Publicación Acción

Es necesario expresar libremente el pensamiento político para el fortalecimiento de nuestro sistema democratico, republicano y representativo.



domingo, 31 de enero de 2016

EL EFECTO FLORES


Por    
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 31 de enero  de 2016.

Más fuerte es hoy,  que durante su mandato, el efecto  político creado por Francisco Flores. Su proceso, por el dinero proveniente de Taiwán, creo un efecto de propaganda que influyo mucho, en dos campañas electorales. Si se analiza la época en que el dinero donado por Taiwán vino al país y el destino final de éste, fácilmente se deduce que Francisco Flores fue sólo una víctima de las circunstancias y no, actor principal.

En el área centroamericana,  no sólo se disputó el control geopolítico entre Estados Unidos y la Unión Soviética, sino también hubo disputa entre la representación diplomática y comercial de China Popular  con China (Taiwán) aún, después de la Guerra Fría;  y por esta razón, ambos países ejercieron su poder diplomático y económico sobre quienes les eran más favorables. Tal disputa, entre las dos Chinas, ha sido superada,  pues la visión geopolítica de ambos gobiernos, es muy diferente a la nuestra: de muy largo plazo y, sobre todo, de un interés de unidad nacional chino.

Por la irregularidad con que se dio la donación de Taiwán a El Salvador - a diferencia de donaciones anteriores y de otras posteriores- se presume, que dicha donación, tenía un fin estrictamente político. Procedían también, de China Popular, contenedores con propaganda para el FMLN, esperando un “Quid pro quo” o reciprocidad política del ganador. Esta situación explicaría las posiciones políticas de ARENA y del FMLN en relación con su preferencia hacia Taiwán o China Popular.

Los señalamientos de actos de corrupción, de parte de Francisco Flores y de los integrantes de ARENA, fueron uno de los dos ejes de propaganda del FMLN, durante las dos últimas campañas electorales y, si bien muchos afirmaron que la derrota electoral de Norman Quijano, fue debida al efecto Flores, no parece cierto, pues hubo también, una serie de factores internos en ARENA, que contribuyeron a dicha derrota electoral.  En cuanto a los gastos de campaña, no se pueden igualar los de ARENA, con los del FMLN, financiados por ALBA.  Para la elección de Funes,  se contó con setenta millones de dólares en dinero venezolano, proveniente de PDVSA y, para la elección de Salvador Sánchez Cerén, cada una de las empresas ALBA, asumió una pequeña parte de los costos, pero la inversión debió de ser mucho mayor que la primera.

Mauricio Funes y todas las personas involucradas, en planear el proceso contra Francisco Flores, vieron la posibilidad de que con un mismo efecto, saciarían su venganza personal, no sólo contra Flores, sino también, con la anterior dirigencia de ARENA, debilitarla electoralmente, enviar un claro mensaje a Taiwán y crear un distractor de la mala gestión política del FMLN, en el Gobierno de Funes. Para ello, pretendieron utilizar aquí, políticamente los controles normales de la banca norteamericana, haciendo creer que el Departamento de Estado, era parte interesada en descubrir una red de corrupción en El Salvador encabezada por ARENA. Esta manipulación, no dio los resultados esperados, sino que fueron contraproducentes para El Salvador.

Ahora es muy difícil que la querella, en el caso de Francisco Flores, pueda iniciar una nueva investigación, pues Francisco Flores fue “un medio” para el destino de los fondos y, por su fallecimiento, se hace muy difícil crear nuevas relaciones delincuenciales, sin su participación y aún armar una demanda estrictamente civil; de darse, éstas vincularían directamente, a quienes han declarado en contra de Francisco Flores, y aún al ex Presidente Saca pues, aunque él fue directamente beneficiado con pocos miles de dólares, todo el efectivo fue gastado en su campaña electoral, de la cual resultó Presidente y, es poco probable que exista  interés político en dañarlo, y en que se descubriese una serie de tramas  entre Saca, Funes y el FMLN   que por hoy,  son sólo meras especulaciones de los analistas políticos.


Es muy probable  que luego de haber despertado en el público, el apetito por ver a un ex Presidente en bartolina, sea el ex Presidente Funes,  quien ocupe el lugar de Francisco Flores en los titulares de los medios. Francisco Flores, sólo fue un actor secundario que ocupó un papel protagónico, por las circunstancias políticas, en la lucha para la destrucción de ARENA y de quienes fueron sus financistas.

sábado, 30 de enero de 2016

INDISCIPLINA Y BELIGERANCIA

INDISCIPLINA Y BELIGERANCIA
Por    
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 30 de enero  de 2016.

La reciente protesta frente a Casa Presidencial  de quinientos policías y, hace unos meses, la de unos pocos soldados y clases, son dos hechos separados entre sí,  pero con causa común: el descontento. Y sí además, vemos indisciplina en dos entidades no deliberantes protestando contra el Gobierno y,  por otro lado, surge  una fuerza beligerante numéricamente superior al poder último del Estado (Fuerza Armada y PNC), comprobamos que la situación se perfila muy mal, para la estabilidad nacional y regional.

Un origen común tienen las protestas militares y policiales: promesas del Ejecutivo incumplidas, bonos, horas extras, equipo adecuado, seguridad personal etc., pero sobre todo, son causa, la relajación de la disciplina y la no creación del espíritu de cuerpo, faltando así, la cohesión necesaria, para su pleno funcionamiento, como las dos únicas entidades facultadas en El Salvador, para el ejercicio lícito de la fuerza.

El cambio de doctrina en la Fuerza Armada y la estructuración civil de la policía,   dan hoy sus frutos, demostrando su falla, en momentos de gran tensión social.  La “democratización”, tanto de la Fuerza Armada, como de la Policía, ha debilitado a ambas instituciones: el origen de los cambios, fue prevenir un mal ya desaparecido: la utilización política de las instituciones armadas. En nuestro país, desde 1979, el poder armado siempre estuvo bajo la autoridad civil y, el combate a la insurgencia  fue de hecho, el combate a fuerzas externas, en un conflicto nacional internacionalizado.

Sin embargo, no podemos condenar a los militares y policías por su indisciplina, ya sea por propia iniciativa o por ajena instigación,  pues ellos por su deficiente formación actuaron respondiendo a sus necesidades personales, que les impidió tener una conducta diferente. La disciplina nace del ejercicio constante del espíritu de cuerpo y la sujeción al mando superior. Si las jefaturas y los mandos medios fallan, igualmente fallarán los clases y la tropa.

Lo crítico es que se identifique ya, el poder de las pandillas como “fuerzas político-militar” y su legitimidad se atribuya a ser “muchachos periféricos marginados”, como se dijo en un análisis político, transmitido en la radio 92.5 FM. Entonces tenemos contra el Estado una fuerza en ascenso y, en mengua, la autoridad del Estado.

Algunos de los firmantes de los Acuerdos de Paz dijeron que ya  era necesario celebrar otros Acuerdos de Paz, ¿pero serían estos, entre la sociedad y el Gobierno? Al final serían un pacto entre el Estado mismo y, no tendrían más importancia, que una reconsideración de las políticas de Gobierno. ¿O serían  entre el Estado y las pandillas? Las pandillas son una fuerza extra sistema, que no actúa sólo por sus intereses, sino que responde también, a las fuerzas del crimen organizado internacional. Los Acuerdos de Paz se firmaron hasta que las fuerzas abastecedoras de nuestro conflicto: Estados Unidos y la Unión Soviética, llegaron al acuerdo de acabar con el conflicto centroamericano y cada uno, presiono para desabastecer sus estructuras bélicas  para que éstas, por si solas, se extinguieran en Nicaragua, Guatemala y El Salvador obligando a los beligerantes a Acuerdos de Paz.

Si hay un imposible fáctico, es el hecho de que el narcotráfico esté dispuesto a abandonar el paso por El Salvador, pues para el efecto de su negocio, llevar la droga a los Estados Unidos, le es indispensable.

