CAMBIO CONSTITUCIONAL

Por      

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

 

El peligro que connotados abogados y antiguos constituyentes advierten, sobre un cambio en la Constitución, entrelazase con la política práctica que favorece dicho cambio y el cual, se produciría, sin resistencia social; por hoy, se ve sólo como ignorancia de la ley, frente a las necesidades nacionales.

 

El Ejecutivo ha ignorado la ley o, ha procurado torcerla hasta su quiebre, generando repetidos conflictos con la Asamblea Legislativa y con el Órgano Judicial: inicio de un cambio que terminará modificando la Constitución, en forma contraria a su mandato.

 

El Ejecutivo aprovechó la pandemia, para utilizar ciertas atribuciones, que excepcionalmente permite la Constitución, pretendiendo volverlas de uso cotidiano. Una es la limitación de libertad individual y otra, la limitación del régimen económico que, generando un dinamismo negativo, para los intereses del Estado, constituirá la plataforma para los futuros cambios constitucionales, por ser ya de “necesidad para el Estado y la sociedad”.

 

El aislamiento y la limitación de la actividad de la población, ha sido eje de las acciones del Gobierno, pretendiendo no advertir sus consecuencias: la baja en la economía y el colapso de varios sectores económicos, que hoy necesitan el auxilio estatal.

 

Si la Asamblea Legislativa y el Órgano Judicial no se imponen en el respeto a la ley; seguiríamos aún encerrados en nuestras casas, por tiempo indefinido, esperando que califiquemos para algún tipo de asistencia. El Gobierno ha intervenido en los asuntos privados al suspender los alquileres y el pago de servicios, suspendiendo la actividad productiva, alterando el orden económico y poniendo en riesgo el sistema bancario.

 

Debido a los gastos excesivos e incontrolados del Gobierno, se ha establecido que las necesidades de éste, son primero y, que la totalidad de los recursos del Estado, deben ser para su consumo, y que la actividad privada, tendrá que ser, en función de los intereses de éste. La falta de auditoria pública no permite establecer la responsabilidad de los funcionarios, y así gastan arbitrariamente, sin control, siguiendo la “necesidad popular”. Un ejemplo es la asistencia con alimentos, cuando ya no hay cuarentena, prometida por el Presidente.

 

El anuncio del Ministro de Hacienda, de que posiblemente en el mes de septiembre, no haya para pagar salarios, plantea que dependeremos, para el gasto corriente, de préstamos internacionales y que un alza de impuestos, será inminente, en una economía deprimida, por lo cual debe de esperarse mayor coacción, hacia la iniciativa privada. Esta situación puede justificar el ingreso del colón, en paridad con el dólar para las importaciones, controlado por el Ejecutivo, e implementar el “corralito”.

 

Si el Gobierno controla la libertad, en su libre ejercicio y también la economía, toda la vida social estará en sus manos: la libertad política quedará coartada y desaparecerá la institucionalidad.

 

Por ahora, se plantea un cambio constitucional en la parte orgánica, para hacer más “fluido” el desempeño del Ejecutivo. Se dará fin a la autonomía municipal, pues al restringir o cesar los fondos FODES (ya se anuncia un retraso en su pago), tendrá que haber una fusión de los mismos o, sujeción hacia el Gobierno central.

 

La constitución no puede reformarse hasta dentro de dos legislaturas, sin tocar los artículos pétreos y garantías constitucionales, pero como ha dicho un analista afecto al Gobierno: “la Constitución no la percibe el pueblo”, por lo que, el desprestigio a la Asamblea, justifica un cambio constitucional ante la población, para que la nueva Constitución sea aceptada sin protesta, que pueda desestabilizar al Ejecutivo.

 

La Constitución actual ha permitido el bienestar de que gozamos, evitando que el Ejecutivo se erija en dictadura, pero su defensa tan necesaria, depende de cada ciudadano.

LA FUERZA ARMADA Y LA POLÍTICA

 

Por      

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

 

Tres hechos dejaron en claro la interpelación al Ministro Merino Monroy: su lealtad, no a la Constitución, sino al Presidente, la politización de la Fuerza Armada y, su uso futuro en cuestiones ajenas a sus funciones. Puede esto ser entendido, si se observa desde el concepto de la revolución molecular disipada y, la deconstrucción de los conceptos tradicionales, creando una nueva realidad nacional. Sólo así, podremos entender el proceso y sus consecuencias, que se están desarrollando en El Salvador.

