DISTRACTORES Y CAMBIOS

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

 

Además del reordenamiento territorial, el Gobierno planea, un cambio constitucional, modificando los artículos pétreos: aquellos que establecen la forma del Estado, extensión territorial y sucesión en el Gobierno y, su parte dogmática, que establece los derechos del individuo, inclusive los derechos de propiedad privada, libertad religiosa y garantías procesales. Una modificación constitucional que excedería por mucho, las modificaciones anteriores a los Acuerdos de Paz de 1992 y, los cambios que se introdujeron con la Constitución de 1983, con respecto a las Constituciones posteriores a 1950.

 

Las únicas organizaciones que poseen las estructuras, con capacidad de oponerse, son los dos partidos políticos opositores mayoritarios (ARENA y el FMLN), los cuales pudieron completar sus planillas electorales, en todo el territorio nacional, lo que prueba su presencia nacional. Como sociedad civil, sólo podrían oponerse, aquellas que son agrupaciones políticas, sin personería jurídica, pues todas las que están legalmente establecidas: ASI, Cámara de Comercio, ANEP, FUSADES, sindicatos etc., ya han sido silenciadas por la infiltración  y espionaje, para ejercer presión directa a sus miembros, mediante amenazas a sus empresas o a ellos mismos, en el caso que hayan sido funcionarios públicos, en Gobiernos anteriores.

 

Para desestabilizar a los dos partidos mayoritarios, se ha tratado de poner en duda el liderazgo de sus cúpulas, acusándolos de corruptos y, creando división interna, haciendo ofrecimientos de privilegios, a quienes colaboren en dichas acciones.

 

Los juicios por enriquecimiento ilícito, buscan dañar la imagen de los líderes históricos del FMLN y los procesos por sobresueldo, a exfuncionarios de ARENA, buscan la disgregación de todos ellos, sobre todo si se “recomienda un distanciamiento de todo aquel que sea señalado por el oficialismo, pues es quien tiene el 83% de aprobación, según encuestas”, así ARENA se ha distanciado de Norman Quijano, Alfredo Cristiani y otras personas que fueron relevantes, para el partido.

 

Para sembrar dudas sobre la sociedad civil, sin personería jurídica, Joel Sánchez, ha afirmado que todas estas organizaciones le habían solicitado dinero para hacer su campaña y, que su candidatura, fue el resultado de una negociación económica con ARENA. En tal sentido, al no tener el financiamiento proveniente de la deuda política y, tener que enfrentar el gasto que implica la movilización de la defensa del voto: en una reunión con todos los candidatos, Sánchez, afirmó que tenía la capacidad para gestionar dichos fondos, resultando que el financiamiento del transporte y alimentación, de la elección presidencial, fue pagada con fondos de los candidatos, por lo que hubo una muy deficiente atención a los vigilantes de ARENA.

 

La participación de la sociedad civil, en la campaña, no fue organizada, sino a título personal de cada miembro, apoyando a sus candidatos, en el ejercicio de su derecho constitucional, razón por la que ninguna organización pudo haber solicitado dinero para un apoyo organizado. La mención que hace de Resistencia, es porque dicha organización no puede demandarlo por calumnia, ya que no existe en el plano jurídico y en su seno se agrupan muchas organizaciones de la sociedad civil, que ven con preocupación, los cambios que pretende impulsar el Gobierno y, de esa manera, pretende crear un desprestigio sobre su dirigencia.

 

Tendrá que desarrollarse una oposición coordinada, pues por ahora, el Gobierno ha procurado, mediante ataques individuales, desarticular a quienes son disidentes, pero si no hay unión, a aquellos proveedores del Estado que se les debe $ 1000,000,000.00, lo perderán, a aquellos que están siendo perseguidos, irán a la cárcel y los $ 9,000,000,000.00, no serán pagados a las AFP y los bonos librados a los bancos, a corto plazo,  por la liquidez al disminuir del encaje legal, tampoco serán pagados.

OBJETIVOS Y DISTRACTORES

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

 

Bajo el título “Alrededores de la Casa Quiñones recuperados”, un noticiero oficialista, explica el proceso de “recuperación” de 200 cuadras del Centro Histórico de San Salvador, mediante el desalojo de las ventas informales. Dicho programa explica, lo nocivo que es para la vista, el sector informal, lo que fueran las casas de las familias Quiñones, Samayoa, Sol y otras familias pudientes, de inicio del siglo XX.

 

Dicho programa, permite reflexionar sobre los objetivos del actual Gobierno, sus efectos y los distractores que está empleando, para lograr sus objetivos.

 

El reordenamiento de San Salvador, según rumores de habitantes y desalojados de la zona, es la continuación del proyecto de la nueva Biblioteca Nacional, donada por China continental, para elevar el valor económico de la zona, en beneficio de inversionistas, posiblemente extranjeros. Un cambio en la plusvalía de la zona, implica un cambio en su actividad económica, por ello, el cierre de negocios y el desalojo, de ventas informales.

 

El mismo programa, señala que la invasión de ventas informales, se consolidó hace cinco años. Lo que no se menciona, es que el aumento del sector informal, es resultado de la pérdida de empleos formales y la compraventa de objetos usados o reconstruidos, es porque se carece de la capacidad de adquirir uno nuevo.

 

Si la actividad formal, fuese estimulada, la informalidad disminuiría, por un mayor poder adquisitivo de la población. Entonces, las ventas informales serian mínimas. Un comentario en dicho programa, explica el espíritu de la expulsión del centro capitalino; “San Salvador estaba opacada por esas ventas informales...Y hoy estamos descubriendo las bellezas que se ocultaban dentro de ese mar de ventas”. Esta expresión degrada la necesidad actual, frente a la opulencia pasada. El Gobierno debe “recuperar” las calles de la pobreza presente, siendo causante de la misma, al no permitir la libre iniciativa.

 

Como la actividad informal de 200 calles se ha reubicado, en la periferia de San Salvador, ahora se anuncia la “intervención” y “recuperación” en los municipios de Ayutuxtepeque, Ciudad Delgado y Mexicanos, todos aledaños a San Salvador. Esta forma de “barrer” la pobreza, expresada en el sector informal, es un ocultamiento, que genera desesperación, entre la población vulnerable y que busca subsistir, por sus propios medios.

