Por
Lic. Fernán Camilo
Álvarez Consuegra
San Salvador, 13 de
septiembre de 2013.
En los últimos meses,
los comentarios sobre la corrupción, han sido noticias relevantes de los medios
de comunicación: Verdaderamente escandalosas las noticias sobre los ardides en
la CEL y en la construcción del Boulevard Diego de Holguín. Estas noticias,
asas escandalosas, descubren, en sus
detalles, los manejos mañosos de los fondos públicos, pero los políticos,
aprovechan estas noticias para manipular los hechos a su favor, dentro de un
marco estrictamente electoral, sin importar si las personas señaladas son las
verdaderas responsables de los hechos o si son sus aliados o enemigos
políticos, para maximizar el hecho o minimizarlo, a conveniencia.
Nuestros políticos,
durante esta actual campaña electoral, se acusan recíprocamente, de actos de corrupción.
Lo hacen, con la esperanza o en la creencia, de que las entidades
internacionales que ofrecen o prestan ayuda, exigen responsabilidades cuya
práctica será de beneficio para el que recibe el préstamo, pero no, para su rival. Pues esta manera de juzgar,
ha llegado, en la actualidad, a ser herrada: es tan profunda la recesión
mundial, amenaza ésta, de tal manera aún a las economías más fuertes como la de
los Estados Unidos y la Unión Europea que los gobiernos se han puesto alerta
contra la corrupción, en la cual ven un peligro para el desarrollo económico y
para la libertad de los países beneficiados. Pues la corrupción no se limita a
los fondos públicos, sino que extiende hacia las resoluciones judiciales, el
poder del Estado frente a los particulares nacionales y extranjeros, el
narcotráfico y la política cotidiana. En consecuencia, han desechado la
tolerancia, exigen hoy, integridad en el manejo de los fondos públicos, de los
propios y los prestados a otras naciones, dentro del presente mundo
globalizado.
Esta exigencia de
integridad, tiene por motivo que la recesión mundial y que hasta ya el Gobierno
de los Estados Unidos está padeciendo, ha probado que el asistencialismo no ha
producido los efectos provechosos esperados y, que la corrupción de los
funcionarios “asistidos” y, en cierto modo “tolerados” por los países de cuya
ayuda se goza, ya no es ni sostenible ni moralmente aceptable como política de
Estado.
Se ha comprobado que
los “préstamos” para el desarrollo, eran fácilmente y con frecuencia “diluidos”
por la corrupción pública: salarios excesivos, contratos sobrevaluados, viáticos
onerosos y etc., han tenido efectos contraproducentes: ya no son garantía de la
estabilidad de un gobierno en este mundo de influencia multipolar. La corrupción crea un “leviatán” que consume
los recursos producidos por el esfuerzo del ciudadano común o por los préstamos
de las reservas internacionales, destinadas para el desarrollo, es decir que
deben emplearse para reactivar la economía nacional, favoreciendo de este modo
el motor económico mundial.
Refiriéndonos
exclusivamente al caso de los países latinoamericanos, es notorio cómo
funcionarios públicos de estos países, sin excepción pobres, pretenden vivir en
tal opulencia que parecen jeques petroleros, costeada tanto por el dinero
nacional, cómo con el producto de préstamos y donaciones. Esta escandalosa corrupción tanto en los ciudadanos
como en los países prestatarios o “altruistas” el deseo de aplicar a los hechos
de los funcionarios un criterio diferente: aunque tarde, les están aplicando al
juzgarlos, las normas morales y, tal vez
no lo hacen porque se escandalicen del acto inmoral, sino por las consecuencias
nefastas que tal conducta tienen en la opinión pública de sus países, si tales
hechos salen a la luz pública con la complicidad de sus gobernantes. La
corrupción no es recta de un solo sentido, como “plaga de Egipto”, se extiende
abarcadora. Por ejemplo, un Diputado se
duele de la aprensión del Cartel de Texis, al que disculpa así “son personas
pobres que necesitan traficar para solventar sus problemas económicos, pues son
poquiteros que no le hacen daño a nadie”. Este juicio es juzgar los hechos a la
luz del “relativismo” y, si el Estado, con el propósito de hacer subir los
indicadores de la excelencia de su educación, baja la exigencia de una prueba
intelectual (PAES) para que subiendo los indicadores de provecho educativo sea
fácil justificar nuevos préstamos para inversión social, fraude es para las
entidades internacionales y pésimo ejemplo para los estudiantes.
La corrupción de los
funcionarios públicos es también, como las plagas de Egipto, abarca los actos
de su vida pública y privada, pero a esta última no nos referiremos porque sale
a luz de varias maneras, algunas veces como delitos ante la justicia y otros
como pecados ante la moral y Dios.
Durante la actual
campaña electoral, nuestros políticos se acusan unos a otros y, lo hacen en la
creencia, de que las entidades internacionales, cuando les exigen condiciones
específicas a cambio de su ayuda, lo hacen con un fin político que beneficiaría
a ambos y que irá en perjuicio de su rival. La realidad es que los países
altruistas han visto por fin, en la corrupción, un serio peligro para el
desarrollo económico, que afecta todos los demás campos de la vida. Han concluido
que la actual crisis económica se resolvería con la excelencia de una vida auténticamente
moral y con la libertad que sólo la ley limita.
Ha sido interesante ver
cómo este proceso se ha iniciado con la exigencia una plena trasparencia de los
manejos, primero de las empresas que necesitan de fondeos para su operatividad
(reglas de la NIF-PYME) y cómo se ha ido extendiendo hacia la pítica y los
países que necesitan de fondos internacionales para su existencia.
Para evitar el rebalse
de la corrupción a niveles ya incontenibles, es necesario que haya deducción de
responsabilidad por las funciones desempeñadas. Los políticos acusados trataran
de culpar a otros funcionarios, sus oponentes más débiles, pero si la justicia
actúa como corresponde, y al parecer así será pues ya no depende de las
instancias y política nacional, es de
esperar, que quienes se creen hoy impunes, y protegidos por su posición
política, sean mañana procesados, junto a sus hoy enemigos políticos. Ya no
basta el ocultamiento de documentos, la compra de solvencias o negar los cargos
imputados ante la opinión pública. La supervivencia de nuestro actual modelo
económico liberal, al amparo de nuestro régimen de gobierno: republicano, democrático
y representativo, hará vivir la justicia para que definitivamente, se extirpe
la corrupción de funcionarios y de políticos.
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