Por
Lic. Fernán Camilo
Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN
ACCIÓN
http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 14 de
enero de 2016.
Muchos de los diferentes
fenómenos que estamos viendo, son resultado de una concepción filosófica e
ideológica, derivada de la Justicia Transicional; que tiende a cambiar nuestro
tradicional sistema de vida y su escala de valores. No hay dirección humana unificada
detrás de los acontecimientos que vivimos diariamente en El Salvador, pero sí conceptual, que se desarrolla por
igual en toda Latinoamérica. Adaptándose a las peculiaridades y diferentes
hechos históricos de cada país.
La Justicia Transicional,
es creación de las investigaciones de los académicos norteamericanos Samuel
Huntington, Philippe C. Schmitter y el argentino Guillermo Alberto O´Donnell, quienes
consideran que debe de existir un mecanismo que enfrente a las víctimas con el
victimario, para la reparación de los daños sociales producidos por los efectos
de una dictadura. Estas ideas, están inspiradas en los Juicios de Núremberg y Tokio
y atribúyanle raíces, en la Democracia griega. Sin embargo, la estructuración
práctica y los principios jurídicos de la Justicia Transicional, son
desarrollados en la obra conjunta intitulada: “JUSTICIA DE TRANSICIÓN Informes
de América Latina, Alemania, Italia y
España”, patrocinada por la Konrad Adenauer Stiftung, bajo su programa Estado
de Derecho para Latinoamérica
La Justicia
Transicional, pretende la combinación de
estrategias judiciales y no judiciales, para la reparación a las víctimas de
las violaciones a sus Derechos Humanos,
la preservación de la memoria histórica y las reformas a las Fuerzas
Armadas, las policiales y todo poder
físico, con que cuente el Estado. Todo lo cual hace necesaria la persecución de
criminales, la creación de comisiones de la verdad y, otras formas de investigación
del pasado violento. Como una derivación de estos principios, se ha desarrollado
la Justicia Restaurativa, que contiene principios penales que se basan en la
explicación sociológica de los actos lesivos a la sociedad pero, a diferencia del Derecho Penal
tradicional, la reparación es hacia la
sociedad e incidentalmente, a la víctima, bajo el principio de la tolerancia y
la no violencia contra el delincuente. Pero para que ésta justicia sea
aplicada, desarrolla valores nuevos y propicias condiciones sociales (sobre
todo económicas) que puedan generar un cambio estructural dentro de la sociedad.
Esto puede ser apreciado en el estudio intitulado “La Justicia Transicional en
América Latina: Desarrollo, aplicación y desafíos”, escrito por Esteban Cuyá, y publicado el 31
de julio de 2011 por Menschenrechtszentrum (NMRZ).
En El Salvador, la UCA
ha sido la promotora de esta nueva tendencia,
lo que puede ser apreciado, en el documento intitulado “EL SALVADOR:
VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN Deudas históricas con las víctimas y la sociedad”
De todo lo anterior se derivan tres situaciones concretas 1) la persecución a militares 2) la tregua con
los mareros y 3) crear las instituciones políticas y sociales que sean un
coadyuvante a las políticas ya trazadas. Para que estas tres grandes vertientes
puedan darse y consolidar una nueva estructura social, se necesita: a) callar a
los diferentes medios de comunicación, poner un freno al libre pensamiento en
las redes sociales y b) doblegar la estructura económica que pueda ser
oposición directa o sostener a la oposición política.
Por todo lo anterior, puede
deducirse que los militares reclamados por España, abrirán el camino para el
enjuiciamiento de Cristiani y posiblemente de Francisco Merino, como
representantes del poder político de la época. Al establecer la ilegitimidad de
las acciones del Estado de El Salvador en su defensa, durante el conflicto
armado, legitima la de los alzados en armas; lo cual tiene dos implicaciones:
i) una excusa de inculpabilidad ( en un sentido jurídico) en sus crímenes de
Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra cometidos en El Salvador y ii) establecer
la obligatoriedad del Estado de El Salvador a la reparación pecuniaria de los
alzados en armas, además de extender la responsabilidad de los actos de guerra a todos los estamentos
de la Fuerza Armada, que participaron en el conflicto.
A crear esta nueva
realidad han contribuido Mauricio Funes, pidiendo perdón por los hechos del
Mozote y planificando muy detalladamente junto con algunos Magistrados de la
Honorable Corte Suprema de Justicia, la apertura de un nuevo proceso, sobre
parámetros jurídicos de la Justicia Transicional, aún a violación del principio
constitucional de la prohibición del doble juzgamiento; y las resoluciones
judiciales, en los casos de los señores jesuitas, de los Generales Vides
Casanova y García y, del Coronel Montano.
La tregua con los
mareros, está enmarcada dentro del concepto de Justicia Restaurativa, pues su
violencia, es atribuida al rechazo hacia ellos, de la sociedad; además de su responsabilidad por la marginación,
debida a la falta de recursos económicos. Daño que será reparado por la gestión
gubernamental, con fondos de la empresa privada, complementado con ayuda internacional.
Los ataques
cibernéticos contra La Prensa Gráfica y, la acusación policial contra El Diario
de Hoy, por Apología del Delito, tienen como fin, acallar a los medios de
comunicación escrita, así como la amenaza de retirar los derechos al uso del
espectro radiofónico, para permitir sólo las opiniones congruentes con la línea
política gubernamental. Es parte de esta campaña, restringir el uso de las
redes sociales, filtrando su contenido, mediantes leyes restrictivas, por
sanción penal o de censura, según sea la
propuesta de ley.
El objetivo de todo
esto es el cambio de la estructura social y de valores tradicionales, basados
en los principios liberales (libertad económica, libertad política y libertad
religiosa). Para ello, se estimula desde Casa Presidencial, la creación de
“Asambleas Populares” y se propone que éstas tengan un papel político, para poder luego ejercer una función legal. Marco
Rodríguez, desde Casa Presidencial,
propuso en abril del 2015, que los
planes de seguridad, fueran sometidos a
un “plebiscito” en base a las Asambleas Populares. Las Asambleas Populares han
sido un instrumento de presión y organización paralela a la de los opositores y
ahora, en Venezuela, son una amenaza para el poder legislativo en manos de la
oposición.
La UCA ha patrocinado
la creación del Tribunal de Justicia Restaurativa y del 26 al 28 de marzo del
2014, se llevó a cabo este proceso, en la ciudad de Victoria, Cabañas, por la
masacre de Santa Cruz. Hecho acaecido en 1981 y fue presidido por: José María Tomás
y “Tío” (magistrado y presidente de la Fundación por la Justicia de Valencia,
España) y José Ramón Juániz (abogado y miembro de la Asociación de Juristas Demócratas
de Valencia); las brasileñas Carol Proner (doctora en Derecho Internacional por
la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España, y coordinadora del Programa
de Derechos Fundamentales y la Democracia de UniBrasil) y Suelli Aparecida
Bellato (abogada y vicepresidenta de la Comisión de Amnistía de Brasil); Belisario
dos Santos (exsecretario de Justicia y Defensa de la Ciudadanía del Estado de
São Paulo y miembro de la Comisión Internacional de Juristas de Brasil); la estadounidense
Angelina Snodgrass Godoy (socióloga y catedrática de la Universidad de
Washington en Seattle, Estados Unidos); y la abogada salvadoreña Paula Cuéllar.
Debemos de tener
conocimiento de esta nueva realidad a la cual ha entrado El Salvador y si
creemos en los valores tradicionales de
libertad y Democracia representativa, deberíamos de presentar una
oposición, pues parece que el pasado
conflicto armado aún subsiste en nuestro país.
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