 

La Fuerza Armada y los temas de Seguridad Nacional, no pueden ni deben verse, con óptica político partidarista, porque son parte de la política nacional de protección y resguardo de los intereses nacionales permanentes, que son dictados por la voluntad ciudadana, expresada en su Constitución, ajustada a la realidad nacional, en relación con las geopolíticas.

 

Por esta razón, la Constitución preserva la apoliticidad de la Fuerza Armada, que es garante último de su cumplimiento, y de la coacción de la institucionalidad nacional. Art. 211 y 212 de la Constitución. El cambio en ese sentido, apreciado en el Ministro Merino Monroy, es consecuencia de la deconstrucción que se está dando: conlleva un cambio en la semántica e implica un cambio de significado y concepto.

 

Por ejemplo, la Fuerza Armada no ha objetado los cambios en los símbolos patrios, hoy nuestro escudo es blanco en fondo negro y estrellas alrededor, la bandera nacional se usa como objeto decorativo y no como símbolo de la nación. Los troles de Bukele usan el término “poder popular” y no, “poder soberano”. Todo en su conjunto, genera un cambio conceptual, por el que podemos explicar las atorrancias jurídicas cometidas por Casa Presidencial y los reveses tenidos en la Sala de lo Constitucional, con su advertencia sobre los límites de los funcionarios.

 

El proceso de deconstrucción se deriva del neo-marxismo, en su forma de revolución molecular disipada, concepción derivada del movimiento revolucionario francés de 1968, un movimiento intelectual asentado primero, en las aulas de la Sorbona (Francia) y luego en la Universidad de Frankfort, Alemania.

 

En esta concepción, es generada la revolución, sin estructura, por lo que se la denomina molecular, aglutinándose para un fin específico. Así se explica el triunfo de Nayib Bukele, y el cambio de los valores y conceptos nacionales que vemos hoy, utilizando para ello, la deconstrucción. El cambio que hoy se pretende realizar en la Fuerza Armada, dándole valores, funciones y atribuciones inconstitucionales, se aplica también a otras instituciones.

 

El FMLN, sigue defendiendo el marxismo, tal lo expuso una de sus diputadas, pero está contra los abusos de Bukele: su pensamiento es el mismo del conflicto, acomodado a los Acuerdos de Paz de 1992 y, la mira de alcanzar el poder, es para su estructura, la cual choca con las pretensiones de Bukele, que basa su estrategia en lo informe de su movimiento.

 

Por esta razón, este proceso se aleja de la esfera venezolana, pero vemos que varios funcionarios han viajado a España y han tenido una muy buena acogida por Podemos y otros sectores separatistas españoles, y de igual manera deben entenderse con otros socialistas europeos.

 

Los troles de Bukele, ya han estado anunciando “la transformación” del país, lo cual se había tomado sólo como campaña electoral y populista, pero es una forma nueva a la que nos enfrentamos. Hasta hoy, la derecha argentina, chilena, peruana y colombiana están observando sus procesos políticos internos, encontrándoles sentido, bajo los conceptos de la revolución molecular disipada del neo-marxismo. La derecha salvadoreña, debe hacer lo mismo, pues es necesario preservar la vigencia de nuestros valores de libertad e instituciones públicas.

FUERZA ARMADA Y SU ARMAMENTO

 

Por      

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION                          

El potencial operativo de la Fuerza Armada y su armamento, son cuestión de Seguridad Nacional: su utilización política, los vuelve tema de dominio público. Su manipulación por parte del Ejecutivo y los troles de Bukele, destruyen el sistema democrático desde su base: la voluntad e intereses del ciudadano. Puede apreciarse la intención de utilizar a la Fuerza Armada con fines que no son los que prescribe la Constitución: la defensa de la soberanía nacional.

 

En la página “defensa.com”, con fecha 5/noviembre/2013, se encuentra el artículo titulado: “Balance Militar El Salvador-Honduras”: sirve de ilustración sobre los armamentos de los dos países, para entender las razones geopolíticas, que señalan las prioridades geoestratégicas y, el armamento necesario, para lograr los objetivos a defender.

 

El Salvador, no tiene conflictos soberanos con Guatemala ni con Nicaragua: ya fueron resueltos desde principios del siglo XX, pero sí, con Honduras que tiene pretensiones soberanas, sobre nuestro mar territorial. Durante los años 30, el General Maximiliano Hernández Martínez, procuró ayudar en Honduras, a una de las facciones, para poner fin a cualquier conflicto futuro con El Salvador, pero sus esfuerzos fueron infructuosos.

