Publicación Acción

Es necesario expresar libremente el pensamiento político para el fortalecimiento de nuestro sistema democratico, republicano y representativo.



sábado, 27 de abril de 2024

PROBLEMAS DE LA CORRUPCIÓN

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION

 

La reciente captura por corrupción, de Cristian Flores. siendo Comisionado Presidencial, permite la pregunta: ¿distractor político o, problema de corrupción?, pues no es el primer miembro del Gobierno, acusado de corrupción, por la Fiscalía: hay muchos otros que están siendo acusados de beneficiarse de sus cargos públicos o, que han conseguido préstamos sin respaldo financiero.

 

El Comisionado Presidencial, es nombrado por el Presidente de la República, como su representante directo, para funciones específicas y posee, constitucionalmente, el rango de Ministro. Se rumora, entre los empresarios, que si quieren un pronto pago o, que se les otorgue algún contrato con el Estado, tienen que dar una comisión a algún funcionario, que él se encargaría de “lubricar el sistema”, para que todo marche bien.

 

A quien no ha entrado en “el sistema”, pueda ser que se le permita acceder, para que proporcione algún servicio al Estado, pero su pago no será seguro y de allí, los $1000 millones de deuda, a este sector. Entonces vemos que existe un sistema subterráneo de corrupción, que posee problemas muy particulares: uno de ellos, es que la corrupción engendra más corrupción y debe  ser regulada, por la entidad corruptora.

 

Cuando un alto funcionario es corrupto, sus actos de corrupción tienden a aumentar y es necesario involucrar a más funcionarios que accedan, a ser corruptos, hasta ser insostenible y es cuando se dan las filtraciones, de la corrupción.

 

Así es como se ha filtrado, la lista de funcionarios públicos, que han obtenido préstamos de la banca estatal, sin garantía, o fuera de sus posibilidades económicas. La corrupción en la PNC, la Fuerza Armada y otras instituciones estatales, se conoce por filtraciones de personas fuera del sistema de corrupción, pero que lo ven y conviven con ella, en sus trabajos, pero sin participar.

 

Alejandro Muychondt, se dio cuenta de la corrupción de los diputados de Nuevas Ideas y de su lucha interna, por el control de la corrupción, durante la pandemia. Tal desencanto con el Gobierno, le costó su libertad y la vida. Para ocultar dicho escándalo, que se acalló con la destitución y captura de Juan Pablo Duran, como presidente de BANDESAL, pues era el eje de la trama de corrupción, aunque no, el cerebro de la misma.

 

A inicios del 2023, Nercy Patricia Montano de Martínez, fue capturada por incumplimiento de deberes, cuando se rumoraba que obstaculizaba los permisos de un teleférico en su jurisdicción, Soyapango, el cual era negocio entre altos funcionarios públicos y una empresa colombiana, muy cuestionada por el origen de sus fondos de inversión. Lo cual demuestra la estructura de corrupción que existe y, que su cara visible, se identifica con la dictadura, en El Salvador.

 

El artículo de la Prensa Gráfica, del 26/4/2023 dice: “"A muchos dueños de locales los están obligando a vender o salirse": Desalojan cuadra de negocios que no han recibido permisos en Centro de San Salvador”. Explica la presión que están recibiendo los dueños de los locales para vender, lo cual excede un reordenamiento de espacios públicos.

 

Para utilizar así el poder del Estado, favoreciendo intereses personales, en un área tan amplia como la del Centro Histórico, y siempre para las mismas personas, es que hay una entidad corrupta que lo dirige y cualquier miembro o allegado, que se aparta de los lineamientos ya trazados o, que pretende extender su corrupción, fuera de lo ya jerárquicamente establecido, es sancionado.

 

El titular del 26/4/2024 “Transportistas piden al Gobierno salvadoreño que explique préstamo chino para renovar buses”, demuestra la falta de transparencia de las finanzas públicas y como opera la corrupción, bajo el poder del Estado.

 

jueves, 25 de abril de 2024

DISTRACTORES Y CAMBIOS

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

 

Además del reordenamiento territorial, el Gobierno planea, un cambio constitucional, modificando los artículos pétreos: aquellos que establecen la forma del Estado, extensión territorial y sucesión en el Gobierno y, su parte dogmática, que establece los derechos del individuo, inclusive los derechos de propiedad privada, libertad religiosa y garantías procesales. Una modificación constitucional que excedería por mucho, las modificaciones anteriores a los Acuerdos de Paz de 1992 y, los cambios que se introdujeron con la Constitución de 1983, con respecto a las Constituciones posteriores a 1950.

