Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 18 de noviembre de 2014.
“Una sociedad que asuma
la libertad como presupuesto de su existencia exige que la ley sea justa y que
ella se aplique a todos por igual….por arte de magia, los terroristas pasaron a
convertirse en víctimas y los militares en el chivo expiatorio de todos los
pecados cometidos en una época trágica y turbulenta….El problema de los
procesos sobre violación de derechos humanos es un problema que continúa
vigente y cuya naturaleza es política. Su solución, por lo tanto, debe ser de
la misma naturaleza…. es absolutamente falso por cuanto no existe ninguna ley
ni tratado internacional que prohíba perdonarse entre hermanos”. Tomado
del discurso pronunciado durante el Acto del lanzamiento del libro Procesos sobre violación de derechos
humanos. Inconstitucionalidades, arbitrariedades e ilegalidades, de Adolfo Paúl Latorre, en la
Universidad de San Sebastián, sede Concepción, Chile, el día 5/11/2014
Cuando un Estado olvida
conscientemente su responsabilidad de protección a un connacional y, además, admite que, en su propio suelo, extranjeros
cuestionen, la legitimidad de los actos de su Gobierno, no sólo rompe el Estado
de Derecho, sino que rompe además, el término fundamental sobre el que se asienta la convivencia pacífica: el
acomodo de las libertades individuales, frente al Estado que debe a sus connacionales protección, paz
interior y subsidiariedad.
La UCA y Almudena
Bernabéu, anuncian que han logrado por fin, que el Estado de El Salvador niegue a su connacional, Inocente Orlando
Montano, la protección debida a un salvadoreño por nacimiento, que cumplió
honorable y patrióticamente su función pública.
Puede ser pues, este salvadoreño extraditado de los Estados Unidos hacia
España, cual paria sin patria, y, para ser juzgado por el Caso Jesuitas, que
sólo fue un incidente en la guerra revolucionaria que ellos asesoraban. Este desconocimiento de la nacionalidad, establece
el precedente del “destierro”, pues si bien la acción física es por la
necesidad de salir del territorio nacional, la jurídica, es el desconocimiento
de sus derechos como connacional. Hoy es este un caso emblemático y, mañana, será por otra
cualquiera causa, a conveniencia
política, de los intereses de la Cancillería salvadoreña.
Por otra parte, la UCA
y Almudera Bernabéu pretenden desconocer la actuación de la Fiscalía General
de la República, y es esto, el acto de romper la continuidad de la existencia y
responsabilidad del Estado, en cuanto a que, la continuidad del mismo, no
depende del ejercicio del poder, sino de la existencia del mismo Estado en el
tiempo. Se pretende así establecer que el Estado de El Salvador, sólo existe
desde la constitución del FMLN como grupo antagónico del Estado y Gobierno de
El Salvador proclamando la legalidad de sus actos subversivos y la ilegitimidad
de la defensa del Estado, contra dichos actos.
Las actuaciones
institucionales de los ex Fiscales Generales Dr. Mauricio Eduardo Colorado y
Dr. Roberto Antonio Mendoza Jerez (Q.D.D.G.), hoy cuestionadas por la UCA y
Almudena Bernabéu, son un intento de destruir, pieza por pieza, la legitimidad
durante los años del conflicto armado, del Estado de El Salvador. Esta
anulación de la continuidad del Estado en el tiempo, tiene como objeto, probar que los hechos dados en El Salvador,
deben ser juzgados en el extranjero, y por extranjeros que determinen a su sólo juicio, cual debió y
debe ser, la conducta de los salvadoreños.
Fundan lo que ellos
tildan de “ilegitimo proceder” del
Estado de El Salvador, en declaraciones de funcionarios que gozaron de la
confianza e investidura del Estado en aquel momento, y que actuaron con gran capacidad
profesional, pero con total ingenuidad política, justificada por su
inexperiencia juvenil, que permitió que
pudiesen ser manipulados en tal momento, por las fuerzas en que en el conflicto, perseguían intereses particulares y no, nacionales; me
refiero a quienes en aquel momento y suceso, tuvieron en sus manos, parte de la
investigación del Caso Jesuitas: el Dr. Henry Campos Solórzano y el Dr. Sídney Blanco que, aunque no fueron los únicos en la
investigación, su ingenuidad política, les llevó por el camino de la Izquierda,
hasta convertirse en Vice Ministro del FMLN, el uno y. el otro, en Magistrado
de la Sala de lo Constitucional, en un acuerdo de equilibrio de poder, a
instancia de Mauricio Funes y de la UCA. Veinticinco años después de los
hechos, parece que aún les mueve la misma ingenuidad que les hace de fácil manipulación, pese a sus
indiscutibles logros académicos y profesionales.
La Izquierda
internacional se esfuerza en probar, la ilegitimidad del Estado de El Salvador,
para poder así, dejar sin efecto los acuerdos tomados desde 1983, ya declarados
firmes en nuestra Constitución y en los Acuerdos de Paz. Este proceso llevará mucho
tiempo y será a veces imperceptible, pero su proceso será persistente. Hoy sólo
estamos viendo la colocación de los cimientos de dicho proceso, y triunfarán o
se saldrán con la suya, a menos que todos los que vivimos y participamos de alguna manera directa o indirectamente, en
el Conflicto Armado, dejemos claramente establecido que los Acuerdos de Paz fueron la decisión voluntaria, consciente y patriótica
definitiva de la reconciliación y de ninguna manera fueron el principio de una
nueva lucha política a instigación de extranjeros.
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