Por
Lic. Fernán Camilo
Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN
ACCIÓN
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San Salvador, 26 de
junio de 2016.
Pide la UCA a sus
catedráticos, defiendan su posición política institucional, lo que es normal y
perfectamente lícito, pero debemos analizar su poder político, para apreciar el
verdadero peso de éste en la actualidad, su tendencia dentro del espectro
ideológico y sus áreas de influencia, sin tomar en cuenta, en dicha valoración,
su prestigio académico.
Hoy, la influencia de
la UCA, proviene del exterior: antes de los Acuerdos de Paz, provenía del
interior, al brindar un espacio político de izquierda, dentro de la legalidad.
Sus relaciones, dentro de la clandestinidad, se mezclaban con las de las FPL y
ERP, siendo además, el centro del debate de la Teología de la Liberación
Latinoamericana, ubicándose en el centro de la vorágine política de la época.
El desmoronamiento de la Unión Soviética,
la posición Papal contraria a la Teología de la Liberación y, los
Acuerdos de Paz de Chapultepec, hicieron sus conexiones políticas, innecesarias
y, su relación con los grupos de ETA en Colombia, perdieron su razón de ser,
cuando ETA decidió retirarse de la lucha
armada. La bandera de Monseñor Romero – representante de la Teología de la
Liberación – les fue arrebatada por la Iglesia Salvadoreña, al dar su aval el
Papa Francisco.
Su poder político, derivase
hoy, de su relación con el Programa de Justicia Transicional, en el Centro de
Justicia y Responsabilidad (CJA) que promueve querellas en todo el mundo,
cobrando millonarias recompensas por la responsabilidad de violaciones a los Derechos Humanos, en épocas pasadas.
Utiliza para ello, las instancias internacionales controladas por el pensamiento
jurídico de izquierda: proviene de allí la resolución que invoca Manuel
Escalante –Catedrático de Ciencias Jurídicas de la UCA – para clamar contra la
interferencia de poderes, cuando la Asamblea Legislativa, formula un “recomendable”
a la Corte Suprema de Justicia, sobre la necesidad y conveniencia de no
extraditar a los militares capturados y requeridos por España. Entra en la
valoración de la Asamblea, el hecho de que ya han sido juzgados y, sólo una
entidad nacional puede valorar la validez o no, de tal situación.
Este punto aclarado,
vamos a lo que nos interesa: la valoración de la no extradición, por la
Asamblea Legislativa, frente a los diferentes criterios de la Corte Suprema de
Justicia. Intención es de los defensores de la Justicia Transicional, que debe
juzgarse a los que dieron muerte, en guerra, a los sacerdotes jesuitas, es solo
el pretexto, para poder continuar con otros procesos: primero el Mozote y
después, contra las unidades que participaron en el desalojo de fuerzas
insurgentes en Chalatenango, luego que el FMLN, reclamara dicho territorio como
“liberado”, secesión de nuestro territorio, de manera temporal; aunque el
Estado Salvadoreño, no reconoció dicha secesión, por razones político-jurídicas
durante la Guerra Fría. Esta operación involucró a cerca de 3,500 oficiales y,
la mayor parte de efectivos de la época, todos hoy, ya en situación de retiro y
sólo desean olvidar sus penurias en el pasado conflicto armado, pero sin
olvidar a sus compañeros caídos en acción.
Para hacer este camino político-jurídico, se está utilizando la justicia
española, que actúa en base a su propio impulso constitucional, pero sirviendo a intereses ajenos: los de la UCA y
al Programa de Justicia Transicional, en el Centro de Justicia y
Responsabilidad (CJA).
La Asamblea Legislativa
advierte de la inconveniencia de retornar al pasado y que abriendo la puerta,
para juzgamientos masivos contra militares, también se abriría, para antiguos
insurgentes. Incluso están conscientes Estados como Sudáfrica, Estados Unidos, Japón,
Chile e Israel, que no es conveniente para la estabilidad de El Salvador, que se juzgue a la Comandancia del FMLN por
sus connacionales asesinados por ellos. Lo que, en la relación de poder actual,
traería a El Salvador inestabilidad política pero, si por causas internas, esta
paz se rompiese, sí harían efectivos sus reclamos. Colombia no presiona en su
reclamo contra José Luis Merino, por tráfico internacional de armas a la
guerrilla de dicho país. En conclusión, no hay una interferencia de poderes: es
un llamamiento a la estabilidad nacional.
Hace un año,
estudiantes de la Universidad Nacional, imbuidos de las ideas de la Justicia
Transicional, solicitaron en base a la Ley de Acceso a la información Pública,
los expedientes militares del pasado conflicto armado, lo que debía ser
autorizado por Salvador Sánchez Cerén, como Comandante General de la Fuerza
Armada, y fue denegada dicha petición; es más, fue el mismo FMLN que, muy
discretamente, “sugirió” a los
peticionarios, desistir y no concurrir a otras instancias, considerando las
implicaciones políticas que podrían derivarse.
Hoy, el Sr. Jorge Galán, de tendencia izquierdista, al igual que sus
hermanos, se presentó
ante la Audiencia Nacional de España
(luego de solicitar asilo) para
presentar un audio que, supuestamente,
implica al ex presidente Alfredo
Cristiani, en la muerte de los sacerdotes Jesuitas. El Sr. Galán, no ha tenido
una vinculación directa con el FMLN durante el pasado conflicto armado, pero
pertenece a la “generación de escritores comprometidos”, con fuerte vinculación con la UCA y la Universidad
de El Salvador. Hoy presenta un audio - generado dentro del Estado Mayor y
perteneciente a sus archivos -. Muy interesante sería conocer la forma en que
fue obtenido dicho audio: seguramente
implicaría toda una trama, iniciada en San Salvador, y tan interesante - como
la planteada por Eugene Sue en el “Judío Errante”-, para forzar al Gobierno
Español a requerir al ex Presidente Cristiani y, mantener viva, la llama de la
Justicia Transicional; la resolución de
la Corte, al respecto, muy probablemente abarcará sólo, a los cuatro ya detenidos,
e irá tendiente a forzar al Gobierno salvadoreño, a la búsqueda más activa de
los requeridos que hoy están en libertad o por lo menos, a que Cristiani busque la clandestinidad o se resigne a ser
detenido en las mismas bartolinas en las que estuvo prisionero Francisco
Flores, guardando la misma detención ilegal, que recae hoy contra cuatro
militares.
Aunque la posición
ideológica de la UCA, es claramente de izquierda, no se la debe confundir con
los poderes políticos que representan otras izquierdas: se mantiene alejada de
la línea venezolana y cubana que sigue el Gobierno. También está alejada de la
línea que representa Marta Harnecker y de las diferentes líneas que conforman
la izquierda descontenta con la orientación gobiernista en El Salvador. Tiene línea propia, compartida por algunos
intelectuales que se autodenominan socialdemócratas, sin que su producción
doctrinaria sea tan fértil como lo fue en los años del conflicto, cuando ésta universidad
alcanzó su etapa clásica.
Por lo cual podemos
afirmar que la fuerza que despliega hoy la UCA, es planificada aquí, ejercida
en el extranjero y amplificada a manera de presión internacional, en suelo
salvadoreño. Hay interferencia extranjera, sí,
pero provocada desde nuestro suelo, contra nuestros propios connacionales.
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