Por
Lic. Fernán Camilo
Álvarez Consuegra
San Salvador, 28 de
agosto de 2013.
En días recientes, la
Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) ha hecho serios señalamientos
sobre el manejo político de las empresas ALBA y, su posible relación con grupos
ilegales, con el consecuente lavado de activos. Pera ayudar a una comprensión clara
de dichos señalamientos, presento hoy, la relación de las empresas ALBA, bajo los
principios de dos legislaciones nacionales vigentes: La Ley de Inversiones y la
Ley de la Defensa Nacional.
Tomando como referencia
la relación económica y legal existente entre PDVESA - ALBA - ENEPASA y ALBA – otras empresas, encontramos que, en
realidad, no existe por parte de estas,
una inversión realmente
extranjera, esta calidad es más bien, sino
ficticia, conforme a la Ley de Inversiones, lo que genera tal cantidad de
capital a las empresas ALBA, es dinero salvadoreño que se paga por un bien de
consumo y, no, es una materia prima, como lo señala dicha ley. Por otra parte,
la relación PDVESA – ALBA – ENEPASA deja, a la luz pública, una relación accionaria
de dominio venezolano, la cual le permite utilidades en todos los distintos
estamentos, en los cuales tiene dominio económico. Esta afirmación, se deduce de que lo que genera dinero, para las empresas ALBA,
es la gasolina y los demás derivados del petróleo que se comercializan a
precios uniformes, con los de su competencia, pero los cuales son cancelados en
efectivo y, en su totalidad, por el consumidor final, generando así un capital
líquido, que ha ingresado originalmente al país vía de remesas o de actividades
puramente salvadoreñas, y lo cual, no
está contemplado en la Ley de Inversiones.
Por otra parte, al ser
ese capital pagado a ALBA- PDVESA con efectivo y bienes agrícolas producidos en
El Salvador, equivale al pago o devolución de la inversión, lo cual sólo debe hacerse
conforme a la Ley de la Inversiones, hasta el cierre total de operaciones en
nuestro suelo, lo cual convierte en
ilegales los pagos efectuados y vuelve irregular la empresas que han realizado
esta práctica. Sólo pueden ser pagadas y repatriarse las utilidades proporcionales
de las inversiones, correspondientes a la participación accionaria de ALBA-
ENEPASA. Sin embargo, al pagar el “capital de inversión”, se nulifica el
beneficio logrado con la inyección de recursos extranjeros y con el pago de
utilidades, hacia PDVESA – ALBA. Así repito, el beneficio se anula y queda en saldos
negativos, pues la devolución de la inversión, también conlleva el pago de
intereses; por lo cual, la inversión de ALBA en números reales, da saldo
negativo y por supuesto, no es por sonsiguiente una inversión extranjera.
A lo ya aclarado le
agregaremos que, en su expansión, las empresas ALBA, al buscar la integración
vertical, está llegando a niveles de
minoristas, lo cual está reservado exclusivamente, para los nacionales y
centroamericanos de origen. Además, al ser favorables al ALBA las distintas
leyes promulgadas desde la Asamblea Legislativa y desde el Ministerio de
Economía, favorables, ya sea por afinidad ideológica, conveniencia partidaria o
personal estrictamente, viola el principio de igualdad, establecido en la
Constitución y en la misma Ley de Inversiones.
Cuando existe una
fuerza económica, capaz de manipular los distintos estamentos del Gobierno,
como ha quedado evidenciado en la Superintendencia de Competencia, ante la
denuncia de ANEP, el caso sale de la mera consideración de un grupo económico
con poder y, se convierte en una amenaza para el sistema económico salvadoreño
y, más aún, para el sistema político, razón de que deba ser considerada la
injerencia política – económica de Venezuela. Para comprenderlo mejor, presento
el considerando II de la Ley de la Defensa Nacional: “Que la Defensa Nacional es un
objetivo fundamental y una obligación indelegable e ineludible del Estado y
responsabilidad de todos los salvadoreños; que siendo parte activa de la
Seguridad Nacional es un medio para que EL SALVADOR mantenga el desarrollo
sostenible necesario que permita a sus habitantes el goce de los derechos
establecidos en los Artículos 1 y 2 de la Constitución”. Y considerar
que un poder económico, con fines políticos y fuera del área centroamericana,
va en camino de tener una participación económica relevante (capaz de modificar
las tendencias naturales del mercado) y una tendencia política ya relevante, es
una cuestión de Seguridad Nacional. Pero es imposible pensar que este mecanismo
constitucional y legal, actúe, pues es como dice el refrán, “es encadenar a un perro con chorizos”, ya
que son los mismos funcionarios que deben de actuar contra el
ALBA, le favorecen.
En conclusión, vamos en
camino, no sólo de un descalabro económico, por un alejamiento de la verdadera inversión
extranjera, sino también por el estrangulamiento de la empresa nacional por
causas políticas y, la muerte por inanición, de la pequeña y micro empresa.
Causa impresión muy aflictiva oír que la oposición venezolana relata que ellos son impotentes ante los asesores cubanos, que
manejan por medio de los funcionarios venezolanos la vida económica y la
seguridad de Venezuela. Aquí, tal situación, no sería posible, sin la complicidad de los
nacionales, pero, no debemos olvidar que actualmente dependemos de las
“sugerencias” que nos hacen los venezolanos por medio de sus asesores en
materia económica y empresarial del ALBA y la cual, extiende su influencia hasta el Órgano de
Inteligencia del Estado OIE.
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