Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCION
Las razones, por las que no se ha llegado a acuerdos
en la Asamblea y, se ha vetado todo decreto que no sea de plena iniciativa del
Ejecutivo, son: 1) prolongar la cuarentena, para debilitar electoralmente, a
los opositores, 2) cubrir la corrupción gubernamental y 3) mostrar a la
población, la fuerza que posee Nayib Bukele. Aunque signifique la destrucción
económica, de sus instituciones cívicas y, de su estructura republicana.
Prolongar la emergencia nacional, significa acortar el
período en el cual, los partidos opositores podrán hacer campaña política, el
Gobierno ya la ha iniciado y la desarrolla plenamente, con fondos públicos. Los
partidos políticos celebrarán elecciones internas con los apoyos de sus
estructuras, comprometidas antes de marzo de este año y, consolidados por la
actividad, en el terreno de los funcionarios actuales, lo cual asegúrales la
reelección de la candidatura, en sus internas, pero dispondrán efectivamente, sólo
de cuatro meses, de campaña electoral, antes de las elecciones de 2021, sin que
haya habido recomposición verdadera de sus cuadros, por lo que participarán únicamente con los votos de las
estructuras que les apoyaron, que siempre serán menos que los votos de Nuevas Ideas.
Las elecciones internas de Nuevas Ideas, serán
electrónicas, lo cual facilitará el triunfo de sus candidatos “ungidos” y
aunque Bukele, tendrá ya, muchos detractores, el miedo a la pandemia, inoculado
por el Gobierno, le dará la suficiente aceptación, para superar a los
contrarios y así, obtener la mayoría que desea.
Parece que el FMLN, ya ha entendido esta estrategia y,
al oponerse férreamente, a las pretensiones dictatoriales de Bukele, ha detenido
su desplome electoral. ARENA, aún no lo ha entendido; por excepción, algunos
diputados, ven que, si se destruyen la economía y el sistema republicano,
también dejaran ellos de existir como partido político. Los Alcaldes y sus
Consejos Municipales, aún no lo han comprendido.
Las Alcaldías se han convertido en los nuevos centros
de distribución de alimentos del Gobierno, facilitando el control territorial,
en una nueva versión de los Comités Locales de Distribución y Producción
(CLAPS) de Venezuela, que tiene como objetivo “distribuir alimentos casa por
casa” y crear una estructura de abasto, paralela a la de venta libre, para
control político.
La insistencia de que toda nueva Ley. lleve el
concepto o nombre de “emergencia”, es para evitar la LACAP y comprar a su
antojo, sin objeción en los gastos, ni en la disposición de los mismos,
convirtiendo la defraudación realizada a los fondos públicos en “legal”. Cada
bolsa de alimentos enviada por el Gobierno, deberá ser pagada a futuro, con
elevado costo: la corrupción que ha encubierto y los intereses que ha generado,
todo será pagado por las mismas personas que hoy los reciben y, por quienes no
la gozan, pues se está empeñando el trabajo futuro de nuestros hijos.
La intención de nacionalizar las AFP, es para
conseguir fácilmente el dinero que no le dan en el exterior y, evitar pagar los
$ 5,000 millones que el Gobierno debe a los cotizantes. El ofrecimiento de una
mayor pensión es pura ilusión y, su trato con los sindicatos a él adeptos, es
para el manejo de los centros de trabajo que ven con desconfianza, al Gobierno,
siguiendo la modalidad de “desarrollo endógeno de la producción”, según la
economía chavista.
La Derecha debe entender tal proceso y, sólo la acción
inmediata de la población unida, puede evitar la catástrofe que se nos avecina,
el hambre ya existe, la desesperación e incertidumbre aumenta, al igual que el
peligro en que nos encontramos. Los controles institucionales han sido trabados
y la voluntad partidaria, engañada.
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