Por
Lic. Fernán Camilo
Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN
ACCIÓN
http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 24 de
julio de 2016.
Durante éstos los
últimos ocho días, el Gobierno del FMLN ha pugnado por desembarazarse de la
Sala de lo Constitucional, pretendiendo consolidar en su favor a la oposición y
procurando anular los efectos de las Sentencias que le son adversos, sin
obtener el resultado deseado y, por tal motivo, anuncia hoy una nueva “Ley de
Reconciliación”, bajo los principios de la Justicia Transicional que “no dañará
a nadie” y obviará los peligros que la derogatoria de la Ley de Amnistía
conlleva, asegurando también, la satisfacción de sus necesidades fiscales
El FMLN, primero procuró
invocar el Art. 87 de la Cn., (derecho de insurrección) con el objeto de
remover a la Sala. Luego quiso interpretar el Art. 182 Cn., en el sentido de
que fuesen la Corte en pleno, o los suplentes de la Sala de lo Constitucional,
quienes conociesen en apelación, revisión, aclaración o amparo, las
resoluciones dadas: interpretación absurda, nada pertinente y menos aún lógica,
a menos de que fuese sustentada por la fuerza que mana del poder. Debe
reconocerse sin embargo, que también la Sala de lo Constitucional, se ha
excedido en los razonamientos relacionados con la inconstitucionalidad de la
Ley de Amnistía.
Salvador Sánchez Cerén ahora
ofrece, una “Ley de Reconciliación Nacional”, basada en la Justicia
Restaurativa y consensada, por todos los partidos políticos. No puede afirmarse
que su idea tenga apoyo, sin estar claras sus exigencias, ni conocerse sus
condiciones; además, la posición política de la oposición aún no está clara,
pues en estos últimos días las líneas de acción del gobierno han sido
erráticas.
Podría llegar a darse
una ley de Reconciliación, que sería inaplicable, por el control difuso de la
constitucionalidad: la Sala ha dejado claro, la interpretación de tratados
vigentes, ratificados por El Salvador y también, los alcances del Art. 2 Cn.,
en cuanto a las obligaciones del Estado.
La Justicia Transicional exige castigo y reparación de daños a las víctimas.
Sánchez Cerén promete que habrá reparación, sin dañar al ofensor ¿será posible?
Y, sobre todo si la aplicación de la Justicia Transicional proviene de la UCA y
la diplomacia internacional. ¿Podrá la situación ser manejada desde aquí?
Sánchez Cerén está
ofreciendo a sus opositores verdaderos espejismos, para poder lograr la aprobación de más préstamos
y asegurar una tributación mayor. Podrá también, muy sutilmente, introducir
cambios estructurales – no logrados con la guerra, ni con los acuerdos de
Chapultepec –. En la evolución de la Justicia Transicional, se plantea que si
las causas del conflicto fueron económicas, deberán hacerse los cambios
estructurales para evitar nuevos actos de violencia.
Para los seguidores de
la Justicia Transicional, atribuyen la violencia de hoy, a las insatisfacciones económicas y sociales, no
resueltas, ni con el conflicto armado, ni con los Acuerdos de Paz de 1992 y, en
consecuencia, Sánchez Cerén propone nuevos acuerdos.
No debe olvidarse que
el Gobierno invocó la Justicia Restaurativa para justificar la tregua de los
mareros y la necesidad de inversión social en su favor. La Justicia
Restaurativa es la aplicación de la Justicia Transicional a casos concretos.
Sólo podrían equilibrarse las fuerzas, si militares e insurgentes, ante las
recíprocas demandas, acordasen no ejercerlas.
Si la Sala de lo Constitucional resolviese favorablemente, los Habeas
Corpus presentados en favor de los militares detenidos, sería porque las
instancias internacionales y la UCA habrían llegado a la comprensión de que la
paz es necesaria en El Salvador. ¿Sería
posible? Lo dudo; la Compañía de Jesús es imperturbable, sorda y ciega a
las necesidades de paz de los salvadoreños.
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