Publicación Acción

Es necesario expresar libremente el pensamiento político para el fortalecimiento de nuestro sistema democratico, republicano y representativo.



domingo, 17 de septiembre de 2023

NO NOS "CARCELIABAN"

 


Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION

 

No nos “carceliaban”, es la expresión hoy usada, por muchos salvadoreños: barbarismo que convierte un sustantivo, en un verbo en pretérito imperfecto, para expresar que, en los Gobiernos anteriores, no se les encarcelaba sin motivo, ni masivamente. Por lo que analizaremos esta expresión, desde su significado político.

 

Al inicio de la campaña presidencial de Mauricio Funes, con autorización del presidente Saca, inició un acercamiento a pandilleros encarcelados (según reportaje de Radio Nederland). Dicho acercamiento, permitió que las pandillas tomaran forma política, obligando, a todo político, a negociar con ellas, para poder realizar una campaña en su territorio.

 

Esta convivencia (coexistencia armónica entre dos grupos humanos) permitió que los grupos criminales pasaran de la extorsión, como fuente principal de ingresos, a fuentes más lucrativas: trafico humano y actividades relacionadas con la droga. Por lo que al romperse la convivencia y, al sufrir daño estas nuevas fuentes de financiamiento, finaliza la tregua con las pandillas.

 

Por ser las pandillas, grupos dispersos y responder a instintos básicos, las reacciones fueron variadas y el Gobierno, debe encarcelar indiscriminadamente, para poder sostener un “frente de guerra” contra las pandillas. Dicha acción, en un inicio, fue respaldada por la mayor parte de la población, ya que el 73% estaba siendo extorsionado, pero luego de 18 meses y miles de presos sin motivo, la población resiente el régimen de excepción, principalmente en las comunidades rurales y, donde el Estado da un servicio deficiente (33% área rural y 44.6% área urbana, con servicios deficientes).

 

Esto hace pensar en una reversión del voto, siendo desfavorable para Nuevas Ideas, aunque aún no hay encuestas, que planteen el temor a ser encarcelado o, la opinión de los parientes de los detenidos. Las personas se refieren a que fueron mejores los gobiernos de ARENA y el FMLN, aunque tienen reticencia a dar su voto por ellos, porque aún pesa la propaganda negativa realizada en las dos últimas campañas por el bukelismo, pero expresan claramente que no votarán por Nuevas Ideas o por nuevos partidos, que llevan candidatos que ya pertenecieron a otros partidos políticos.

 

Estas dudas solo pueden ser aclaradas por los candidatos opositores, en un acercamiento directo con la población, ganando el voto para sus partidos, pues se percibe la saturación propagandística en las redes sociales, la que no es conforme con la realidad en la que viven o la negligencia de los alcaldes de Nuevas Ideas, que no han sabido ganarse a la población.

 

Si la persona que piensa que el actual Gobierno, solo ofrece a futuro, mas encarcelamientos y represión, mediante la amenaza de la “aplicación del régimen”, podría pasarse de la abstención electoral, a la aceptación, de que el sistema político es ajeno a ellos y que sólo sirve para lograr, la legitimación formal, del régimen.

 

Ya se percibe la creencia de que, un triunfo electoral de Nuevas Ideas, sólo sería posible por un fraude electoral masivo y, el descontento general, se sumaria a dicha creencia, sobre todo si se ve una labor más activa de la Fuerza Armada, en tareas propias de la Policía Nacional Civil. Se pueden observar otras fricciones con el Gobierno, por el acceso al agua y el desalojo forzoso de vendedores, en calles y mercados.

 

Claramente, un retorno al Estado de Derecho, no vendrá de la institucionalidad actual, ya sea civil o militar. Tendrá que provenir, de un cambio electoral y, si no se da por un fraude, ganarán fuerza y liderazgo, quienes hoy aseguran que el Estado de Derecho se ha roto y que sólo la acción popular, puede generar un retorno al ordenamiento constitucional y, a un  posicionamiento internacional, con el mundo democrático.

 

 

 

 

 

sábado, 16 de septiembre de 2023

PRISIÓN Y LIBERTAD

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION

 

A pocas horas de celebrarse los 202 años de vida independiente, El Salvador se ufana de tener más de 100,000 presos, por el régimen de excepción y sin que haya habido, ni un solo condenado. Noticia que se destaca en El Observador de Uruguay, mientas que la Voz de los Estados Unidos (VOA) es más precisa: sólo son 96,000 reos, triplicando la población reclusa de Estados Unidos, en una razón de 3 a 1, o sea que tenemos 3 veces más presos por habitante. Esto es que 1 de cada 63 habitantes, está en prisión en El Salvador. Esta relación es insostenible en el tiempo más, si este número, se incrementa en el futuro cercano.

 

Si estimamos la población económicamente activa, que es la mayor de 18 años, entonces la relación es 1 prisionero, por cada 43.7 personas. O sea, que estas 43.7 personas deben de sostener a cada prisionero y, si el sostenimiento de cada uno le cuesta a su familia $ 210.00 mensuales, ingresan al Estado $ 21,000,000 mensuales. Si consideramos que los planes a futuro, son convertir las prisiones en centros de producción, en favor del Estado, puede apreciarse que el encarcelamiento, es beneficioso para el Estado, en términos de rentabilidad, aunque claramente, se viole la Convención Interamericana de Derechos Humanos y los convenios con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).  Esta situación es insostenible, para un país con productividad negativa y una economía, basada en servicios para el consumo interno.

 

Hay que tomar en cuenta de que, en la cadena nacional del día 15 de septiembre, el Presidente dejó en claro, cuatro cosas: 1) la necesidad de la continuidad de su régimen, 2) el desaparecimiento de las condiciones para la vigencia del régimen de excepción, pero sí la continuidad del mismo, 3) la mayor eficiencia del Estado en la educación y el manejo de recursos, frente a la empresa privada y 4) la utilización de tecnología para la fiscalización y mayor control poblacional.