 

Para lograr tales objetivos, es necesario crear diferentes distractores sociales, uno de ellos, es la persecución, a quienes cobraron sobresueldos en los años 90´s y en la primera década del siglo XXI: proceso iniciado el 2018 y, utilizado mediáticamente, en el momento de realizar acciones impopulares.

 

Inicialmente, fueron señalados 59 personas y sus declaraciones,  intencionalmente pasadas a los medios, según su interés político, luego llegaron a hacer 70 los señalados y ahora, no se sabe cuantos serán los acusados por la Fiscalía, en un proceso político-común, muy suigéneris, pues avanzará, según la conveniencia del Gobierno.

 

Es de notar, que los primeros interrogatorios realizados en la Asamblea Legislativa y transmitidos a la población, fue para poner al acusado en una posición de autoincriminación, según técnicas inaplicables, en un interrogatorio forense, pero sí, por el policial o el militar.

 

Es de esperar más de estos interrogatorios públicos o, de otros señalamientos. de políticos opositores, como se ha hecho con Norman Quijano, Alfredo Cristiani, Rubén Zamora o llamar a comparecencia judicial a Gloria Salguero Gross, quien ya falleció, hace muchos años, siendo su deceso, de conocimiento nacional.

 

El Gobierno pretende una sociedad sin Derechos, con los niveles más bajos de civismo, y para lograrlo, es necesario crear distractores y, degradar con ello la educación, para la incomprensión de las bondades de un sistema democrático, que admita la libre iniciativa y, el desarrollo sostenible.

REQUIEM PARA LA LIBRE INICIATIVA

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

 

Un titular del 1/marzo/2024 dice: “El Salvador es el octavo país con más retroceso en el índice de Libertad en la última década”. En referencia a que las nuevas disposiciones electorales, restaban libertad de decisión política. Pero el Régimen de Excepción, establecido permanentemente, también limita la libertad, en un concepto general y, las políticas económicas, restringen aún más la libertad, hasta afectar el motor económico social: la libertad de empresa o libre iniciativa económica, lo cual es la más sensible en un sistema social.

 

Ante esta realidad, sólo queda cantar un réquiem (canto que acompaña un funeral), por la libertad, en sus tres formas: pensamiento, opinión y acción. Para ello es necesario, iniciar con el pensamiento de Friedrich Hayek: “La planificación gubernamental haría a la sociedad menos visible, más brutal y más despótica. El socialismo en todas sus formas es contrario a la libertad”, frase tomada de la obra “Camino a la servidumbre”. El Gobierno de Bukele, se presenta como liberal, favorecedor de la gran empresa extranjera, pero restrictiva con la nacional, lo que sitúa a su Gobierno, en una forma de socialismo.

 

El Régimen de Excepción, impuesto permanentemente, restringe las libertades de expresión, deambulatoria y de asociación. Invirtiendo la razón de la libre iniciativa, en el ser republicano: del ejercicio de derechos, basados en el libre albedrio, a privilegios, según la liberalidad del Gobierno. Lo que puede en un inicio, dar una sensación de “normalidad”, cuando no lo es, y sus efectos restrictivos, se van haciendo selectivos y progresivos, en la supresión de libertades y con ello, a la persona, la posibilidad de decidir.

 

Un empresario, asegura públicamente que la empresa Google se instalará en El Salvador, por la seguridad jurídica que le brinda y la seguridad física, para su personal, sin embargo, el Gobierno, asegura tal beneficio, sólo a ellos, pero no lo vemos en lo demás, pues si es necesario mantener el Régimen de Excepción, es porque la inseguridad persiste y si esta, sólo es un pretexto para el libre ejercicio de la fuerza, sin responsabilidad aparente, es que vivimos en una dictadura, que da seguridad, sólo a quien le conviene.

 

Sin libertad plena, se lesiona la libertad empresarial, que en consecuencia, da el bienestar social, pues en el Estado moderno, es la Economía, uno de los elementos de cohesión social: el economista Ludwig von Mises escribió: los empresarios son la fuerza motriz de la Economía. Sin derechos de propiedad ni emprendimiento, es imposible asignar los recursos en forma eficiente. En una economía de planificación centralizada, todas las decisiones, son arbitrarias y, no siguen criterios económicos.

 

El concepto de empresario, se aplica a toda persona que emprende una actividad económica por libre voluntad, su emprendimiento, desarrollo o quiebra, será su responsabilidad, pero el Estado tiene que dar las condiciones favorables para su desarrollo, las cuales son sólo dos: paz interior y ordenamiento (estado de Derecho). Para mantener un equilibrio social, debe de existir la subsidiariedad, o sea la asistencia al que lo necesite, pero sin alterar la estructura del mercado, o la opinión política, pues el asistencialismo se volvería populismo.

 

El orden social debe darse por convicción y formación de la conducta del individuo, pero si se pretende imponer por la fuerza del Estado, como sucede hoy en El Salvador, la libre voluntad desaparece, y con ella, el bienestar.

 

La tendencia es “regular”, la industria del café, la caña de azúcar, el ganado, las ventas callejeras etc. En esa línea, tendremos los efectos de la paralización económica, de forma permanente y el Estado, tomará para su subsistencia, lo que son del particular, sus Derechos.

LA FACULTAD NORMATIVA Y EL ÓRDEN PÚBLICO

 

LA FACULTAD NORMATIVA Y EL ÓRDEN PÚBLICO

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

 

La amenaza de “limpiar de vendedores ambulantes las calles de San Salvador”, creando la ficción de que estos no existen, o de otorgar la ciudadanía, a 5,000 extranjeros, cuando El Salvador, no genera condiciones favorables a la inversión extranjera. Nuestra apertura diplomática y comercial, se limita sólo a países africanos y a China continental, por lo que amerita tratar dos conceptos: 1) la facultad normativa y 2) el orden público.

 

La facultad normativa, se deriva de la autoridad que, para dictar normas, confiere la Ley, las cuales, son de obligatorio cumplimiento y, el orden público, implica que el interés de la mayoría debe imponerse, en respeto siempre de las libertades y garantías de la minoría, para lograr, mediante la facultad normativa, un acomodo pacífico de la sociedad.

