POLÍTICO USO DE LA PANDEMIA

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Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

Las razones, por las que no se ha llegado a acuerdos en la Asamblea y, se ha vetado todo decreto que no sea de plena iniciativa del Ejecutivo, son: 1) prolongar la cuarentena, para debilitar electoralmente, a los opositores, 2) cubrir la corrupción gubernamental y 3) mostrar a la población, la fuerza que posee Nayib Bukele. Aunque signifique la destrucción económica, de sus instituciones cívicas y, de su estructura republicana.

Prolongar la emergencia nacional, significa acortar el período en el cual, los partidos opositores podrán hacer campaña política, el Gobierno ya la ha iniciado y la desarrolla plenamente, con fondos públicos. Los partidos políticos celebrarán elecciones internas con los apoyos de sus estructuras, comprometidas antes de marzo de este año y, consolidados por la actividad, en el terreno de los funcionarios actuales, lo cual asegúrales la reelección de la candidatura, en sus internas, pero dispondrán efectivamente, sólo de cuatro meses, de campaña electoral, antes de las elecciones de 2021, sin que haya habido recomposición verdadera de sus cuadros, por lo que  participarán únicamente con los votos de las estructuras que les apoyaron, que siempre serán menos que los votos  de Nuevas Ideas.

Las elecciones internas de Nuevas Ideas, serán electrónicas, lo cual facilitará el triunfo de sus candidatos “ungidos” y aunque Bukele, tendrá ya, muchos detractores, el miedo a la pandemia, inoculado por el Gobierno, le dará la suficiente aceptación, para superar a los contrarios y así, obtener la mayoría que desea.

Parece que el FMLN, ya ha entendido esta estrategia y, al oponerse férreamente, a las pretensiones dictatoriales de Bukele, ha detenido su desplome electoral. ARENA, aún no lo ha entendido; por excepción, algunos diputados, ven que, si se destruyen la economía y el sistema republicano, también dejaran ellos de existir como partido político. Los Alcaldes y sus Consejos Municipales, aún no lo han comprendido.

Las Alcaldías se han convertido en los nuevos centros de distribución de alimentos del Gobierno, facilitando el control territorial, en una nueva versión de los Comités Locales de Distribución y Producción (CLAPS) de Venezuela, que tiene como objetivo “distribuir alimentos casa por casa” y crear una estructura de abasto, paralela a la de venta libre, para control político.

La insistencia de que toda nueva Ley. lleve el concepto o nombre de “emergencia”, es para evitar la LACAP y comprar a su antojo, sin objeción en los gastos, ni en la disposición de los mismos, convirtiendo la defraudación realizada a los fondos públicos en “legal”. Cada bolsa de alimentos enviada por el Gobierno, deberá ser pagada a futuro, con elevado costo: la corrupción que ha encubierto y los intereses que ha generado, todo será pagado por las mismas personas que hoy los reciben y, por quienes no la gozan, pues se está empeñando el trabajo futuro de nuestros hijos.

La intención de nacionalizar las AFP, es para conseguir fácilmente el dinero que no le dan en el exterior y, evitar pagar los $ 5,000 millones que el Gobierno debe a los cotizantes. El ofrecimiento de una mayor pensión es pura ilusión y, su trato con los sindicatos a él adeptos, es para el manejo de los centros de trabajo que ven con desconfianza, al Gobierno, siguiendo la modalidad de “desarrollo endógeno de la producción”, según la economía chavista.

La Derecha debe entender tal proceso y, sólo la acción inmediata de la población unida, puede evitar la catástrofe que se nos avecina, el hambre ya existe, la desesperación e incertidumbre aumenta, al igual que el peligro en que nos encontramos. Los controles institucionales han sido trabados y la voluntad partidaria, engañada.

REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA

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Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

Las medidas de reactivación económica, que actualmente se discuten, en la Asamblea Legislativa, hubiesen sido útiles, de aplicación lógica, luego de un mes de paro económico: hoy son extemporáneas, del mayor efecto destructivo, a la sociedad salvadoreña. Este impase político, aclara tres hechos: el apoyo a Bukele de los Estados Unidos, la manipulación financiera y electoral de las medidas, para la reactivación económica y, el riesgo de tener una mayor crisis social.

Claro quedó el apoyo de los Estados Unidos a Bukele, en el discurso del Embajador Ronald D. Johnson en el Hospital Rosales. Este apoyo, se debe seguramente, a que Bukele ha colaborado con todas las políticas migratorias, solicitadas por Estados Unidos. Lo que los centroamericanos ven como algo natural: “migrar a Estados Unidos y enviar remesas”, es en realidad, el rompimiento de la ley norteamericana y, distorsión a su sistema económico, que, si bien nos beneficia, crea un problema social, si se ve, desde la perspectiva estadounidense. Bukele está aprovechando este apoyo, como puntal para la consolidación de su dictadura, sin que Estados Unidos se percate, de que  generará mayor presión social y económica, pudiendo llegar a desestabilizar el área centroamericana, con efectos peligrosos, para sus intereses regionales.

La liberación del encaje legal y la entrega al Gobierno, de $ 790 millones, en deuda de corto plazo, sin que haya reactivación económica y, con posibilidad de impago, pone en riesgo todo el sistema económico del país, no solo el bancario: aunque se asegure hoy, la liquidez del sistema, si el ahorrante muda sus depósitos, de largo a corto plazo y, el Gobierno busca la manera de reducir sus gastos, por medio de despidos a los mayores de 60 años y a quienes tienen otros ingresos, indica su falta de capacidad de pago y, si ésta, depende de la aprobación de préstamos y la colocación de más deuda, en el exterior y sólo los organismos internacionales están dispuestos a dar parte de ese dinero, es que pudiese darse un corralito, como sucedió en Argentina, hace unos años.

