Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCION
Lucir en las casas banderas blancas, sonar cacerolas y
en conjunto, sonar bocinas a las 8:00 p.m., son actos de desobediencia civil,
expresiones de la soberanía popular, que no acata las restricciones impuestas
por el Gobierno, que superan el Régimen de Excepción, que hoy es sustentado por
la fuerza, en una supuesta legalidad y que anula, toda esperanza de retorno, a
la vida en libertad y autosuficiencia.
El Régimen de Excepción, expresado en el Art. 29 de la
Constitución, no prohíbe la asistencia familiar, las actividades religiosas, ni
la suspensión laboral y económica, todas están claramente protegidas. Luego de 54 días de confinamiento, los malos efectos
se hacen sentir en la población: hambre, incertidumbre y desesperanza.
Las personas que han sido “internadas”, sufren, en
muchos casos, aislamiento de más de 45 días
y, al protestar o pretender escapar, se les castiga con nueva cuarentena, de
tiempo indeterminado. El confinamiento forzoso e innecesario y, su encierro
juntamente con mareros, son violaciones a los Derechos Humanos. El Régimen de Excepción, debe ser aprobado con
un mínimo de 63 votos, pero hoy, para aprobar las restricciones vigentes, se
hace sólo con mayoría simple.
Las declaraciones de dos funcionarios de Gobierno,
anuncian que se pedirá una prórroga para guardar la cuarentena quince días más,
e iniciar negociaciones, para una indefinida. La desobediencia civil, iniciada
en San Salvador, cobró fuerza ayer miércoles, se sintió en todo el país. Las
restricciones impuestas por Ernesto Muyshondt, ya son insoportables para la
capital. El efecto: quitar miedo a la
autoridad, pues, aunque se ordenó en algunos puntos de San Salvador, la
militarización y amedrentar con luces de las patrullas, las personas pitaron y
salieron a desafiar a soldados y policías, en los andenes de sus casas.
Es casi imposible predecir cuál será la futura conducta
de Nayib Bukele: su carácter es impredecible, sobre todo porque todas las instituciones
del Ejecutivo, están en manos de sus parientes, amigos y antiguos empleados, en
un claro nepotismo. Se puede inclinar
hacia dos caminos: endurece su posición o la hace más tolerable, haciendo
responsable de las consecuencias de la pandemia y la crisis económica, a la Oposición.
Sus troles han preparado el camino hacia un endurecimiento: publicar fotos con
armas, deslegitimar a las instituciones y, anunciar que los cambios que Nayib
Bukele está realizando, son una verdadera revolución, sin aclarar, si será,
cuando toda la Asamblea le sea favorable o, recurrirá a la violencia.
Los desfalcos que se están dando a los fondos del Estado,
cuyos controles han sido anulados intencionalmente, son razón de la renuncia de
quienes iban a ejercer una fiscalización ciudadana. Ratificar en la Asamblea
Legislativa, los préstamos solicitados, implica del ejecutivo, usar esos fondos,
para un mayor control, sobre la vida nacional.
La Constitución, manda al Presidente, cumplir y hacer
cumplir la Constitución, para mantener el orden y la paz interior, y a la
Fuerza Armada, cumplir con su rol constitucional: preservar la plena vigencia
de las instituciones públicas y las leyes de la República, las cuales Nayib
Bukele, está incumpliendo.
Si aplicamos los articulo 163 y 164 de la
Constitución, la mayoría de los actos ordenados por el Presidente Bukele, son
nulos y, la consecuencia, es que no deben obedecerse. La desobediencia civil
que vemos hoy, lo prueba.
Se define la desobediencia civil así: el acto de no
acatar una norma, cuyo contenido debe obedecerse, pero ser injusto o violatorio
de los Derechos Humanos. Su fin es generar un cambio social o político. El
cambio que ahora se pretende en El Salvador, es recobrar la plena vigencia de
la Constitución, pues si miles de personas no tienen que comer, es por el
régimen que se ha implantado y, la afectación a los modos particulares de vida,
es ya insoportable y destructivo para la familia.
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