se creará un dinamismo social mayor que, al hacer crisis (caos social), borrará las contradicciones, creando la igualdad social, pero que nada más, crea una nueva estructura de dirigentes y dirigidos, basada en la creencia de que el socialismo es superior a cualquier otra ideología. Atribuyese su dirigencia, la superioridad intelectual que le justifica la impunidad y el goce de todo lujo que pueda obtener del Estado y del que no goza la gente común. Convierte el socialismo en un espejismo.

Como sistema económico, el socialismo no ha triunfado en ningún país: sólo es la capacidad de la dirigencia de controlar los recursos públicos y privados; sin embargo, ese dominio, es anulado por sus propias proclamas de solidaridad, ayuda al explotado y venganza contra el capitalismo: Venezuela, Argentina, Brasil, Bolivia y Ecuador, son  ejemplo: el socialismo derrumba al socialismo.

El Foro de Sao Paulo ha simplificado las relaciones en Latinoamérica, redúcelas a un antagonismo entre el capitalismo y el socialismo: carta de presentación que reduce a un ámbito geopolítico subcontinental, derivado de la Guerra Fría. Hoy aprovecha la debilidad de los países caribeños, para enseñorearse en los foros latinoamericanos, presentando fuerza y cohesión inexistentes, pero basándose en la dependencia del petróleo Venezolano. Las diferencias entre capitalismo y socialismo, se borran en esta práctica.

No hace el socialismo que el capitalismo desaparezca, pues implicaría su propia destrucción: es el socialismo sanguijuela que se alimenta del capitalismo, sin matarlo; mientras exista, los socialistas prueban la existencia de contradicciones y, la necesidad de constante lucha, manteniendo la necesidad  de su dirigencia y ésta, sus privilegios.

Fueron su pretexto de lucha,  la oligarquía y las Fuerzas Armadas latinoamericanas, luego los medios de comunicación, hoy es el sistema judicial. Para probarlo, cito a Raúl Llarul, uno de los delegados del FMLN al XXI Foro de Sao Paulo en México: en época anterior sostuvo, en el Foro “Schafik Hándal y la interpretación de los medios de comunicación en el proceso revolucionario salvadoreño”, “que los medios de comunicación son un arma, …. su lucha es controlar la psiquis”,  sosteniendo la necesidad de controlar a los medios de comunicación. Llamase hoy,  a controlar el sistema judicial latinoamericano.

Ricardo Puentes Melo, en su artículo “El Foro de Sao Paulo, un peligro para la democracia”,  publicado el 2/9/2013, refiriéndose al génesis de esta organización dice:  “Sabiendo que el Partido Comunista Cubano impulsó la fundación del Foro de Sao Paulo, después de que el comunismo soviético se desintegró, los grupillos y ong comunistas vieron peligrar su supervivencia financiera. En 1990 el Partido de los Trabajadores de Brasil hace la Primera Conferencia, y allí participan 40 organizaciones y partidos de 13 países de Iberoamérica y el Caribe. Su fin: discutir cómo revisar la estrategia comunista revolucionaria en medio de la crisis del socialismo en todo el mundo”. Esto desvirtúa que el socialismo latinoamericano sea verdaderamente un sistema económico social, es un artilugio, en la lucha geopolítica latinoamericana.

Desnaturalizase así al FMLN y a los grupos que conforman el Foro de Sao Paulo: su fin no es partidario, esto es sólo, un instrumento.

EL DILEMA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

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Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra       

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San Salvador, 15 de junio de  2016.

Justificación que carece de sentido, es el perdón que Jorge Velado pidió a los ciudadanos de Apopa. La conducta del Alcalde de ARENA da luz, sobre el dilema que  enfrentan los partidos políticos, al elegir a sus candidatos. El Alcalde de Apopa estableció en su municipio, un bastión y santuario de las maras y, Jorge Velado, atribuye tal conducta, al hecho de que la Embajada de los Estados Unidos, no permitiese el uso de ciertos fondos, en beneficio de las pandillas. Se vio obligado a “cumplir” a las maras, sus promesas de campaña. El hecho pone de manifiesto, la verdadera situación de los partidos: no existe polarización ideológica, sino lucha de poder. Lo cual  establece un tercer actor político independiente: las pandillas junto al narcotráfico.