Débese descartar cualquier intento de pacto con las pandillas,  pues significa pactar también con el narcotráfico internacional, lo que plantea una colisión más desventajosa para el Estado,  pues el crecimiento de las pandillas deteriora todo el sistema, evitando que se produzcan recursos para el sostenimiento del Estado y su defensa y, si el Estado exige más impuestos, deteriora aún más rápido el sistema que le alimenta.


Cuando se ha perdido la capacidad de organización interna, de producción y de defensa, se está ante el peligro de un Estado fallido. El erróneo enfoque de las causas de la delincuencia, rompe con la entelequia nacional y, sólo son la cotidiana gestión administrativa y el reconocimiento internacional, lo que aseguran nuestra existencia como país independiente y soberano, condiciones que también peligran, cuando amenaza la estabilidad regional, la migración descontrolada y la expansión del crimen organizado salvadoreño, en concordancia con el narcotráfico internacional.

jueves, 28 de enero de 2016

EL GOBIERNO ESTIMULA EL CONTROL TERRITORIAL DE LAS MARAS


Por    
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 28 de enero  de 2016.

El Ministro de Defensa David Munguía Payés ha declarado recientemente, que la Fuerza Armada, luego de desplegar ocho mil hombres en la Seguridad Pública y cuenta únicamente con una reserva de quinientos, ha llegado al límite de su capacidad,  haciendo  imposible así, que se cumpla con la estrategia planteada por el Presidente de la República. Esti estimula el control territorial por las pandillas, expone la vulnerabilidad de El Salvador a cualquier amenaza y finalmente,  plantea dudas sobre el papel de la Fuerza Armada en este nuevo contexto y  peor aún, ya se han encontrado manuales del Estado Islámico en poder de las pandillas.

Meramente políticas son las aseveraciones del Ministro de Defensa,  pues hasta la fecha no se ha empleado el potencial militar de la Fuerza Armada, sino sólo su capacidad numérica de acompañamiento a la PNC en sus funciones de patrullaje. Lo que implica fraccionamiento de la fuerza militar en su despliegue y no, utilización racional y militar de dicha fuerza.

Concuerdan, algunos analistas, en que el fracaso de los planes de Seguridad, se debe a dos factores: 1) la infiltración del crimen organizado en las estructuras políticas, de las que dependen las estructuras policiales y 2) el enfoque disuasorio, como eje central de los planes de seguridad (patrullajes conjuntos Fuerza Armada – PNC) es ineficaz y consume los recursos disponibles. Estos dos procederes, desvían los recursos humanos y económicos hacia áreas estériles, permitiendo que florezca el crimen organizado. Debemos agregar, que el control territorial, como fuente de riqueza, es atendido como estrategia de largo plazo y no, como consecuencia de  la existencia pandilleril. La inteligencia policial, menosprecia la comprensión de estos elementos subjetivos, en la evolución de las pandillas.

Ya es evidente la resistencia a este control territorial de algunos grupos sociales; en las zonas fronterizas con Honduras; ya hay resistencia de los ganaderos y muchos campesinos, desentierran sus armas en horas de la noche, para defenderse de un posible ataque en sus viviendas, las esconden durante el día; la autodefensa es natural reacción humana. Más, sin embargo, es muy poco probable que, por las limitaciones que ésta tiene y, la imposición de la estructura del Estado, lleguen a constituir  grupos paralelos e independientes al Estado.

Las pandillas, por el contrario, van perfeccionándose, tomando como modelo al Estado Islámico, de donde han tomado (vía internet) varios de sus manuales de operación, según una publicación del 25/1/2016 de Rusia Today. La diferencia entre el terrorismo de Al Qaeda,  con el Estado Islámico, es de éste último, por la comprensión de la importancia del control territorial; como fuente de financiamiento y de poder. Las pandillas tienen innato el sentido del control territorial y del uso de la violencia para mantenerlo. El Estado Islámico abre su conciencia a la importancia del mismo y le enseña a usar  el terror para el control de sus enemigos y de la sociedad.

Las perspectivas son claras: el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén, quiere usar el conflicto que nos amenaza, como un medio para presionar la ayuda de la comunidad internacional para la adquisición de fondos, o verdaderamente, ya no tienen el Gobierno el control de la situación y está preparando medidas extremas como la creación de alguna fuerza paralela a la PNC y Fuerza Armada o finalmente, que venga una intervención extranjera.

Sin importar cuál sea el resultado, ya poco más de 1500 empresas han cerrado por motivos de inseguridad y, ninguna fuente de inversión “limpia” quiere venir al país. El encarecimiento de la vida, en una economía deprimida y sin que haya restricción a la importación, sólo puede explicarse,  por el lavado masivo de dinero, producto de la actividad ilícita, no sólo nacional sino también  del extranjero.


El crimen organizado en El Salvador posee la capacidad de desestabilizar el Triángulo Norte y expandirse hacia el resto de Centroamérica. La advertencia del ACNUR sobre la migración, es un indicador del deterioro del control territorial que sufre El Salvador y que sólo la Fuerza Armada como tal, es capaz de retomar el orden perdido, pero ésta no puede actuar independientemente, sin bajo el mando político del Gobierno.

domingo, 24 de enero de 2016

JUSTICIA SEÑOR PROCURADOR


Por    
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 24 de enero  de 2016.

A veinticuatro años de firmados los acuerdos de paz y, de promulgada la Ley de Amnistía, se ha puesto un velo histórico sobre dos hechos que aún no han sanado y excluidos del Informe de la Comisión de la Verdad: los lisiados por minas y los asesinatos cometidos por el Comandante Mayo Sibrián, el “Carnicero de la Zona Paracentral”. Estas dos situaciones, exigen  una investigación  y dictamen del Procurador de los Derechos Humanos; precisamente, por su papel de defensor del pueblo y  capacidad de investigación irrestricta, que se deriva de su papel moral dentro del Estado y la naturaleza no vinculantes de sus Resoluciones.

De la Fuerza Armada, existen dos mil ochocientos treinta lisiados , otros tres mil treinta y ocho lisados que registra el Fondo de Protección de Lisiados de Guerra; sin embargo, por el número de prótesis donadas, es muy probable que su número ascienda a poco más de ocho mil personas, todas ellas, víctimas de las minas “quita-pié”.  Así, el número total de lisiados de guerra (por diferentes causas) excede los treinta mil.

Se utilizaron las minas quita-pie para provocar el colapso de servicios médicos del Estado, degradar la moral de las tropas y desplazar a los civiles. De estas minas, los efectos más comunes son: amputaciones de miembros inferiores, mutilaciones en genitales, lesiones musculares y en órganos internos. Aunque El Salvador se ha declarado libre de minas desde el año de 1994, Ladmine Survivors Network de El Salvador, ha reportado, como el último caso registrado formalmente  en Quezaltepeque, en el dos mil cinco, a un joven   que fue lesionado por una mina, en la periferia de un antiguo campamento guerrillero. Además se han detectado cincuenta y tres lugares con minas aún no desactivadas y que, no han causado más víctimas, porque sus habitantes ya no recorren esos lugares.

El dos mil diez,  El Salvador, en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU,  propuso una Resolución contra el uso de minas terrestres, e informó que había destinado para ello, en El Salvador, diecinueve millones y medio de dólares (sin detallar su destino) cantidad aún no percibida por las víctimas; pero, a lo que me refiero, es al trauma psicológico de las víctimas, que aún esperan una explicación ¿por qué se emplearon tales artefactos, prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario? ¿Podría la Comandancia del FMLN, satisfacer esa pregunta? El único que puede presionar dicha respuesta, es el Procurador de los Derechos Humanos.

Entre 1986 y 1991,  en el Frente Paracentral, el Comandante Mayo Sibrian asesinó a poco más de tres mil personas: un mil combatientes eran de las FPL y el resto, civiles, sin que importase edad y género, todos sufrieron en común: el salvajismo previo a su muerte, por las torturas infringidas y  debido todo, a la paranoia de la infiltración: era el  manual de Mayo Sibrian, un libro sobre la Guerrilla de las Filipinas, que fue destruida por la inteligencia militar contrainsurgente.