Dentro del agro se aprecia ya, un cambio y también en los comercios, los cuales van hacia la subsistencia, y no, para el ingreso de divisas. Se aprecia trabajo clandestino, que asegure la supervivencia y se ve escases de ciertos productos. La economía subsiste con sus reservas, que serán pronto agotadas; mientras tanto, la inacción forzada, es utilizada políticamente por el Gobierno, para sus fines electorales: aprovecha  la necesidad y desesperación generada artificialmente para proponer cambios dentro del Estado, como lo hizo Nayib Bukele, el día de ayer, frustrado por la exigencia de transparencia que se hace a su gestión económica, y evita el acceso a toda información, que puede dañarle electoralmente.

Por primera vez, después de la campaña electoral, Nayib Bukele habla de cambio en el orden constitucional: modificarlo por medio de una Constituyente luego de la pandemia, sin percatase de que, tal es el odio que inyectan sus troles a la masa que lo sigue que, si se le suma el hambre que sufre, puede haber un desbordamiento de masas, que provoque la desestabilización que Estados Unidos, pretende evitar. Principio de las confiscaciones, es la iniciativa de nacionalizar las AFP, marcando el inicio del colapso del sistema bancario.

Si cafetales en estricta altura, son arrancados, sembrándose maíz y pacaya, para venta local; abren talleres clandestinamente y los animales de granja no pueden ser alimentados, es que la economía va mal: ya no es posible implementar los planes que hoy se discuten en la Asamblea Legislativa y, que Nayib Bukele veta, para lograr sus fines electorales.

POLÍTICA Y DERECHOS HUMANOS

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Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

Ha perdido la cuarentena, su significado médico-sanitario: es sólo pretexto político para justificar un mayor gasto sin control y, la mayor dominación poblacional que conlleva la violación masiva, de los Derechos Humanos, en El Salvador.

El Ejecutivo, insiste en llamar “Ley de emergencia…” a la discusión actual de la Asamblea Legislativa, que es la reapertura económica; pretende justificar un gasto público sin control, que ha absorbido, toda la liquidez del Estado, poniendo en peligro los salarios de los empleados y, el funcionamiento de la estructura gubernamental. Desde la Asamblea Legislativa, se sabe que la Corte de Cuentas de la República, envió un informe sobre las irregularidades en el gasto público, resaltando lo entregado en efectivo.

También es punto de honor, quince días más de cuarentena “rigurosa”: como si la actual, no hubiese ya, causado estragos irreparables al país. Iniciará esta cuarentena, dice el Ejecutivo, luego que “los diputados se pongan de acuerdo en una ley”, lo cual implica que la apertura económica, no será el 6 de junio, como se había anunciado y es imposible saber cuándo finalizaran las restricciones: el Ejecutivo necesita el mayor tiempo posible para su campaña de asistencia, llevada por medio de Nuevas Ideas.

El objetivo de la cuarentena, es la disolución por extinción las gremiales empresariales y sindicatos: al desaparecer la actividad económica, desaparece el gremio o, se fragmenta. Los intereses del Ejecutivo son la creación de nuevos grupos, que satisfagan y avalen las políticas del Gobierno, mediante incentivos específicos, a los nuevos gremios y para ello, necesitan una reactivación económica controlada y “subsidiada desde el Ejecutivo” (BANDESAL) o la colegiación obligatoria.

Existe en esta lucha política, una violación masiva de los Derechos Humanos que puede calificarse así:

1)      La expatriación de 4,500 personas, y la negativa a su ingreso, es para justificar una campaña de terror al contagio, acciones que se convierten en xenófobas, al señalarlos como contagiados y, por lo tanto, sujetos a un trato desigual y lesivo a sus Derechos Humanos.

2)      La captura de 6,500 personas, por circular y suponer que están infectados, sin darles tratamiento adecuado o, realizar los respectivos análisis. Sus infecciones son debidas al hacinamiento a que han sido sometidos y, ser instrumento o justificante, para mantener el control poblacional.

3)      Inanición generalizada, para justificar la dominación del Gobierno, al suspender fuentes de trabajo y, prohibir el trabajo como fuente de sustento propio: cada casa con un manta blanco es prueba de ello.

4)      El contagio en las cárceles ha sido planificado, dada la condicione de hacinamiento e higiene, provocado por la acción ilegal realizada por el Ejecutivo. Tal hacinamiento es generado como castigo colectivo, sin relación a la conducta personal, sirviendo para escarmiento generalizado, y evitar futuras desobediencias civiles, aplicando “desobediencia” a quienes no obedezcan al Ejecutivo.

5)      Impedir compras de medicinas a enfermos. Todo enfermo tiene derecho a comprar medicinas o alimentos especiales, pero se ven impedidos de hacerlo, teniendo que esperar el día asignado, de lo contrario, no se les vente, negándoles el ingreso a las farmacias.

Las invitaciones a políticos, a “negociar” en Casa Presidencial, tienen un fin eminentemente propagandístico, pues mientras Casa Presidencial, se muestra conciliadora, sus troles escogen pasajes y manipulan las grabaciones, para mostrar lo contrario a las masas. El Ejecutivo, facilita la corrupción, al no respetar la independencia de poderes.

CONSOLIDANDO EL FRENTE INTERNO

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Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

Con sus acciones, Nayib Bukele pretende consolidar su frente interno: no en razón, de acción sanitaria nacional. Pretende destruir a sus contrarios y, construir las bases de un Gobierno sin oposición, mientras que su frente externo se desmorona rápidamente, las acciones que se derivarán de esto, a su criterio, podrán ser enfrentadas fácilmente, si su frente interno es sólido, tal como ha sucedido en Cuba, Venezuela o Nicaragua.

Cada intervención de Nayib Bukele es diatriba que deja confusos a muchos, pues se victimiza, culpa a la Asamblea Legislativa, a la irresponsabilidad del ciudadano, genera temor por la amplitud de la curva de contagio y lo mortal que esta es. Todo ello, en su conjunto, muy bien estructurado, es para despertar la emoción de la masa pero no, para explicar el proceder de la Presidencia, sino para convencer a sus seguidores y consolidarlos en derredor de la necesidad de un cambio, fuera del orden constitucional y tradicional del Estado. Sus funcionarios defienden al Gobierno y sus troles, promueven el cambio.