La lucha de poder entre los partidos políticos tiene dos manifestaciones: el transfuguismo partidario y la relación de los partidos con las maras y el narcotráfico. Los partidos políticos son responsables de la elección de sus candidatos – es su función constitucional -; más, para cumplir se ven ante un dilema: eligen al que está identificado con la ideología del partido o, al que ofrece más posibilidades de salir triunfante en la elección. El primero puede ser muy firme en su lealtad ideológica al partido, pero débil en su posibilidad de triunfo, en canto al segundo, nadie cuestiona las fuentes de sus ingresos, que son con frecuencia, el narcotráfico y otras actividades ilícitas que le dan fuerza popular, dependiendo de su relación con las maras. El transfuguismo que hemos visto en todos los partidos, es natural consecuencia de este proceder que tienen su origen, en las decisiones de las altas autoridades del partido.

No es exclusiva de ARENA esta situación: el FMLN busca el apoyo a sus candidatos negociando directamente con las pandillas y el narcotráfico. La ciudadanía abandona la lucha partidaria, encareciendo las campañas, pues es necesario mantener a toda costa en funcionamiento, las estructuras departamentales y municipales. Implica esto,  abandono de los intereses comunes, favoreciendo los intereses particulares del candidato, que le aseguren clientelismo político.

Los partidos políticos, por medio de  las afiliaciones, re afiliaciones, registro o depuración del padrón interno, condicionan el poder político de los militantes o, sujetan a éstos, a su posibilidad de contribuir económicamente, lo que es en perjuicio del sistema democrático y condicionan el registro de afiliados, al visto bueno de la  estructura que sirve a un determinado candidato, asegurándole, el control partidario: tal situación, favorece la corrupción de quien dispone de más dinero para su campaña interna o del narcotráfico.

Es igual la pérdida de popularidad de todos los partidos políticos y, ésta pérdida, deja espacio para un candidato populista que ofrezca soluciones imposibles pero que satisface escuchar o, a un candidato que reciba el apoyo de las maras y del narcotráfico. Pesa mucho, en la psiquis, del pandillero, la “lealtad”: sienten que los partidos políticos los han traicionado, pues no sólo niegan sus anteriores alianzas, sino que les combaten hoy fuertemente, aunque no lo suficiente para someterlas y mucho menos extinguirlas. Su aliado confiable es el narcotráfico. En consecuencia, si surgiese un candidato vinculado al crimen organizado, podría ser un serio y peligrosísimo contendor político.

Sólo la participación total de la ciudadanía dentro de sus partidos políticos,  fiel y firme a su ideología, puede evitar la llegada de un candidato conectado con el narcotráfico y las maras. De lo contrario tendremos que enfrentarnos a una dictadura, pues habrían sido los mismos partidos políticos los promotores de su propia destrucción. Aún puede la participación ciudadana depurar a los partidos y salvar el sistema.

EL SALARIO MÍMINO EN UNA ECONOMIA ARTIFICIAL

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Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra       

Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com

San Salvador, 13 de junio de  2016.

Se discute actualmente, el aumento al salario mínimo. Dicho aumento es incongruente con la economía artificial en que actualmente vive El Salvador. Se ha provocado pérdida del poder adquisitivo de quienes dependen de un salario o de una pensión, por lo que es necesario corregir su monto, evitando  destruir el sistema económico: toda alza, sin previsión, podría desequilibrar aún más, los factores macroeconómicos del  país. Pero para incidir en decisiones técnicas, el Gobierno utiliza factores políticos,  sin responsabilizarse por los efectos negativos que, como consecuencia, traerá su participación en el desequilibrio que cause, la necesidad de un aumento en el salario mínimo.

