Por
Lic. Fernán
Camilo Álvarez Consuegra
San Salvador, 23
de febrero de 2014.
En conferencia
de prensa, convocada por la Diputada Ana Vilma de Escobar, el día 23 de febrero
de 2014 y, presentada en nota periodística en LaPágina.Com, cuestionó dicha señora Diputada, el consumo
de drogas por parte del Presidente de la República, Mauricio Funes Cartagena; cuestionamiento
que obliga y da pie para realizar
algunos comentarios de orden legal, sobre la conducta privada de un individuo y,
las posibles implicaciones que puede tener tal conducta, en un funcionario
público de primer orden, como lo es el Presidente de la República. Abordaré el
tema, como lo haría ante cualesquiera de los grupos de mis ex alumnos de Teoría
del Estado o Derecho Constitucional, en las varias Universidades en las que he
servido dichas cátedras y, porque se presenta la oportunidad de tratar un tema
que no es común, pero sí relevante para la vida política de nuestro Estado.
El consumo de
drogas, al igual que las preferencias sexuales o cualesquiera otros gustos
personales, corresponden a la esfera interna del individuo, siempre y cuando,
los actos realizados, no tengan repercusión fuera del ámbito personal, o estén por
el Derecho señalados de ilegales: como es el caso de la conducción temeraria
por ingesta de alcohol o drogas y, las relaciones sexuales con menores.
El fundamento de
todas las relaciones interpersonales, es la expresión externa de la conciencia,
o sea la voluntad, la cual, si no es congruente con los procesos bioquímicos
del cerebro en su estado natural, pueden afectar la conciencia y por lo
tanto, las distintas reacciones propias
del individuo y, si lo consideramos desde un punto de vista penal, la
inimputabilidad, puede ser una causa de exclusión de la responsabilidad penal o,
una agravante, según sea el caso concreto. En materia civil, esa falta de
capacidad o de “lucidez mental”, puede ser
causa de la nulidad del acto. En materia constitucional, esta falta de
lucidez mental, sólo puede ser considerada para el caso del Presidente de la
República, el Vice- Presidente y los funcionarios de elección de segundo grado,
tal como lo expresa la Constitución en el “Art. 131.- Corresponde a la Asamblea
Legislativa: 20° Declarar, con no menos de los dos tercios de votos de los
Diputados electos, la incapacidad física o mental del Presidente, del
Vicepresidente de la República y de los funcionarios electos por la Asamblea,
para el ejercicio de sus cargos, previo dictamen unánime de una Comisión de
cinco médicos nombrados por la Asamblea”
La razón del
precepto constitucional, arriba expresado, tiene su origen en la necesidad de que
el funcionario público, se encuentre siempre en el pleno uso de sus facultades
mentales, pues su cargo es continuo en el tiempo al igual que lo es la validez
de sus actos, en dicho tiempo; y es por la trascendencia que implica esta
situación, por lo que es muy conveniente que nos auxiliemos de la ciencia médica, para
aclarar un poco más, las alteraciones mentales que se pueden dar por el consumo
de drogas ilegales: en Red de Revistas
Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, patrocinado por
REDALIC.ORG encontramos un interesante estudio, realizado por Alicia E. Vélez García, Karina
C. Borja Jiménez, Feggy Ostrosky-Solís. Intitulado “Efectos del consumo de marihuana sobre la
toma de decisión”. Publicado en formato impreso, en la Revista Mexicana
de Psicología, vol. 27, núm. 2, junio, 2010, pp. 309-315, Sociedad Mexicana de
Psicología A.C. México, del cual he tomado y presento un párrafo del resumen inicial: “Estudios
de neuroimagen han mostrado que el consumo de marihuana (mj) incrementa el
flujo sanguíneo en diversas regiones cerebrales, de las cuales, algunas están
involucradas en la toma de decisión (como la corteza prefrontal ventromedial).
Además, estudios neuropsicológicos han encontrado deficiencias cognitivas,
incluyendo la toma de decisiones, en consumidores crónicos de mj…. Los resultados
sugieren que los consumidores de mj dan mayor importancia a situaciones o
experiencias que impliquen gratificación inmediata, ignorando las posibles
consecuencias adversas”. La respuesta del
individuo, bajo los efectos de esta droga, son de complacencia hacia todo lo
que le da satisfacción, pero su reacción
es negativa a todo lo que lo contraría o
va contra sus deseos, ya sean situaciones incómodas o, hacia personas que se
oponen a sus deseos. Se explica así los
efectos de alteración de la conciencia, por el consumo de marihuana; existen
otros estudios en tal sentido, sobre el consumo de otras drogas ilícitas, las
metanfetaminas, cocaína, heroína etc, que tienen el denominador común, de
mantener una alteración constante de la conciencia según sean los efectos
propios de cada droga, en los procesos bioquímicos cerebrales, y además otros daños físicos como la osteoporosis,
alteraciones del sistema nervioso central y distintas disfunciones hormonales.
En consecuencia,
cualquier acto realizado por un funcionario público, en un estado alterado de
la conciencia, especialmente por drogas ilegales, puede ser cuestionado por la
persona que se sienta afectada por tales disposiciones, y esta es la razón por
la que es necesario establecer la sanidad mental del funcionario, cuando este ha
sido cuestionado y, más aún, cuando se ha dado la apariencia del ocultamiento de un hecho de este tipo, que
puede tener relevancia jurídica. La
Constitución y el Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, permiten la
creación de una comisión especial que dilucide tales efectos, y pueda en
consecuencia, dar un informe al pleno de
la Asamblea Legislativa, la que proveerá, según las pruebas pertinentes.
Es necesario
aclarar, que uno de los factores políticos de mayor e importancia, es la
opinión pública, la cual está protegida en el Art. 6 de la Constitución y,
siendo el caso aquí tratado, de alta relevancia,
por tratarse de un señalamiento contra el Presidente de la República, es
necesario su esclarecimiento, pues si los diputados o el Fiscal General de la
República, son dolosamente negligentes en investigarlo, quedarán en la opinión pública, quedarán como
ciertos los señalamientos realizados por la Diputada Ana Vilma de Escobar y,
causará un mayor malestar en la población, el ocultamiento de situaciones
vergonzosas en el ámbito privado, pero que, en virtud del poder del cargo, son tolerados y más aún, algunas
veces fomentadas. Por Gracia de Dios, y en virtud de nuestro sistema
democrático es posible dilucidar hechos como éste públicamente y así probamos
que nuestra democracia, todavía sí funciona.
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