Por
Lic. Fernán Camilo
Álvarez Consuegra
San Salvador, 12 de
mayo de 2014.
El día 12 de mayo de
2014, el Diario de Hoy, en extenso artículo del periodista Jorge Ávalos,
formula una interesante pregunta: ¿Por qué el Presidente Funes se opuso a un
arreglo negociado con ENEL, luego de que perdimos el arbitraje en París con
dicha empresa, una negociación muy satisfactoria para EL Salvador, que nos dejaba en posesión de la mayoría de
las acciones de la empresa de economía mixta? El Diario de Hoy no da respuesta
a dicha cuestión, pero esta sí puede ser inferida después de leer ciertas
clausulas del asocio Petrocaribe y la posición política energética llevada a
cabo por los “países amigos del socialismo venezolano”. Las maniobras actuales
del Gobierno de El Salvador, confirman la apreciación de “política engañosa”
que manifestó el diplomático norteamericano Robert Blau en referencia a las
políticas salvadoreñas respecto de la inversión extranjera.
Lo que no suele
publicitarse acerca de la relación con
Petrocaribe o ALBA, es que el asocio entre los Estados ha de realizarse por medio de entidades autónomas
(autárquicas) y, que el asocio, también comprende la inversión venezolana en
energías alternativas: eólica, solar y cualquier otra, por lo cual, podría
entrar también la energía hidroeléctrica y geotérmica, como “energía limpia”, además
de la participación conjunta en la “exploración de recursos fósiles” y, todo esto, enmarcado dentro de las
peculiaridades de la legislación propia de cada Estado.
El concepto fundamental
de Petrocaribe, es crear un espacio en
el cual los recursos energéticos sean explotados por los Estados
latinoamericanos, como una expresión política del bolivarianismo venezolano. En
este contexto, los países miembros, explotaran sus recursos conjuntamente con
inversiones venezolanas, que aportará la tecnología pertinente para cada tipo
de energía. Pero con la condición de que el control de dichas inversiones y el
destino de las utilidades, la asumiría PETROCARIBE,
PDV-Caribe, filial de Petróleos de Venezuela S.A.
Por lo cual, en este plan, Venezuela obtiene seis tipos de
ganancias económicas directas:1) la de venta de petróleo a Petrocaribe, 2) la
transportación del producto, 3) la de la venta interna en el país, 4) las
utilidades del asocio, 5) los intereses por el dinero “prestado” y 6) por las
utilidades de la inversión en otros medios de generación de energía, con
exclusión de otros inversionistas que
pudieran ser más favorables para el Estado que las inversiones venezolanas.
Aunque el proyecto de
Petrocaribe, pregona las ventajas de su asocio y ofrece relaciones simétricas, es decir que no habrá
ventaja de uno de los socios por su paridad económica y geopolítica, la tal
simetría resulta una ficción, ante cualquier análisis financiero y, más
ilusoria aún, si comparamos las posibilidades de los países que conforman
Petrocaribe, es decir la diferencia de su “simetría” y para compensar la
diferencia, se acude a otros estímulos poco más del orden político o personal;
algunos son ya del dominio público, vale decir la compra de bonos basura de Argentina, el financiamiento
secreto de la campaña de Cristina Fernández de Kirchner, los helicópteros
regalados a Evo Morales, por su “alta dignidad y para su seguridad”, o bien, los
setenta millones de dólares enviados en “maletines” al FMLN, para la campaña de
Mauricio Funes, según lo dio a conocer la oposición venezolana, en la campaña pasada
en Venezuela, en relación al destino de los fondos públicos venezolanos.
Aunque este esquema
financiero de Petrocaribe, es muy halagüeño para Venezuela, es imposible que den
los frutos económicos deseados. Los problemas económicos necesarios para su expansión
los toma del gasto corriente del Estado es decir, de las necesidades públicas
venezolanas. Tiene el problema de su excesivo endeudamiento por la adquisición de
armamento a China y Rusia, en su afán de equipararse con el poderío militar de
los Estados Unidos; la escandalosa falta de trasparencia y corrupción que se da
dentro de Petróleos de Venezuela (PDVSA),
coloca al país con un Gobierno al borde
de la quiebra y que se ve en la necesitado de cobrar en “especie”, por ejemplo
carne, harina, café, etc., ante la incapacidad de pago de los deudores de
Petrocaribe, lo cual termina generando una mayor corrupción.
