Publicación Acción

Es necesario expresar libremente el pensamiento político para el fortalecimiento de nuestro sistema democratico, republicano y representativo.



miércoles, 28 de octubre de 2020

DECONSTRUCCIÓN

 


Por      

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

 

Pregonan los troles de Nayib Bukele: “Cambiemos la Constitución de 1983, la de d’Aubuisson. Una nueva Constitución para El Salvador”. Este fin de semana pasado, también se decía en Chile: “Cambiemos la Constitución de 1980, la de Pinochet. Una nueva Constitución para Chile”. Esta similitud de petición, no obedece a un plagio o imitación política, sino a la comunidad de estrategia y táctica, propia de los grupos revolucionarios estructurados de forma molecular disipada, que procuran alcanzar sus metas de concentración de poder, mediante la deconstrucción.

 

El concepto de deconstrucción, es filosófico, derivado de las concepciones de la intelectualidad francesa de 1968 y que, propone mediante el cambio de semántica, un cambio en el mundo político, que desarrolla de manera práctica, la concepción del marxista italiano Antonio Gramsci (1891-1937). Sus efectos se ven hoy en Chile, con el cambio de su Constitución; en España, en la tendencia anti monárquica y, la exacerbación de las autonomías, en Estados Unidos, como un detonante de los problemas naturales de dicho país y que, ha dado pie, a los ANTIFAS, etc.

 

Ese cambio semántico, operado durante 50 años, ha ido erosionando, en su aplicación y significado, los valores tradicionales liberales, forjados en nuestros años de formación como nación y, cuyo primer efecto, es creer que la izquierda y la derecha, se han acercado hasta confundirse y que, la lucha geopolítica, ha terminado. Como segundo efecto, se ha dado un relajamiento de la cultura cívica, hasta creer que el sistema, no puede cambiarse con sus mecanismos democráticos y, que son necesarios otros, para salir del subdesarrollo. Un tercer efecto, es confundir las libertades individuales con el libertinaje y, pensar que sólo el Gobierno, puede velar por el conglomerado social; cuarto efecto, es pensar que la lucha política en sí, es sucia, mala y exclusiva de quienes tienen capacidad de engañar y sostenerse, mediante el populismo.

 

Los troles de Bukele emplean hoy, el concepto “Poder Popular”, para referirse a la soberanía o al poder de ésta derivado, pero el concepto fue tesis del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) en Chile, que sustentaba: ser forma de democracia obrera directa, alejándose de los fundamentos, del poder parlamentario soberano burgués. Hoy, el Vicepresidente Félix Ulloa, emplea el concepto: introducir las formas de democracia participativa directa. No manifiesta que, dichas formas, están relacionadas directamente, con los movimientos de izquierda latinoamericana y buscan la dictadura.

 

Hoy Bukele, con su movimiento Nuevas Ideas, repite la estrategia del movimiento molecular, en el cual, él es, la única figura relevante y, su vicepresidente desarrolla los mismos conceptos de la izquierda sudamericana. Sólo la denuncia de sus latrocinios y tiranía en el interior y, en el exterior, el peligro que representa para la región, la emigración que está forzando, pueden detenerlo. En lo interno, los opositores deberán una ideología clara como guía, que en muchos casos, los candidatos ignoran, como se prueba con los diputados disidentes de ARENA.

 

La deconstrucción, al ser un concepto filosófico, que se aplica a los casos concretos, pasa inadvertida, en la política diaria y, confunde las posiciones ideológicas de los partidos políticos que tienen, como objetivo el triunfo electoral,  basta así, que se muestre cierto grado de conciliación ideológica, para lograr el voto indeciso y, se cae en la trampa de la deconstrucción. La aplicación práctica de ese cambio semántico, se ha visto en las acciones del Gobierno, durante la pandemia, tergiversando, los conceptos de persona humana y sus derechos.

 

La unidad nacional, en derredor de la actual Constitución y, en aras de defensa del sistema democrático, asegurarán que Bukele, no arraigue como dictador.

