Por
Lic. Fernán
Camilo Álvarez Consuegra
San Salvador, 2
de abril de 2014.
Ante la escalada
de violencia que las pandillas han sometido a la sociedad salvadoreña, es
irrelevante, en estos momentos, discutir sobre su origen. Además, es alarmante comprobar,
por la carta difundida por Paolo Lüers
atribuida a los pandilleros, que hoy son éstos, quienes imponen condiciones a
la Gobierno para negociar y así, ratifican a sus negociadores: RAÚL MIJANGO,
MONSEÑOR COLINDRES Y PAOLO LÜERS. Se hace necesario saber con claridad qué se
está negociando, fáctica y jurídicamente.
Sabido es que el
conflicto actual de las pandillas entre sí, se remonta a la escisión de la
pandilla 18: los SUREÑOS y los REVOLUCIONARIOS. Esta escisión tuvo su origen en
una rencilla entre sus jefes, el Viejo Lin y el Chino Tres Colas: Estuvieron en
juego la lealtad de los jefes y, el reparto de las utilidades producto del
tráfico de drogas y extorciones. Estos hechos han dado origen a tres pandillas
que se disputan inmisericordes el territorio nacional para su explotación por
renta y tráfico de drogas.
Estar
argumentando hoy, sobre la razón de la “exclusión social” de estos grupos de
delincuentes que han perfeccionado su modos “operandi”, hasta con estrategias
propias de guerrilla, carece de sentido: es una generación, producto de la
postguerra: durante el conflicto armado, no se perdieron los valores cívicos:
indispensables para la vida en común (son virtudes que debe poseer el
ciudadano, no obstante su pobreza) y cimentarlos es obligación de la escuela y
ésta, actúa de conformidad con las normas del Estado. Todo falló con
posterioridad, por el temor a violar “derechos individuales”, cuando el
Gobierno abandonó la seguridad pública y la pandilla, aprovechó tal descuido
para consolidar su poder en el territorio nacional.
Situación
tal, se ve agravada por la noticia
(UNIVISIÓN 7/7/1023, reportaje de Miguel Castellanos) de que la Fuerza Armada
de El Salvador, ayuda a la población civil a evacuar sus casas para así,
protegerla de las pandillas. Sin mayor reflexión, dicho acto parece oportuno y
efectivo, en vela de las FAES por la vida de los habitantes de dicha zona; más
luego, surge la realidad de un hecho: se está entregando el territorio nacional
al enemigo (a menos que la FAES no permita que lo ocupe la pandilla) entregando
la soberanía de una parte del territorio nacional al enemigo, pues la pandilla
no reconoce el poder del Estado.
Se vive, en las
escuelas públicas, una situación dramática semejante: ya las escuelas no están asediadas,
sino “tomadas” por las pandillas. En estas escuelas, la instrucción es
deficiente y diríamos también contraproducente: a los niños se les enseña que “tienen
derechos” pero no que éstos implican responsabilidades. A decir de un maestro, “hoy
no es necesario aprender los fundamentos básicos de la ciencia porque ya
existen las computadoras y las calculadoras y además, dice: estamos abandonados
por que el gobierno que no nos ayuda con la infraestructura de la escuela ni
con la instalación de un centro de cómputo, con su conexión a internet, además
se necesita un incremento salarial de un 50% para darle mejor atención al
estudiante”. Este es el caldo de cultivo que las pandillas aprovechan para el
reclutamiento efectivo. Solamente cubre la PNC y la FAES a 500 escuelas,
habiendo en el país, más de 4,000.
El problema que
se presenta a la ciudadanía es que la pandilla consolida su poder en contra del
poder del Estado y en beneficio de sus militantes. El ciudadano trabajador, sujeto
a la ley sufre inseguridad y extorción en su negocio (grande o pequeño) en el
bus y en su residencia y, al salvadoreño extorsionado que vive temeroso de lo
que pueda sucederle a él o a su familia, si no paga la extorción, no le
interesan las discusiones socio-filosóficas sobre el origen y existencia de las
pandillas que viven a su costa, fuera de la ley, sin moral e inhibición para cometer crímenes.
Si las pandillas se asesinan entre sí para solventar sus rivalidades, el
ciudadano trabajador lo ve con indiferencia pues él lo que quiere, pide y
espera es que el Estado cumpla con el deber de garantizar la paz y seguridad
social a fin de poder vivir en paz y trabajar sin temor a fuerzas ajenas al
Estado. La fuerza del Estado es la ley y toda el que no la cumpla deberá ser
sancionado y no protegido, ni mucho menos aceptar en una negociación sus condiciones.
En consecuencia,
el salvadoreño espera que las autoridades que asumirán el poder el 1 de junio,
resuelvan, de una vez efectivamente, el problema de las pandillas y no, por vía
de un pacto como si se tratase de dos organismos con igual autoridad, sino con
la aplicación de la coercibilidad y coacción que posibilita el Derecho. Nunca
se ha cuestionado el uso de la fuerza por el Estado, cuando éste aplica la ley.
No puede ser ilegítima su aplicación pues es la característica propia del
Derecho y, atributo exclusivo del Estado.
Monseñor Rosa
Chávez, argumento en favor de la pandilla con la conocida máxima: “la violencia
engendra violencia” y hay que presentarle UNA MANO AMOROSA. Con respeto a su
alta jerarquía, le objeto que, dicha sentencia es inaplicable en este caso,
pues no se trata de dos sujetos de igual jerarquía: el Estado tiene la
autoridad de la ley y el pandillero está obligado a ella por su calidad de
ciudadano (aunque a esta categoría haya renunciado), mas no la obedece pues le
opone una fuerza que él ha creado con su capacidad, habilidad y voluntad para
actuar fuera y en contra de la ley del Estado. En consecuencia, deber del
Estado es someter al rebelde. La ley no es, ni cruel ni amorosa: es la norma a
que todo ciudadano está sujeta para que la vida en común pueda realizarse. La
religión se apiada del pandillero y ha de buscar cómo salvar su alma por muy
criminal que sea pero la ley debe de aplicarse a su persona pues de lo
contrario, la sociedad perecería.
Cuando en el
pasado, se aplicaba la pena de muerte, se concedía al reo como gracia última
que se confesase y posiblemente el sacerdote le daba la absolución (histórico es
que Farabundo Martí, líder comunista rechazó este consuelo, fiel a su impiedad).
Nuestro Señor Jesucristo dirimió esta cuestión con absoluta claridad: dijo “dad
al Cesar lo que es del Cesar (en aquel entonces la ley) y a Dios lo que es de
Dios. Así pues el alma es de Dios pero el cuerpo es del Estado y para gozar de
su protección y evitar todo castigo debe acatar sus leyes, de lo contrario, si
se cree superior al Estado, debe de ser tratado como un “hoste”, según el
Derecho Romano, que permitía que fuese sometido al poder romano, sin importar
el método empleado, pues carecía de los Derechos de aquel.
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