Goyo (Parada Andino), en un extenso reportaje publicado en El Faro, da los detalles de su investigación sobre tales asesinatos, investigación ordenada por el Comandante Leonel, quien ignoró tal reporte. Mayo Sibrian dijo al momento de ser fusilado por las FPL, que todo había sido bajo la autorización de la Comandancia de las FPL - Lorena Peña y Salvador Sánchez Cerén, eran miembros de dicha comandancia-.

Miles de familiares de tales víctimas, aún quieren saber el destino de sus deudos, cuyos restos  deben de ser identificados; los registros de sus asesinatos, deben tenerlos la antigua comandancia de las FPL. Por los altos cargos que hoy tienen Salvador Sánchez Cerén y Lorena Peña, sólo pueden ser interpelados en tal sentido, por el Procurador de los Derechos Humanos: es el único que puede satisfacer  a las víctimas que proceden de las FPL y que, aún otros comandantes de los grupos que conformaban el FMLN, lamentan aún, la muerte innecesaria de sus camaradas y hoy, es el momento actual en  que pueden colaborar efectivamente con dicha investigación.


Es obligación del Procurador de los Derechos Humanos, investigar estos casos y, de no hacerlo,  obligará a las víctimas, a recurrir a otras instancias, exigiendo  Habeas Corpus en favor de las víctimas aquí en El Salvador o, en el extranjero, en Tribunales de Derechos Humanos.

sábado, 23 de enero de 2016

LA ESTERILIDAD DE LA ECONOMÍA SALVADOREÑA


Por    
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 23 de enero  de 2016.

Las propuestas de gravar las remesas, aumentar el salario mínimo y reestructurar el sistema de pensiones, traerán un impacto negativo en la economía nacional. Estas tres políticas, impulsadas por el Gobierno, tienen un denominador común: su  inconstitucionalidad. Aisladas, tienen un impacto negativo pero controlable, aunadas, crean una seria amenaza a la economía nacional, a lo cual hay que agregar otros fenómenos negativos no económicos.

La sola propuesta de tomar un 10% de las remesas para crear un “fondo de ahorro personal del migrante” y, utilizar dicho dinero, para gastos del Gobierno (clientelismo político, despilfarro y corrupción), a cambio de Bonos estatales,  generaría dos consecuencias 1) un mayor flujo de efectivo por vías clandestinas y 2) el uso de mecanismos alternos, como la compra de bienes y servicios en el exterior, retribuirles en El Salvador; en ambos casos, las nuevas estructuras serían aprovechadas por el narcotráfico y el crimen organizado, para el lavado de dinero.  

El Gobierno pretende tener ingresos por cuatrocientos millones de dólares anuales, por la retención de remesas,  con un pago mínimo de intereses, cercano al factor de devaluación. Sin embargo, esta forma de tomar los bienes de particulares constituiría, un préstamo forzoso, lo  cual va contra la libre disponibilidad de los bienes,  Art. 22 Cn.

En una economía deprimida, un aumento salarial desproporcionado, es destruir la capacidad productiva y la competitividad,  lo cual es contrario a lo establecido en el Art. 101 inc. 2 Cn. Pues el Estado, impondría un uso irracional de los recursos privados dentro de la actividad económica,  lo cual deprimiría aún más, la actual economía. A no ser que se considere que la función social, consiste en el canibalismo de la empresa, en función particular del trabajador y no, de la productividad y bienestar nacional.

El Estado, lejos de propiciar una solución al problema de las pensiones,  procura alejarlo del contexto actual, aumentando los años de servicio, como se ha visto en el IPSFA y dejar que siga su deterioro, para que, ante el colapso del mismo, puedan imponerse  las reformas deseadas. Esto es una política que iría en contradicción con lo establecido en el Art. 1 Cn., pues el fin del Estado dejaría de ser la persona humana y pasaría a ser el Estado mismo.

A estas tres situaciones debemos agregar los efectos del poder territorial de las pandillas y, la negativa del Gobierno, a iniciar dialogo, con el fin de evitar un colapso económico.

El control territorial de las pandillas, ha excluido muchas zonas, como garantía que pueden asegurar la viabilidad de un crédito, pues en caso de incumplimiento de pago, ésta no garantiza la recuperación del crédito. Para una mejor comprensión de este hecho, basta aclarar que, la banca presta los fondos captados del público, por lo que ésta, tiene que garantizarlos y ¿qué ahorrante se sentiría seguro, sabiendo que su dinero está garantizado por un inmueble en “La Campanera” o en “La Cima”? En muchas partes,  los peritos valuadores, ejecutores de embargos y notificadores judiciales, no han podido ingresar a estas colonias por las pandillas. Y al hacer los respectivos reclamos a la PNC, han recibido la respuesta: ese es problema del Juez, no nuestro, además ¿es porque no quieren pagar la renta por entrar? y deben de hablar con el “palabrero” y pactar con él su gestión, para tener su aprobación. Ante respuestas así, no es posible recurso legal alguno, sólo la exclusión de la bolsa crediticia, de dichos lugares. Esto va en detrimento de la economía nacional.

El aumento del costo del agua y el acoso a las empresas por parte de las municipalidades, ha hecho que muchas consideren su cierre definitivo,  o decidan trasladar sus operaciones fuera del territorio nacional. Todo lo que junto, va llevando al país, hacia la esterilidad económica.

Sin embargo el fracaso, no es consecuencia del desconocimiento o de la ingobernabilidad  de las cuestiones del Estado, sino que es un enfoque ideologizado del mismo, pues Sánchez Cerén ha dicho que quiere dialogo,  pero bajo la condición de que prevalecerá su opinión, Dagoberto Gutiérrez, claramente ha dicho, que nos encontramos en una “guerra social”,  pues las cuestiones económicas, no fueron dirimidas durante el pasado conflicto armado y, llegar hasta este punto (el presente), ha llevado veinte años.


La empresa privada y los que creen en el sistema de libertades, deben ver ver todos estos hechos  como un todo y no, como cuestiones aisladas, de lo contrario, estaremos siempre ciegos  a las consecuencias cuyos resultados ya se están sintiendo.

sábado, 16 de enero de 2016

EL DILEMA DE LOS MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA


Por    
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 16 de enero  de 2016.

Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia son los únicos que pueden, mediante sus resoluciones, expresar criterios políticos (en sentido amplió) que modifiquen la interpretación o aplicación de la ley,  aplicando las nuevas tendencias jurídicas. El Dr. Fabio Castillo, en una entrevista televisada expreso, que la nueva correlación de criterios en Corte Plena,  podría hacerse sentir, unificando su criterio con el ya expresado por la Sala de lo Constitucional, en referencia a los efectos de la Difusión Roja, en aplicación a los diecinueve militares solicitados por España.

El primer dilema que deberán enfrentar los Señores Magistrados, es el que si llegasen a conocer nuevamente, sobre la Difusión Roja, estarían conociendo por segunda vez un mismo caso,  pues hasta la fecha no ha variado  lo solicitado por el Juez Eloy Velazco Núñez en su primer requerimiento y ha sido presentado sin las formalidades expresadas por Corte Plena, pues es una solicitud de su Tribunal y no, del Reino de España, como ya se le previno la primera vez. Volver a conocer dicho caso, sin elementos nuevos, viola el principio de la prohibición del doble juzgamiento. En la Resolución de las quince horas con cincuenta minutos del día veinticuatro de agosto de dos mil once, Corte Plena declara  que, la Corte Suprema de Justicia, es el único tribunal competente para conocer y resolver las extradiciones, tanto en lo principal como en lo accesorio, auxiliar o complementario y que,  por parte del Reino de España, NO SE HA RECIBIDO SOLICITUD DE DETENCIÓN PREVENTIVA CON FINES DE EXTRADICIÓN.

Esta providencia judicial, constituye una forma anormal (en un estricto sentido procesal) de terminar un proceso, pero sí, es figura contemplada por nuestra legislación. La cuestión es que los Magistrados pueden cambiar de criterio y darle validez a la Difusión Roja, como orden de captura, ¿pero pueden modificar los efectos de la anterior Resolución? Claro es que no pueden, pues sus efectos serían los de Cosa Juzgada. Y de hacerlo, irían de manera patente, contra la misma Constitución.