 

Parecería que las normas que hoy está dando el oficialismo, cumplen la ficción de la aceptación popular, si consideramos que es válida una elección con el 21.85% del voto capacitado y, si la aprobación del mandato, es del 50% del voto válido, o sea una aprobación sólo, de uno a diez, en razón de la población. Esta realidad pone en duda la gobernanza (gobernar en apego a la voluntad ciudadana y necesidad pública).

 

La relación poder-autoridad-gobernado, puede asegurar la estabilidad, si sólo se aplica la Ley ya vigente, pero genera inestabilidad, si se dan nuevas medidas, que afecten al conglomerado social, aunque  recaigan sobre los que posean menos representación y poder político: el sector informal.

 

Dicho sector, va en aumento, debido al bajo crecimiento económico: 2.7%, según el Banco Mundial, aunque el Gobierno, publicó una cifra, de 4.6%. La realidad señala que el 4% de la población está en situación de extrema pobreza (pasando hambre), y el índice de pobreza se mantiene en 27.5%del total de la población (que no puede satisfacer todas sus necesidades), pero es estable hasta ahora, sin embargo, al disminuir el índice de crecimiento, crecerá la pobreza extrema y la pobreza, en su índice general. El factor de estabilidad, lo han dado las remesas, y la tendencia es, a disminuir las exportaciones.

 

La disminución de las exportaciones, se debe a las condiciones internas negativas, que hacen al país, perder competitividad, pues las condiciones externas (demanda y logística), afectan por igual a toda el área.  Crear las condiciones internas favorables depende, no del particular sino sólo del Gobierno, con su facultad normativa. Por eso hay una relación directa entre la falta de competitividad, con un aumento del sector informal y la pobreza

 

Las disposiciones ejecutivas y  legislativas, van en contra de lo que el país necesita, buscando otros intereses y dichas políticas, no guardan relación con las necesidades nacionales.

 

La mediada de pretender barrer la pobreza de las calles, sólo la aumentará y si en este proceso, se benefician extranjeros: principalmente chinos, estaríamos creando argumentos nacionalistas, para que rechacen a estos nuevos extranjeros. Lo mismo, si se otorga ciudadanía, a personas provenientes del mundo árabe o de África, que no tienen nexos culturales con El Salvador y se pretende imponer, por medio de la fuerza (la coercibilidad o por el poder coactivo del Estado) nuevas formas de cultura, provenientes del Islam, da elementos para una lucha religiosa, que nunca ha tenido El Salvador.

 

La tendencia actual, para favorecer a una iglesia, en bien del oficialismo y, las facilidades que se le dan a quienes promueven el islam, cobrando impuesto sólo a las obras sociales cristianas, demuestran la intención de transformación religiosa.

 

El abuso del poder público, en normar fuera del bien común, crea inestabilidad.

¡LA CUCARACHA YA NO PUEDE CAMINAR!...

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION

 

La Cucaracha, ha sido un tema musical, del folklor español, peyorativamente aplicado en México, a los franceses invasores y a los dictadores, en la Revolución mexicana, en su versión moderna, se la dedican al dictador Victoriano Huerta.

 

Victoriano Huerta, presidente de México de 1913 a 1914, luego de su Golpe de Estado, sufrió burlas, por su adicción al alcohol y la mariguana y habiendo asumido el poder, por un Golpe de Estado, su legitimidad, legalidad y gobernanza, se sustentaba en la fuerza, por lo que se refieren a él, como la cucaracha, que habiendo perdido sus patas traseras, aún se mueve y baila.

 

Las tropas revolucionarias de Francisco Villa, entonaban esta canción para cuestionar la legitimidad del Gobierno de Huerta y burlarse, de sus adicciones. La Cucaracha, permite reflexionar sobre las consecuencias y efectos del “funcionario de hecho”, o que ejerce un cargo público, pero con potestad cuestionable, porque se pone en entredicho, la legalidad de su cargo y la validez de sus actos.

 

La candidatura inconstitucional de Nayíb Bukele y Félix Ulloa, no pudo ser legitimada por las credenciales otorgadas por el Tribunal Supremo Electoral, pues no ha habido una aceptación pública general, porque el Régimen de Excepción, la impide, y al no haber aceptación o rechazo popular, sólo la sostiene el ejercicio de la coacción del Estado.

 

Una abstención del 78.15%, solo puede interpretarse como rechazo o inconformidad con el sistema, que ha emitido las credenciales de las autoridades electas, por lo que, ni aún formalmente, puede presumirse su legitimidad, luego de un “fraude institucional”, para obtener dichas credenciales.

 

El “Régimen de Excepción”, garantiza que la inconformidad política no pueda expresarse, pero el incumplimiento del pacto con las pandillas, sí se esta manifestando, en un aumento de los homicidios, extorsiones y demás actos delincuenciales contra la población, que en definitiva, son un reto, a la autoridad electa.

 

El Gobierno, pese a no tener legitimidad, aún se mueve y baila, o sea que funciona, pero la cuestión es ¿cómo y con qué fin?, pues ya se habla de una nueva Constitución que perpetue el triunfo de estos funcionarios y sus nuevos proyectos, que afectarán la propiedad privada y la libre iniciativa. Se rumora que, bajo el pretexto de preservar el interés público, deben desaparecer las garantías individuales, incluyendo la libertad de culto y asociación. Vale notar que, en el último año, no ha habido participación de los funcionarios ´públicos en actos religiosos y que ya hay presiones sobre la Iglesia Católica y las demás instituciones evangélicas, en cuanto a la libertad de estas, en su función social.

 

Todo lo realizado por la presidencia, está bajo el concepto del “funcionario de hecho”, pues trasladar millones de Bitcoin y la compra de los mismos, es un acto de Gobierno y su traspaso a cuentas privadas, sin la debida auditoria y fuera de las normas para el manejo de dineros públicos, puede considerarse como peculado, o cualquier otra tipificación de delito contra la administración pública.