Al prolongar la cuarentena, los procesos eleccionarios están viéndose afectados, pues los partidos políticos, no logran recuperarse de las derrotas pasadas; sus elecciones internas serán sobre los pequeños feudos, en derredor de los candidatos tradicionales, razón del rechazo al partido político y, del triunfo de Bukele, en las elecciones pasadas. Lo cual dará una propuesta electoral de la oposición que, irá seguramente, solo con los votos de dichos feudos y no, con la inmensa masa del simpatizante ideológico o, del voto indeciso, que siempre termina dando el triunfo electoral.

Cuestionable es la aceptación de Bukele de un 92%, pues las mediciones son por internet y con la existencia, de más de medio millón de cuentas falsas, no puede, este número, ser validado. Cada bandera blanca en una casa significa necesidad de alimentos, que el Gobierno no ha podido satisfacer y, cada bocina sonada, es una familia que rechaza a su Gobierno y las medidas que éste ha tomado, ese descontento, aún no puede ser cuantificado en el terreno y mucho menos, aprovechado por la oposición.

Los $ 300.00 distribuidos y, las ayudas alimentarias que se dan hoy, son para sus allegados: masa que junta, es más que la oposición dispersa o apática, lo que le puede asegurar el triunfo en la Asamblea Legislativa, pero no reflejar, la realidad política del país.

Los salvadoreños dejan de percibir $ 600 millones cada semana de cuarentena, lo cual es imposible que el Gobierno pueda repartir, y destruye la economía, juntamente con la oposición. Ve como un logro, la amenaza del gran empresariado de emigrar y no, como un riesgo nacional.

El Gobierno cuenta con que, para evitar una emigración masiva, tendrán que darle donaciones o facilitarle créditos que, a la larga, serán impagables y, al negársele o imponerle condiciones lesivas a su poder interno, su mirada se volverá hacia quienes desean la posición geopolítica de El Salvador: China y Rusia, que están deseosos de disputar influencia estadounidense en Latinoamérica.

La idea de Bukele, de ver a El Salvador convertido en país musulmán, según el sueño de su padre que, responsabilizaba al oro americano, el haber detenido la expansión islámica en Europa y, que los latinoamericanos, deberíamos ser “los hermanos menores” del islam. Esta visión, implica financiamiento para sus planes, pero también la aceptación moderna de conflictos complejos, como el palestino-israelí, cuando El Salvador, ha sido un lugar de paz y refugio para estas dos corrientes de emigrantes.

Otro riesgo, es que El Salvador, ingrese al nuevo conflicto:  mundo musulmán vs. Occidente, en sus plataformas terroristas: de tales peligros, debe estar consciente la oposición.

ECONOMÍA DE BIENESTAR

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Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

La economía es fruto de la actividad humana, en la búsqueda continua del bienestar material: no es ente separado o, antagónico del ser humano. Por medio del distanciamiento social, desde el punto de vista médico, se procura evitar el contagio, esto no ha sido efectivo, dada la naturaleza social del hombre: la vida actual depende de la interrelación humana. Nuestro Gobierno insiste en el cese de la actividad económica, a costa del bienestar de la nación, provocando a corto plazo al retornar a la normalidad, una emigración superior a la que se ha venido dando, pudiera llegar a desestabilizar el área, al sumarse una emigración masiva, con intereses geopolíticos, contrarios a Estados Unidos.

Rama de la economía, es la economía de bienestar, relacionada con la política, que trata de medir la eficiencia económica y el bienestar social, analizando el bienestar general, en términos de las actividades económicas, de las personas que conforman una sociedad. La actividad individual, a la par de sus actividades económicas, es la unidad de medición: lo que genera el haber bienestar social, o Bien Común, como lo señala la Constitución y, congruente con el Artículo 2 de la misma.

Al cesar toda función económica que, no sea enfocada a la producción dirigida, a criterio del Gobierno y encaminada al combate de la pandemia, la economía adopta una forma de “guerra”, enfocando los recursos del Estado, hacia tal fin, como lo señala von Clausewitz, para la “preservación de la nación” y, lograr luego una recuperación; por compensación de guerra, nuevos territorios, una posición geopolítica más ventajosa o, de dominio comercial, pero nada de eso sucederá en El Salvado: por el contrario, habrá destrucción económica y un retroceso a la época del conflicto armado, aunado a la amenaza y efectos de una recesión mundial.

La caída de los bonos soberanos de El Salvador y, la imposibilidad para estructurar una nueva deuda, es gracias a los conflictos creados por el Gobierno, lo cual pone al país, en un riesgo mayor que el del resto de Centroamérica. La apertura gradual de la economía, dejará, por último, a quienes están en el nivel más bajo del estamento económico y, son quienes han sufrido la falta de actividad económica. Las medidas dadas por el Gobierno, de no pagar ciertos servicios, alquileres y suspensión de plazos procesales, son medidas populistas que realmente no son efectivas, pues a la larga, éstos servicios tendrán que ser cancelados sin que se haya generado, para pagarlos. Una moratoria o condonación por ley, además de ser inconstitucional, generaría mayor caos económico.

La apertura gradual, ofrecida por Nayib Bukele, es violatoria de la Constitución, pues es contraria al Artículo 3, que asegura la igualdad en derechos y, no satisface económicamente a la totalidad del tejido social pues, aunque se ofrezca dinero o canastas de alimentas, hasta ahora, sólo se ha beneficiado al 28% de la población, siendo entregadas, con fines electorales.

Luego de dos meses de cuarentena, ya el 50% de empresas han quebrado y, esperar más tiempo, es evitar la recuperación de las restantes pequeña y mediana empresa que subsisten aún, esto generó ya un ingreso de cerca de 150,000 personas al sector informal, el cual es insostenible si ya supera  el 70% de la actividad económica, pues en su mayoría son servicios, siendo potenciales migrantes nuevos.

Todo indica que al finalizar las restricciones, aumentará el número de personas que buscarán emigrar, con “una esperanza de mejor vida o de bienestar” a otros países. La esperanza siempre es el país de mayor prosperidad:  Estados Unidos.