El otro dilema que  enfrentarían si llegasen a valorar la extradición en sí misma, es sobre la aplicabilidad o no, de la Ley de Amnistía, lo cual, podría abrir la posibilidad de otros procesos en el extranjero, por Crímenes de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra;  hechos  cometidos principalmente por la Comandancia del FMLN, hoy en la cúpula de su partido y que conforman el actual Gobierno.

Piedra fundamental para el conocimiento del caso por el Juez Eloy Velazco Núñez, es la apreciación judicial de que los procesos que se realizaron, contra los autores materiales e intelectuales, en la muerte de los sacerdotes Jesuitas, fueron una farsa del Estado salvadoreño y, por lo tanto, jamás han sido juzgados; de aceptar este concepto como válido, Corte Plena abriría un espacio en los diferentes tribunales internacionales de Derechos Humanos, por todas las sentencias condenatorias en materia penal,  que abarcarían los períodos de los Doctores Colorado y Mendoza Jerez. Lo que pondría en duda jurídica, es la legitimidad de la actuación de la Fiscalía General de la República y por consiguiente, la acusación misma y, por lo cual habría una posible violación a las garantías individuales, y prever sus efectos, es imposible.

Por el hecho de expresar judicialmente el Juez Eloy Velazco Núñez, la ilegitimidad del Gobierno de El Salvador en el período del Presidente Cristiani y que la  justicia salvadoreña era una farsa, reconoce intrínsecamente, que el Gobierno del Reino de España, sostenía relaciones diplomáticas con un Gobierno Ilegítimo y corrupto,  lo que pone en un serio cuestionamiento la legitimidad o legalidad de las acciones de cooperación española con El Salvador, en aquella época.


Legalmente, los militares reclamados por el Juez Velazco Núñez no pueden ser capturados ni mucho menos, extraditados; sin embargo, como lo expreso el Dr. Fabio Castillo, los criterios han cambiado, quizá llevados por la presión de la opinión pública, impulsada por las campañas mediáticas muy bien planificadas, pero ¿Está preparada la Corte Plena para asumir la responsabilidad de las múltiples consecuencias de este cambio de criterio?

jueves, 14 de enero de 2016

LA DESTRUCCIÓN PLANIFICADA DE NUESTRO SISTEMA


Por    
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 14 de enero  de 2016.

Muchos de los diferentes fenómenos que estamos viendo, son resultado de una concepción filosófica e ideológica, derivada de la Justicia Transicional; que tiende a cambiar nuestro tradicional sistema de vida y su escala de valores. No hay dirección humana unificada detrás de los acontecimientos que vivimos diariamente en El Salvador,  pero sí conceptual, que se desarrolla por igual en toda Latinoamérica. Adaptándose a las peculiaridades y diferentes hechos históricos de cada país.

La Justicia Transicional, es creación de las investigaciones de los académicos norteamericanos Samuel Huntington, Philippe C. Schmitter y el argentino Guillermo Alberto O´Donnell, quienes consideran que debe de existir un mecanismo que enfrente a las víctimas con el victimario, para la reparación de los daños sociales producidos por los efectos de una dictadura. Estas ideas, están  inspiradas en los Juicios de Núremberg y Tokio y atribúyanle raíces, en la Democracia griega. Sin embargo, la estructuración práctica y los principios jurídicos de la Justicia Transicional, son desarrollados en la obra conjunta intitulada: “JUSTICIA DE TRANSICIÓN Informes de América Latina, Alemania,  Italia y España”, patrocinada por la Konrad Adenauer Stiftung, bajo su programa Estado de Derecho para Latinoamérica

La Justicia Transicional,  pretende la combinación de estrategias judiciales y no judiciales, para la reparación a las víctimas de las violaciones a sus Derechos Humanos,  la preservación de la memoria histórica y las reformas a las Fuerzas Armadas,  las policiales y todo poder físico, con que cuente el Estado. Todo lo cual hace necesaria la persecución de criminales, la creación de comisiones de la verdad y, otras formas de investigación del pasado violento. Como una derivación de estos principios, se ha desarrollado la Justicia Restaurativa, que contiene principios penales que se basan en la explicación sociológica de los actos lesivos a la sociedad  pero, a diferencia del Derecho Penal tradicional,  la reparación es hacia la sociedad e incidentalmente, a la víctima, bajo el principio de la tolerancia y la no violencia contra el delincuente. Pero para que ésta justicia sea aplicada, desarrolla valores nuevos y propicias condiciones sociales (sobre todo económicas) que puedan generar un cambio estructural dentro de la sociedad. Esto puede ser apreciado en el estudio intitulado “La Justicia Transicional en América Latina: Desarrollo, aplicación y desafíos”,  escrito por Esteban Cuyá, y publicado el 31 de julio de 2011 por Menschenrechtszentrum (NMRZ).

En El Salvador, la UCA ha sido la promotora de esta nueva tendencia,  lo que puede ser apreciado, en el documento intitulado “EL SALVADOR: VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN Deudas históricas con las víctimas y la sociedad” De todo lo anterior se derivan tres situaciones concretas  1) la persecución a militares 2) la tregua con los mareros y 3) crear las instituciones políticas y sociales que sean un coadyuvante a las políticas ya trazadas. Para que estas tres grandes vertientes puedan darse y consolidar una nueva estructura social, se necesita: a) callar a los diferentes medios de comunicación, poner un freno al libre pensamiento en las redes sociales y b) doblegar la estructura económica que pueda ser oposición directa o sostener a la oposición política.

Por todo lo anterior, puede deducirse que los militares reclamados por España, abrirán el camino para el enjuiciamiento de Cristiani y posiblemente de Francisco Merino, como representantes del poder político de la época. Al establecer la ilegitimidad de las acciones del Estado de El Salvador en su defensa, durante el conflicto armado, legitima la de los alzados en armas; lo cual tiene dos implicaciones: i) una excusa de inculpabilidad ( en un sentido jurídico) en sus crímenes de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra cometidos en El Salvador y ii) establecer la obligatoriedad del Estado de El Salvador a la reparación pecuniaria de los alzados en armas, además de extender la responsabilidad  de los actos de guerra a todos los estamentos de la Fuerza Armada, que participaron en el conflicto.

A crear esta nueva realidad han contribuido Mauricio Funes, pidiendo perdón por los hechos del Mozote y planificando muy detalladamente junto con algunos Magistrados de la Honorable Corte Suprema de Justicia, la apertura de un nuevo proceso, sobre parámetros jurídicos de la Justicia Transicional, aún a violación del principio constitucional de la prohibición del doble juzgamiento; y las resoluciones judiciales, en los casos de los señores jesuitas, de los Generales Vides Casanova y García y, del Coronel Montano.

La tregua con los mareros, está enmarcada dentro del concepto de Justicia Restaurativa, pues su violencia, es atribuida al rechazo hacia ellos, de la sociedad;  además de su responsabilidad por la marginación, debida a la falta de recursos económicos. Daño que será reparado por la gestión gubernamental, con fondos de la empresa privada, complementado con  ayuda internacional.

Los ataques cibernéticos contra La Prensa Gráfica y, la acusación policial contra El Diario de Hoy, por Apología del Delito, tienen como fin, acallar a los medios de comunicación escrita, así como la amenaza de retirar los derechos al uso del espectro radiofónico, para permitir sólo las opiniones congruentes con la línea política gubernamental. Es parte de esta campaña, restringir el uso de las redes sociales, filtrando su contenido, mediantes leyes restrictivas, por sanción penal o  de censura, según sea la propuesta de ley.

El objetivo de todo esto es el cambio de la estructura social y de valores tradicionales, basados en los principios liberales (libertad económica, libertad política y libertad religiosa). Para ello, se estimula desde Casa Presidencial, la creación de “Asambleas Populares” y se propone que éstas tengan un papel político,  para poder luego ejercer una función legal. Marco Rodríguez, desde  Casa Presidencial, propuso en abril del 2015,  que los planes de seguridad,  fueran sometidos a un “plebiscito” en base a las Asambleas Populares. Las Asambleas Populares han sido un instrumento de presión y organización paralela a la de los opositores y ahora, en Venezuela, son una amenaza para el poder legislativo en manos de la oposición.