Muy precaria es la economía salvadoreña: su crecimiento económico, no mayor del  2.2%, sostenida a base de remesas, de dinero de préstamos internacionales, de la factura petrolera, no pagada a Venezuela y  del narcotráfico. Nuestra economía, es de consumo y no, de producción,  ha sido inflada artificialmente, provocando un alza en el costo de la vida y que no es compensado por la relación producto-costo-mercado que genera la economía real del país. Un ejemplo de cómo debe verse la economía real del país, es el de las pensiones y, por ellas, verse el salario mínimo. Los recursos para cancelar las pensiones son muy escasos, pero nadie considera imponer una carga mayor, aunque las necesidades del pensionado han sido rebasadas por el alto costo de la vida.

Los únicos sectores que no están deprimidos, son los que dan servicios, pues se nutren mayormente, de la economía derivada de las remesas, del dinero público que llega a manos del particular, del que gastan los políticos corruptos o, directamente, del narcotráfico, el cual, según algunos, deja  utilidades de $ 3,000 millones y, que hace circular en el sistema, una cantidad no determinada pero que afecta nuestra economía. Hechos son éstos que crean una distorsión reflejada en los precios (unos de los más altos de Latinoamérica) disminuyendo también el poder adquisitivo del salario mínimo.

La gestión del Gobierno por el aumento del salario mínimo, cumple una función política: ganar la voluntad de los sindicatos que ya no apoyan al Gobierno, porque  los funcionarios públicos, se han divorciado de sus bases obreras y revolucionarias; más hoy, que discuten la realidad económica nacional, con el empresario, han adquirido conciencia de la  situación económica real: no participan ya de la política ideologizada del Gobierno, dando su apoyo a una propuesta realista del salario mínimo.

El alza del salario mínimo como lo propone el Gobierno, es  problema que debe  resolver el empleador que sólo tiene dos opciones: 1) despide empleados 2) o se retira del mercado. En estos dos casos, quien sufrirá las consecuencias, es la población salvadoreña, porque si no encuentra trabajo por falta de empleador ¿de qué vivirá? El despido de empleados para mantener el punto de equilibro de las empresas, aumentará el número de personas que entraran al sub-empleo y que luego emigrarán, en busca del sustento diario, saliendo el país, en un perjuicio social.

Si la economía artificial de El Salvador se controlase, tendría un impacto positivo en los salarios más, como eso no es posible, por la política Gubernamental y, dado que no se pueden evitar la corrupción, el narcotráfico, el endeudamiento galopante, y no puede pagarse la deuda petrolera con Venezuela, sólo queda un aumento racional y escalonado del salario, minimizando sus efectos negativos. No será con manifestaciones públicas creadas por la presión del Gobierno, que se va a poder incrementar el salario mínimo, sino mediante un estudio técnico del mismo, bajo parámetros sin politización y basados en la realidad nacional.

QUO VADIS JUSTITIA

Por    

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra       

Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com

San Salvador, 11 de junio de  2016.

PUBLICACÓN ACCIÓN,  como asociada de Victimas del Terrorismo El Salvador, publica  una carta enviada desde el COLECTIVO DE VICTIMAS DEL TERRORISMO, en solidaridad y apoyo, a una organización que lucha por la justicia en España. Justicia en favor de las víctimas del terrorismo y la lucha, para que los responsables purguen su sentencia en prisión y, sobre todo, que no se haga apología de dicho acto.  Asier Harraiz, líder de Sortu (partido político español, cuyo ámbito de actuación son las comunidades autónomas del País Vasco, Navarra y el País Vasco francés) ha sido invitado, como conferenciante, por la Universidad Complutense de Madrid.