 

Las únicas organizaciones que poseen las estructuras, con capacidad de oponerse, son los dos partidos políticos opositores mayoritarios (ARENA y el FMLN), los cuales pudieron completar sus planillas electorales, en todo el territorio nacional, lo que prueba su presencia nacional. Como sociedad civil, sólo podrían oponerse, aquellas que son agrupaciones políticas, sin personería jurídica, pues todas las que están legalmente establecidas: ASI, Cámara de Comercio, ANEP, FUSADES, sindicatos etc., ya han sido silenciadas por la infiltración  y espionaje, para ejercer presión directa a sus miembros, mediante amenazas a sus empresas o a ellos mismos, en el caso que hayan sido funcionarios públicos, en Gobiernos anteriores.

 

Para desestabilizar a los dos partidos mayoritarios, se ha tratado de poner en duda el liderazgo de sus cúpulas, acusándolos de corruptos y, creando división interna, haciendo ofrecimientos de privilegios, a quienes colaboren en dichas acciones.

 

Los juicios por enriquecimiento ilícito, buscan dañar la imagen de los líderes históricos del FMLN y los procesos por sobresueldo, a exfuncionarios de ARENA, buscan la disgregación de todos ellos, sobre todo si se “recomienda un distanciamiento de todo aquel que sea señalado por el oficialismo, pues es quien tiene el 83% de aprobación, según encuestas”, así ARENA se ha distanciado de Norman Quijano, Alfredo Cristiani y otras personas que fueron relevantes, para el partido.

 

Para sembrar dudas sobre la sociedad civil, sin personería jurídica, Joel Sánchez, ha afirmado que todas estas organizaciones le habían solicitado dinero para hacer su campaña y, que su candidatura, fue el resultado de una negociación económica con ARENA. En tal sentido, al no tener el financiamiento proveniente de la deuda política y, tener que enfrentar el gasto que implica la movilización de la defensa del voto: en una reunión con todos los candidatos, Sánchez, afirmó que tenía la capacidad para gestionar dichos fondos, resultando que el financiamiento del transporte y alimentación, de la elección presidencial, fue pagada con fondos de los candidatos, por lo que hubo una muy deficiente atención a los vigilantes de ARENA.

 

La participación de la sociedad civil, en la campaña, no fue organizada, sino a título personal de cada miembro, apoyando a sus candidatos, en el ejercicio de su derecho constitucional, razón por la que ninguna organización pudo haber solicitado dinero para un apoyo organizado. La mención que hace de Resistencia, es porque dicha organización no puede demandarlo por calumnia, ya que no existe en el plano jurídico y en su seno se agrupan muchas organizaciones de la sociedad civil, que ven con preocupación, los cambios que pretende impulsar el Gobierno y, de esa manera, pretende crear un desprestigio sobre su dirigencia.

 

Tendrá que desarrollarse una oposición coordinada, pues por ahora, el Gobierno ha procurado, mediante ataques individuales, desarticular a quienes son disidentes, pero si no hay unión, a aquellos proveedores del Estado que se les debe $ 1000,000,000.00, lo perderán, a aquellos que están siendo perseguidos, irán a la cárcel y los $ 9,000,000,000.00, no serán pagados a las AFP y los bonos librados a los bancos, a corto plazo,  por la liquidez al disminuir del encaje legal, tampoco serán pagados.

martes, 23 de abril de 2024

OBJETIVOS Y DISTRACTORES

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

 

Bajo el título “Alrededores de la Casa Quiñones recuperados”, un noticiero oficialista, explica el proceso de “recuperación” de 200 cuadras del Centro Histórico de San Salvador, mediante el desalojo de las ventas informales. Dicho programa explica, lo nocivo que es para la vista, el sector informal, lo que fueran las casas de las familias Quiñones, Samayoa, Sol y otras familias pudientes, de inicio del siglo XX.

 

Dicho programa, permite reflexionar sobre los objetivos del actual Gobierno, sus efectos y los distractores que está empleando, para lograr sus objetivos.

 

El reordenamiento de San Salvador, según rumores de habitantes y desalojados de la zona, es la continuación del proyecto de la nueva Biblioteca Nacional, donada por China continental, para elevar el valor económico de la zona, en beneficio de inversionistas, posiblemente extranjeros. Un cambio en la plusvalía de la zona, implica un cambio en su actividad económica, por ello, el cierre de negocios y el desalojo, de ventas informales.

 

El mismo programa, señala que la invasión de ventas informales, se consolidó hace cinco años. Lo que no se menciona, es que el aumento del sector informal, es resultado de la pérdida de empleos formales y la compraventa de objetos usados o reconstruidos, es porque se carece de la capacidad de adquirir uno nuevo.