La UCA ha patrocinado la creación del Tribunal de Justicia Restaurativa y del 26 al 28 de marzo del 2014, se llevó a cabo este proceso, en la ciudad de Victoria, Cabañas, por la masacre de Santa Cruz. Hecho acaecido en 1981 y fue presidido por: José María Tomás y “Tío” (magistrado y presidente de la Fundación por la Justicia de Valencia, España) y José Ramón Juániz (abogado y miembro de la Asociación de Juristas Demócratas de Valencia); las brasileñas Carol Proner (doctora en Derecho Internacional por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España, y coordinadora del Programa de Derechos Fundamentales y la Democracia de UniBrasil) y Suelli Aparecida Bellato (abogada y vicepresidenta de la Comisión de Amnistía de Brasil); Belisario dos Santos (exsecretario de Justicia y Defensa de la Ciudadanía del Estado de São Paulo y miembro de la Comisión Internacional de Juristas de Brasil); la estadounidense Angelina Snodgrass Godoy (socióloga y catedrática de la Universidad de Washington en Seattle, Estados Unidos); y la abogada salvadoreña Paula Cuéllar.


Debemos de tener conocimiento de esta nueva realidad a la cual ha entrado El Salvador y si creemos en los valores tradicionales de  libertad y Democracia representativa, deberíamos de presentar una oposición,  pues parece que el pasado conflicto armado aún subsiste en nuestro país. 

miércoles, 13 de enero de 2016

CAUSA DE LOS MUCHOS HOMICIDIOS


Por    
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 13 de enero  de 2016.

¿Por qué tantos homicidios, si en El Salvador no hay guerra declarada? Muy complejos son sus motivos: trátase de una lucha de poder interno por el control territorial que los diferentes grupos de pandillas se están disputando, para cobro de la renta y del usufructo del tráfico de la droga, causa de que reclamen control territorial. Tres factores impiden que El Estado pueda combatirlos eficazmente: falta de elementos para combatirla,  erróneo enfoque ideológico del conflicto, e indecisión política.

La tregua con las pandillas ha permitido que en ellas, surja el espíritu “político” de grupo, haciéndolas conscientes de su poder. Por esta nueva visión, se ha roto la cohesión interna entre las diferentes pandillas y, hace que cada grupo o sub-grupo luche por los frutos recolectados en su territorio particular, aún contra miembros de su misma pandilla;  situación que intensifica la lucha, aumentando el número de muertos.

La contención de la insurgencia durante el pasado conflicto armado, fue gracias a 65,000 soldados y  200,000 defensas civiles que proporcionaban control territorial e inteligencia. Nunca hubo más de 18,000 guerrilleros y aproximadamente 85,000 simpatizantes organizados en los diferentes frentes de masas. Hoy tenemos, entre PNC y Fuerza Armada, sólo 34,000 hombres, contra 60,000 pandilleros y 340,000 dependientes que surten su necesaria logística. Débese notar que la diferencia no sólo está en la relación numérica de las fuerzas, sino también, en la capacidad de inteligencia que puedan generar, pues las pandillas basan toda su estructura y sus líneas operacionales en los reportes de inteligencia que suministran 400,000 personas. El sistema de información que posee el Gobierno, es casi nulo: su estrategia se basa en planes de patrullaje, con fines disuasivos. Como se podrá apreciar, es una situación que permite a las pandillas, su impunidad al cometer  asesinatos y demás actos delictivos.

Las pandillas crecieron,  porque vieron en ellas un potencial político y constituyen hoy una forma de vida; son ahora  un poder que puede servir al que mejor le convenga. Por otra parte, para los teóricos de la izquierda salvadoreña, como Dagoberto Gutiérrez, el país es un inmenso laboratorio donde se están llevando a la práctica,  análisis teóricos de la situación. Esperan que dentro de poco se de una “somalización” de este presente conflicto, con lo cual el país, entraría en una crisis mayor: de la cual sólo podría salir, creando una nueva sociedad, basada en las teorías del socialismo latinoamericano. Por lo que concluimos que  el Gobierno no puede controlar la situación, por falta de elementos materiales y por falta de la debida estrategia y cambiar el enfoque significaría reconocer un error político que viene desde el 2009; mientras  la izquierda, que no está en el poder, desea una agudización de la crisis, que considera necesario, para la construcción de un nuevo Estado.

Por otra parte, vemos en el pacífico salvadoreño, un aumento en el decomiso de droga, lo que indica que ha aumentado por esa vía el tráfico de droga y, han disminuido (comparativamente) los decomisos en carretera o en almacenamientos terrestres, por  lo cual se puede presumir, que la lucha interna por el control territorial, aún no se ha definido,  por el contrario, se ha incrementado, obstaculizando los envíos de droga por tierra. Cuando la situación interna se estabilice (disminuyan los homicidios porque hay un bando vencedor) aumentará posiblemente, el trafico terrestre; además tomando en cuenta que por la paz en Colombia, disminuirá la producción de droga y que hay un aumento de la misma, en el Perú, habrá más tráfico por el pacífico que por el atlántico, esto fortalecerá aún más a las pandillas que finalmente, controlen el territorio nacional.


La agudización del conflicto de las pandillas ya está dando sus frutos perversos: aumento del riesgo país, aumento de los costos operacionales de las empresas desplazamiento de población e intranquilidad y, no será evitando que se comenten estas realidades en los medios de comunicación, que se evitarán sus efectos,  pues el problema tiene una dimensión tal, que afecta la Seguridad Nacional y sus efectos atentan contra la Seguridad Hemisférica, anulando todo esfuerzo por la pacificación del Triangulo Norte.  

lunes, 11 de enero de 2016

DELITOS DE LESA HUMANIDAD NO JUDICIALIZADOS


Por    
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 11 de enero  de 2016.

En la celebración del trigésimo quinto aniversario de la Ofensiva Final,  con la cual inicia en El Salvador, la etapa bélica del conflicto armado, el Comandante Juan José Obregón o JJ (Miguel Ángel Alvarado) del Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC), rememora las practicas militares en la zona paracentral del país, bajo el mando directo de la Comandancia del FMLN. Dichas prácticas, reconocidas por el Comandante JJ, son constitutivas de Delitos de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra. Al comentar este artículo, presentaré la cuestión bajo generalidades jurídicas y sobre el entendido de que según el criterio jurídico vigente en El Salvador, la judicialización no sería posible por la Ley de Amnistía y, por la inconveniencia política de la misma para quienes detentan hoy el poder; sin embargo, esto  no impide la judicialización de esos actos y la deducción de responsabilidades  de la Comandancia del FMLN, a instancia de grupos internacionales interesados en la imprescriptibilidad de tales delitos y, por las reclamaciones económicas que sí pueden ser efectivas. Para tales procesos, no es necesario que salvadoreños declaren y acusen directamente a los ejecutores directos de tales crímenes,  pues éstos han sido reconocidos por sus  actores y  que han dado publicidad a los mismos.

El referente doctrinario para la determinación de la existencia o no, de crímenes de Lesa Humanidad  y violaciones a las prácticas de guerra, es el Estatuto de Roma, por la cual cito su artículo Art. 1, inc b y c,  que dice así: “La competencia de la Corte se limitará a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. La Corte tendrá competencia, de conformidad con el presente Estatuto, respecto de los siguientes crímenes: b) Los crímenes de lesa humanidad; c) Los crímenes de guerra. El Art. 362 de nuestro Código Penal vigente,  es concordante con estos principios.