 

 

domingo, 25 de octubre de 2020

CRISIS Y ESPECULACIÓN

 


Por      

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

 

La alarma en el extranjero, de los tenedores de bonos salvadoreños, es cada vez, más patente:  se ha presentado un presupuesto, que deberá ser sostenido con deuda, porque sobrepasa las capacidades de sustentabilidad nacional. La amenaza de un default, incesante lucha política, que utiliza la fuerza del Estado, contra sus opositores; una economía irrecuperable, amenazada con más restricciones por lo cual, la cooperación internacional, se anticipa a ofrecer un subsidio al corredor seco, para que sus habitantes, no mueran de hambre, evitando emigración descontrolada. Todo esto, es preludio, de la quiebra del país.

 

La preocupación del banco de inversión norteamericano Stifel Financial Corp., sobre la solidez de los bonos salvadoreños, ya está manifestándose en los tenedores de dichos bonos: éstos han sido cotizados y liquidados, a un precio menor, generando tendencia a la baja, lo cual, no representa  alarma  para el ciudadano común, pero cuyas consecuencias sufrirá, tarde o temprano ( alza en los intereses, dificultad crediticia, encarecimiento de bienes y servicios, mayor carga impositiva y, decrecimiento de la economía). Es de notar, la preocupación de los capitales legítimos, que están liquidando de sus carteras, los bonos salvadoreños y, permitiendo el ingreso de capital dudoso, de origen sudamericano, lo cual podría tomarse como una maniobra especulativa y, reflejo de la condición presente del país.

 

Como antecedente del presente Gobierno tenemos que, Nayib Bukele, siendo alcalde de Nuevo Cuscatlán, aumentó su deuda de 989 mil dólares a 4.1 millones, en San Salvador, pasó de 34.1 millones a 79.3 millones, ambos en un períodos de tres años de Gobierno y, sin que los ingresos mejoraran o, los gastos sirviesen efectivamente, a los municipios; hoy, la deuda pública del país, ha crecido en 16 meses, de 18,000.9 millones a 22,084 millones, lo que amenaza con el default, devaluación o impuestos confiscatorios, si no encuentra un financiamiento externo que seguramente, será de dudosa procedencia o, por intereses geopolíticos, que nos impondrán condiciones más duras, de las que hoy tenemos o, podemos llegar a considerar.

 

No pagar el FODES a las Alcaldías, es el principio del default, que puede extenderse a otras carteras del Estado según sean, los intereses políticos del Gobierno, para controlar el sistema democrático, suponiendo que el Gobierno, posea aún, los fondos para terminar el año; de lo contrario, sería que  la lucha política, está encubriendo la malversación del Presupuesto General de la Nación, lo cual puede conducir, al  pago de empleados públicos en colones, permitido por el bimonetarismo, y que daría el control de los dólares al Gobierno y, devaluando el colon, a razón de 25 por dólar y no, en el marco actual de 8.75, esto, según cálculos de algunos economistas.

 

En cualquier caso, el aumento del IVA al 15% o 17% más, la creación del impuesto predial para compensar el FODES y, un impuesto al patrimonio, para equilibrar el presupuesto, impedirían cualquier recuperación económica. Si ahora, han quebrado 3400 empresas y, el desempleo ha subido en 110,000, no sería posible la recuperación económica para el 2023, pues sería nula, la capacidad de competencia. Todo desempleado, busca la supervivencia en el sector informal de servicios, pero necesita de la liquidez que le dan, el formal, exportaciones y remesas.

 

La catástrofe económica causada por el mal manejo de la pandemia, sólo podrá ser evitada si Nayib Bukele, no logra el dominio de la próxima Asamblea Legislativa y, si las entidades cívicas y gremiales, ejercen suficiente presión política sobre el Gobierno, para mostrar internacionalmente, la falta de legitimidad en las acciones del mismo y, el deseo de conservar la estabilidad nacional, para la permanencia en el país, de todos los salvadoreños.

miércoles, 21 de octubre de 2020

LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y ELECCIÓN DE FUNCIONARIOS

 


Por      

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

 

Limitar y deformar la libre expresión o, manipular el sistema político, mediante la destrucción de la representación, es atacar a la República, pues éstos son sus dos pilares y por ellos, tanto la libertad de expresión, como el Gobierno basado en la representación, aseguran el correcto funcionamiento del sistema social, base para el desarrollo sostenido de una nación.