 

Esto nos lleva a concluir que, la Fuerza Armada es un disuasorio de tales pretensiones; un disuasorio último, pues primeramente son nuestras relaciones comerciales con toda Centroamérica y la necesidad de un paso libre entre el Atlántico y el Pacífico, como alternativa o desahogo del Canal de Panamá.

 

Nuestro armamento moderno, desde las adquisiciones del Presidente Don Pio Romero Bosque, a final de los 20´s, fue armamento español repotenciado. Utilizado inicialmente en la guerra del Rif (1911 a 1927), luego fue vendido (reparado y puesto a punto, en su estado original) a México, Argentina y otros países latinoamericanos. Nuestro armamento actual (barcos, helicópteros y fusiles) fueron donaciones de los Estados Unidos, procurando mantener en Centroamérica un balance armamentista, y que tales armas sirviesen a sus ejércitos, pero que no fuesen determinantes en un conflicto regional, si alguno se diese.  Es la razón de tener armamentos similares con Honduras.

 

Las armas que sirvieron en la guerra con Honduras (fusiles G3), adquiridas con capital privado e inicialmente, en forma clandestina, prueban lo complicado que es la compra internacional de armas. Los aviones Mustang que fueron comprados en esa época, habían servido en la Segunda Guerra mundial y salieron de contrabando de Estados Unidos, volando clandestinamente sobre México, hasta llegar a Guatemala; nuestros cañones 105 yugoslavos, siguieron un tortuoso camino, igual que los anteriores: podría escribirse una novela de espionaje e intriga diplomática.

 

Hoy se hace pública una permuta de armas, para crear un efecto político electoral, dejando al descubierto, la realidad de nuestra Fuerza Armada, acentuando el desbalance con Honduras que se basa, no sólo en el número de armas, sino en la conducción y capacidad de sus dirigentes. La utilización política de la Fuerza Armada y la manipulación de las demás instituciones públicas, destruyen la unidad nacional y, la capacidad de respuesta a una amenaza.

 

La corrupción revelada por el periodismo investigativo, en la restauración de un helicóptero Bell, por el Ministerio de Defensa, refleja la posible utilización del material bélico, en cuestiones internas del país, para reprimir posibles estallidos sociales, ya previstos por el Ejecutivo, ante la crisis económica que se nos avecina. La crisis ha sido agravada por la lucha emprendida por el Gobierno contra otros Órganos del Estado.

 

La interpelación al Ministro de Defensa, probaría la sujeción del poder militar al poder civil y así, evitar abusos del Ejecutivo. Si la Asamblea Legislativa no reestablece el equilibrio de poder, roto por el Ejecutivo, su restauración recaerá en la gremiales, sindicatos y organizaciones cívicas.

OBSERVANDO EL TERREMOTO, NO EL TEMBLOR

Por      

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

 

La captura de Gustavo López Davidson y de los generales Munguía Payes y Benítez, es sólo un temblor en el terremoto político que vive este país; su fin es crear los efectos electorales que distraigan de lo fundamental: los abusos de poder y consolidación de una dictadura, destruyendo el sistema democrático, republicano y representativo, con ayuda de la Fuerza Armada y la utilización de los fondos públicos.

 

Desde finales del Gobierno de Saca, se ha utilizado el ataque a dirigentes de ARENA o expresidentes, como medio de restar votos en las elecciones futuras, créese que las acciones individuales, pueden ser atribuidas a la totalidad de los afiliados y simpatizantes. Esta forma de ataque, ha dado altos réditos políticos: primero el triunfo del FMLN, después el de Nayib Bukele; esta estrategia, ha variado en sus objetivos personales, pero no, en su fin. Agravada por la política del partido, de no reconocer que dicha estrategia, es contra el partido y no, contra una persona. El FMLN, ha sido monolítico en la defensa de sus miembros, por lo que, no se le ha atacado, de esta manera.