¿Hacia dónde va la justicia, si los terroristas confesos, son invitados de honor y quienes defendieron el orden establecido son juzgados, condenados y en algunos casos, esperan su extradición a un país extranjero? Muchos militares latinoamericanos se encuentran enfrentando procesos y, muchos terroristas, hoy ocupan los más altos cargos públicos y, quienes promueven esta nueva realidad, llaman  hoy, a quienes claman por la verdad y la justicia: difamadores.  Hay 9,140 miembros  de la Fuerza Armada y más de 15,000 civiles asesinados por el terrorismo y,  varios de estos asesinos, fueron por miembros de ETA, que vinieron a nuestro suelo, a dar apoyo logístico y participar directamente en las operaciones militares del terrorismo salvadoreño. ¿QUO VADIS JUSTITIA?

COLECTIVO DE VICTIMAS DEL TERRORISMO

San Sebastián, 3 de junio de 2016

Excelentísimo y Magnífico Rector Señor Andradas,

Le escribo en calidad de presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) y me dirijo a usted tras haber tenido conocimiento de que la Universidad Complutense de Madrid (UCM) tiene previsto celebrar un curso de verano titulado “Propuestas de futuro para la convivencia en una Euskadi sin ETA”, que tendrá lugar entre los próximos 4 y 6 de julio. Nuestra sorpresa ha llegado tras constatar que uno de los ponentes, y por lo tanto testimonio de autoridad, es el miembro de ETA condenado Hasier Arraiz, quien el pasado 16 de mayo reconoció su pertenencia a organización terrorista ante la Justicia.

En los tiempos que corren, las nuevas generaciones reclaman que los máximos exponentes de las instituciones públicas, estén éstos en las universidades o en partidos políticos, evidencien tolerancia cero contra la corrupción. Tolerancia cero contra la apropiación de los ajeno, contra el robo de lo público. Estimado rector, no se me ocurre qué puede ser más corrupto que asesinar o ayudar a hacerlo; no concibo apropiación más ilegítima que la de la vida de hombres, mujeres y niños masacrados; no imagino robo más repugnante que el de la libertad de un país que durante años no logró manifestar sus opiniones sin temor a verse sometido a la dictadura de pistolas atacando nucas desnudas.

Estamos plenamente convencidos de que un pederasta condenado, por mucho que lamentase sus crímenes aun sin condenarlos, jamás sería acogido en la UCM para enseñar Pedagogía infantil. También de que un mercenario de los GAL condenado jamás sería acogido por la UCM en calidad de experto en buenas prácticas policiales, así como de que un yihadista confeso y condenado nunca sería tomado en consideración como testimonio de autoridad en la interpretación del islam. Menos aún si éste, lejos de presentar el terrorismo como algo nauseabundo, lo encuadrase en una herramienta válida en el pasado y ejercida por personas comprometidas con una causa noble.

Por todo ello, señor rector, ¿cómo un miembro de ETA confeso y condenado por sentencia judicial podría utilizar la Universidad para hablar de convivencia? ¿Qué altavoz merece alguien que definió en mayo de 2015 a los miembros de ETA como “hombres y mujeres capaces de dar su vida por un sueño”? ¿Cómo se fomenta la lucha contra la radicalización entre los jóvenes pidiéndoles que escuchen a un condenado por terrorismo que encuadra la actividad de ETA en la lógica revolucionaria?

Como presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo, que ya acoge a más de 600 familias, le pido que no permita que el miembro de ETA condenado Hasier Arraiz participe en el curso de verano de la UCM. Estos cursos nacieron en 1988 con el objetivo de “tender puentes entre ciencia, política y sociedad”; así como de fomentar el “intercambio intelectual basado en la pluralidad y en la difusión de los avances producidos en todas las áreas científicas, humanísticas y artísticas”. En la Universidad no debería haber puentes que vinculen sociedad y defensa y promoción de ideas que –aun lamentando el uso de la violencia ilegítima- presentan el terrorismo como una herramienta legítima, no execrable y condenable. Estimado rector, los avances sociales son incompatibles con la disculpa del asesinato selectivo.