 

Los ataques a periodistas, que basándose en un  periodismo investigativo, denuncian las malas acciones del Gobierno, no deben tomarse como  personales, sino al gremio periodístico y, a la función social que desempeñan, dentro del sistema democrático, pues por sus investigaciones y la noticia diaria, el ciudadano puede enterarse, de lo que sucede en el ámbito nacional y, formarse opinión, sin que sufra o goce, de lo que les sucede a otros, pero si, le sirve para tomar decisiones de orden político: es decir, sobre la vida nacional y ejercer su derecho soberano, garantizado en el Art. 83 Cn.

 

Informar es la función social, del medio de comunicación: tomar los hechos, interpretarlos y exponerlos, bajo la óptica del medio que los da a conocer: el carácter pasivo de la audiencia, le permite leer, ver o escuchar ese medio, a su libre elección, pudiendo formarse opinión política, que externa, eligiendo a sus representantes, sin necesidad de ser activista político. Por esta razón, el gobernante, no puede antagonizar, como medio de comunicación, pues impone las reglas del sistema y, el quehacer público, no es su patrimonio: por ser de todos, se cuestiona, aunque debe responder a los señalamientos, como justificación de sus acciones.

 

Si la elección de los representantes, se hace por medio del sistema de la democracia participativa, hay un cambio filosófico, pues se abandona la concepción roussoniana, de individualismo, como lo establece nuestra Constitución y, lo cambia a un concepto derivado de los principios de Jacques Maritain: establece que el ser humano, es un fragmento de la sociedad, conservando únicamente, sus garantías individuales, imponiéndose, por medio del referéndum, el conglomerado social, al individuo.

 

La introducción de los principios de la democracia participativa, rompe de lleno, lo establecido en el Art. 248 de la Constitución y, crea una democracia semi-directa, que tiene como principio, que la colectividad debe intervenir en: 1) participar en la toma de decisiones, 2) participar en la ejecución de decisiones, 3) participar en el control de la ejecución, 4) participar en los aportes, 5) participar en los beneficios, 6) participar en la esfera pública.

 

La implementación de estos principios, implica modificación de la legislación secundaria, desde lo electoral, hasta lo civil, lo mercantil, lo laboral, lo administrativo, etc. La experiencia práctica, es que se termina dando al Ejecutivo, un mayor poder.

 

En la práctica, lo que no queda bajo control directo del Ejecutivo, quedará en quien manipule la opinión pública o, pueda imponerse por la fuerza, a quienes no estén dispuestos a ejercer un trabajo político cotidiano o, ejercer la fuerza en las calles. Si tomásemos como parámetro, que  el desarrollo económico y social, se logra mediante la estabilidad nacional, en aplicación de los principios de “Buen Gobierno”, el país, por tal inestabilidad, estaría imposibilitado de alcanzarlo.

 

Por esta razón, la democracia participativa, ofrecida como introducción del referéndum, en la nueva constitución, sería el germen de destrucción de la estabilidad nacional, pues si se quiere, todo sería posible, con un referéndum y, la primera inestabilidad, vendría del referéndum revocatorio.

 

Si se atenta contra la libertad de expresión o, se pretende introducir el referéndum, se destruirá la República: es necesario un activismo político, en defensa de la Constitución y la República, si queremos preservar nuestra libertad.

 

 

 

viernes, 16 de octubre de 2020

ROMPIMIENTO DE LA LEGALIDAD


Por      

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION

 

Vivense en el presente, dos corrientes: de la legalidad y, de ilegalidad; es decir, fuerza contra derecho, en la que se busca forzar los hechos políticos, únicamente con el favor de la opinión pública nacional, forzando así, los hechos políticos. Esto hace inviable al país, a futuro: exige una reacción nacional, en defensa del sistema republicano, democrático y representativo.

 

Sentencias que no se cumplen y, prohíben la violación masiva, de garantías constitucionales, funcionarios que pretenden estar sobre la ley, imposibilidad de fiscalizar el gasto público, ofrécese crédito sin garantía, a base de deuda pública, tomada de los ahorros de los particulares; ante violaciones a la ley, se protege al funcionario que controla la fuerza pública, otorgándole fuero, a despecho de la propia ley que rige su institución.

 

Al incumplimiento de la ley, debe agregarse el control territorial de las pandillas y, el uso que ésta, hace del país; el narcotráfico, cuyas relaciones llegan hasta el mismo Gobierno, por medio de varios de sus funcionarios y, apoyos políticos, que vienen del conflicto armado pasado, con relación el terrorismo y el crimen organizado transnacional.