 

Lo Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad, cometidos por el FMLN, han quedado impunes, pues todo señalamiento, en tal sentido, se combate diciendo que son maniobras políticas y electorales de la Derecha, esquivando así, su responsabilidad. Aunque ha sufrido una contracción partidaria, ha tenido la habilidad de poner al frente, a diferentes cuadros, pero conservando su verticalidad, como lo estuvo durante el conflicto armado. Puede decirse que, sólo la escisión de Bukele, les ha causado mella, pues muchos de sus antiguos cuadros son hoy, el pilar central de Nayib Bukele; una escisión que vino preparándose muy taimadamente, desde su nombramiento como Alcalde de Nuevo Cuscatlán, aglutinando las diferentes purgas del FMLN guerrillero.

 

La estrategia distrae y oculta la maniobra de destrucción del sistema republicano y democrático: su sensacionalismo, opaca los desvíos de fondos públicos y, las violaciones a los Derechos Humanos, cometidos durante la pandemia, justificando las acciones contra el sistema, realizadas por Nayib Bukele y sus allegados.

Los distintos distractores políticos, creados por Bukele, no permiten apreciar el desfalco que hoy se está dando: los mil millones prestados para la pandemia, ya no existen, pues han sido empleados en destinos diferentes. El presupuesto del 2020, ha sido despilfarrado y los Ministros se niegan a dar cuentas sobre sus gastos, tal hace el Ministro de Agricultura y la Corte de Cuentas de la República, que afirma, que ya no puede investigar.

 

Si la corrupción de los funcionarios fuese únicamente para enriquecerse, habría un perjuicio limitado, pero mucho de ese dinero, es utilizado con fines electorales, destruyendo al sistema republicano y democrático. Hoy los fondos desfalcados, se utilizan por los partidarios de Bukele, a su plena conciencia, sólo para consolidación de su poder.

 

Se dice que la Fuerza Armada militarizó la Asamblea Legislativa, pero fue el Ejecutivo el que pretendió suprimir la Asamblea, por lo que vemos una manipulación de la Fuerza Armada como tal y, la expresión de Bukele de querer fusilar a los Magistrados, es para amenazar al poder judicial. Su violencia afloró, como cuando tiro una manzana a su concejal por contradecirle: tales actitudes son contrarias al sistema republicano, que se basa en el equilibrio de poderes.

Si los salvadoreños no exigen a sus funcionarios rendición de cuentas, estarán forjando las cadenas de su prisión y, si las entidades internacionales, dan más dinero a este Gobierno, que no responderá por sus obligaciones, lo verán acercarse a esferas geopolíticas, hoy antagónicas a quienes le apoyan.

 

 

FUERZA ARMADA Y PERIODISMO

Por      

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

 

La propaganda afirma, que en la Fuerza Armada, ha habido un quiebre, separándo: la de “antes” y la de “hoy”; los ya denunciados ataques al gremio periodístico y, los señalamientos de corrupción, a los diferentes Órganos del Estado, a excepción del Ejecutivo, son en apariencia, situaciones sin relación, regidas por la política cotidiana, con fines electorales;  realmente son todas, diferentes escenarios de un planteamiento estratégico único: el Foro de Sao Paulo; no bajo la dirección de la izquierda latinoamericana, liderada por Venezuela, sino con dirección eminentemente local, para la consolidación del poder dictatorial de Nayib Bukele, en una forma de izquierda, bajo un autoritarismo propio,  desligado de la organización de izquierda latinoamericana, pero con sus mismos principios.

 

La Fuerza Armada ha pasado por diferentes períodos, hasta llegar al presente, pero conservando su continuidad, sirviendo siempre a la estructura civil y, bajo el orden constitucional; sus detractores confunden intencionalmente, el “deber ser” de su institucionalidad, con el juego político cotidiano o con ambiciones personales. El objetivo actual, es crear una separación conceptual, para que la misma estructura quede bajo el dominio de Nayib Bukele, exigiendo un juramento de lealtad hacia su persona y no, hacia la Constitución la que, en definitiva, es la expresión máxima de la soberanía, que establece la entelequia nacional.

 

Los ataques hacia la prensa, tienen por objeto su dominio, pues con éste, se obtiene el de la opinión pública; la prensa integra, por medio de la noticia y el comentario, el acontecimiento diario y así, el ciudadano se da cuenta del acontecer nacional y se forma opinión, que dará su fruto político: el voto. Si se carece de información y de libertad de expresión, se está gobernado por un dictador. La cadena nacional, se ha convertido en tribuna política, para arengar sin oposición, a sus partidarios, ya no es forma de enviar específicos mensajes a la nación.