Desarrollando el orden de ideas, del Comandante JJ, expone a Oscar Martínez, autor del artículo  publicado el día ocho de enero de dos mil dieciséis, en el vespertino Diario Latino, y dice primero, que usaron minas anti-personales (coloquialmente llamadas “quitapata”)   las cuales están prohibidas por la Convención de Ottawa,  que desarrolla los principios ya expuestos en el Protocolo II de la Convención de Ginebra. Esta práctica generalizada, tal como lo exige el Estatuto de Roma, fue ordenada por la Comandancia del FMLN, en una relación de mando que va desde él, hasta los más altos estamentos de dirección de la insurgencia.  También, en dicha normativa internacional, es señalada como punible, el empleo de menores,  hecho que queda demostrado, con la participación de Leodan Alcides Figueróa (Botas de Hule) como correo de las PRTC y cuya fotografía, portando a un M 16, es publicada ilustrando el artículo en cuestión.

El ocultamiento de acciones militares dentro de la población civil, es también  práctica señalada como “Crímenes de Guerra” por el Estatuto de Roma. Además, hay tres datos muy interesantes: la participación de nicaragüenses en la ofensiva y el abastecimiento de pertrechos de guerra, que venían del exterior. Esto caracteriza nuestro conflicto, como  Conflicto Armado Internacionalizado, explicado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y dice: “El término “conflicto armado internacionalizado " describe hostilidades internas que se convierten en internacionales. Las circunstancias concretas que pueden dar lugar a esa internacionalización son numerosas y, a menudo, complejas: la expresión conflicto armado internacionalizado incluye las guerras entre dos facciones internas respaldadas por Estados diferentes, las hostilidades directas entre dos Estados extranjeros que intervienen militarmente en un conflicto armado interno respaldando a grupos enemigos y las guerras en que se produce una intervención extranjera para apoyar a un grupo rebelde que lucha contra un Gobierno establecido”. Las circunstancias en las cuales se inicia nuestro conflicto armado,  tiene relevancia, al momento de la valoración del mismo y, la determinación de la legitimidad de las acciones de uno u otro participante.

El tercer interesante dato, es el reconocimiento de que los movimientos de  masas que se dieron en ese momento, fueron de personas organizadas bajo la autoridad del Bloque Popular Revolucionario (BPR) y las Brigadas de Trabajadores del Campo (BTC),  ya que las diferentes masacres reclamadas, incluidas las del Mozote y el Sumpul, que se dicen fueron cometidas sobre población civil, en realidad, no lo eran. Y si estas personas, no poseían la capacidad física o el armamento adecuado, para una operación militar; el exponerlas irresponsablemente, a los rigores del conflicto,  también es  práctica de guerra, sancionada por el Estatuto de Roma.


El artículo aquí mencionado, arroja mucha luz sobre nuestro pasado conflicto armado y determina nuevas responsabilidades,  pues el Comandante JJ, establece la cadena de mando muy detalladamente hasta la cúpula del FMLN. La veracidad de los hechos, está respaldada bajo el concepto de la preservación de la MEMORIA HISTORICA, la cual es promovida por el mismo FMLN.

sábado, 9 de enero de 2016

EXTRADICIÓN Y AMNISTÍA


Por    
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 9 de enero  de 2016.

La nueva solicitud de captura,  librada por el Juez Eloy Velazco Núñez, es medio de saltar obstáculos jurídicos y políticos, para  desechar la verdad material del pasado conflicto armando en El Salvador. La reclamación de la Compañía de Jesús, tiene fines, no de reparación a las víctimas, sino estrictamente políticos y económicos; por lo que, conveniente es, analizar la naturaleza de los hechos y sobre todo, la de sus  actuales implicaciones políticas.

La muerte de los sacerdotes Jesuitas, durante la Ofensiva Hasta el Tope de 1989,  iniciada ésta, por las fuerzas insurgentes del FMLN, condujeron a acciones de contención,  que alcanzaron hasta la conducción político-militar del FMLN y fue, por tales acciones, que se dio muerte a  los sacerdotes Jesuitas, a quienes, su papel de teóricos político-militar de las acciones del FMLN,  les hacía miembros de una fuerza beligerante,  el papel de sacerdotes no es intrínseco en las acciones bélicas;  debe  tener una función específica de consuelo a los heridos y moribundos, según lo establecen los diferentes lineamientos doctrinarios que se consulten en el Derecho Internacional Humanitario y, especialmente considerado, por la justicia colombiana, en el conflicto presente. Por  oportuna referencia, el fusilamiento de los sacerdotes Miguel Hidalgo y Costilla y de José María Morelos y Pavón,  en razón de sus acciones políticas por la Independencia de México; su condición de sacerdotes no inhibió al Ejército Español, de fusilarlos, considerando que no eran sujetos del fuero eclesiástico, pues sus acciones no estaban enmarcadas dentro de su función sacerdotal.

Los distintos hechos de guerra, generados durante el pasado conflicto armado, fueron ejecutados según el principio de moderación en la guerra, aplicada al conflicto, por parte de la Fuerza Armada Salvadoreña,  pues los objetivos militares fueron determinados por los objetivos políticos,  que a su vez eran determinados por el poder civil del Estado. Aclárese que aunque en la propaganda del FMLN, ellos llaman a su  conflicto armado, una “guerra de liberación”,  esta no lo fue,  pues la lucha no era anticolonialista, sino directamente contra el Estado de El Salvador, disputándole sus elementos fundamentales: territorio, organización jurídica, población y entelequia. Estos conceptos pueden ser entendidos con claridad,  en la obra “De la Guerra” del militar y filósofo alemán, Carl von Clausewitz, en el  capítulo sobre la naturaleza de la guerra.

Todo lo dicho, tiene importancia al momento de valorar las responsabilidades derivadas de las operaciones militares, que van desde las autoridades militares, hasta el poder civil y, de éste a los electores quienes constituyen el verdadero poder soberano. Para entender esta relación a cabalidad, basta con leer la obra “Fuente Ovejuna” de Lope de Vega: no existe responsabilidad cuando una acción política, aunque ésta sea de sangre, recae sobre la población en su conjunto y luego, ésta misma, junto al poder estatal, es la gestora de una amnistía para la reconciliación.

Se lee en el periódico digital “eldiario.es” de Madrid, el 21/9/2013, en referencia al reclamo de franquistas por  un tribunal de Buenos Aires, Argentina, por crímenes ocurridos en España, durante los últimos años de la dictadura, y dice:  “De nuevo la lucha ha tenido que volver a cruzar el charco, tal como hicieron miles de españoles huyendo de la represión. Y así es como las instituciones judiciales de Argentina, han conseguido lo que parecía imposible: que se dictara una orden de detención internacional contra cuatro torturadores franquistas” y  siempre, en dicho mismo medio, el día 19/11/2015, se puede leer una nueva reclamación por la no captura de franquistas, por parte de las autoridades Españolas.

La reticencia de España de acceder a capturar, en cumplimiento de la Difusión Roja,  a estos ancianos españoles, es por la existencia del Principio de la “Irretroactividad”,  expresado en el Art. 9 inc. 3 de la Constitución Española,  que dice: “La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”.

Este principio constitucional español, es concordante con nuestro Art. 21 de la Constitución vigente, pues si se derogase  la Ley de Amnistía de 1977 en España o, la 1992 en El Salvador, habría una nueva ley que haría surtir efecto de situaciones ya extintas,  lo que haría que los efectos de la responsabilidad, se retrotrajesen hacia el pasado; efecto que sería igual al que resultaría si El Salvador, deportase a sus nacionales a España o España a Argentina. En estos dos casos, existe un paralelo de hechos históricos, legislación y acciones jurídicas, por lo cual la comparación es muy justa.

La Honorable Corte Suprema de Justicia, el veinticuatro de agosto de dos mil once,  claramente determina los efectos de la Difusión Roja expedida por el Juez Velasco Núñez, contra diecinueve militares salvadoreños, además de aclarar que, para proceder a la captura con fines de extradición, debe ser a solicitud de una Corte del Reino de España, a la Corte Suprema de Justicia, pues la Difusión Roja, es para ubicarlos dentro del territorio nacional. Esto implica que el Juez Velazco Núñez,  solicite la extradición por los canales respectivos, de acuerdo con el Tratado de extradición, con el Reino de España, para que sea sea tramitado, vía la Cancillería Española, a nuestra Cancillería y, de allí, a la Honorable Corte Suprema de Justicia y hasta el momento, no se ha dado dicha gestión.