 

Se presenta, para las calificadoras de riesgo, una inviabilidad del Estado, que prevé un decrecimiento económico, muy bajo, para la media mundial y regional. Imposibilita la inversión que, podría estabilizar al país; alejándolo, aún más, si van a competir las inversiones, con el Estado o, con empresas de dudoso capital, cuyo objetivo es el lavado de dinero transnacional, explotando nuestra única ventaja: la dolarización.

 

De lucha política, se ha pasado a la inestabilidad del sistema, pues los continuos incumplimientos, del ordenamiento jurídico, se extienden y dañan otros sistemas sociales. El incumplimiento a la entrega del FODES, a las Alcaldías, paraliza sus funciones locales indispensables para el funcionamiento cotidiano y, la retención de fondos, amenaza desestabilizar al sistema económico pues, aunque sólo reciben el 10% de los ingresos, ese llega al sistema bancario, por diferentes vías y, desde donde se pueden obstaculizar otras actividades: Un empleado que no cobre, no puede pagar su alquiler y sus alimentos o, pagar sus préstamos personales, generando el detonante de una crisis generalizada.

 

La persecución a opositores políticos, por temas fiscales y laborales, convierte a los Ministerios de Hacienda, Trabajo y Salud, en aparato represor, que persigue a quien se le opone o favorece, a quien le conviene al gobierno, siendo su cómplice, la PNC. Esta actitud, aleja la inversión nacional o extranjera: no hay seguridad jurídica y, en la presente situación, que la actividad de servicios representa un 53% de la actividad económica ésta, puede verse imposibilitada de continuar. El rubro más estable y de más rápida recuperación, es la agricultura, que sólo representa un 5%, la cual no podría soportarlo, por sí sola, una crisis generalizada, pues es la más golpeada por la naturaleza, por los precios y, el desinterés político.

 

Esta es la razón, por la que muchos jóvenes emprendedores, buscan el exilio y, la inversión extranjera se aleja. Sólo una reacción política fuerte, basada en la unidad nacional, que sostenga firmemente nuestra Constitución, que establece el sistema democrático, republicano y representativo, podrá oponerse, a la fuerza que el Gobierno actual, pretende ejercer contra el sistema.

 

Puede apreciarse, que la mayoría de los Diputados y Alcaldes están, por sus continuas arbitrariedades, contra el Gobierno y, que el Poder Judicial, ha manifestándose, en defensa de las garantías constitucionales; el sistema político ha forzado los mecanismos de contraloría existentes. El presente Gobierno, ha logrado despertar la conciencia de la importancia del sistema, sin el cual, la lucha ideológica, carecería de sentido, pues tendremos la voluntad arbitraria, únicamente del dictador.

martes, 13 de octubre de 2020

ROMPIMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN

 

Por      

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION

 

El rompimiento constitucional presente y, la insistencia de crear un nuevo cuerpo legal, son un proceso, iniciado con el ordenamiento municipal de San Salvador que finaliza, con la desestabilización nacional, al cambiar su sistema republicano, democrático y representativo, y abandonar a la mara, la soberanía nacional, creando una relación simbiótica, entre entes armados (legales e ilegales) y Bukele, capaz de desestabilizar el Triángulo Norte.

 

El nuevo mercado Cuscatlán, inició la relación Bukele-mara, cediéndole a esta, puestos en dicho mercado. Dicha política, se extendió a todo San Salvador, lo que implicó una cesión  a la mara, de la soberanía y control territorial, cambiándola, de entidad meramente delincuencial, a política, con fines económicos, basados en actos delictivos. (Según informe de InSiht Crime, entidad que se dedica a la investigación y análisis del crimen organizado en Latinoamérica y, que se sostiene con fondos norteamericanos e ingleses). Los intereses de la mara, son económico- políticos: tienen incidencia electoral, para defenderlos.

 

A esta reunión de las pandillas, con fin económico-político, se suma la facción disidente del FMLN, que apoya a Bukele, liderada por José Luis Merino y sus allegados, que mantienen su red de narcotráfico y lavado de dinero, con las empresas ALBA. Lo cual garantiza el control territorial (por medio de la mara y, económico delictivo) que le da mucho poder sometiendo las instituciones del Estado. Este poder, es ofrecido como capacidad de control del país, para frenar la emigración, aceptando a todos los retornados, sin que estos vuelvan a tratar de ingresar ilegalmente, a USA.