Atentamente

Consuelo Ordóñez

EL GOBIERNO CONCEDE A LAS MARAS STATUS DE BELIGERANTES

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Por                                                                                                     

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra       

Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com

San Salvador, 7 de junio de  2016

Mauricio Funes, al solicitar a la OEA y a la Iglesia Católica, que interviniesen –mediante la creación de un grupo técnico de asesoramiento – entre las maras, para que éstas no continuasen asesinándose entre sí, reconocen la imposibilidad del Estado para controlar la fuerza de las pandillas y, de facto, está concediéndoles el status de beligerantes y, da a grupos criminales, la misma categoría que se le concedió al FMLN, durante la firma de los Acuerdos de Paz de 1992. Esta, dicha mediación, fue pagada con fondos públicos, sin consideración de las extorsiones, secuestros y tráfico de droga que son de las pandillas su fuente de ingresos. Y no se consideraron así mismos, las muertes de los inocentes que no ceden ante las pandillas, ni a los miles de desplazados internos o migrantes.

Fue un solemne engaño, lo planteado a la OEA y a la Iglesia Católica, pues las atribuciones  de Presidente de la República, no implican facultades para iniciar negociaciones con fondos públicos, que favorezcan a grupos criminales, en su lucha por el control del territorio nacional. No le facultan tampoco, a reconocer a una u otra persona, como representante de la sociedad civil cuando, claramente, en base al Art. 83 Cn. ésta, recae en el pueblo y sus representantes: son los ochenta y cuatro Diputados. Los beneficios concedidos a las pandillas constaran seguramente, en dichos acuerdos, pero por ahora, están secretos.

La vigencia del “ACUERDO ENTRE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS Y EL GOBIERNO DE EL SALVADOR RELATIVO AL PROCESO DE PACIFICACIÓN ENTRE LAS PANDILLAS LIDERADO POR LA IGLESIA CATOLICA Y LA SOCIEDAD CIVIL A TRAVES DE LA MISION DE APOYO AL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIEDAD PUBLICA EN EL SALVADOR (MAS – El Salvador),  es desde diciembre del 2012 y. de acuerdo a lo pactado,  debe notificarse, la terminación de dicho convenio,  con sesenta días de antelación, por lo menos. Hasta la fecha, no se sabe que éste, haya sido revocado,  por lo que es de presumir que el presente Gobierno, continúa con dicho proyecto. El documento está firmado por el Dr. José Miguel Insulza, Secretario General de la Organización de los Estados Americanos y por el General David Munguía Payés, Ministro de Justicia y Seguridad Pública de la República de El Salvador.

Son tres las preguntas a plantearse: ¿Continúa en vigencia dicho acuerdo? ¿Cuál fue su costo y de qué cual partida se erogaron sus fondos? ¿Cuáles fueron las recomendaciones de dicha comisión técnica? Importantísimas son las respuestas a dichas preguntas aunque, el presente Gobierno, niegue la existencia de dicho acuerdo, pues además, se presume que de dichas recomendaciones,  derivase una política fiscal, que afecta al conglomerado social y afectará la productividad; también es necesario conocer el nuevo status de las pandillas, pues existe incongruencia entre la política con las maras: la encubierta y, la hecha pública.

Ningún Estado debe reconocer en un grupo de delincuentes, una fuerza igual o superior a la del Estado – aunque realmente la tengan – como lo aceptaron Mauricio Funes y David Munguía Payes; dicho reconocimiento, implica darles beligerancia y crear un status de orden político. Por esta razón, Mauricio Funes y David Munguía Payes, insistieron, al igual que Raúl Mijango,  en que las maras se estructuraran en fuerza política partidaria. Se hizo partícipe de tal aberración social y jurídica, a la Iglesia Católica.