El Juez Velasco Núñez y los querellantes jesuitas, pretenden que los militares sean capturados, sin el cumplimiento de esos pasos legales, para que así éstos fuesen detenidos indefinidamente: esperan que la justicia salvadoreña cometa tales arbitrariedades, ya que es esa su apreciación personal y jurídica, expresada dentro del proceso seguido contra los militares salvadoreños. El Juez Velasco Núñez considera que los juicios contra los autores materiales fueron ficticios,  pues la justicia no operó y que, los procesos contra los militares requeridos, también fueron manipulados,  argumenta que es inexistente la justicia salvadoreña,  juicio que niega en cierto modo,  la relación política y diplomática mantenida con el Reino de España, durante todo el pasado conflicto armado y el presente.

La exigencia de tres millones doscientos mil dólares por cada militar requerido, permite apreciar la naturaleza mercantil de los querellantes. Y la no excusa del Juez Velasco Núñez al proceso, por causa del conflicto de intereses que tiene, permite dudar en este caso, de la imparcialidad de la justicia española.

Políticamente, el Juez Velazco Núñez,  considera que El Salvador,  es sólo una República Bananera, cuya soberanía funciona únicamente, por el olor del dinero y que sólo él, puede impartir la justicia sobre cuestiones salvadoreños, al amparo de la potestad soberana española. Pero aquí se concluye que los sacerdotes jesuitas, habían renunciado a su ciudadanía española,  para hacer política en El Salvador, dirigiendo la estrategia ideológica de un grupo armado y por consiguiente, su muerte, como la de muchos otros salvadoreños de la Fuerza Armada y de las fuerzas insurgentes,  fue por defender o por defender  a un Estado soberano o por su lucha por destruirlo y, los sacerdotes jesuitas escogieron su bando:  la destrucción del Estado, siguiendo los principios de la Teología de la Liberación y el precio lo pagaron con sus vidas.


  

domingo, 3 de enero de 2016

¿FUNCIONAN CORRECTAMENTE LOS CONCEJOS MUNICIPALES PLURALES?


Por    
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 3 de enero  del 2016.

Los nuevos Concejos Municipales Plurales, no han funcionado como se esperaba,  pues se han desviado hacia dos extremos: primero, una lucha interna que afecta la gobernabilidad y el buen desempeño municipal, y segundo,  un  acuerdo entre las partes, basado en el 10% de comisión, por el otorgamiento de proyectos. Se fomenta así  la corrupción, destruyendo el sistema contralor y consumiendo los fondos municipales y FODES. Sólo los partidos políticos, pueden corregir estos desaciertos,  pues los representantes municipales, son parte de sus estructuras políticas.

Los Concejos Municipales Plurales se crearon para que funcionaran bajo un principio parlamentarista; dicho método no ha sido posible, debido a la equívoca elección de los candidatos, por parte de los partidos políticos y por la tolerancia del electorado, lo que permite señalar una responsabilidad directa del partido político y establecer  una línea de acción posible, para corregir en los representantes propuestos por ellos, tales problemas.

Existe en casos extremos, un divorcio político entre el Alcalde y los regidores de su partido o de la coalición merced a la cual ha sido electo. Y también  con los regidores de sus opositores. Algunos representantes de partidos políticos,  al ser cuestionados por esta situación, se excusan irresponsablemente diciendo: “respetamos la independencia municipal”, es decir, “no me involucro en problemas, que se arreglen solos”. Sin embargo esa cómoda posición, a la larga, afecta al partido al que pertenecen los funcionarios públicos, pues si bien la función administrativa es exclusiva del Concejo Municipal con su Alcalde,  la función política de éste, es responsabilidad del partido político que lo propuso. En tal sentido,  la independencia del funcionario no es absoluta: sus acciones administrativas deben estar enmarcadas dentro del pensamiento ideológico que le llevó al poder,  pues por dicha forma de visión, es por la que ha votado el ciudadano; de lo contrario, la función del partido político, sería innecesaria.

En la práctica, advertimos que Alcaldías ganadas por ARENA, como única forma de solventar sus problemas económicos,  tiene la de crear nuevos impuestos, subir los ya existentes y gravar hasta las Asociaciones y Fundaciones sin fines de lucro, ahuyentando así la inversión privada.  Por otro lado,  las Alcaldías del FMLN, despiden sindicalistas, privatizan los servicios bajo figuras muy poco claras de concesiones municipales,  a sus llegados. En ambos partidos, la situación es incongruente con sus principios políticos Y existe cada vez más  dependencia de los fondos FODES,  para solventar los gastos municipales, pues el principal gasto, es el de la planilla de trabajadores,  que va incrementándose con cada período electoral.

Esta situación amerita un involucramiento directo, de las cúpulas partidarias, en la  corrección de los funcionarios municipales electos bajo su bandera,  pues, de realizarse un mal gobierno municipal, no sólo está en peligro su elección siguiente, sino también la de sus diputados,  pues existe una simbiosis en el voto: alcaldía – diputado,  lo cual se esperaba romper con el voto por rostro y los Consejos Plurales; pero que no ha sido así, en la mayoría de los municipios.

Cando un Alcalde está en conflicto con el resto de los Concejales de su partido, los Concejales  del  partido de oposición, adoptan una posición muy cómoda: sólo tienen que esperar el desgaste natural de la gestión municipal, para recuperar la Alcaldía en el siguiente período y, para ello, documentar las ilegalidades cometidas por el actual Alcalde,  para usarlo a su tiempo, en contra de él y su partido.

Sólo las cúpulas partidarias y sus representantes departamentales, pueden corregir las deficiencias, pues generalmente la dirección municipal del partido, recae en los representantes electos que se encuentran en la Alcaldía. El Alcalde y el Concejo Municipal, no son sólo los representantes de los ciudadanos del municipio, sino también de sus partidos políticos,  el cual sufrirá a la larga, todo desacierto  municipal.


Con un mal Gobierno Municipal, ARENA sufrirá un duro revés electoral: hoy posee el mayor número de Alcaldías;  la votación legislativa del FMLN,  también está en riesgo, por la pasividad de sus representantes municipales. La imposibilidad del ciudadano para cambiar la política nacional, le induce a la abstención,  pero los efectos negativos de la Alcaldía en su municipio, estimulan el voto de castigo hacia los candidatos municipales.

viernes, 1 de enero de 2016

¿Y CÓMO HEMOS LLEGADO A ESTO?

¿Y CÓMO HEMOS LLEGADO A ESTO?
Por    
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 1 de enero  del 2016.


El Kuomintang, en la República de China se hizo en 1949 esta pregunta ¿Cómo  hemos llegado a esto…? Esto era la República de China reducida a la isla de Formosa y, la República Popular de China, consolidada en todo el espacio continental. Tal era lo incomprensible para los militares Chinos, que entonces, estudiaron su derrota: concluyeron que su derrota, había sido por causa del desconocimiento del enemigo; este saber, originó la nueva estrategia de supervivencia para la República de China la que, después de cincuenta y cuatro años, aún subsiste y es una nación próspera y democrática.  Podríamos preguntarnos también nosotros lo mismo, y nuestra respuesta sería igual, y a lo cual debemos agregar: se creyó que el cese de las hostilidades, significaba el fin del conflicto en El Salvador. Ahora, hoy ha cambiado la persecución: de la continuación de un conflicto, a una próspera industria mundial, en la que cada militar latinoamericano, sin importar su graduación y participación en el conflicto, durante la Guerra Fría, es una pequeña parte del filón a explotar y su extracción, es sólo cuestión de tiempo.