VIEJOS ANTAGONISTAS

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Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION

Viejos antagonistas son la libertad y la tiranía y enfrentase hoy, en El Salvado: la pseudo legalidad del Gobierno, contra el Derecho humano de libertad y como Nación, de regir su propio destino: para esta lucha, la pandemia es sólo un pretexto. Oportuno recordar hoy, los primeros 5 artículos de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, proclamados y sostenidos desde 1789,  base de todas las Constituciones en Occidente y cuyos principios, hoy aquí, están en lucha y rezan:

“1. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común”.

“2. La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Esos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión”.

“3. La fuente de toda soberanía reside esencialmente en la nación; ningún individuo, ni ninguna corporación pueden ser revestidos de autoridad alguna que no emane directamente de ella”.

“4. La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no cause perjuicio a los demás. El ejercicio de los derechos naturales de cada hombre, no tiene otros límites que los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el disfrute de los mismos derechos. Estos límites solo pueden ser determinados por la ley”.

“5. La ley solo puede prohibir las acciones que son perjudiciales a la sociedad. Lo que no está prohibido por la ley no puede ser impedido. Nadie puede verse obligado a aquello que la ley no ordena”.

Desde que se sometió la prórroga del Estado de Emergencia, a la Asamblea Legislativa y ésta, se negó a conocerla, por no estar acompañada de las debidas rendiciones de gastos, de los incumplimientos de las varias Sentencias de la Sala de lo Constitucional y, las denuncias públicas, de los excesos cometidos por las autoridades, que son violaciones a los Derechos Humanos, más el anuncio de carecer de fondos, para el pago de salarios de este mes,  enviaron un claro mensaje: basta ya de abusos de autoridad y anarquía jurídica. Decretándose desde el Ejecutivo, usurpando las funciones de la Asamblea Legislativa, un nuevo Estado de Emergencia, que contiene restricciones más extensas, de las que permite el artículo 29 de la Constitución.

Tal acto, marcó el punto de, no retorno a la legalidad del presente Gobierno, pues todas las restricciones a la libertad, desde este día son nulas, conforme al Art. 164 de la Constitución.

Ha sido tan grave el rompimiento del Estado de Derecho que, el propio Fiscal General de la República, ha solicitado, a la Sala de lo Constitucional, la declaratoria de inconstitucionalidad de este nuevo decreto de Emergencia, haciendo uso del Artículo 193 inc. 2, que dice: “Promover de oficio o a petición de parte la acción de la justicia en defensa de la legalidad y de los derechos humanos tutelados por la ley”.

Hoy sólo falta ver cuáles serán los mecanismos y la forma de destitución de Nayib Bukele y, el alcance de estas acciones, sobre su gabinete, por ser cómplices de tales actos pues, claro está, que no puede continuar en su cargo, quien haya colaborado para la destrucción de las instituciones que conforman nuestro sistema republicano y democrático.

La sociedad civil, dañada en sus Derechos Humanos, no debe de permitir que se le continúe dañando en sus Derechos y conforme los principios de la Justicia Transicional, deben de deducirse responsabilidades por tales actos, ya sea en el territorio nacional o, en el extranjero, en base a la Justicia Universal.

ARTÍCULO 87 DE LA CONSTITUCIÓN

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Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

El Artículo 87 de la Constitución de la República dice:

“Se reconoce el derecho del pueblo a la insurrección, para el solo objeto de restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecidos, o por graves violaciones a los derechos consagrados en esta Constitución”.

“El ejercicio de este derecho no producirá la abrogación ni la reforma de esta Constitución, y se limitará a separar en cuanto sea necesario a los funcionarios transgresores, reemplazándolos de manera transitoria hasta que sean sustituidos en la forma establecida por esta constitución”.

“Las atribuciones y competencias que corresponden a los órganos fundamentales establecidos por esta Constitución, no podrán ser ejercidos en ningún caso por una misma persona o por una sola institución”.

Los constituyentes de 1983, escribieron el anterior artículo, para salvaguarda y evitar que el Presidente de la República o sus partidarios, controlasen los otros Órganos del Estado, impidiendo su correcta función de contraloría (la aplicación de los pesos y contrapesos de una democracia). Hay otros mecanismos, para evitar el abuso irrestricto de poder: la destitución por violación de los Derechos Humanos y, la interpelación, ésta puede entenderse en sentido estricto y, en su evolución histórica, en sentido amplio.

El Presidente o sus partidarios, no pueden, en ningún caso, invocar este artículo contra los otros órganos del Estado o, para ejercer mayor control sobre la población, pues la razón de este artículo, nace de la relación del ARTICULO 83.- que dice: “El Salvador es un Estado soberano. La soberanía reside en el pueblo, que la ejerce en la forma prescrita y dentro de los límites de esta Constitución”, con los artículos 2,3, y 4 de la misma.

La Asamblea Legislativa es el Órgano que, por representación, ostenta la soberanía: es obligatorio atender el llamado de la Asamblea Legislativa, hecho a un Ministro o funcionario, para rendir explicación sobre el ejercicio de sus funciones; su no acatamiento, genera la cesantía inmediata de su cargo. En muchos casos, los funcionarios de este Gobierno, no han asistido, excusándose unas veces, informando que acudirán, cuando la pandemia termine o, no dando justificación o excusa. Han procedido de igual modo, a los requerimientos del Fiscal General de la República.

Los manejos de Nayib Bukele sobre los fondos, en la Alcaldía de Nuevo Cuscatlán, analizados en un expediente de probidad y, resuelto por Corte Plena, obliga a proceder la investigación, por la Fiscalía General de la República, para determinar su enriquecimiento ilícito, logrado por medio de contratos al margen de la ley: cuando emitían cheques, que luego eran remesados hacia sus empresas, en una forma de lavado de dinero.