Hoy que el Gobierno clama por más recursos para contener a las maras, es necesario exigir que  esos fondos, no sean encubiertamente utilizados, para beneficiar a las maras. Es evidente que tal beneficio, no sólo se los da el Gobierno, sino también, las Municipalidades.

EL SALVADOR Y LA CARTA DEMOCRATICA INTERAMERICANA.

Por    

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra       

Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com

San Salvador, 5 de junio de  2016.

La unidad espiritual del Continente americano, tiene su base en el respeto  a la personalidad cultural de sus miembros, demandando su estrecha cooperación,  las altas finalidades de la cultura humana: es el ideal que dio vida a la OEA para lograr la estabilidad política del continente y, sus fines, se plasmaron en la Carta Democrática Interamericana. Sus principios se invocan hoy, en favor del pueblo venezolano pero, El Salvador, a dicha invocación, ha dado una respuesta ambigua, en favor del chavismo y no, de las libertades venezolanas y su Constitución: dicha respuesta, es en razón de la situación interna que aquí se vive.

Venezuela ha roto hoy,  los principios básicos que todo Estado democrático debe respetar: el equilibrio de poderes, basado en los mecanismos de su contraloría; los sistemas democráticos representativo y  participativo, por la manipulación de la autonomía de los poderes del Estado, el desconocimiento de las decisiones del Congreso tomadas por mayoría y  abstenerse de realizar el referéndum revocatorio,  permitido en la Constitución. En total, ha establecido un Gobierno deslegitimado y no, de pleno Derecho.

La posición ambigua de la Cancillería salvadoreña  pretende favorecer, en Venezuela, la estabilidad del régimen del Chavismo; se ve claro tal propósito,  en las líneas políticas   del FMLN hacia sus bases, explicando los sucesos venezolanos: “golpe de Estado del imperio yanqui”, “esfuerzos de la oligarquía para recuperar su poder”,  “necesidad de detener una contrarrevolución en Venezuela” etc. Y sirve esto  para justificación de sus acciones internas en El Salvador: denunciar que, desde la Sala de lo Constitucional, está planificándose un golpe de Estado, la desestabilización económica por causa de la ANEP y que la manipulación política, procede   de la oligarquía.

Todos, argumentos  para ocultar inapropiados manejos del ejercicio del poder: presentar a la nación, informes falsos sobre la economía nacional (lo que ha provocado en Brasil la destitución de Dilma  Rousseff), la alta corrupción gubernamental (por lo que perdió las elecciones Cristina Fernández de Kirchner), el intento de manipulación de los medios de comunicación (señalamientos que se le hicieron también a Rafael Correa), las presiones ejercidas contra los sindicatos para forzar a la política gubernamental  (comparable con las acciones ejercidas contra el indigenismo por Evo Morales) y,  lo más preocupante, es el pacto secreto del Gobierno de Funes y del actual, con el crimen organizado, para el establecimiento de un nuevo orden jurídico, que favoreciese a las pandillas.

Por  todo lo anterior,  además de la amenaza de establecer una conexión directa  de corrupción de Petrobras con   CEL,  que involucre a los Gobiernos -  pasado y  presente - le obliga a manipular la opinión pública interna y hoy, apegarse al bloque del caribe, única estructura que sobrevive del ALBA,  para fines geopolíticos. Los países, eje de la economía latinoamericana (México, Argentina, Brasil y Chile) ven en  la actual crisis venezolana, un peligro desestabilizador de Latinoamérica.

Por el peso de su corrupción y de sus malos manejos, los países del Socialismo del Siglo XXI, procuran mantenerse con el clientelismo político interno y, la dependencia externa del ALBA. Por eso, nuestro Gobierno apoya hoy el Chavismo; sin embargo, ya da indicios de usar la fuerza: contra los movimientos ciudadanos que han exigido la lucha contra la corrupción y una CICIES  han opuesto grupos de fachada: los mismos que en su momento apedrearon a La Prensa Gráfica y realizaron desórdenes frente a la ANEP.