Hoy quiérese  aplicar al pasado conflicto, la Justicia Transicional, lo que significaría aplicar los conceptos modernos a situaciones pasadas,  que eran impensables de considerar y, mucho menos valorar, a la luz de las operaciones militares del momento. La Justicia Transicional busca la reparación a las víctimas - hoy consideradas como tales - cuando en aquella época, fueron de  calificadas de terroristas, por realizar actos ilícitos contra el Estado legítimamente constituido. Tales consideraciones a la luz del Derecho tradicional, resultan absurdas; así como en su momento, el Derecho Penal Soviético era considerado, pues su postulado central era: primero realice el acto, según su saber y entender,  luego, verá el Estado, a su conveniencia de los efectos del Acto, si es delito o no y en consecuencia se determinará la pena ejemplarizante.  No obstante, una muy larga y detallada labor, ha ido cambiando la percepción jurídica de las nuevas generaciones, hasta considerar que, tales principios sí, son justos y apegados a los principios universales del Derecho.

Por otra parte, la remoción de las estructuras de poder estatal, de las antiguas jefaturas militares, dio a sus integrantes, una sensación de tranquilidad,  pues nunca consideraron los efectos de la Justicia Transicional y al darse algunos esbozos, de esta nueva tendencia, decidieron mantener un perfil bajo, confiando en que todo se desvanecería con el tiempo. No fue así sin embargo, y contribuyeron a ello, las dificultades surgidas entre las diferentes promociones de oficiales, acrecentadas durante el conflicto; además, subsistieron  viejos resentimientos entre el estamento militar y el civil, por incidentes personales y políticos suscitados durante los años del 60´s, hasta los Acuerdos de Paz; año este, en el cual el estamento militar, dejó de constituir un poder semiautónomo, dentro del Estado.

Ninguna consideración merece hoy, el esfuerzo realizado durante el conflicto armado, por las altas jefaturas de la Fuerza Armada y los distintos jefes de las unidades militares, para mantener, un muy difícil equilibrio, entre la eficiencia de las operaciones militares, y los límites impuestos por los Estados Unidos, para el ejercicio de las mismas,  y el respeto a los Protocolos de Ginebra y la política interna de El Salvador.

A la luz de las consideraciones jurídicas modernas, los heroicos  actos de los militares en defensa de la patria, fueron ilícitos, mientras fue lícita la de los terroristas. Esta nueva lógica se desprende de los conceptos que se tienen sobre los actos realizados por el General Vides Casanova, el General García y el Coronel Montano, en las diferentes Cortes de los Estados Unidos, y de las primeras consideraciones del Auto del Juez Velazco Núñez y de la Demanda de Inconstitucionalidad presentada ante la Sala de lo Constitucional, por Félix Ulloa, María Silvia Guillén y otros. Resulta que, si se logra deducir responsabilidades directas contra los autores intelectuales, se deducirán luego, contra los autores materiales: los hoy Generales, Coroneles y Mayores en situación de retiro, pues fueron como Sub-Tenientes, Tenientes y Capitanes, los ejecutores materiales de las órdenes del Alto Mando y de las jefaturas de las diferentes unidades militares.

Veamos este ejemplo para ilustrar mejor el concepto: ningún Maquis (Resistencia Francesa durante la ocupación) fue condenado por excesos y tortura de los soldados alemanes capturados en la campiña francesa, pero los soldados alemanes capturados en Francia, sí fueron obligados a trabajos forzados, en la remoción de escombros y construcción de viviendas, como retribución personal sobre sus actos en guerra. Todo se limita a la consideración de si los actos realizados en guerra, fueron lícitos; licitud determinada por la causa que los generó: ¿Fue de legítima defensa o  defensa de intereses de clase? Sobre este punto, la izquierda ha trabajado mucho en los últimos treinta y seis años, luego del Golpe de Estado del 15 de octubre de 1979.  Por el contrario,  la derecha en general, ha considerado que por no generar réditos electorales, estas consideraciones carecen de importancia y  que, los conceptos jurídicos judiciales son en el tiempo, invariables.

Los dos partidos que sostuvieron una  confrontación política con el FMLN durante el conflicto armado, fueron la Democracia Cristiana y ARENA, pero después de los Acuerdos de Paz, el uno sin la ayuda norteamericana, se desinfló y el otro, se dedicó a explotar los beneficios del poder, pero sin interesarse en destruir a su enemigo ideológico y político, el FMLN. Este continuó bajo una organización militar, perseverando sobre sus objetivos y explotando los desaciertos de ARENA. En algún momento, la Derecha consideró que el campo sería el nuevo asentamiento político del  FMLN, “para que murieran de hambre, pues no sería capaz de hacerlo productivo”, pero sí, se conservarían las zonas industrializadas. Gran error: ARENA perdió el campo, su primigenio bastión político, y no consolidó las zonas industrializadas,  al grado que desde finales del Gobierno de Armando Calderón Sol, la superioridad legislativa de ARENA, se mantuvo solo gracias a alianzas, una superioridad que se rompió el 2009.

A partir del 2009, el FMLN, deja sus objetivos revolucionarios y explota el poder obtenido; excluye a muchos de izquierda y se convierte en una estructura económica, con el financiamiento de ALBA, pero los objetivos de destrucción de la antigua Fuerza Armada, ya iniciada desde los Acuerdos de Paz - cambiando la doctrina de la Fuerza Armada - se acentúan.  La persecución a antiguas jefaturas, pasa hoy a un segundo o tercer plano, pues políticamente para el FMLN ya no es relevante esta persecución: tiene su vida propia dentro de diferentes organismos internacionales de Derechos Humanos. El colapso del IPSFA ya no ha sido relevante en la política y ha sido tratado como una entidad previsional más, como el Seguro Social o el INPEP. Moralmente sin embargo, el desaparecimiento inminente de la institución, significa en el país, la destrucción de una era en la que la Fuerza Armada fue importante para la institucionalidad del país.

El principal problema latinoamericano, para enfrentar a la Justicia Transicional, es que cada país, ha considerado el conflicto aisladamente, no en su dimensión continental. El militar argentino considera que su conflicto nada tiene que ver con el colombiano o el salvadoreño. El salvadoreño, cree que el juicio contra el General Ríos Montt, no le afectará o que las acciones de los militares chilenos, no son comparables con las nuestras. Pero las diferencias no son estratégicas, sino estrictamente operacionales,  obedecían a la forma en que se enfrentaban las amenazas, pero todas estaban en relación con las causas y la estrategia global de la URRS y de los Estados Unidos.

Si bien es muy poco probable que se pueda dar  una nueva alianza militar latinoamericana, sí es posible detener, de cierta manera, la persecución contra los militares salvadoreños; ellos serán  los primeros, luego seguirán Cristiani y Francisco Merino,  este último por haber sido  - según fuentes españolas -  quien envió un fax a Ignacio Ellacuría, para que viniera “a mediar entre las partes”, por lo que  puede afirmarse que fue él, quien “le condujo a la trampa”. Almudera Bernabéu, ha sido clara: “no se ha incluido a Cristiani, por ahora”, por lo que es de esperar que, luego del proceso contra los militares salvadoreños, se deduzca responsabilidades contra los políticos.

La segmentación de la Derecha, y la explotación de las diferentes debilidades de los distintos actores de la vida política nacional, han sido la clave para el triunfo de la Izquierda.  El creer que si se corre más, se estará a salvo, porque el león devorará al más lento, es un error: el león devora una a una a sus presas y sólo la acción común, puede salvar a colectividad. El peligro sólo se superará si se logra un equilibrio en las fuerzas del pasado conflicto armado,  llegando al convencimiento de que por las acusaciones judiciales mutuas, puede darse una destrucción común.  


Los procesos por crímenes de guerra contra la Comandancia del FMLN, deben  ser abiertos y debidamente judicializados: los libros por ellos escritos, son pruebas de confesión de crímenes de lesa humanidad y violaciones a las prácticas de guerra. El nuevo campo de lucha tiene que ser en las Cortes norteamericanas y en los foros de Derechos Humanos europeos. Los efectos se sienten hoy aquí, son generados fuera. Tiene que presentarse una tercería, por perjudicado, en el proceso de Inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía,  para dejar plasmado en el proceso, la otra cara de la moneda, aunque no modifique el borrador ya proyectado, y se tiene que explicar jurídica y políticamente, en foros públicos, la razón de todas las acciones militares de la época.