 

Para sostener este aparato de control y dominio, es necesario violar la Constitución, en su contenido y espíritu, acallando las voces disidentes de la oposición, que sí cree en el actual sistema político, enmarcado en la Constitución y que ha obligado, a crear una simbiosis Fuerza Armada-PNC-Bukele: los jefes militares y policiales, ven en Bukele, su único apoyo para no ser procesados y, le dan  libertad, asegurándose de que sus decretos ejecutivos, serán sostenidos por la fuerza, dañando así, el papel de dichas instituciones, dentro de un marco estrictamente constitucional y legítimo.

 

Sostener el nexo con las pandillas es muy difícil: sólo hay tres formas: con dinero, con bienes y territorio, lo cual, a la larga, será insostenible, pues el territorio es así, considerado para “usufructuarlo en sus habitantes” y, si estos, migran o, carecen de los recursos para su subsistencia, no podrán pagar la “renta” al marero, ni mucho menos, al Gobierno. El caos generado, aleja la ayuda internacional, e inversión.

 

Si los Ministros ya son mareros, no es posible dar a estos, más presencia en el Gobierno y, la relación con José Luis Merino, se hace más complicada, en la medida que aumenta la presión contra la corrupción y el crimen organizado, hasta no poder ocultar dicha relación.

 

La resistencia de los Ministros a dar cuentas, es para evitar que la relación, con el crimen organizado sea de debate público y, debilite a Bukele electoralmente, pero el Estado, está llegando al colapso, si se cumplen las amenazas del Ministro de Hacienda, de no pagar a los funcionarios públicos y, paralizar al Gobierno a final de año, entonces el Estado colapsará o echará mano, de los ahorros privados.

 

El twitter de Bukele de ayer por la noche, sobre un aumento de los casos de infección de coronavirus, en la condición actual, podría estar indicando que puede darse un nuevo cierre total del país y así, evitar las protestas masivas que van contra el Gobierno, ahondando aún más la crisis, en un efecto sinérgico. Por ello, sólo puede garantizarnos la estabilidad que necesitamos, la Constitución vigente.

sábado, 10 de octubre de 2020

EFECTOS DE LA CONSTITUCIÓN

 


Por      

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

 

Debido a la complejidad de la vida cotidiana, creemos que nuestra vida en sociedad es natural  y que se da por sí sola su cotidianidad, siendo que esta,  es posible, sólo por la existencia de una entidad abstracta y rectora: la Constitución; así, conviene realizar algunas reflexiones prácticas, de hechos dados, durante la pandemia que nos azota.

 

Si el Gobierno pudo paralizar la vida cotidiana, cerrar las fronteras nacionales e impedir el retorno, de poco más de 5,000 personas, varadas en el extranjero, fue porque la Constitución lo permitió, a solicitud de la aplicación de su Art. 29 Cn., para restringir los derechos naturales y normales de la sociedad, por un tiempo, no mayor a 30 días. Visto que la pandemia duraría un tiempo mayor, a los 30 días, los Diputados, dejaron de aprobarlo y así, aunque convivimos con el virus, gozamos de nuestros plenos derechos: gracias a nuestra Constitución.

 

Hoy se le pide cuentas al Ejecutivo, por los $3,000,000.00 que solicitó durante la pandemia y se amenaza, llevar con apremio, al Ministro de Hacienda, al de Salud y otros, gracias a la vigencia de la actual Constitución. Sin ella, la legislación secundaria, desarrollada como una extensión de la Constitución, no podría ser invocada, para el mantenimiento del equilibrio de poderes, en una rendición de cuentas.

 

El que una persona esté asegurada en sus bienes, por su inscripción en el Centro Nacional de Registro, se debe a que existe una ley secundaria, que se basa en los Artículos 101 y 102 de la Constitución, en relación con el Artículo 1, de dicho cuerpo legal.

 

Si gozamos de derechos laborales, es porque la Constitución los desarrolla en el los Artículos 37 y siguientes. Durante la pandemia, uno de los decretos dados por el Ejecutivo, mandaba la estabilidad laboral, pero no garantizaba el flujo de dinero a los empleadores, para sostener el empleo, sin el trabajo que lo sustenta. Hay cerca de 110,000 personas que están sin empleo, como consecuencia de tal medida y, nuestras calles se han saturado de ventas ambulantes, para cubrir, de esa manera, la falta de empleo formal, que pretende la Constitución, armonizando los derechos laborales, con el régimen económico.