 

Si la actividad formal, fuese estimulada, la informalidad disminuiría, por un mayor poder adquisitivo de la población. Entonces, las ventas informales serian mínimas. Un comentario en dicho programa, explica el espíritu de la expulsión del centro capitalino; “San Salvador estaba opacada por esas ventas informales...Y hoy estamos descubriendo las bellezas que se ocultaban dentro de ese mar de ventas”. Esta expresión degrada la necesidad actual, frente a la opulencia pasada. El Gobierno debe “recuperar” las calles de la pobreza presente, siendo causante de la misma, al no permitir la libre iniciativa.

 

Como la actividad informal de 200 calles se ha reubicado, en la periferia de San Salvador, ahora se anuncia la “intervención” y “recuperación” en los municipios de Ayutuxtepeque, Ciudad Delgado y Mexicanos, todos aledaños a San Salvador. Esta forma de “barrer” la pobreza, expresada en el sector informal, es un ocultamiento, que genera desesperación, entre la población vulnerable y que busca subsistir, por sus propios medios.

 

Para lograr tales objetivos, es necesario crear diferentes distractores sociales, uno de ellos, es la persecución, a quienes cobraron sobresueldos en los años 90´s y en la primera década del siglo XXI: proceso iniciado el 2018 y, utilizado mediáticamente, en el momento de realizar acciones impopulares.

 

Inicialmente, fueron señalados 59 personas y sus declaraciones,  intencionalmente pasadas a los medios, según su interés político, luego llegaron a hacer 70 los señalados y ahora, no se sabe cuantos serán los acusados por la Fiscalía, en un proceso político-común, muy suigéneris, pues avanzará, según la conveniencia del Gobierno.

 

Es de notar, que los primeros interrogatorios realizados en la Asamblea Legislativa y transmitidos a la población, fue para poner al acusado en una posición de autoincriminación, según técnicas inaplicables, en un interrogatorio forense, pero sí, por el policial o el militar.

 

Es de esperar más de estos interrogatorios públicos o, de otros señalamientos. de políticos opositores, como se ha hecho con Norman Quijano, Alfredo Cristiani, Rubén Zamora o llamar a comparecencia judicial a Gloria Salguero Gross, quien ya falleció, hace muchos años, siendo su deceso, de conocimiento nacional.

 

El Gobierno pretende una sociedad sin Derechos, con los niveles más bajos de civismo, y para lograrlo, es necesario crear distractores y, degradar con ello la educación, para la incomprensión de las bondades de un sistema democrático, que admita la libre iniciativa y, el desarrollo sostenible.

domingo, 21 de abril de 2024

REQUIEM PARA LA LIBRE INICIATIVA

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

 

Un titular del 1/marzo/2024 dice: “El Salvador es el octavo país con más retroceso en el índice de Libertad en la última década”. En referencia a que las nuevas disposiciones electorales, restaban libertad de decisión política. Pero el Régimen de Excepción, establecido permanentemente, también limita la libertad, en un concepto general y, las políticas económicas, restringen aún más la libertad, hasta afectar el motor económico social: la libertad de empresa o libre iniciativa económica, lo cual es la más sensible en un sistema social.

 

Ante esta realidad, sólo queda cantar un réquiem (canto que acompaña un funeral), por la libertad, en sus tres formas: pensamiento, opinión y acción. Para ello es necesario, iniciar con el pensamiento de Friedrich Hayek: “La planificación gubernamental haría a la sociedad menos visible, más brutal y más despótica. El socialismo en todas sus formas es contrario a la libertad”, frase tomada de la obra “Camino a la servidumbre”. El Gobierno de Bukele, se presenta como liberal, favorecedor de la gran empresa extranjera, pero restrictiva con la nacional, lo que sitúa a su Gobierno, en una forma de socialismo.

 

El Régimen de Excepción, impuesto permanentemente, restringe las libertades de expresión, deambulatoria y de asociación. Invirtiendo la razón de la libre iniciativa, en el ser republicano: del ejercicio de derechos, basados en el libre albedrio, a privilegios, según la liberalidad del Gobierno. Lo que puede en un inicio, dar una sensación de “normalidad”, cuando no lo es, y sus efectos restrictivos, se van haciendo selectivos y progresivos, en la supresión de libertades y con ello, a la persona, la posibilidad de decidir.

 

Un empresario, asegura públicamente que la empresa Google se instalará en El Salvador, por la seguridad jurídica que le brinda y la seguridad física, para su personal, sin embargo, el Gobierno, asegura tal beneficio, sólo a ellos, pero no lo vemos en lo demás, pues si es necesario mantener el Régimen de Excepción, es porque la inseguridad persiste y si esta, sólo es un pretexto para el libre ejercicio de la fuerza, sin responsabilidad aparente, es que vivimos en una dictadura, que da seguridad, sólo a quien le conviene.