 

El Foro de Sao Paulo, plantea el desprestigio de las diferentes instituciones políticas y cívicas del país, para logrado su debilitamiento, forzar cambios institucionales. No sólo es el desprestigio de las instituciones, es también el cambio de los símbolos patrios, procurando crear una nueva identidad, sin significado cívico, teniendo sólo el del dictador. Como muestra, se puede mencionar el ataque a los Magistrados de la Sala de lo Constitucional y los cambios en el escudo y otros símbolos patrios, regidos por la Ley de Símbolos Patrios y con un significado específico.

 

Las instrucciones dadas a los funcionarios públicos, para no tener contacto alguno con la ANEP y otras gremiales, pretende crear temor y señalar a los empresarios como enemigos del “pueblo” y luego de marginarlos, realizar distintos ataques de amedrentamiento: señalarlos de evasores, utilizando el poder gubernamental, como arma política contra sus opositores. Todo destinado a dividir a la posible oposición e impedir que la misma, busque nuevos líderes, fuera de los tradicionales, ya muy desgastados por la propaganda gubernamental.

 

Los lineamientos del Foro de Sao Paulo, fueron para consolidar el proyecto político de Venezuela, en su expansión geopolítica, en una concepción muy propia de la izquierda, pero sus lineamientos, son hoy utilizados por Nayib Bukele, en un proyecto geopolítico propio, que puede pretender a Centroamérica, si observamos su cambio de opinión sobre la integración centroamericana, antes combatiéndola y, apoyándola hoy, para buscar el respaldo financiero y político del resto de Centroamérica, cuando El Salvador se encamina, al caos político y financiero.

 

Es fundamental comprender la estrategia para crear una dictadura en El Salvador, pues sólo entendiendo claramente, el proceso que se sigue con tal fin, podremos preservar el sistema político liberal, democrático y republicano que nos ha dado bienestar.

DECRETO EJECUTIVO N° 32

       

Por      

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

 

Declarado inconstitucional el Decreto Ejecutivo N° 32, queda éste, expulsado del mundo jurídico, advirtiendo al Ejecutivo, de que no puede continuar invadiendo las esferas de otros Órganos, ni violentando los derechos de los ciudadanos. Dicho Decreto, reflejaba la tendencia del Ejecutivo, a cambiar la estructura e interpretación de la Constitución, invirtiendo su sentido, y volviendo normales, los poderes que, por excepción, se le han dado al Gobierno, limitando permanentemente, los derechos del ciudadano.

 

El Decreto, en su considerando V, interpreta el Art. 101, inc. 1de la Constitución, como si la libertad económica, se contrapusiese a la salud pública y, por esto, limita toda actividad económica, permitiendo su ejercicio, sólo a criterio del Ejecutivo. En el considerando IV, pretende usar, en sentido restrictivo, de derechos, las distintas recomendaciones, para combatir la pandemia, de Organismos Internacionales, e interpreta en sus considerandos I y II, que la preservación de la vida (en su sentido físico e individual) es el objetivo del Estado y no, en su sentido amplio, integral, como lo expresan los constituyentes de 1983.

 

Este cambio, da al Ejecutivo, la potestad de disponer sobre los derechos individuales que garantizan la vida plena en sociedad, extinguiendo los derechos y garantías individuales. En su interpretación errónea de los principios constitucionales, invade la esfera de la Asamblea Legislativa. El Decreto 32, pone al Ministerio de Salud, como el rector del Órgano Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa, como un mero espectador, que debe  autorizar la restricción de libertades, ordenada por el Ejecutivo y obtener los fondos necesarios, para la continuidad del sojuzgamiento permanente de los ciudadanos.

 

La supresión de derechos y la usurpación de funciones legislativas que conlleva el Decreto 32, reflejan una inversión de los conceptos constitucionales: las medidas a tomarse en una crisis, son temporales y acordadas en conjunto, de acuerdo al marco constitucional, entre los Órganos Ejecutivo y Legislativo, pudiendo intervenir la Corte Suprema de Justicia, en la Sala de lo Constitucional, si la legalidad se rompe. Pero ahora, pretendese hacer normal esa excepcionalidad, con supremacía del Presidente de la República y, en detrimento permanente, de los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos.

 

Todo nos llevaría inevitablemente, a un socialismo disimulado por democracia, y en el que los derechos individuales, ceden ante el “poder popular”, como dicen los troles de Nayib Bukele.