Los manejos de fondos, durante la pandemia en El Salvador, son coincidentes con los manejos dudosos realizados en las alcaldías de Nuevo Cuscatlán y San Salvador. Sólo un funcionario de su Gabinete, ha presentado a Probidad su declaración de patrimonio y, la forma de nepotismo, creada en su su Gobierno, ha acabado con las finanzas del Estado. Da la impresión de que se pretende cubrir tales manejos, generando la desestabilización nacional.

Los planes para la quiebra productiva del país, destruyen la institucionalidad y, permiten todo tipo de corrupción. Los préstamos para la reactivación económica, serán utilizados como herramienta política, para su campaña, en una suerte de estructuración bancaria paralela, favorable a sus allegados.

La sociedad salvadoreña se manifiesta y reclama hoy, la existencia de la República, con plena vigencia de sus leyes y Constitución. Se pretende callar sus voces, con la fuerza pública, pero la República vivirá, mientras haya ciudadanos que la reclamen y defiendan.

DESOBEDIENCIA CIVIL

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Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

Lucir en las casas banderas blancas, sonar cacerolas y en conjunto, sonar bocinas a las 8:00 p.m., son actos de desobediencia civil, expresiones de la soberanía popular, que no acata las restricciones impuestas por el Gobierno, que superan el Régimen de Excepción, que hoy es sustentado por la fuerza, en una supuesta legalidad y que anula, toda esperanza de retorno, a la vida en libertad y autosuficiencia.

El Régimen de Excepción, expresado en el Art. 29 de la Constitución, no prohíbe la asistencia familiar, las actividades religiosas, ni la suspensión laboral y económica, todas están claramente protegidas.  Luego de 54 días de confinamiento, los malos efectos se hacen sentir en la población: hambre, incertidumbre y desesperanza.

Las personas que han sido “internadas”, sufren, en muchos casos,  aislamiento de más de 45 días y, al protestar o pretender escapar, se les castiga con nueva cuarentena, de tiempo indeterminado. El confinamiento forzoso e innecesario y, su encierro juntamente con mareros, son violaciones a los Derechos Humanos.  El Régimen de Excepción, debe ser aprobado con un mínimo de 63 votos, pero hoy, para aprobar las restricciones vigentes, se hace sólo con mayoría simple.

Las declaraciones de dos funcionarios de Gobierno, anuncian que se pedirá una prórroga para guardar la cuarentena quince días más, e iniciar negociaciones, para una indefinida. La desobediencia civil, iniciada en San Salvador, cobró fuerza ayer miércoles, se sintió en todo el país. Las restricciones impuestas por Ernesto Muyshondt, ya son insoportables para la capital. El efecto:  quitar miedo a la autoridad, pues, aunque se ordenó en algunos puntos de San Salvador, la militarización y amedrentar con luces de las patrullas, las personas pitaron y salieron a desafiar a soldados y policías, en los andenes de sus casas.

Es casi imposible predecir cuál será la futura conducta de Nayib Bukele: su carácter es impredecible, sobre todo porque todas las instituciones del Ejecutivo, están en manos de sus parientes, amigos y antiguos empleados, en un claro nepotismo.  Se puede inclinar hacia dos caminos: endurece su posición o la hace más tolerable, haciendo responsable de las consecuencias de la pandemia y la crisis económica, a la Oposición. Sus troles han preparado el camino hacia un endurecimiento: publicar fotos con armas, deslegitimar a las instituciones y, anunciar que los cambios que Nayib Bukele está realizando, son una verdadera revolución, sin aclarar, si será, cuando toda la Asamblea le sea favorable o, recurrirá a la violencia.

Los desfalcos que se están dando a los fondos del Estado, cuyos controles han sido anulados intencionalmente, son razón de la renuncia de quienes iban a ejercer una fiscalización ciudadana. Ratificar en la Asamblea Legislativa, los préstamos solicitados, implica del ejecutivo, usar esos fondos, para un mayor control, sobre la vida nacional.

La Constitución, manda al Presidente, cumplir y hacer cumplir la Constitución, para mantener el orden y la paz interior, y a la Fuerza Armada, cumplir con su rol constitucional: preservar la plena vigencia de las instituciones públicas y las leyes de la República, las cuales Nayib Bukele, está incumpliendo.

Si aplicamos los articulo 163 y 164 de la Constitución, la mayoría de los actos ordenados por el Presidente Bukele, son nulos y, la consecuencia, es que no deben obedecerse. La desobediencia civil que vemos hoy, lo prueba.

Se define la desobediencia civil así: el acto de no acatar una norma, cuyo contenido debe obedecerse, pero ser injusto o violatorio de los Derechos Humanos. Su fin es generar un cambio social o político. El cambio que ahora se pretende en El Salvador, es recobrar la plena vigencia de la Constitución, pues si miles de personas no tienen que comer, es por el régimen que se ha implantado y, la afectación a los modos particulares de vida, es ya insoportable y destructivo para la familia.

LA CONSTITUCIÓN NOS RIGE AÚN

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Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION

Han restado vigencia a la Constitución, las medidas tomadas por el Gobierno, dis que por la pandemia. Tal hizo históricamente, en 1979, el Decreto que rezaba: “se suspende la Constitución en cuanto no contradiga la Proclama de la Fuerza Armada”, principio que se rechazó y, dio origen a la presente Constitución. Así, mientras haya ciudadanos que crean en la necesidad de la existencia de un Estado de Derecho, se invocaran, los principios constitucionales, condenando las arbitrariedades del Gobierno presente.

 “ARTICULO 4.- Toda persona es libre en la República.”

“No será esclavo el que entre en su territorio ni ciudadano el que trafique con esclavos. Nadie puede ser sometido a servidumbre ni a ninguna otra condición que menoscabe su dignidad.”

Implica esto, que nadie puede decidir por otro, o sea que nadie puede imponer su voluntad sobre la de otro: ejemplo; decidir, cuándo puede comprar o cuando no se le puede vender y decirle: por allí no circule, cierre su trabajo o, trabaje y señalarle a quien debe trabajarle. Las formas de esclavitud, giran en derredor de la pérdida de la voluntad individual, la que es asumida por otro, con mayor fuerza material, o sea por medio de la coacción, como la que ejercen la PNC, CAM, Cuerpos de Vigilantes o Fuerza Armada, cuando éstas no se apegan a la Constitución.