 

Los diferentes Habeas Corpus de los detenidos ilegalmente o, de los varados en el exterior, tenían como asidero la Constitución y, si no se hubiese vuelto la vida, a la normalidad, teniendo cada quien, la responsabilidad de protegerse del virus, aun estarían en “cuarentena” o, en el exterior y nosotros, aún tendríamos que explicar con una carta, que tenemos derecho de trabajar o, nos restringirían a comprar sólo con el número del DUI y, la administración de justicia (para demandar y defenderse) seguiría paralizada.

 

La persona vive de su trabajo directo o de alguna otra forma (alquileres, inversiones, etc) y si se paraliza su actividad, ¿de qué vivirá?: ¿de los $ 300.00 que dio una vez el Gobierno?, o ¿de la canasta básica del Gobierno? En su conjunto, dicha ayuda, ha llegado a más de 300,000 personas, pero hay otros 5,700,000 personas que no han recibido nada y, que tendrán que pagar durante 32 años, lo que pocos han consumido.Tal desigualdad y obligación, no la establece nuestra Constitución.

 

La evolución histórica de la Constitución, en su adaptación a la evolución de la vida cotidiana, se puede apreciar en las distintas interpretaciones de la Sala de lo Constitucional que permite una adecuación que la actualiza, pero no rompe la estructura nacional.

 

Si se quiere seguir viviendo en la forma tradicional de vida y gozar de los derechos que da la libertad, diremos al cambio constitucional: NO.

viernes, 9 de octubre de 2020

NO AL CAMBIO DE CONSTITUCIÓN


Por      

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

 

La Constitución es el conjunto de reglas básicas de convivencia, que la sociedad se ha impuesto: a su respeto y obediencia, se desarrolla la legislación secundaria. El cambio de dichas reglas, conllevaría nueva forma de ver, dentro de la sociedad, al ser humano y, alteraría su forma de gobierno; todo cambio, significaría nueva concepción del ser humano y, con ello también, nueva forma de ver la libertad, los bienes y demás derechos. Sólo si se pretendiese alterar la forma de vida actual, debería pensarse en un cambio en la Constitución, de lo contrario, sería mediante la fuerza, un triunfo de la minoría, sobre la mayoría.

 

La actual Constitución, considera a la persona humana, centro de toda la actividad del Estado, protegiendo así, su libertad y la propiedad privada. Sólo en casos excepcionales, se sujetan los bienes y actividades, al régimen especial de “utilidad pública”, enfocándolos hacia un fin específico, en la colectividad de vida nacional, a costa de los derechos del particular. Sin embargo, la tendencia parece ser ahora, poner la actividad privada, bajo la “utilidad pública”, para restringirla y controlarla desde el Gobierno. La nueva ley del deporte, recoge ese espíritu y sigue igual tendencia, la sobrerregulación del Ejecutivo, durante la pandemia.

 

El Vicepresidente, pretende guardar en secreto, el estudio sobre el cambio de la Constitución, para no “politizarlo”, pero por su importancia, el tema en sí mismo, es político y, los futuros Diputados deberán saber, a qué decisiones se enfrentarán en su cargo. El votante, según sean sus intereses particulares, puede decidir ahora, por quién votará, creándose ya, una tendencia política sobre la reforma Constitucional; el secretismo y las personas afines al Gobierno, formarán la comisión convocada por el Vicepresidente, según mandato del Presidente, con exclusión del sentir, de la mayoría de los ciudadanos.

 

Pretender reformar la función y conformación de la Sala de lo Constitucional, es alteración a la forma de gobierno. Pretender incluir el referéndum, como poder originario del sistema legislativo, es reformar el sistema de gobierno. Si se pretende introducir el referéndum revocatorio, se altera la forma del sistema de gobierno. Si se considera el matrimonio igualitario, la gestación subrogada o, el reparto proporcional por género, se alteran las garantías constitucionales. Si se pretende restringir y normar la expresión individual, mediante limitaciones a recursos judiciales, se alteran la forma de gobierno y las garantías constitucionales.

Artículo 248 inc. 4 dice: “No podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refieren a la forma y sistema de gobierno, al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República”. Este artículo defiende la Constitución actual y al sistema político del país.

