Por
Lic.
Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCION
Existe
en El Salvador, un generalizado, sistemático miedo, que impide el normal
desarrollo de la vida social, política y económica: miedo alimentado por la existente
lucha de poder, fuera del esquema jurídico y que, en su forma final, es el empleo
de la fuerza, por parte del Estado, y ejercida, por la Fuerza Armada, que, a la
larga, tendrá que pagar dichas consecuencias.
La
negativa a extraditar a pandilleros reclamados por Estados Unidos, lograda
mediante la manipulación de los Órganos de Gobierno, motivada por miedo a la
vinculación que puede realizarse en el exterior, de la relación política entre
pandillas – Gobierno – crimen organizado. Dicha relación, ha sido alejada de la
consciencia nacional, por la persecución en el país, de algunos grupos de
pandillas, cuya reacción, aún no se ha hecho sentir, pero que sirve de
justificación para el uso de más fuerza, extendiéndola por hoy, de manera
indefinida en el tiempo, bajo la figura del Régimen de Excepción.
El
temor a un señalamiento de tal tipo, ha generado cuatro estrategias de
consolidación y control social: 1) la creación de falsa oposición partidaria,
como Poder Ciudadano o Fuerza Solidaria, que ya ha creado cierto temor entre
quienes dependen de Nuevas Ideas (ver declaraciones de Rolando Castro). 2) haber
tomado la bandera de los Derechos Humanos, durante el pasado Conflicto Armado Internacionalizado,
para crear una línea de reparación de víctimas y ganar las bases del FMLN
tradicional, el cual no es afecto al Gobierno. 3) llamar a intereses asiáticos,
en su expansión por el Pacífico, para ir alejándose de los intereses norteamericanos,
aprovechando las nuevas coyunturas geoestratégicas. 4) presionar a los sectores
financieros (bancos, aseguradoras y AFP) para que sostengan al Gobierno, y
suplan el fondeo internacional, que no han podido obtener.
El
Régimen de Excepción es la expresión última del poder del Estado, sobre su
territorio y vigente éste, vuelve irrelevante cualquier otro, que lesione
derechos de categorías inferiores, como el Derecho a la propiedad o el de la
libre contratación. Por ello, el riesgo de ser sancionadas todas las sociedades
que se dedican a proveer bienes y servicios que, al aumentar sus costos,
aumentan los precios, sean sancionados, para mantener la apariencia de “control
del Estado”, sobre la economía, cuando todo el comercio depende en su
importación, de un reducido número de empresarios que, en su mayoría, son
aliados políticos del Gobierno, pero que sufrirán su populismo, para mantener
su popularidad.
Las
banderas de los casos Mozote y Jesuitas, hoy arrebatados por el Gobierno, al
Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA) y la Universidad Centroamericana
(UCA), abriendo el procedimiento para el procesamiento de 126 casos mas,
preparados por dichas instituciones, pero no materializados, por contravenir a
la Ley salvadoreña. Un cambio en este sentido, también abrirá la puerta para que
se juzgue a la oficialidad, hoy en servicio activo, por violación a los
Derechos Humanos, durante este régimen de Excepción y, el sostenimiento de un
Gobierno que, en muy poco tiempo, oficializará su condición de dictadura.
La
pretensión de reelección, como expresión de temor, ante un juzgamiento por el
rompimiento del orden constitucional y ocultamiento del latrocinio de las arcas
públicas, ya genera una mayor agresividad por parte del Gobierno, sobre todo,
si dicho señalamiento, proviene del Tribunal Supremo Electoral. Este temor, obliga
a mayores acciones de fuerza que, en definitiva, serán materializadas por la
Policía y la Fuerza Armada, para hacer cumplir las disposiciones de otros entes
de Gobierno, por lo que dicha responsabilidad, no será de la institución, sino
de las personas que la conforman, aunque dichos actos sean en cumplimiento del
servicio. El Mozote es el espejo del mañana.