Con tales estímulos
venezolanos, en los últimos años, los Gobiernos Latinoamericanos, han realizado
“nacionalizaciones” por la “seguridad energética”, como lo pregona Petrocaribe.
Pero volviendo al caso salvadoreño, pues con todo esto está relacionado, está
claro que luego del embargo a los bienes de ENEL, ésta ha perdido el control de
su inversión en El Salvador. Muy probable será dentro de muy poco tiempo ver
algún tipo de asocio con alguna entidad venezolana, invirtiendo en geotermia, o
en la ampliación de las presas, o en la construcción del Chaparral, cuya
conclusión, aún merece investigarse.
Conviene hacer notar que
el asocio con Petrocaribe, será beneficioso para el Gobierno de Salvador
Sánchez Cerén, pues como lo manifestó Mauricio Funes, hace unos meses, este
asocio podría convertirse en una fuente de ingresos para el Estado pero fuera
del Presupuesto General de la Nación; además estaría fuera de la fiscalización
de la Corte de Cuentas de la República, esto, según los criterios actuales de dicha
institución, en una interpretación en tal sentido muy conveniente para los
socios de Petrocaribe y los usufructuarios directos de dichos beneficios.
Sin embargo, en
analogía, el entonces Presidente de CEL, Nicolás Salume, ante la duda de si
debía o no ser auditado, solicito una “opinión” a la Corte de Cuentas de la
República. Los técnicos legales de dicha institución resolvieron que sí había la
obligatoriedad y el deber de auditar toda inversión pública, por insignificante
que fuese, dentro del todo de la inversión privada, pues en el “todo” se diluye
el dinero estatal, pero atrae la obligatoriedad de la contraloría. Así tiene
que auditarse el todo y no limitarse a revisar la entrega de dividendos, por la
participación accionaria, pues si así se hiciere, implicaría no auditar la
gestión de dineros públicos. Lo mismo puede aplicarse a ENEPASA. Parece que tal
opinión se encuentra engavetada, en el escritorio de la presidencia de la CCR,
desde aquella época.
Por lo expuesto,
podemos concluir que, la negativa de no aceptar la negociación favorable al
Estado de El Salvador de la oferta de
ENEL, además de retrasar algunas otras inversiones en energía renovable, puede
estar motivada por la conveniencia del FMLN, no sólo como partido, sino también
de sus altos dirigentes como personas naturales. Por último, para mayor y
conveniente ilustración, transcribo algunos artículos pertinentes sobre la constitución de Petrocaribe, publicados en
GRANMA, de la Habana, Cuba.
ARTICULO II, EJES DE
ACCIÓN, 4. Energías Renovables. Las Partes Contratantes desarrollarán, en la
medida de sus posibilidades, proyectos conjuntos y programas piloto, para el
impulso del uso de todas las energías renovables disponibles en sus respectivos
territorios, tales como: energía eólica, energía solar, geotérmica, entre
otras.
El desarrollo de este
tipo de energías requiere de una importante cooperación tecnológica entre los
países de la región, sobre todo orientada a reducir los costos que en términos
generales son mayores que los de las energías tradicionales.
ARTÍCULO III, EMPRESAS
MIXTAS. Con el fin de desarrollar los ejes de acción descritos en el Artículo
II del presente Tratado, las Partes Contratantes crearán y fortalecerán
empresas mixtas binacionales, de acuerdo a la soberanía y marco legal
vigente en cada país. Estas empresas se definirán sobre la base de potenciar
sus capacidades técnicas, tecnológicas y financieras, de tal manera que
permitan desarrollar, en cada país, los proyectos requeridos para la
utilización de los recursos energéticos disponibles.
ARTÍCULO IV, SEGUIMIENTO.
A los fines de garantizar el cumplimiento del presente Tratado y en el marco
del Acuerdo de Cooperación Energética PETROCARIBE, PDV-Caribe, filial de
Petróleos de Venezuela S.A., tendrá bajo su responsabilidad la coordinación,
ejecución y seguimiento de los proyectos de infraestructura energética,
desarrollo y asistencia social, así como de otras actividades que promuevan la
autosuficiencia y la soberanía energética de las Partes Contratantes.
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