 

La Doctrina administrativa francesa, no considera las actuaciones del funcionario de hecho, pues éste, es un instrumento de la Ley y por la Ley, pero la jurisprudencia nos dice que los actos del funcionario de hecho, pueden considerarse válidos, por la institucionalidad, si considera que dichos actos, están enmarcados por la Ley y, declararlos inexistentes, si han ido contra la Ley y el interés público, por lo que seguramente, en algún momento, todos los actos de la presidencia, serán revisados conforme al Derecho y al debido proceso. Esto será cuando la Cucaracha deje de bailar o, se quiebre su único apoyo, la fuerza.

 

Enrique A. Madero y José María Pino Suarez, exigieron un retorno a la Constitución y derrocaron a Huerta, y se revisaron sus actos de Gobierno, teniendo que morir en el exilio.

TAMBORES DE GUERRA

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION

 

La guerra en Ucrania, amenaza extenderse a Europa y a los conflictos latentes desde finales de la Segunda Guerra Mundial. El Salvador, se vio envuelto en la Guerra Fría, por la influencia externa, que atizó los conflictos internos, hasta crear inestabilidad, desde mediados de los años 60, hasta 1992. Ahora vemos un proceso inverso: los conflictos internos, generados por el quiebre del Estado de Derecho, que amenazan consolidarse en una nueva Constitución inconsulta. Están atrayéndose las fuerzas mundiales en contienda,  para consolidar posiciones de poder, en El Salvador.

 

Para algunos analistas, el actual conflicto en Ucrania, nace por el rompimiento de los Acuerdos de Minsk, con respecto a la posición geopolítica de Rusia, pues luego de la fracturación de la Unión Soviética, ésta pierde su influencia sobre los países europeos, que la sufrían, desde finales de la Segunda Guerra Mundial, hasta la caída del Muro de Berlín.

 

La actual integración europea, se da luego de la necesidad de entendimiento a partir de los intereses metalúrgicos, de la cuenca del Ruhr, con sus vecinos, evolucionando a intereses generales de Europa. Al perder su influencia la Unión Soviética, Polonia, los países Bálticos y el resto de países de la Europa del Este, vieron paulativamente, que sus intereses económicos, estaban con Occidente y no, con Rusia.

 

Así, todos estos países, al cumplir con las normas comunitarias, fueron ingresando a la Unión Europea y como consecuencia de dicha relación, fueron adhiriéndose a la Organización del Atlántico Norte (OTAN), pues la integración militar, es el resultado último de los intereses económicos, geopolíticos.

 

Desaparecida la Unión Soviética, Rusia conserva su “heartland” o “núcleo vital”, que es el espacio esencial de su existencia, pero pierde su “hinterland” o “área de influencia” que va a ser determinado por su área de expansión o crecimiento, desarrollando la teoría del “neoeuroasianismo”, como su doctrina geopolítica.

 

La justificación practica de Rusia para su expansión, es en base a la necesidad de protección para los rusos parlantes o de cultura rusa (doctrina Karaganov). En un proceso muy similar al planteado por Alemania en la Segunda Guerra mundial. Hoy Rusia, reclama a Ucrania, como su territorio y desconoce la independencia de los países bálticos y cuestiona el actual estatus de Alaska.

 

China se considera humillada desde las guerras anglo chinas (1839-1860), y hoy se reivindica,  en su período de expansión, por lo que está construyendo rutas de comercio mundial, bajo su control geopolítico. Para ello, es indispensable controlar el paso por América.

 

En la revista Forbes México, del 9/1/2023, se puede leer un artículo titulado “Así es la carrera de China y EU por el control del Istmo de Tehuantepec”, también hay proyectos de canales secos en Honduras y Costa Rica y, en Suramérica:  en Paraguay y otro, que conecte Brasil con Chile.

 

El rompimiento del Estado de Derecho, ha hecho que se nos cierren los financiamientos externos, por la anarquía y riesgo económico del país, pero se ofrecen fondos de países autocráticos, que tienen interés, en expandir sus intereses en Centroamérica, en su lucha geopolítica contra los Estados Unidos y Europa.

 

Hemos celebrado acuerdos con China, ocultando sus términos, promovemos la energía nuclear, según la visión geopolítica rusa. Entregamos el control de nuestros puertos a una empresa turca, con conexiones con el Medio Oriente, para que maneje el flujo de mercancías entre el Pacífico salvadoreño y el Atlántico guatemalteco.

 

Estas acciones nos alejan de los países democráticos y nos acercan a los países autoritarios. La bonanza económica proviene de los países democráticos: Estados Unidos y Europa. Si nos alejamos de ellos, es por los intereses personales de los titulares de Gobierno, no dela nación salvadoreña.

 

 

 

 

 

RECONTRUCCION BAJO FUEGO

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

 

Pasadas las elecciones, es de esperarse, en la oposición, un período de reflexión y, el establecimiento, de nuevas directrices estratégicas y operativas, para dar continuidad a la vida política, pero, el fraude electoral del oficialismo, moldeará dichas acciones y, la presión realizada desde el Gobierno, para la eliminación de cualquier disidencia, volverá más difícil, la reconstrucción política de la oposición.

 

Las acciones que utiliza el oficialismo, son derivadas de la “anti-política tecnocrática”, o sea, que reniega de la política democrática (como esta establecido en nuestra Constitución), al catalogarla como corrupta y populista, reclamando el poder para un grupo de “expertos” o “ los mejores”, que decidirán por sobre la voluntad soberana, pues ellos representaran la verdadera ciudadanía y poder popular.

 

Esta forma de gobernar, ve la participación política basada en principios ideológicos, como la causa de los males sociales, pues las soluciones, deben ser sustentadas, solo en el criterio de los “expertos” (el grupo élite gobernante, que ejerce el poder, por sobre la Ley formalmente escrita, por eso Bukele pedía control absoluto de la asamblea y en los Municipios).