 

 

Si queremos otra Constitución, para limitar las libertades de que ya gozamos y, cambiar nuestra forma de gobierno, decretemos otra Constitución. Si no estamos conformes con la realidad jurídica del país, reformemos la legislación secundaria y, hagamos realidad los principios constitucionales actuales, mediante la elección de nuevos funcionarios que sí, los cumplan.

 

La Constitución de 1983, sirvió de ancla contra el FMLN armado, hasta los Acuerdos de Paz de 1992, cuando la Constitución se modificó, para llegar a un acuerdo con el FMLN; así, nuestra actual Constitución, es producto de un pacto, que creó nuevas instituciones y limitó otras, pero conservó el espíritu de libertad, que hoy peligra.

 

Sólo el salvadoreño, puede velar por el futuro de El Salvador: la indiferencia en las acciones partidarias, permiten el triunfo de la minoría que, por virtud de la fuerza, se impone. Por estas razones decisivas, debemos decir NO, a un cambio constitucional.

martes, 6 de octubre de 2020

CAOS CONTROLADO

 


Por      

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

 

El caos que vive actualmente El Salvador, y que puede acentuarse en los días subsiguientes; es desestabilización perfectamente controlada, para probar la inoperancia del actual sistema político, económico y social  y, justificar el forzar, a un cambio constitucional, que opere una transformación en la estructura del país, iniciada ya, por la deliberación de los medios coactivos del Estado y, la manipulación de las finanzas estatales, que ha provocado una inercia social, que sólo augura, por el colapso económico nacional, una mayor emigración.

 

Los troles de Bukele, anuncian: “De aquí en adelante Decretos resoluciones y acciones anti pueblo… deben de ser pasadas por “el arco del triunfo”. Este juego ya comenzó, no tiene pueblo, policía ni Fuerza Armada”. Lo cual, prueba el control sobre el caos que vive el país, dirigido desde Casa Presidencial, convirtiendo a Nuevas Ideas, en su instrumento electoral.

 

El último pilar de las instituciones del Estado, es la coercibilidad, nacida del imperio de la ley, generando la coacción. Pero si la coacción es deliberante y no obediente, asume las atribuciones de las otras instituciones del Estado, que establecen y dirigen la vida social. Por ello, no deben ser permitidas las deliberaciones en los actos del servicio. Los hechos del 9F y la desobediencia ordenada por Bukele, en el Caso El Mozote, prueban la deliberación de la Fuerza Armada, ejecutada por sus mandos, actos que recaen en la institución entera.

 

Al valorar, el Director de la Policía, si es justificable, la no comparecencia del Ministro de Hacienda a la Asamblea Legislativa o, si la presión que ejercen los sindicalistas a la Alcaldía de San Salvador, es justa, asume atribuciones propias del Ministerio Público y del Órgano Judicial, volviendo deliberante, a la Policía Nacional Civil.

 

Con este quiebre en la institucionalidad nacional, el Ejecutivo pretende extorsionar a las Alcaldías, Órgano Judicial y a la Asamblea Legislativa, reteniéndoles los fondos asignados en el Presupuesto General de la Nación. En el presente y, según datos del Banco Central de Reserva, el Ejecutivo cuenta con poco más de 1500 millones, depositados en el BCR y en la banca nacional (sólo en agosto, ingresaron mediante deuda pública, más de 800 millones a las arcas del Estado).

 

Situación que genera un caos controlado, que va alimentándose sólo, pues las protestas de las Alcaldías, afectan la vida cotidiana por los servicios que proveen. El fin de este caos controlado, es justificar un cambio constitucional, que no sabemos lo que nos traerá, sólo podemos especular, en base a expresiones anteriores: en su campaña Bukele dijo: “No existen ni pastores, ni sacerdotes cristianos que valgan la pena y, mucho menos, que vayan a ser tomados en cuenta para la realización de nuestros planes para el futuro de la nueva patria”.

 

Dejó en claro, la intención de cambiar la estructura nacional y, por los vínculos que se han fortalecido con el mundo islámico, en el último año, es muy probable que, el financiamiento futuro de El Salvador, provenga de intereses árabes y sus aliados geopolíticos. Lo cual cambiaría el contexto actual, no sólo en el interior del país, sino en el exterior: se vería agravado, por una repatriación masiva.