 

Aún sin la inconstitucionalidad del Decreto 32, los médicos no han abandonado a sus pacientes regulares, los operarios han trabajado, la ropa y calzado se vende en las calles. Todo porque es la vida cotidiana y normal de una sociedad, la que se desenvuelve: todos están conscientes del peligro de la pandemia y, procuran realizar sus actividades, tomando las mejores medidas de protección, de las que se pueden proveer.

 

Sólo el empresario formal y grande, no puede ejercer sus labores, pues el Gobierno, tiene el alcance de cerrarlos, pero la vida fluye normalmente en la informalidad, desarrollándose en clandestinaje, la vida normal. Una sociedad libre, no puede desarrollarse en esa forma, ni un Estado puede mantenerse a sí mismo, sin esa actividad diaria, que marca el dinamismo colectivo, pero que el presente Gobierno, pretende, en las próximas elecciones, poder perpetuar y legalizar las restricciones de derechos fundamentales e inalienables.

 

Hoy, la institucionalidad ha protegido los intereses del ciudadano, pero si el presente Gobierno continúa, tendrán que ser los ciudadanos quienes directamente, procedan a su legítima defensa; por ello, es preferible sostener el presente sistema político, que permitir un cambio, que sólo pretende subyugar al ciudadano en sus derechos y, concentrar en un dictador, el poder político.

BIENES PÚBLICOS Y CONTRALORÍA

Por      

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

 

Deja el Bien Común, de ser abstracción jurídica, si a un bien del Estado, sea dinero u objeto de cualquier valor, se le designa un destino que deberá cumplirse, partiendo de lo establecido en el Presupuesto General de la Nación y la Ley. Así, la auditoria de esos fondos y bienes del Estado, debe ser del mayor interés del ciudadano; la caducidad de la acción, en la Ley de la Corte de Cuentas, permite que los funcionarios, que han desviado fondos, puedan evadir su responsabilidad con el tiempo: todo fondo público desviado indebidamente, no podrá ser recuperado. 

 

La Asamblea Legislativa, a petición del Ejecutivo, ha designado, en lo que va de la pandemia, fondos para un mismo objetivo, varias veces, en la satisfacción del Bien Común; pero el destino de dichos fondos, ha sido cambiado con posterioridad, provocando así, un desorden en la manipulación del dinero que, luego habrá que reponer, con nuevos empréstitos. Esta manipulación, en los destinos de los fondos, ha sido para compras de “emergencia” con evidente sobreprecio, a los mismos funcionarios.

 

La defraudación a los bienes del Estado, realizada por Presidentes anteriores, parece que será aún mayor, en el presente, a causa de la mala estructuración de la Corte de Cuentas de la República: sea por compadrazgo político o, por los “huecos” que presenta en su legislación, que han permitido que el dinero público, sea malgastado, sin cumplir su finalidad: alcanzar el Bien Común.

 

Uno de esos “huecos”, está en el Art. 95. (Caducidad de Atribuciones Administrativas) LCCR- “Las facultades de la Corte para practicar las acciones de auditoría, para exigir la presentación de la información financiera juntamente con la documentación sustentatoria y para expedir el informe de auditoría, caducarán en cinco años, contados a partir del uno de enero del siguiente año al que tuvieron lugar las operaciones por auditarse.” El volumen excesivo de trabajo en la institución, más las excusas de los mismos funcionarios, será obstáculo para que ésta, pueda auditar convenientemente los fondos utilizados en esta pandemia.

 

El Bien Común, es el bien de la sociedad y, el mal manejo de sus fondos, siempre tiene como finalidad, el beneficio sólo de algunos no, de la mayoría, mucho menos, el de todos, quienes tendrán que pagan esos fondos con su patrimonio. Cada dinero que se malgasta, es un bien que pertenece a todos y, por lo tanto, es un Bien Público.

 

Un tiempo muy corto para realiza auditorias complejas, que se necesitarán para determinar el destino de los fondos utilizados, debe extenderse a dos periodos posteriores al mandato del funcionario, a quien deben su cargo, pues es necesario asegurarse de que no hubo desvió de fondos, ni violación a la Ley. La tendencia actual, es ampliar los plazos en los casos en que hay un perjuicio a la sociedad; es lo que se ha visto con los Crímenes de Lesa Humanidad, lavado de dinero y corrupción. La malversación de fondos públicos, causa un perjuicio igualmente grave, pues el ciudadano no percibe los benéficos de la vida en sociedad, pero deberá pagar a futuro, con impuestos, esos fondos, por lo que las generaciones futuras, serán esclavas del Estado.

