Por
Lic. Fernán Camilo
Álvarez Consuegra
San Salvador, 11 de junio de 2014.
En la nota periodística
de Antonio Soriano, en El Diario El
Mundo, fechada el 10/6/2014 e intitulada, “El FMLN considera que Alba Petróleos
administre los fondos”, quedan claro tres hechos: primero, la resolución del
Ejecutivo de no someter un Tratado internacional a la jurisdicción y control
constitucional de la Asamblea Legislativa; segundo, habrá un monopolio del Estado en la cuestión
de los hidrocarburos; tercero, los fondos obtenidos de la deuda petrolera,
serán manejados extra - presupuesto y extra - Corte de Cuentas de la República.
La pretensión de buscar
una forma para que un Tratado escape al control constitucional que señala el
Art. 131 numeral 7° Cn., y que a la letra dice: “Ratificar los tratados o pactos
que celebre el Ejecutivo con otros Estados u organismos internacionales, o
denegar su ratificación”, es porque es muy difícil que un instrumento
que se inicie así: “Tratado de seguridad energética Petrocaribe. Los Gobiernos de Belice,
de la República de Cuba, de la Mancomunidad de Dominica, de la República de
Haití, Jamaica, de Granada, de San Vicente y las Granadinas, de Nicaragua, de
Surinam y de la República Bolivariana de Venezuela, en lo adelante denominados
las "Partes Contratantes"; no sea tratado como en la categoría antes descrita y no sea un
Instrumento de Derecho Internacional.
Sin embargo, lo que es sí muy notorio, es la ambigüedad con
que se expresa el actual Gobierno, y dice
en el artículo antes citado: “El secretario general del Frente dio a
entender que, para el manejo de esos fondos, se va a crear una empresa que
incluso podría ser Alba Petróleos. Con eso, descarta que el gobierno pase a ser
importador y distribuidor del combustible.” Y a continuación se dice lo
opuesto: “González se refiere al pago del 50% que se hará en los primeros 90
días que permite Petrocaribe, los cuales no solo pueden ser cancelados
monetariamente, sino con productos que requiera Venezuela y $1,200 Millones es
la factura petrolera del país. $600 Millones, según el FMLN, estarían a
disposición del gobierno”. Por lo que cabe preguntar: este acuerdo ¿será
o no, soberano?, el dinero a deber a veinticinco años plazo, será deuda del Estado o el FMLN o, encubierto bajo la
figura de “deuda Municipal, respaldada por el Gobierno central”. ¿Cómo será
posible deber el 50% del total de la deuda petrolera, sin que esto sea un monopolio
en favor de Venezuela?
Fácilmente concluimos que se pretende ocultar los hechos,
usando un juego de palabras e inútil verborrea populista. Sin embargo, lo
peligroso verdaderamente, es que este proceder se encuentra generalizado: a) el
desacato de una medida cautelar contra Mauricio Funes, b) declarar bajo reserva los gastos de viaje de
Casa Presidencial, lo que es público según la Ley de Acceso a la Información,
c) la negativa a ocultar información por vía de la fuerza y justificándola,
bajo el concepto de “Seguridad Nacional” y aún más, el tácito respaldo que ha
dado el actual Gobierno, al General David Munguía Payes, no mencionando ni refiriéndose,
a la investigación en su contra, por tráfico ilegal de armas, pone en
entredicho, el estricto apego a la legalidad por parte de los titulares del
Estado.
Sin embargo, muy improbable
es que, dichos actos, sean denunciados o considerados una alteración a los principios
constitucionales, aunque sí, se esté
violando el balance de poderes y
su contraloría, pues los partidos de
oposición, se encuentran más preocupados por su reelección que por velar por la
constitucionalidad; la empresa privada lucha por su supervivencia frente al caos
económico que se avecina a causa de las medidas del presente Gobierno; las
organizaciones cívicas se encuentran frustradas por la manipulación del sistema
o, por saberse utilizados por las entidades partidarias y por último, las altas
autoridades de la Fuerza Armada, permanecen fieles al presente Gobierno, porque
sus autoridades presentes, están bajo la cobertura de cualquier investigación
por parte de la Fiscalía General de la República y, en la seguridad de que no
se les aplicará el régimen jurídico militar, al que están forzosamente
sometidos.
Débese considerar que la realidad es que los problemas
individuales, y colectivos no son sólo
el resultado sólo de situaciones particulares, sino de la total descomposición
del sistema creado por los últimos dos Gobiernos (Saca y Funes), que para
lograr sus fines, acudían a triquiñuelas legales o políticas y que de acto en
acto, fueron minando la moralidad de nuestro sistema democrático. Sin embargo,
no es el sistema Democrático representativo y el sistema de libertades económicas
los que han colapsado; es la corrupción con la cual el sistema se ha
implementado. La reparación del sistema debe
proceder de la misma conciencia social, de la necesidad de cumplir con
la ley y de la conciencia de que esta,
no es para garantizar intereses personales ni de grupo o partido, sino para el interés
colectivo, en el que encuentra su protección y en la realización del bien
común, el verdadero interés del ciudadano.
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