El  Presente Gobierno, afirma su naturaleza antidemocrática y corrupta, al alinearse con los países del Socialismo del Siglo XXI y es proclive a crear un caos interno, que aún más perjudicaría al país. 

YA NO ES OPOSICIÓN LA DERECHA POLÍTICA

Por    

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra       

Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com

San Salvador, 1 de junio de  2016.

Tiene la Izquierda, una agenda muy clara:  poder presentar ante las elecciones del 2018 y 2019 una imagen de Gobierno capaz de resolver las necesidades del pueblo No  relaciona este objetivo con la economía, ni con la inseguridad que sufre el ciudadano. Su base es el buen manejo de los medios de comunicación y del discurso populista que desvía la responsabilidad sobre los problemas nacionales. ARENA, que constituye la Derecha política, se encuentra totalmente inoperante en oposición a los manejos del FMLN, y culpa a sus militantes, de la apatía política en que ellos han caído, pues las autoridades del partido presumen que existe  obligatoriedad de la militancia, de aceptar la acciones de la dirigencia,  aunque sean contrarias, a las aspiraciones ideológicas del partido.

ARENA sólo, puede con sus votos, evitar la aprobación de un nuevo endeudamiento, pero parece estar más preocupado por sus problemas de poder interno, que por la política nacional: Norman Quijano manifestó que ya le cansan los ataques que el partido ha dirigido contra él,  da a entender que, dicho problema, merece más atención que los problemas nacionales; endeudamiento fiscal, gasto en seguridad, leyes restrictivas a la empresa privada y a la libertad de expresión, todo pasará a un segundo plano porque los problemas internos son más importantes para él y los otros  diputados.

El tema económico es de tal relevancia que, si ARENA da sus votos aprobando los nuevos endeudamientos, debilitará la economía nacional, fortaleciendo el poder interno del FMLN. Han sido invertidos muchos millones de deuda en clientelismo político, que ahogarán las finanzas públicas. La inversión pública en carreteras y otras obras, han permitido que las empresas allegadas al Gobierno reciban grandes utilidades. El Gobierno se rasgas las vestiduras por El Chaparral pero, con negligencia muy conveniente, el problema subsiste y nos costará millones más.

El descontento no es  exclusivo contra ARENA, sino contra todos los partidos políticos, pero al arenero le importa sólo  su partido,  y se siente engañado, no por su corrupción personal, sino por la defraudación ideológica hacia el elector. Hay Diputados que aprueban el matrimonio entre homosexuales y el aborto,  aprueban otros un mayor control estatal, otros prefieren el gasto público, a la inversión privada, otros promueven restricciones a la agricultura y a la industria. También hay quienes apoyan el pacto con las pandillas para asegurarse que  no les estorben electoralmente.

El Diputado de ARENA  aduce que para apoyar leyes contrarias a los intereses de sus electores, es necesaria la negociación y la gobernabilidad, pero dicha excusa ya no es tolerada por sus electores que no pueden cambiar el rumbo del país, entonces opta por la apatía y centra su esfuerzo en sobrevivir dentro de una economía deprimida y con un severo riesgo de ser asesinado, en un medio donde la policía se cubre el rostro y el marero se descubre y muestra sus tatuajes.

La fuerza política de ARENA se refleja en el número de sus votantes, los Diputados y Alcaldías logradas, pero los efectos negativos que se sufrirán, serán una pérdida significativa de los mismos, por la aplicación del voto de rechazo o abstención. Ahora ARENA más que un partido de oposición, parece un partido de cogobierno,  pues aunque en un primer momento niega sus votos, luego de una negociación, los da justificando de algún modo,  la aprobación.

Por las leyes aprobadas en la Asamblea Legislativa y a las que ARENA no se ha opuesto, ya vivimos en un país socialista: va en tal sentido la interpretación constitucional  de la Sala de lo Constitucional y en cuanto al Ejecutivo, ya no se diga.