Por
Lic. Fernán Camilo
Álvarez Consuegra
San Salvador, 7 de mayo
de 2014.
“el verdadero espíritu
de la profesión (militar) la constituyen el valor, la
prontitud en la obediencia y gran exactitud en el servicio” Tomado de
la Ordenanza de Carlos III (1768)
Cuando el General Manuel
José Arce pronuncia la sentencia inmortal, “El Ejercito vivirá mientras viva la
República, considera la institución armada dentro de un espíritu liberal, como
garante única de la institucionalidad democrática de la nación salvadoreña.
Esta calidad determinada
por el fundador de la Fuerza Armada, prócer de nuestra independencia, implica
directamente, la sujeción del Ejército (en su sentido amplio y no como arma) al
poder civil, pero no debe entenderse: sujeción al “mando de un civil”, sino al
cargo que representa dicho funcionario civil, en apego estricto a la
Constitución o sea, a la institucionalidad de la República.
El uso de la fuerza, o de las armas, para la
defensa de las instituciones del Estado, no es exclusiva del militar, es también responsabilidad del civil
si precisa salvar la institucionalidad del Estado. Hay sin embargo al respecto claras
diferencias: si es un civil (guerrillero, insurgente o partisano) es para el
ejercicio directo de la fuerza, con un fin político; más si se tratase de un
militar, es en su vida militar, una excepción el uso de la fuerza y en la cual,
actúa siempre de conformidad a las virtudes militares (señaladas y explicadas
con mucho acierto) por Jorge Vigon en su obra intitulada, El Espíritu Militar
Español. Conveniente es, en esta ocasión en que se celebra el Día del Soldado,
referirme a la obra “Teoría del Guerrillero”, de Carl Schmitt, que la
desarrolla, a partir de la lucha
asimétrica entre el Ejercito de Napoleón Bonaparte, frente a los patriotas
españoles en 1808, y en la cual, se desprende
claramente que la lucha insurgente fue en defensa de la institucionalidad de
española por parte de civiles armados. Sin embrago es necesario precisar la
diferencia entre el guerrillero y el militar que defienden la institucionalidad
del Estado, con quienes se alzan en armas para cambiar dicha institucionalidad.
Los propósitos de uno y del otro son irreconciliables: el Ejército defiende la
República, y el que la ataca con métodos contrarios a los que establece el
sistema, es un “terrorista”.
Desde que sucédese la Batalla del Espinal, el 12 de
febrero de 1822, en la cual hubo cinco muertos y ocho heridos, la institución
castrense siempre ha tenido bajas en sus filas, en cada una de las diferentes
campañas militares realizadas. Pero también son bajas en el servicio, cuando muere
el oficial en el intento de restaurar el orden constitucional, considerado como
tal, por la mayoría de la ciudadanía. Sucedió así, por causa del intento
fallido de Golpe de Estado contra el General Maximiliano Hernández Martínez, y ocho
días después, fueron fusilados el
General Alfonso Marroquín, Coronel Tito Calvo, Mayor Julio Sosa, al Teniente
Marcelino Calvo, el Capitán Manuel Sánchez Dueñas, el Teniente Oscar
Armando Cristales y los Sub Tenientes Edgardo Chacón, Antonio Gavidia Castro y
Miguel Ángel Linares.
Debe considerarse
también bajas en el servicio de las armas a aquellos que, cuando por ejercicio
de sus cargos o acciones en el cumplimiento del deber son juzgados con
posterioridad, por poderes extranjeros, tal como en España están haciendo contra militares salvadoreños, por acciones realizadas en 1989.
Necesario es considerar
que no sólo los miembros de la Fuerza Armada pueden sufrir mengua en sus
personas; la institución misma, la sufre cuando alguno de sus miembros la
traiciona, como sucedió en 1981, cuando el Capitán Francisco Mena Sandoval,
faltando a su juramento de lealtad a la patria, traicionó a la institución, y
dio muerte a un subalterno que se percató de su traición.
La Fuerza Armada, desde
su fundación, como garante última del poder del Estado, no sólo ha velado por
la soberanía interna, sino también por la externa dentro del concierto
internacional, participando en las
distintas misiones militares, encomendadas por el Estado. Y así, en razón de su
histórica actuación, concluimos que la sabia y visionaria sentencia de Manuel
José Arce, prócer y fundador, se cumplirá en el devenir de los tiempos:
mientras los políticos conserven las instituciones, tendrán al Ejército para
defenderlas, es decir que “EL EJERCITO VIVIRÁ MIENTRAS VIVA LA REPÚBLICA”.
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