 

La “anti-política tecnocrática”, utiliza todas las formas tecnológicas nuevas del marketing, creando una alienación de “túnel de conejo”, que permita no apreciar otras soluciones política posibles, a los problemas sociales, pues el sistema de anti-política, se basa en el argumento de que la ideología, no es necesaria para la solución del problema, sino el “criterio del experto” y de allí, que se planteen soluciones basadas en la tecnología, pero que no son aplicables a la mayoría de los ciudadanos. Ejemplo: bitcoin y surf city (únicos proyectos ejecutados físicamente, pero que crean una expectativa irreal: “invierte en activos digitales y serás millonario en pocos días” o “el turismo traerá desarrollo”.

 

El oficialismo está tratando de infiltrar a los partidos opositores, para que no sean una oposición real, solo nominal, para que la población no conozca alternativas diferentes a las del oficialismo y forzar a una gobernanza basada en la supresión de derechos. Por ello, Joel Sánchez, realizó un llamado al cambio en ARENA, en apoyo del oficialismo.

 

El llamado de Sánchez, fue público, distribuido en las redes sociales manejadas por el oficialismo. Esta estrategia, se está repitiendo en los partidos Vamos y Nuestro Tiempo.

 

El primer grupo en reaccionar contra la anti-política, ha sido el Partido Comunista, pues reclama una identidad propia, para distanciarse ideológicamente de Bukele, como político originario del FMLN, pues para la militancia de dicho partido (amalgama de izquierda), Bukele representa al neo-revolucionario, que conserva los valores del grupo guerrillero, no alcanzados por su cúpula corrupta, debido al  desvío hacia el conformismo y la aceptación de los beneficios del capitalismo, mediante la administración de Alba Petróleos y otros proyectos económicos.

 

La estructuración de un “Gobierno en las sombras”, como estrategia de designar personas entendidas, que señalen los errores del oficialismo, y propongan soluciones reales y factibles, basadas en principios ideológicos claros, es lo único que puede revertir la apatía política, generada por el “anti sistema” y el fraude sistémico electoral.

 

El Partido Comunista, dará soluciones basadas en los principios de izquierda, o sea estatismo y control político, pero aún no se ve cual es la respuesta que dará la derecha, como oposición. Pues lo primero que hay que establecer, es quienes quieren el retorno a la institucionalidad, basada en la Constitución de 1983 y a sus reformas pactadas en 1992.

 

La claridad ideológica, es mucho más atractiva que un mero cambio de imagen, pues las soluciones a los problemas sociales, surgen de los principios a aplicar en la práctica, para alcanzar el ideal del Bien Común y no, de una imagen, que  sea parte del populismo, lo cual favorecería la política “anti sistema”, del Bukelismo.

EL SALVADOR: SIN ESTABILIDAD POLÍTICA

 

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

 

La gobernanza, es proceso de Gobierno, ejercido mediante sus instituciones, que deciden y regulan, los asuntos que atañen a la sociedad, buscando soluciones, conformes al consenso nacional, o sea, el Bien Común. La gobernanza finaliza con un proceso normativo y de legitimación, que da origen a una revisión y evaluación posterior del proceso de gobernar. Sin gobernanza, no hay garantía de estabilidad política o desarrollo social, como consecuencia del desarrollo económico.

 

Según el Gobierno, la participación electoral, fue del 30%, pero en realidad fue del 21.85%, de cualquier modo, es insuficiente para asegurar que la participación ciudadana garantice la estabilidad que necesita el país, la cual es base para las inversiones y confiabilidad sobre la previsibilidad del Gobierno, en cuanto a sus políticas públicas.

 

En la elección del 3 de febrero, se dijo que la diáspora salvadoreña, había apoyado en un 97% la reelección de Bukele y, que la votación había sido del 51%, cuando en realidad, si descontamos la votación de la diáspora, la cual fue manifiestamente manipulada y si se miden las discrepancias entre los votos contados por los vigilantes de los partidos políticos, con las actas presentadas por Nuevas Ideas y, validadas por el TSE, resulta que la votación no pudo ser mayor del 30%.

 

Así se explicaría que el fraude estructural tuvo dos objetivos: ganar las elecciones y legitimarlas, para crear una imagen de gobernanza, o sea que las instituciones públicas funcionan conforme a Derecho y son legítimas, porque las políticas públicas, deben ser acatadas voluntaria y obligatoriamente por la población. Esto es esencial para garantizar a los inversionistas extranjeros, sus intereses, pues ninguna inversión se realiza en un país en conflicto o, con un gobierno ilegitimo, sujeto a algún cuestionamiento.

 

El régimen de excepción, se ha vuelto permanente, o sea que los salvadoreños careen de derechos frente al Estado, por lo tanto, sus necesidades, no pueden ser resueltas mediante las acciones institucionales, sino por voluntad exclusiva del gobernante, conforme a sus intereses. Esto genera una insatisfacción social creciente, la cual degenerara en algún momento, en inestabilidad y anarquía.

 

Para agravar la situación, el desaparecimiento de los 262 municipios y la creación de la Dirección de Obras Municipales, ha destruido el municipalismo, quedando la solución de los conflictos locales, a discreción del Gobierno central. El municipalismo era un amortiguador social, que permitía descargar responsabilidades e insatisfacciones en los alcaldes y sus consejos, por lo que sus cambios, servían de alivio social y obligaban a solventar los problemas más visibles del municipio.

 

Al disminuir la participación de los políticos locales, ha disminuido también la participación ciudadana, además del convencimiento de que su participación, no servirá para un cambio en las políticas públicas. Es el inicio de la inestabilidad, por insatisfacción social.

 

Esto obliga al oficialismo, a controlar cualquier atisbo de oposición: ya controla a las gremiales empresariales y sindicatos. Ahora controla a los partidos de falsa oposición, a su antiguo aliado GANA, le ha disminuido poder electoral y por ello, pretende controlar a ARENA, sugiriendo que su dirigencia debe cambiarse, para permitir al partido, girar en apoyo del oficialismo, para construir una oposición “propositiva”, como lo ha dicho Joel Sánchez.

 

Un giro en este sentido, podría ser claramente conveniente al oficialismo, pero legitimaria el régimen de excepción permanente, y legitimaria los asesinatos y la represión desde el Gobernó, legitimaria las expropiaciones, que ya están planificadas y legitimaria el giro geopolítico, hacia la autocracia y los intereses islámicos.