 

Si se ha entregado hoy, una canasta de alimentos que vale en el mercado $ 16.00 y, que al Estado le cuesta $40.00, al final, costará $120.00, pagados en 32 años; malgastando el dinero que serviría para lograr el Bien Común. Por eso, es necesario cerrar la posibilidad de que el país, se maneje como la Hacienda de un particular: sin supervisión en sus gastos y sin responder por la administración incorrecta de los bienes públicos.

¿NEO PRESIDENCIALISMO?

Por      

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

Neo-presidencialismo, llámase al orden político actual que va deslizándose poco a poco, hacia una neo-monarquía; proceso que es inadvertido, por quienes luchan por el sustento diario y a quienes hoy, en el sistema que tenemos, no les permite desarrollar su potencial y creatividad. También pasa inadvertido para los políticos, que buscan ser electos, pues su mira está únicamente en el favor de la masa y sólo ofrecen, lo que ésta puede asimilar. El proceso que vivimos, no sólo se ha dado en El Salvador, también en otros países, con consecuencias muy nefastas.

El neo-presidencialismo, es un régimen de gobierno, en el cual el poder ejecutivo, posee preeminencia (de facto y por cualquier medio) sobre el resto de los poderes y orden constitucional. Se le conoce también como hiperpresidencialismo. En Latinoamérica, es una derivación de las dictaduras, basadas hoy, en el populismo, que justifica el origen del poder. Al romper la estructura democrática y republicana, puede derivar en una neo-monarquía, que justifica el autoritarismo, en la supuesta voluntad popular y, en la interpretación del bien común, no en la Ley, sino por parte de quien ejerce coercibilidad.

Los ejemplos de las dinastías Castro en Cuba, de los Ortega en Nicaragua, de la sucesión de Chávez en Venezuela y la que pretendió instalar Evo Morales en Bolivia, carecen de sentido, para quien vive de su trabajo diario y, la pandemia que nos azota, le impide desplazarse en bus para acudir a su lugar de trabajo y labora hoy, en la informalidad. Es tal su necesidad, que cree en el asistencialismo gubernamental y piensa que, a quienes viven mejor que él, no les ha afectado esta catástrofe nacional, agravada por las disposiciones gubernamentales.

El funcionamiento de nuestro sistema político, se basa en el voto popular y por ello, todos los partidos apelan al mismo, pero sin mostrar las implicaciones de la política, más allá de la comprensión de las necesidades de sus electores. Esto hace que quienes ejercen hoy el poder, para la consolidación del mismo, propongan abiertamente la desobediencia a la normativa constitucional, salvo la que les sea favorable, en un retroceso al orden constitucional presente.

Desconocer la normativa necesaria, para ejercer un cargo público (declarar su patrimonio, para después verificar que no ha habido enriquecimiento ilícito), pasar sobre las distintas sentencias de la Sala de lo Constitucional o, declarar que no acatara una disposición de la Asamblea Legislativa, de rango constitucional, como es la relativa a la deposición del cargo por violaciones a los derechos humanos, pasa la línea de neo-presidencialismo, a neo- monarquía. Y en este contexto, un inadvertido cambio en los símbolos patrios, significa un cambio en el sistema republicano.

La forma del Gobierno y Estado, no es concepto político partidario, sino jurídico-filosófico y, siguiendo los conceptos del filósofo alemán Karl Lowenstein, padre del constitucionalismo moderno, los regímenes neo presidencialistas, son una forma de absolutismo disfrazado, con los elementos propios de la democracia (elecciones, contralores, etc.), porque estos elementos "democráticos", son aquí, sólo una estrategia para consolidar su condición absolutista.

La consecuencia de dicho proceso, es la represión disfrazada y justificada por cualquier circunstancia, real o ficticia, pero que sirva para la concentración de autoridad y, se imponga la voluntad del dictador. Consecuencia inmediata, de la pérdida de la libertad, es la falta de actividad económica. Hoy vemos que la actividad derivada del formalismo, está paralizada y florece la informalidad, a la que no llega la potestad del Estado. Y de allí, la exigencia de un nuevo encierro y un nuevo régimen de excepción, deslizandonos inconscientemente, a un nuevo sistema, que ahogará las libertades individuales, acrecentando la autoridad del dictador.