“ARTÍCULO 5.- Toda persona tiene libertad de entrar, de permanecer en el territorio de la República y salir de éste, salvo las limitaciones que la ley establezca.”

“No se podrá expatriar a ningún salvadoreño, ni prohibírsele la entrada en el territorio de la República, ni negársele pasaporte para su regreso u otros documentos de identificación. Tampoco podrá prohibírsele la salida del territorio sino por resolución o sentencia de autoridad competente dictada con arreglo a las leyes.”

Esto es que, a ningún salvadoreño, varado en el exterior, puede prohibírsele su retorno, ni condicionarse el mismo, como hoy lo hace el Gobierno, razón por la que pueden considerarse como expatriados y sujetos a protección internacional, puesto que nuestro Gobierno, no lo hace. Las limitaciones legales, se refieren a la tenencia de pasaporte e ingreso por puntos establecidos.

“ARTICULO 8.- Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni a privarse de lo que ella no prohíbe.” Y

“ARTÍCULO 11.- Ninguna persona puede ser privada del derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad y posesión, ni de cualquier otro de sus derechos sin ser previamente oída y vencida en juicio con arreglo a las leyes; ni puede ser enjuiciada dos veces por la misma causa.

“Toda persona tiene derecho al habeas corpus cuando cualquier autoridad o individuo restrinja ilegalmente su libertad.”

Tienen hoy, estos dos artículos,  tres implicaciones practicas: 1) la carencia actual de medicinas a personas bajo tratamiento del Estado (hospitales públicos e ISSS) que, por razones de la emergencia nacional, les han negado las respectivas medicinas a pacientes con trasplante renal, oncológicos o de diálisis, están siendo condenados a muerte, en una “limpieza social”, como la ejecutada en la Alemania Nazi, por “no ser útiles a la sociedad”, 2) la suspensión de los contratos de alquileres y plazos entre particulares, es  intromisión del Estado, en los asuntos privados, que ha causado la quiebra del 40% de las empresas y, miles de despidos, fomentando dependencia hacia el asistencialismo gubernamental: implica dominio por hambre y miedo;  formas de esclavitud. 3) Las personas detenidas, amparadas en diferentes Habeas Corpus, aún no han sido liberadas, pues no se cumple el debido proceso y la suspensión de las emisiones del DUI, impiden que los particulares puedan celebrar contratos y actos en los que el Notario, debe dar fe pública.

En general, la población ignora la importancia y alcance de la Constitución: se reparten hoy  1,000,000 de paquetes alimenticios, cuyo valor excede al comercial y que no sigue criterios de subsidiariedad, sino criterios político-electorales y, sin la debida contraloría: lo cual riñe con el espíritu de la Constitución, que en su exposición de motivos dice: “…animados del ferviente deseo de establecer los fundamentos de la convivencia nacional, con base en el respeto a la dignidad de la persona humana, en la construcción de una sociedad más justa, esencia de la democracia y al espíritu de libertad y justicia, valores de nuestra herencia humanista.” Es necesario defender la Constitución.

MANIPULACIÓN SOCIAL

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Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

No permitir a más de 4,000 salvadoreños, el regreso a su patria, es medida de la manipulación social que se realiza, para inducir temor y dependencia hacia el presente Gobierno. Esta manipulación, viola los principios constitucionales, destruye al país como nación y, pone en riesgo a las generaciones futuras, razones son para exponer estos peligros y las intenciones que los generan.

Los varados en el extranjero y las personas capturadas ilegalmente (retenidas durante la cuarentena), son señaladas por el Gobierno como fuente o peligro inminente de contagio, razón del ejercicio de la fuerza, para que el Gobierno legitime todas sus acciones: encubriendo otras, que le benefician de manera personal.

Todo salvadoreño en el extranjero, es ciudadano cuya vida está aquí y que, por uno u otro motivo, se encontraba en el extranjero, cuando inició la pandemia; su voluntad es retornar a su patria, donde tiene una vida productiva y, cada uno de los aquí detenidos, cuyo número se ignora con precisión, son  “información reservada” y sus filiaciones han sido negadas a las autoridades pertinentes (Sala de lo Constitucional, Fiscalía General de la República, Procuraduría General de la República y Procuraduría de los  Derechos Humanos) constituye una violación al debido proceso y a la ciudadanía de estas personas.

La razón de detención de unos y de otros, es para infundir temor en la población, generando el caos necesario para la autocracia. Los salvadoreños varados en el exterior y quienes hoy guardan prisión, han perdido su naturaleza humana, para ser solo, instrumento de propaganda.

Si una persona sale a comprar comida, agua o medicina y es detenida, por no ser su “día hábil” de compra, será evaluado y si ha estado en algún lugar de riesgo, será internado. Por ley todo el país, es un lugar de riesgo y, según los protocolos de salud, esta persona debe de ser internada, por lo que todo el protocolo en sí, se vuelve una justificación para su encarcelamiento, por tiempo indefinido pues, aunque la ley dice 15 días, el tiempo definitivo queda a criterio del Gobierno, según la misma ley, lo que hace una trampa jurídica. Ya hay pasajes que han sido desalojados, pues la ley faculta al Gobierno a entrar a las casas y poder “internar a sus habitantes”, (capturar sin proceso, sin tiempo definido de internamiento y sin régimen de excepción).

Un salvadoreño en el extranjero, cuya patria le impide retornar (expatriación) goza de la protección de las Naciones Unidas, por su calidad de refugiado, según el Derecho Internacional Humanitario, pero ninguno de los salvadoreños, varados en el exterior, quiere ser un expatriado, sino regresar a su patria, lo cual le niega el Gobierno. Existe una obligación de repatriarlos, aunque no lo diga expresamente la ley, pues se deriva del ejercicio de sus derechos de nacionalidad, que le son negados. Corre a costa del Estado primero, su repatriación y luego, un resarcimiento a costa de los bienes de quienes les han negado ejercer este Derecho.

