Por
Lic. Fernán Camilo
Álvarez Consuegra
San Salvador, 20 de
agosto de 2013.
En días recientes, tanto el señor Presidente de la República,
Mauricio Funes como articulistas de marcada tendencia gubernamental, han
señalado que la participación de la empresa privada en la política electoral,
se ha extendido a cuestiones de negociación política internacional, hecho que a juicio del señor Presidente,
podría ser hasta constitutivo de traición a los intereses del Estado
salvadoreño: tal actividad, es una injerencia de los poderes fácticos, en la
política nacional y es, por tanto, participación espuria, indebida que debe ser
objeto de los órganos de investigación y jurisdiccionalidad del Estado.
Reflexionando sobre el juicio del señor
Presidente, formulo las preguntas siguientes: ¿Ejerce el individuo la soberanía
sólo durante las elecciones? ¿Debe la participación
política ser únicamente individual? ¿Es la agrupación natural sólo del Estado?
¿Representa la opinión política del Presidente la opinión total de los
ciudadanos? ¿Está el ciudadano obligado a conformarse con el criterio político
del Presidente? ¿Es lícita la agrupación política gremial? Las respuestas a estas preguntas fundamentales
sobre el funcionamiento del Estado, nos darán respuesta correcta a la posición política
del señor Presidente Funes y a sus pretensiones de limitar la participación de
la empresa privada, en el proceso político que actualmente vivimos.
Tanto la participación
política de toda persona como la de los diferentes gremios a los que ésta pueda
pertenecer, es constante en la vida nacional aunque más activa y apreciable,
durante las campañas electorales. Los individuos se asocian a los gremios porque
en conjunto acrecen su fuerza ya lo dice el refrán: “la unión hace la fuerza”;
así, en razón de su número y en razón de su capacidad económica gozan de la
aceptación general de la ciudadanía y pueden, con más o menos éxito intervenir
en la política nacional. Es principio reconocido por la democracia, el debate
constante. Si así no fuese, no tendría objeto la protección constitucional de
la libertad de expresión y de la libre asociación.
De esta libertad, se
desprende que en El Salvador y en cualquier otro Estado latinoamericano y
europeo, cuando se reúnen para discutir los importantes temas económicos y
sociales, no lo hacen sólo entre
sí, los pares políticos, sino también
intervienen los gremios, las organizaciones especializadas de investigación
social, las universidades, pues todas, junto a las municipalidades, constituyen
los estados intermedios de la sociedad (intermedio entre el individuo y el
Estado). Es pues, la participación en la política de la empresa privada,
perfectamente lícita, y no sólo es legal, sino además, perfectamente natural
como expresión colectivizada del interés público.
Sin embargo si el
gobierno, deslegitima un acto realizado por el gobierno anterior y este acto
está en relación con un gobierno extranjero, el natural que se cree una lucha
dentro de las esferas judiciales nacionales e internacionales, pues, el nuevo
gobierno está buscando con su política cómo incumplir las resoluciones tomadas
por parte del antiguo gobierno y, todo, con fines estrictamente políticos y de
conveniencia personal.
Tal forma de actuar,
contrario a los principios de gobernabilidad y buen entendimiento internacional,
tiene, forzosamente, que ser expuesto por los perjudicados ya se trate de
nacionales o de extranjeros y con las consecuencias que de ello se derivarán.
Este proceso de
desavenencia, es normal cuando están relacionados con temas de campaña
electoral. Es natural referirse a sus opositores, pretendiendo crear una figura
de conspiración contra quien con “debilidad, heroísmo y entrega” defiende los intereses
nacionales. ¡Lástima grande que no sea verdad tanta belleza, vana ilusión…! La
verdad tanto unos como otros, están defendiendo intereses particulares,
pretendiendo usar para estos, los atereces del Estado, el ejemplos: el Estado
concede permisos de explotación minera pero como no se llega a acuerdos con el
otro, sobre la participación Estatal vía concesión y accionaria para los
nacionales involucrados, el Estado apoya las demandas de las comunidades
cercanas que serían afectadas por el uso del arsénico en la extracción del oro
y, es natural que los afectados, realicen cabildeos en su favor ante los
gobiernos de la nacionalidad de sus empresas o la de sus accionistas.
Las pretensiones del
señor Presidente Funes son que todos los salvadoreños sin excepción, estén conformes
con la posición política que él sustenta. Y, esto, aunque íntimamente el
ciudadano, no esté de acuerdo porque le parece que la posición del señor Presidente
no se ajusta a la realidad o, simplemente, porque es contraria a su parecer. El
deseo del Presidente, señor Funes, no inhibe al ciudadano a pensar, expresarse
y agruparse adoptando una posición política contraria a la del gobierno. El Presidente Funes, al referirse a los “poderes
fácticos” hace referencia a algunos sectores de poder económico que lo son tal,
por el número de su agrupación en intereses comunes y no hace referencia, a
quienes le apoyan, tanto por su inmenso poder económico como por la influencia
de las organizaciones sindicales.
El uso del poder del
órgano Ejecutivo, para desvirtuar la opinión individual o colectiva de la sociedad
salvadoreña, atenta contra el sistema democrático, con clara tendencia
autocrática en el uso del poder, y es
muy peligroso, no sólo, para el proceso electoral, sino también para la
expresión general de la oposición, pues esta posición política del Presidente
Funes se concentra en atacar a la que proviene de la iniciativa privada.
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