 

La falta de respuesta política ante estos acontecimientos, sólo puede ser explicada por el “efecto manada” o “de arrastre”, (inducido por la manipulación de la opinión pública) que es la tendencia a aceptar como válidas, las ideas de la mayoría, sin analizar si son correctas desde el punto de vista lógico. Todo esto es posible, por carecerse de liderazgo claro, basado en la ideología fundada en los principios de libertad, que sustenta el Estado de Derecho.

viernes, 2 de octubre de 2020

LA EMIGRACIÓN

 

LA EMIGRACIÓN

Por      

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN

 

 

La afirmación: “Sólo una nación cuyo espacio esté acorde con sus necesidades, tanto materiales como espirituales, puede tener esperanza de alcanzar alguna vez una verdadera grandeza”, del geopolítico alemán, Karl Haushofer, dicha en (1934), puede ser aplicada a los salvadoreños, en un contexto diferente al original, pero igual en su significado. El destino del salvadoreño, está en El Salvador; si se busca fuera, es porque por razones políticas, se ha vuelto un territorio hostil, para la realización de la vida moderna.

 

En 1970, según datos estadísticos de la FAO, El Salvador, registro en Latinoamérica el segundo lugar en eficiencia agrícola:  fue la plataforma financiera para nuestra industrialización, iniciada en los años 50 y 60. Todo quedó destruido por las luchas sociales iniciadas desde los años 80, que conllevaron al conflicto armado, que produjo un abandono de la libertad necesaria para el desarrollo nacional y, fue substituido por la creencia de que el asistencialismo (paternalismo estatal) y el control gubernamental, podrían satisfacer las necesidades del salvadoreño.

 

El triunfo del salvadoreño en el exterior, demuestra que, el problema del subdesarrollo, no está en su población, sino que los gobiernos, no dan la libertad necesaria para el pleno desarrollo humano; más bien, lo obstaculizan. Existe tendencia a agudizar esta crisis, con la premisa de que sólo la ayuda estatal (sea en asistencialismo individual o en inversión pública) puede lograr un desarrollo sostenible. Esta creencia, ha profundizado la crisis: se encuentran en el extranjero, con vida plena, cerca de dos millones de salvadoreños.

 

La contribución de los emigrantes al país, es por medio de las remesas que perciben sus familiares y que estimula a éstos, a emigrar, aunque de forma ilegal, pues es lo expedito y a lo que obliga su escasa preparación académica o laboral, reflejo de la deficiente instrucción pública. Es imposible la asimilación de los inmigrantes, en las condiciones actuales, si hay un regreso masivo, pero los países que hoy nos acogen, no tienen responsabilidad en cuanto a deportarlos, si ello alivia un problema social o jurídico en sus Estados.

 

Los reclamos de las diferentes organizaciones de inmigrantes salvadoreños, en Estados Unidos a la nueva embajadora, es reflejo de sus intenciones: que se les legalice su condición en dicho país, no es retornar, pues las condiciones en este país, no son favorables, por el contrario, sólo les espera asistencialismo o pobreza extrema.

 

La responsabilidad de un Estado, por medio de su Gobierno, es crear las condiciones para el desarrollo individual, que es base para el colectivo. La pérdida de la estabilidad social que desembocó en un conflicto armado, destruyó el aparato productivo, pero fueron las decisiones políticas posteriores, la causa de que no haya habido una recuperación política económica y social, luego de los Acuerdos de Paz de 1992.

 

Este deterioro puede ser medido en el déficit fiscal, por quinquenios: 2% (1990-1994), 4% (2010-2014) y 10% (2020), lo cual implica, que el próximo año, estará comprometido el 30% de los ingresos tributarios, para el pago de la deuda y, un aumento de la pobreza extrema a 600,000 ciudadanos. Por lo cual es imposible que el país, genere las condiciones necesarias para un retorno favorable de nuestros ciudadanos.

 

A mayor taza de impuestos, endeudamiento. gasto público y reglamentaciones estatales, habrá menos libertad, mayor corrupción y serán menores las condiciones favorables para la vida en El Salvador.

 

La realidad nacional al presentar condiciones negativas, estimula la emigración, no solo del precarista sino de la clase media y se pierden los estímulos para la inversión extranjera, obligando al aumento de impuestos, lo que agudiza más la crisis.