Por
Lic. Fernán Camilo
Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN
ACCIÓN
http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 23 de
enero de 2016.
Las propuestas de
gravar las remesas, aumentar el salario mínimo y reestructurar el sistema de
pensiones, traerán un impacto negativo en la economía nacional. Estas tres
políticas, impulsadas por el Gobierno, tienen un denominador común: su inconstitucionalidad. Aisladas, tienen un
impacto negativo pero controlable, aunadas, crean una seria amenaza a la economía
nacional, a lo cual hay que agregar otros fenómenos negativos no económicos.
La sola propuesta de
tomar un 10% de las remesas para crear un “fondo de ahorro personal del
migrante” y, utilizar dicho dinero, para gastos del Gobierno (clientelismo
político, despilfarro y corrupción), a cambio de Bonos estatales, generaría dos consecuencias 1) un mayor flujo
de efectivo por vías clandestinas y 2) el uso de mecanismos alternos, como la
compra de bienes y servicios en el exterior, retribuirles en El Salvador; en
ambos casos, las nuevas estructuras serían aprovechadas por el narcotráfico y
el crimen organizado, para el lavado de dinero.
El Gobierno pretende
tener ingresos por cuatrocientos millones de dólares anuales, por la retención
de remesas, con un pago mínimo de
intereses, cercano al factor de devaluación. Sin embargo, esta forma de tomar
los bienes de particulares constituiría, un préstamo forzoso, lo cual va contra la libre disponibilidad de los
bienes, Art. 22 Cn.
En una economía
deprimida, un aumento salarial desproporcionado, es destruir la capacidad
productiva y la competitividad, lo cual
es contrario a lo establecido en el Art. 101 inc. 2 Cn. Pues el Estado,
impondría un uso irracional de los recursos privados dentro de la actividad
económica, lo cual deprimiría aún más, la
actual economía. A no ser que se considere que la función social, consiste en
el canibalismo de la empresa, en función particular del trabajador y no, de la
productividad y bienestar nacional.
El Estado, lejos de
propiciar una solución al problema de las pensiones, procura alejarlo del contexto actual,
aumentando los años de servicio, como se ha visto en el IPSFA y dejar que siga
su deterioro, para que, ante el colapso del mismo, puedan imponerse las reformas deseadas. Esto es una política
que iría en contradicción con lo establecido en el Art. 1 Cn., pues el fin del
Estado dejaría de ser la persona humana y pasaría a ser el Estado mismo.
A estas tres situaciones
debemos agregar los efectos del poder territorial de las pandillas y, la
negativa del Gobierno, a iniciar dialogo, con el fin de evitar un colapso
económico.
El control territorial
de las pandillas, ha excluido muchas zonas, como garantía que pueden asegurar
la viabilidad de un crédito, pues en caso de incumplimiento de pago, ésta no
garantiza la recuperación del crédito. Para una mejor comprensión de este hecho,
basta aclarar que, la banca presta los fondos captados del público, por lo que ésta,
tiene que garantizarlos y ¿qué ahorrante se sentiría seguro, sabiendo que su
dinero está garantizado por un inmueble en “La Campanera” o en “La Cima”? En
muchas partes, los peritos valuadores, ejecutores
de embargos y notificadores judiciales, no han podido ingresar a estas colonias
por las pandillas. Y al hacer los respectivos reclamos a la PNC, han recibido
la respuesta: ese es problema del Juez, no nuestro, además ¿es porque no
quieren pagar la renta por entrar? y deben de hablar con el “palabrero” y
pactar con él su gestión, para tener su aprobación. Ante respuestas así, no es
posible recurso legal alguno, sólo la exclusión de la bolsa crediticia, de
dichos lugares. Esto va en detrimento de la economía nacional.
El aumento del costo
del agua y el acoso a las empresas por parte de las municipalidades, ha hecho
que muchas consideren su cierre definitivo,
o decidan trasladar sus operaciones fuera del territorio nacional. Todo
lo que junto, va llevando al país, hacia la esterilidad económica.
Sin embargo el fracaso,
no es consecuencia del desconocimiento o de la ingobernabilidad de las cuestiones del Estado, sino que es un
enfoque ideologizado del mismo, pues Sánchez Cerén ha dicho que quiere dialogo, pero bajo la condición de que prevalecerá su
opinión, Dagoberto Gutiérrez, claramente ha dicho, que nos encontramos en una “guerra
social”, pues las cuestiones económicas,
no fueron dirimidas durante el pasado conflicto armado y, llegar hasta este
punto (el presente), ha llevado veinte años.
La empresa privada y
los que creen en el sistema de libertades, deben ver ver todos estos
hechos como un todo y no, como
cuestiones aisladas, de lo contrario, estaremos siempre ciegos a las consecuencias cuyos resultados ya se
están sintiendo.
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