 

La gobernanza asegura la solución de todos los conflictos sociales, con sus necesidades, en respeto a los Derechos Humanos y la propiedad privada.

LA JUSTICIA TRANSICIONAL Y NUESTRA REALIDAD

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

 

El abstencionismo electoral es síntoma manifiesto, de la crisis política, creada por el oficialismo: permite considerar, la aplicación de los principios de la Justicia Transicional, como medio de retorno al Estado de Derecho, ejercido por la sociedad civil.

 

La actual aplicación de la Justicia Transicional en El Salvador, en los casos Jesuitas, Mozote, Calabozo, periodistas holandeses, es una deformación de estos principios, pues significa una retroactividad a los tratados que hemos firmado y, a la naturaleza de nuestro conflicto, originado en la Guerra Fría, como una “guerra proxi” (guerra librada por otros, diferentes a los antagonistas principales): significó una acción de legítima defensa de nuestro Estado. La Justicia Transicional, no puede romper el principio del debido proceso, pues la justicia, se fundamenta en el proceso, el cual debe de ser justo, o sea, imparcial y permitiendo sin pasión política, la presentación y análisis de prueba, con rigurosidad científica.

 

La amnistía, significó el perdón y prescripción, en base al principio del interés público, sobre el individual. Su derogatoria, trajo el conflicto al presente, en benéfico del interés particular.

 

El abstencionismo electoral, inició con el régimen de excepción, que impide el ejercicio de los Derechos Políticos y el oficialismo, al realizar un fraude estructural, se convierte en un opresor del ciudadano, que no se expresa, por temor a la represión, y esto se prueba, al analizar que sólo 1 de cada 10 personas acudieron a las urnas, a participar en el sistema electoral. Los otros 9 no dieron su voto, por considerar que el proceso era corrupto y no valia la pena participar, pues ya las decisiones soberanas, habían sido tomadas.

 

En marzo de 2010, el Secretario General de las Naciones Unidas, publicó su "Nota orientativa sobre el enfoque de las Naciones Unidas a la justicia de transición". Se hace un llamamiento a los Estados, para que "se esfuercen por garantizar que los procesos y mecanismos de la justicia transicional, tomen en consideración, las causas profundas de un conflicto o un gobierno represivo y combatan las violaciones que se cometan de todos los derechos, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales".  Se subraya, que ese enfoque es necesario para que haya paz, en base al Estado de Derecho.

 

Para obtener la paz, el actual gobierno, reprime todos los derechos y, basa su gobernanza en la coerción y la fuerza, lo cual, no permite el desarrollo económico, ni trata los distintos males sociales, desde su raíz, para solucionarlos, desde la aplicación del principio del Bien Común, decidido libre y soberanamente.

 

El objetivo de la Justicia Transicional, es evitar que las consecuencias del autoritarismo, lleven al alineamiento con un bloque geopolítico, que ve en la fuerza, la solución a sus necesidades.

 

El oficialismo ha consumido a todos sus enemigos y luego, a sus aliados políticos más cercanos. Ya consumió a su partido de origen, el FMLN, luego a su aliado GANA. En este proceso, va también cambiando de aliados internacionales, alejándose del bloque de países democráticos y acercándose, a los autoritarios, ofreciendo el único patrimonio del país: su posición geográfica.

 

La Justicia Transicional, pretende evitar las consecuencias que llevarán el camino que sigue el oficialismo: exclusión y represión social, en beneficio del Estado y de los allegados al Gobierno.

 

Por ahora, la Justicia Transicional, sólo sirve como venganza, dentro de una concepción ideológica, contra los militares que sirvieron según el mandato constitucional de la época, en acciones de una “Guerra proxi” y hoy, es una amenaza a la oficialidad en servicio, para que sirva incondicionalmente al Gobierno, aunque esto implique, el rompimiento constitucional y la alteración del Bien Común.

LO QUE SE VE

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

 

El Tribunal Supremo Electoral ha dado por concluidas las dos elecciones del 4 de febrero. Dos Diputadas reelectas, solicitan la nulidad de las elecciones y que estas se repitan. Las dirigencias de tres partidos políticos se pronuncian por la nulidad y nueva elección, `por las irregularidades en el proceso eleccionario y, el conteo de votos en el escrutinio final. Sin que se vislumbre que el TSE, investigue o desee corregir sus deficiencias y favoritismo al oficialismo. A trece días de las próximas elecciones, se presentan dos hipótesis sobre la reacción popular, las que a continuación veremos.

 

La primera hipótesis, es que el fraude masivo, ha servido de catalizador en la oposición, agrupándose, para una mejor defensa del voto, dentro de los espacios que pueda dar el oficialismo. En la convicción, que es el control territorial, derivado de las municipalidades, que pueda frenar los cambios que se originarán en el oficialismo. Los pocos Diputados de oposición, no serán freno al oficialismo, en su afán de transformación, hacia una dictadura socialista y pro China.

 

La segunda hipótesis, es que los despliegues militares y policiales en el campo, disuadirán a la población a salir a votar, e impedirán que los partidos políticos de oposición, estructuren su defensa del voto. El pago tardío (iniciado hasta hoy) de JRV y lo pesado del trabajo en mesa (de más de 30 horas continuas) hará que muchas personas ya no asistan, conformándose las mesas, con personas menos calificadas. En consecuencia, habrá un mayor abstencionismo y una mayor deficiencia, que la observada en la elección del 4 de febrero.

 

Ya se rumora entre los diputados electos de Nuevas Ideas, que no asumirán como Diputados legislativos, sino como Diputados constituyentes, en donde se aprobara una nueva Constitución, sin procedimiento originados en la Constitución vigente. Generando una nueva Constitución, ya estructurada por Nuevas Ideas, según el proyecto de Félix Ulloa y a solicitud de Nayíb Bukele.

 

Se rumora, que el período Presidencial se alarga a seis años y el legislativo, a nueve años, equiparándolo con el período de los Magistrados de la Corte Suprema. Al respecto, aún no se menciona los períodos de los alcaldes y sus consejos municipales.