El dominio total sobre la vida cotidiana, lo logra y justifica, el miedo infundido en la población y, para concretarlo, se utiliza a los salvadoreños en el extranjero y a las personas que hoy se encuentran en cuarentena, que muchas de ellas, tienen más de 45 días de internamiento y han sido reprimidas por la Policía Nacional Civil y las maras, con las que han sido revueltas.

Un Gobierno que infunde temor y espera a que haya caos y hambre para poder distribuir paquetes de alimentos, y subir su popularidad en descenso, debe ser depuesto en el ejercicio de su cargo.

SENTIMIENTO SOCIAL

Por      

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

La población en general, ha rechazado los Decretos 22 y 23: que generan asfixia social: amenazan nuestros sistemas de creencias y afectan nuestra conducta y voluntad, por lo cual, ya se ha pedido su derogación; estando ya también por resolverse, un recurso de inconstitucionalidad. El Gobierno de Bukele, ha aprovechado el rechazo al sistema partidario, para su manipulación, interpretando que así, el sistema de representación, delega la soberanía sobre su persona, deslegitimando a la Corte Suprema de Justicia, Asamblea Legislativa y Ministerio Público y, facultándole para decidir por el particular, en esferas que sólo atañen en su fuero interno, al individuo. Así se convierte un Presidente, en dictador.

La misma voluntad necesita, decidir entre pan o tortilla, contraer nupcias o no, celebrar o no un contrato y decidir sobre lo que se pacta, o se elige tal o cual funcionario, según su sesgo ideológico, indicador de cuál será su línea general de conducta, como funcionario. Impactará diferente cada decisión, aunque tiene un mismo origen: la voluntad y libertad de ejercerla. Este concepto es fundamental en la vida humana: justifica la Constitución, como el acomodo pacífico entre las libertades individuales, frente al poder del Estado, ejercido por el Gobierno, garantizando al individuo, en sus esferas inviolables.

Pero al decidir un extraño sobre los contratos particulares: cuando comprar, quienes son los únicos que pueden vender y, quienes pueden trabajar, queda anulado tal principio, ejerciendo la voluntad, sólo quien posea, no el Derecho, sino la fuerza. La elección de Nayib Bukele como Presidente, le dio una representación popular, pero no el dominio sobre los ciudadanos y menos aún, el ejercicio de la voluntad sobre ellos, como sucede en el presente: tal día podrán salir tales y tales números y, bancos, farmacias y supermercados sólo podrán vender a esos números, negando su Derecho al resto de la población.

Suspender la fabricación industrial de pan, pudiendo hacerse sólo artesanalmente, es una contradicción sanitaria, pues de manera industrial se emplea menos mano de obra y al cerrar los molinos de harina y la fabricación de manteca, tendrán que cerrar los artesanales. La voluntad humana está siendo anulada, pero ¿para qué?, para la imposición de la voluntad del Gobierno. Hoy una ministra dice que 745 retenes son muy pocos para controlar a la población y otro ministro dice, que caminen y que rebajen, cae bien a la salud. Entonces la voluntad y los derechos que dependen de ello, ya están anulados.

Para lograr la aprobación de los Decretos 22 y 23, se recurrió al engaño de señalar de colaborador de las pandillas a Norman Quijano y que luego, serían acusados todos los diputados de colaboración con las pandillas En rigor a la verdad, todo político, incluyendo a Nayib Bukele, han tenido trato con las pandillas: de lo contrario, no hubiesen podido realizar sus campañas electorales, debido al control territorial que éstas ejercen.

 

Todo parece indicar que luego de destruidas la libre iniciativa y las instituciones educativas, piensa darse un adoctrinamiento, de acuerdo a los principios musulmanes, los cuales riñen con nuestra fe cristiana y católica. Para evitarlo, sólo podemos volver a la normalidad y dejar pasar la pandemia como otros lo han hecho, en un equilibrio entre las libertades individuales y las medidas higiénicas respectivas.

Bukele está asumiendo poderes que la Constitución no le da. Nadie puede gobernar en el fuero interno de cada persona; para lograrlo, ha usado a la Fuerza Armada como instrumento de dominio y no, como la última garantía de legalidad del país: hoy disparan en un retén, mañana tendrán que disparar generalizadamente, contra la población, que necesita su libertad para sobrevivir.

LEGITIMACIÓN DE LO INCONSTITUCIONAL

Por      

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

Los Decretos legislativos de los días anteriores, encubren una inconstitucionalidad y, facilitan el máximo desfalco a la nación, quebrando la institucionalidad y destruyendo la capacidad de resistencia nacional.

Pretender encubrir un régimen de excepción, por medio de una ley, es fraude de ley, pues si invocando ésta, se coartan la libertad individual, de alimentación y el derecho al trabajo, a nivel nacional, dejando a decisión de una institución de Gobierno, decidir sobre dichos Derechos, sin la intervención del Órgano Judicial y Ministerio Público, implica la aplicación del Art. 29 Cn. (suspensión de garantías individuales o régimen de excepción). Más, si para lograrlo, se ha recurrido a negociaciones fuera del protocolo legislativo (registro de la negociación o de argumentos expuestos), tenemos un rompimiento constitucional.

Teniendo claro ya, el rompimiento constitucional, cabe analizar las posibles razones internas para generarlo y, sus repercusiones internacionales. Internamente, pretende encubrir el desfalco de fondos públicos, pues la emergencia nacional, permite que el gobierno maneje a su antojo, todo gasto, endeudándonos hasta más allá, de nuestras posibilidades. Si quiebra la Economía, desaparece toda capacidad de resistencia social, generándose una sociedad sumisa, dominada por hambre y miedo, a la voluntad de un tirano.

El evitar que el cuerpo social pueda opinar y, evaluar las medidas sobre la pandemia, permite el desfalco a las finanzas del Estado, pues mientras exista la emergencia nacional, los controles que da la LACAP, serán inútiles y, más aún, si las restricciones que se mantienen, imposibilitan la libre contraloría ciudadana. Los robos de Saca y Funes, fueron insignificantes, hoy, tiene nexos con Bukele, toda empresa que aún funciona.