 

La continuidad del régimen, sólo puede lograrse, por medio de la reelección y la exclusión de la participación política de los municipios (lo cual es inconstitucional). Para obtener esos dos objetivos, se busca la continuidad en el ejercicio del poder, mediante las elecciones que, en esencia, serán fraudulentas, pues la libertad electoral, no es compatible con el régimen de excepción.

 

La baja de productividad nacional, tiene su origen en el régimen autoritario que se pretende perpetuar y, busca alivio en una economía de servicio, con tendencia a una economía dirigida. Asegurar que el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional, manejado hasta ahora, por la empresa privada, alcanzara una eficiencia de un 500% en manos del Estado, aumentando y mejorando sus servicios, a un menor costo, es un indicativo de lo que se dará a un mediano plazo: una mayor estatización para una economía dirigida, basada en servicios y ahondando, los problemas económicos que estamos padeciendo.

 

El acercamiento a países autoritarios, es cada vez mayor, llegando a acuerdos secretos, al margen de las instituciones de Gobierno y de la opinión pública. Una situación contraria a lo que nuestra independencia ha querido darnos, desde 1821.

 

Por esta razón, cada vez más países, piden el fin al régimen de excepción y la liberación de quienes están siendo presos sin un juicio justo, conforme a los estándares internacionales. Si no se retorna a la plena libertad económica, política y religiosa, será inevitable un colapso nacional.

 

Debe considerarse, a todo detenido por el régimen de excepción, sin juicio apegado a las garantías procesales, un preso político, al igual de quienes han sido detenidos, por intereses claramente políticos, como el caso de los primos Ernesto y Alejandro Muychondt. Y, los 136 asesinados en custodia, como un caso de genocidio de Estado.

lunes, 11 de septiembre de 2023

VERDADES Y FALSEDADES

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION     

 

El desaparecimiento de 262 municipios y, la creación de 44, junto a los efectos del prolongado régimen de excepción (casi 18 meses), han traído consecuencias adversas al proceso electoral, en el que se encuentra el país. Por dichos efectos, se han creado falsedades que se aprecian en las diferentes encuestas y, en el trabajo partidario de la oposición: conveniente es analizarlo.

 

Por el desaparecimiento de los municipios, la participación ciudadana, ha perdido interés en el proceso electoral, favoreciendo el abstencionismo, pues al disminuir la participación ciudadana local, ésta se centra en las poblaciones que tienen mayor peso electoral, imponiéndose sobre los municipios pequeños, que pierden interés en las votaciones, al no sentirse representados por sus candidatos locales.

 

Este efecto, concentrará las decisiones políticas, en los grandes centros poblacionales, en los cuales, la influencia de las redes sociales es mayor, pues existe un distanciamiento humano o desapego al espíritu municipal. Más aun, si sus identidades municipales son fuertes o separadas por límites naturales, tendrán mayor distanciamiento en esta integración política forzada.

 

Esto estimularía el abstencionismo, el cual puede incrementarse proporcionalmente; según la población del municipio extinto, en relación con el municipio principal. Ejemplo: en el Municipio de Santa Ana Oeste, tendrá una participación política nula, en Candelaria de la Frontera, San Antonio Pajonal y Santiago de la Frontera, participación política media en San Sebastián Salitrillo y El Porvenir, por su cercanía a Chalchuapa, que posee el principal foco poblacional y es núcleo electoral, de este nuevo municipio. Por lo que se puede concluir, que el primer efecto negativo del reordenamiento, es el desestimulo electoral.

 

Este desestimulo, es para que el oficialismo, pueda utilizar su dominio de las redes sociales, para la opinión pública, favorable a sus intereses, como medio de control social. El segundo medio utilizado por el oficialismo, es la presión social creada por el régimen de excepción, pues en las poblaciones pequeñas, se ve que la política, ya no se discute, pues hay temor de tener reuniones con tal fin, pues podría aplicárseles “el régimen”, lo que llevaría a la no participación política o colaboración, con figuras externas a dicha población.

 

En conjunto, ambos fenómenos, alteran el resultado de cualquier encuesta tradicional, la cual se basa en la sinceridad o concordancia del pensamiento con lo expresado, pues el régimen de excepción, está creando un condicionamiento social, acorde con la voz oficial, pues asegura la supervivencia. Este fenómeno, es comparable con una encuesta hecha en Venezuela, Cuba, Nicaragua, Rusia o China. Escondiendo un descontento latente, que da origen a la emigración, pretendiendo justificarla, por la crisis económica mundial.

 

Esto hace que la actual elección política para presidente, alcaldes y diputados, no sea una elección normal, para un relevo de autoridades, sino una elección que recae sobre el modelo político: autoritario o democrático. Esta situación es entendida, por muchos analistas y diplomáticos, pero no por el ciudadano común, especialmente, por aquel cuya participación política, se da en los lugares más pequeños, pues sus necesidades recaen sobre la alimentación y subsistencia diaria y, no ven una relación directa, con aspectos ideológicos, aunque su crisis personal, se derive de la aplicación de dichos conceptos.

 

Este desentender de la cosa pública, frente a las necesidades propias, se ve reforzado desde el Ejecutivo, con ofrecimientos continuos de asistencialismo, el cual no corresponde a la verdadera subsidiariedad, sino al fin electoral del oficialismo.

 

Previo a la inscripción formal de los candidatos opositores, es necesario que éstos entiendan esta realidad y dirijan sus campañas hacia la defensa del municipalismo y la participación ciudadana, en rechazo al régimen de excepción y las medidas restrictivas del oficialismo.