 

Sin importar cual hipótesis se cumpla, el oficialismo, carecerá de la legitimidad, propia de un Gobierno nacido del Estado de Derecho, bajando aún más la calificación del país. Períodos más largos, implica mayor presión social no liberada y, si se suman factores de insostenibilidad económica, sin un desahogo político que permita el debate interno, sólo quedará la emigración, lo cual, no es conveniente para el área. Este fenómeno ya lo hemos visto en Venezuela, durante sus crisis económicas más agudas.

 

El autoritarismo, al necesitar más liquidez para su sostenimiento, buscara las fuentes económicas no sujetas a  políticas democráticas: las que podrían provenir de cualquier país, amigo de China y contrario a la visión geopolítica de Estados Unidos y la UE.

 

Los grandes proyectos del Gobierno: Biblioteca, Estadio, ampliación de calles, son estructuras facilitadas por China y se espera que el aeropuerto y el tren del pacífico, sea financiado por dicha nación.

 

Todo parece indicar que las acciones políticas del oficialismo para consolidar su poder, van aparejadas con acercamiento al autoritarismo mundial, en busca reconocimiento. Dicho autoritarismo no permitirá el desarrollo sostenible basado en la libertad económica, pues se busca una economía dirigida. La regulación de la industria del Café, pronto se aplicará al azúcar y otras actividades.

 

Estamos dando un giro al socialismo autocrático, pro China.

TRIUNFÓ CON EL CAÑON DE UN ARMA

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION http://publicacionaccion.blogspot.com

 

La Voz de los Estados Unidos, VOA, pone en duda el aplastante triunfo de Bukele y la BBC de Londres, lo reconoce, pero puntualizando que los derechos y garantías constitucionales, han desaparecido. Su triunfo, puede ser explicado, con la frase “que el poder político nace del cañón de un arma”, dicha por Mao Tse Tung en 1938, ante el Comité Central del PCCh.: situación que vale la pena explicar.

 

La BBC, señala la falta de Derechos en El Salvador y las violaciones a los Derechos Humanos: una oposición débil y fragmentada, explica el triunfo de Bukele. El reportaje, no aclara que, para la existencia de una oposición fuerte, es necesario la libertad de expresión, transparencia en el funcionamiento del Estado y, la libertad de asociación, generandose un debate sobre el funcionamiento del Estado y sus políticas públicas: cuatro condiciones que son antagónicas, con el Régimen de Excepción a lo que se debe, la debilidad de la oposición.

 

El régimen de fuerza, intimida, pero facilita las acciones gubernamentales que, de lo contrario, necesitarían un consenso social, pero ahora, ejecutándose verticalmente y sin contraloría o equilibrio de poderes, propio del Estado de Derecho, constituye un orden, que no se desobedece ni cuestiona, pues se expone a prisión, por un tiempo indeterminado, que puede llevar en su primera etapa: dos años. Razón por la que existe un temor a expresarse, sólo manifestándose en la apatía al sistema electoral.

 

Los beneficios a ciertos pandilleros y la necesidad de ocultar los acuerdos con las estructuras delincuenciales, que disminuyen sus acciones fuera de su esfera ilícita, ha dado una sensación de seguridad, lo cual es ilusoria, pues es imposible mantener indefinidamente una convivencia con el crimen organizado, sin que este, no tienda a expandirse o favorecer la corrupción, dentro del Gobierno y contra sus rivales, lo cual, es antagónico con una economía saludable o sustentable y de seguridad jurídica.

 

En tales condiciones, es fácil imponerse, si se controlan los medios de comunicación y las estructuras electorales, sin embargo, para evitar que se exponga el inevitable desgaste político, que es regla universal, hubo que manipularse el sistema electoral.

 

Manipulación que es más evidente, en la medida que pasan los días, pues para cubrir un error, se comete otro mayor, hasta llegar a la militarización del centro del escrutinio final. Esto ha tenido que hacerse, pues aparecen papeletas marcadas sin doblar, actas sin firma y ausencia de registros, negándose el TSE a abrir la urna cuestionada. Por lo que, al ser documentado por los presentes, para evitar una difusión masiva, se procede a la militarización.

 

Previo a estos últimos hechos, ya los Magistrados suplentes del TSE, mediante comunicado público, se desligaron de la actuación del TSE. Y ante la militarización, un Magistrado propietario, aclaró que el TSE, como organismo colegiado, no había pedido la intervención policial.

 

Actas fraudulentas y relleno de urnas, pierde importancia ante la militarización, que respalda a quienes apoyan el fraude. Las acciones del oficialismo, no se apoyan ya en la institucionalidad alineada con el autoritarismo, sino que se tiene que recurrir a la fuerza directa, ejecutada por la PNC y respaldada por la Fuerza Armada. Esta última acción, deja en claro que la fuerza de quien posee las armas, es quien tiene el poder político y no, quien se funda en el Derecho.

 

Este proceso, solo ha sido posible, porque la autoridad pública se apartó de los principios constitucionales y, la obediencia de la Fuerza Armada al poder civil, que la separó de su misión constitucional, para servir a una dictadura, justificándose así, las palabras de Mao.

FRAUDE ESTRUCTURAL

 

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Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

 

En las primeras elecciones de 2024, se ha cometido un fraude estructural, que es derivación de la corrupción estructural: explicaremos este fenómeno y, cómo sería posible romper sus efectos, sin afectar las elecciones venideras, pues de no corregirse los errores actuales, éstos se profundizaran en la segunda, perdiendo el próximo Gobierno, la legitimidad.

 

Las elecciones realizadas el 4 de febrero de 2024, tuvieron tales deficiencias, que ha sido imposible, poder determinar, con certeza jurídica, el resultado exacto de la voluntad soberana, según el Art. 83 Cn. Pues la pérdida de actas y la ruptura de la cadena de custodia de las urnas, lo hacen imposible.

 

Esta anomalía, ha sido substituida por ficciones jurídicas, basadas en un elemento, que sí pueda verificarse o contra otro,  que si es verificable: ejemplo, dar por válido un resultado con una sola copia de acta o, no abrir la urna, cuando no hay acta alguna o esta, adolece de falta de firmas.