Debemos hoy, $ 24 mil millones de dólares, que eleva nuestro endeudamiento al 90% del PIB, siendo muy riesgoso para los inversores, comprar las nuevas emisiones de Bonos soberanos y, la solicitud de dinero, sigue incrementándose. Muy probablemente, el Gobierno se verá en iliquidez a partir del mes de octubre, obligándose a volverse más activo en el juego de la geopolítica mundial, para conseguir donaciones o satisfacer la creciente necesidad de liquidez. Los salvadoreños ya olvidaron los efectos de no pagar la deuda externa. El General Maximiliano Hernández Martínez pago la deuda, para recobrar la soberanía nacional. Si hay iliquidez, el Gobierno reservará   los dólares para las importaciones y usará el colon como moneda local, lo que generaría una hiperinflación.

El dinero que como ayuda ha ofrecido el Gobierno a la ANEP, no podrá entregarse si no se colocan los Bonos en el exterior y, esta “ayuda”, podrá concretarse hasta el próximo año, pero las empresas lo necesitan hoy, pues el 30% de ellas ha quebrado. Estas acciones tienen el fin de quebrar la capacidad de resistencia política, y fortalecer el autoritarismo de Bukele; a la larga, los impuestos los ahogarán. El IVA como mínimo, tendrá que subir al 18% y las propiedades que dis ociosas, tendrán que ser vendidas o enajenadas en favor del Estado.

Cada centavo que el Gobierno gasta, lo ha producido la economía nacional anteriormente y las medidas populistas implementadas, tienen por fin, destruir la capacidad productiva y cortar su resistencia social, hasta el punto de aceptar cualquier medida, tal como se ha hecho hoy.

Hoy pueden vislumbrarse cambios en la educación, cuando el Gobierno propone una moratoria en el pago de los colegios privados, pues estos, que viven en situación económica crítica, por las exigencias del Ministerio de Educación, tendrían que cerrar. Todo en conjunto, nos obliga a preguntarnos ¿realmente a donde nos lleva el Gobierno?, por hoy, para consolidar su autoritarismo ha comprado a muchos diputados y destruido nuestras instituciones políticas.

DOS FRENTES

Por      

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

Claro es, que el Presidente Bukele, está sosteniendo a la vez, dos frentes: el interno, luchando por el dominio político que sobrepasa las medidas de la pandemia y, el frente externo, contra los señalamientos internacionales, por sus acciones dictatoriales sobre la población. Ambos frentes, están íntimamente relacionados, con un resultado incierto, pues en el frente interno, lucha contra el normal desarrollo social de la nación y su orden constitucional y, en el externo, contra el sistema democrático de Occidente.

Las medidas contra la pandemia son de salud pública, sin alterar derechos y obligaciones de los particulares o, alterar el sistema político. Las proyecciones mundiales sobre muertes, se han reducido, por las medidas de salud pública (distanciamiento social y sanitizacion) hasta el grado de disminuir la proyección de fallecidos: Alemania esperaba, con una población de 83.02 millones de habitantes, cerca de 3 millones de fallecidos, pero han muerto 6,091 personas. Igualmente ha sucedido en Perú: un total de decesos de 1,286, con una población de 31.99 millones. Nosotros hemos tenido 11 muertes, con 6.42 millones de habitantes. Por lo que ninguna de las proyecciones iniciales, se ha cumplido, gracias a las medias sanitarias tomadas en cada país.

La ayuda de $ 300.00, no tuvo objetivo sanitario sino político: de no ser así, se hubiese enfocados en los mayores en riesgo o entre quienes padecen enfermedades terminales. Nuestros registros públicos son muy precisos para determinar la edad y quienes tienen enfermedades de riesgo: diabetes, cáncer, insuficiencia renal etc., sin embargo, la ayuda se dio con fines electorales; así se enfocaron en la gran empresa y, la clase media, para hacer restrictivo el trabajo y, de igual forma se ha entorpecido el trabajo agrícola.

Tales hechos han creado una nueva realidad política pues, el Presidente Bukele se ha enfocado en parar el dinamismo de la sociedad, para “encausarla a sus fines”; por lo que, los partidos políticos actuales, han perdido vigencia como oposición; muchos apoyan a Bukele, en sus objetivos políticos: sea para conseguir un beneficio que les permita seguir usufructuando sus cargos o, para que les financie sus campañas futuras. Otros, se le han distanciado, pues temen que, si le apoyan, perderán el voto de sus seguidores o. porque reconocen que el Orden Constitucional, les garantiza un mayor bienestar sobre el que puede ofrecer el autoritarismo.

Esta nueva realidad política, da relevancia a los gremios y entidades cívicas y, un papel más activo en la política, pues encarnan la verdadera voluntad de la sociedad, aunque como tales, no puedan alcanzar el poder, como lo hace un partido, pero pueden ser una nueva plataforma electoral.

La sociedad está dividida: hay quienes creen aún en Bukele, porque ven en él, un asistencialismo que les beneficia: como contraparte, están quienes necesitan que el sistema les permita trabajar, acorde a sus posibilidades y aspiraciones. A mayor dependencia o aceptación del Orden Constitucional (sistema), mayor rechazo a Bukele y, mayor es su aceptación, a mayor rechazo al sistema.

Las medidas de Bukele, cada vez más restrictivas, le tildan como un tirano o autócrata, distanciándolo cada vez más, de la aceptación internacional, pasando en un año del más “cool” a dictador. Esta situación bloqueará de muchas maneras la economía y ayuda al país, pues toda tiene que pasar por el Gobierno y, hasta ahora, ha impedido que haya una acogida favorable a los Bonos soberanos nuestros.

Por esto, Bukele está sosteniendo dos frentes y, dependerá de la capacidad del sistema para resistir a sus pretensiones, para que la presión internacional, le haga ceder o, aceptar abiertamente, la ayuda de países dictatoriales. Un peligro en ciernes es la emigración masiva.