 

Si vemos cada una de las anomalías, podría darse las nulidades de una urna específica, pero no, de la totalidad de las elecciones, según la normativa vigente en El Salvador, pues no es concebible, por la Ley, un fraude masivo, lo cual implicaría la participación de toda la institucionalidad relacionada con las elecciones. Esta situación, crea el primer elemento del fraude estructural.

 

El segundo elemento es la impunidad: si no funcionan los sistemas de contraloría y equilibrio de poderes, impiden que se pueda castigar y corregir los errores del proceso electoral, generándose impunidad, lo cual demuestra que no se vive en un sistema democrático o republicano. Este es el segundo elemento del fraude estructural.

 

El tercer elemento, es la captación ilegal e inmoral de fondos, pues el sistema impide que la deuda política sea entregada a los partidos políticos, para poder inmovilizar el sistema electoral. Su retención, solo es un medio de control y sometimiento para los partidos políticos, con el fin de manipular el sistema electoral, en favor del oficialismo.

 

En conclusión: no es posible saber con certeza absoluta, el resultado de las elecciones presidenciales y si el escrutinio de la votación para diputados, dará el resultado que verdaderamente votó el ciudadano. El retiro del escrutinio de partidos opositores, por la imposibilidad de realizar la debida verificación del proceso y la carta pública, de descarga de responsabilidad de los Magistrados suplentes del TSE, dejan en claro los puntos arriba expuestos.

 

En consecuencia, es necesario que una entidad investigue lo sucedido y que tome las medidas que la ley determine. Esta función, recae en la Fiscalía General de la República, pero al haber sido esta, parte esencial dentro de este proceso, su participación, omitiendo sus responsabilidades. la inhibe, por ello, sólo la actual Asamblea Legislativa, puede constituir dicha comisión, y las entidades internacionales ya invitadas para la verificación del proceso electoral, deben ser parte de este proceso.

 

 

 

Esta situación, hace trascender las elecciones del 4 de febrero, de un plano estrictamente jurídico a otro, de naturaleza política, pues ha sido alterado el orden jurídico en sus principios básicos: dar certeza de un orden, para la generación de la confianza pública, la cual al final, dará la legitimidad del Gobierno, en su actuar pasado y el futuro.

 

Hoy la certeza, es que se desconocen los verdaderos resultados electorales y se han resumido las votaciones a la proclamación de un Presidente. A esto hay que considerar que el TSE, ha declarado que hubo un 47.3% de abstención, lo cual no es posible saber, sin un escrutinio exhaustivo y verificable. Si restamos el voto en el extranjero, la votación nacional sería inferior al 50%.

CAOS ELECTORAL GENERALIZADO

 

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Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

 

Un proceso electoral que, para favorecer al oficialismo, inició con un caos controlado, ha degenerado en un caos incontrolado y, en la medida que el Tribunal Supremo Electoral, pretende controlar, se convierte en un caos mayor, hasta el punto en que puede considerarse la nulidad de las elecciones del 4 de febrero y, vislumbrar la imposibilidad de realizar las del 3 de marzo, por la destrucción  de la estructura electoral, por el caos actual.

 

Los cambios en el personal técnico, ordenado por el TSE, el día previo a las elecciones y la exclusión del personal opositor, de sus posiciones en mesa y como vigilante, causó que personas sin preparación, motivación ni experiencia, sirvieran en el proceso electoral, razón por la cual, el conteo en mesa, se realizó con dificultad. El cansancio y el agotamiento hizo que muchos abandonaran las mesas, aún sin terminar las actas o, transmitir por errores en el sistema. Si agregamos que muchas urnas con papeletas, fueron encontradas en poder de afiliados a Nuevas Ideas, sin el resguardo del TSE, nulifican las elecciones del 4 de febrero.

 

Las actas de las JRV, no están en manos de los partidos políticos, por la exclusión de su personal, en beneficio del oficialismo y si el TSE, exige que el partido político las presente para acreditar el pago a sus vigilantes, será imposible cumplir con dicha obligación que destruye la estructura de la defensa del voto, de los partidos opositores y es una burla del TSE, para con la estructura partidaria. La orden de realizar las actas a mano, se dio luego de la orden de no poder imprimir las actas y solo serian válidas si estas estaban impresas en el papel especial del TSE, que no estaba en poder de las JRV, por lo que muchas JRV, entendieron que bastaba la transmisión de datos. Las actas partidarias dan la seguridad del contenido de las urnas y si estas ya no están en poder del TSE, es imposible saber la veracidad de la elección.

 

Las cupulas partidarias opositoras, deben dar su opinión, en forma categórica: avalan este proceso electoral o, sostienen que las irregularidades han sobrepasado el promedio lógico, para poder determinar la imposibilidad de conocer la voluntad soberana del electorado y pedir, la nulidad de las elecciones del 4 de febrero.

 

Las elecciones del 4 de febrero dejaron en claro, la inutilidad, por dolo o negligencia del TSE de garantizar las elecciones libres y con ello, arrastró la capacidad partidaria de participar en dicho proceso, pues los vicios actuales del TSE, arrastrarán la organización de las elecciones del 3 de marzo.

 

Si a 48 horas de iniciado el proceso electoral, el TSE no sabe cómo ni donde realizará el escrutinio de las JRV, pues no tiene la totalidad de las urnas, que no están todas en su poder, ¿cómo podrá garantizar un proceso electoral? y es posible que se monten dos procesos electorales, sin un escrutinio del primero.

 

La única solución posible, es que las elecciones del 4 de marzo, sean repetidas, condicionando la participación partidaria, a la entrega de la deuda política, ya generada, sin condiciones y, la suspensión de las elecciones del 3 de marzo, hasta que sean realizadas las elecciones de presidente y diputados de forma legal y creíble, asegurando la libertad de expresión, mediante la suspensión del régimen de excepción durante dicho periodo electoral. De lo contrario, tendremos un mayor caos electoral, del que ya tenemos ahora.

 

Las elecciones son un proceso ciudadano, que se realiza mediante la participación del partido y en la que el Gobierno, sólo pone su estructura y facilita la participación ciudadana, no es un ente que pueda interferir en e proceso eleccionario, pues es el ejercicio del Art, 83 de la Constitución.