 

Sin libertad plena, se lesiona la libertad empresarial, que en consecuencia, da el bienestar social, pues en el Estado moderno, es la Economía, uno de los elementos de cohesión social: el economista Ludwig von Mises escribió: los empresarios son la fuerza motriz de la Economía. Sin derechos de propiedad ni emprendimiento, es imposible asignar los recursos en forma eficiente. En una economía de planificación centralizada, todas las decisiones, son arbitrarias y, no siguen criterios económicos.

 

El concepto de empresario, se aplica a toda persona que emprende una actividad económica por libre voluntad, su emprendimiento, desarrollo o quiebra, será su responsabilidad, pero el Estado tiene que dar las condiciones favorables para su desarrollo, las cuales son sólo dos: paz interior y ordenamiento (estado de Derecho). Para mantener un equilibrio social, debe de existir la subsidiariedad, o sea la asistencia al que lo necesite, pero sin alterar la estructura del mercado, o la opinión política, pues el asistencialismo se volvería populismo.

 

El orden social debe darse por convicción y formación de la conducta del individuo, pero si se pretende imponer por la fuerza del Estado, como sucede hoy en El Salvador, la libre voluntad desaparece, y con ella, el bienestar.

 

La tendencia es “regular”, la industria del café, la caña de azúcar, el ganado, las ventas callejeras etc. En esa línea, tendremos los efectos de la paralización económica, de forma permanente y el Estado, tomará para su subsistencia, lo que son del particular, sus Derechos.

jueves, 18 de abril de 2024

LA FACULTAD NORMATIVA Y EL ÓRDEN PÚBLICO

 

LA FACULTAD NORMATIVA Y EL ÓRDEN PÚBLICO

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

 

La amenaza de “limpiar de vendedores ambulantes las calles de San Salvador”, creando la ficción de que estos no existen, o de otorgar la ciudadanía, a 5,000 extranjeros, cuando El Salvador, no genera condiciones favorables a la inversión extranjera. Nuestra apertura diplomática y comercial, se limita sólo a países africanos y a China continental, por lo que amerita tratar dos conceptos: 1) la facultad normativa y 2) el orden público.

 

La facultad normativa, se deriva de la autoridad que, para dictar normas, confiere la Ley, las cuales, son de obligatorio cumplimiento y, el orden público, implica que el interés de la mayoría debe imponerse, en respeto siempre de las libertades y garantías de la minoría, para lograr, mediante la facultad normativa, un acomodo pacífico de la sociedad.

 

Parecería que las normas que hoy está dando el oficialismo, cumplen la ficción de la aceptación popular, si consideramos que es válida una elección con el 21.85% del voto capacitado y, si la aprobación del mandato, es del 50% del voto válido, o sea una aprobación sólo, de uno a diez, en razón de la población. Esta realidad pone en duda la gobernanza (gobernar en apego a la voluntad ciudadana y necesidad pública).

 

La relación poder-autoridad-gobernado, puede asegurar la estabilidad, si sólo se aplica la Ley ya vigente, pero genera inestabilidad, si se dan nuevas medidas, que afecten al conglomerado social, aunque  recaigan sobre los que posean menos representación y poder político: el sector informal.

 

Dicho sector, va en aumento, debido al bajo crecimiento económico: 2.7%, según el Banco Mundial, aunque el Gobierno, publicó una cifra, de 4.6%. La realidad señala que el 4% de la población está en situación de extrema pobreza (pasando hambre), y el índice de pobreza se mantiene en 27.5%del total de la población (que no puede satisfacer todas sus necesidades), pero es estable hasta ahora, sin embargo, al disminuir el índice de crecimiento, crecerá la pobreza extrema y la pobreza, en su índice general. El factor de estabilidad, lo han dado las remesas, y la tendencia es, a disminuir las exportaciones.

 

La disminución de las exportaciones, se debe a las condiciones internas negativas, que hacen al país, perder competitividad, pues las condiciones externas (demanda y logística), afectan por igual a toda el área.  Crear las condiciones internas favorables depende, no del particular sino sólo del Gobierno, con su facultad normativa. Por eso hay una relación directa entre la falta de competitividad, con un aumento del sector informal y la pobreza

 

Las disposiciones ejecutivas y  legislativas, van en contra de lo que el país necesita, buscando otros intereses y dichas políticas, no guardan relación con las necesidades nacionales.

 

La mediada de pretender barrer la pobreza de las calles, sólo la aumentará y si en este proceso, se benefician extranjeros: principalmente chinos, estaríamos creando argumentos nacionalistas, para que rechacen a estos nuevos extranjeros. Lo mismo, si se otorga ciudadanía, a personas provenientes del mundo árabe o de África, que no tienen nexos culturales con El Salvador y se pretende imponer, por medio de la fuerza (la coercibilidad o por el poder coactivo del Estado) nuevas formas de cultura, provenientes del Islam, da elementos para una lucha religiosa, que nunca ha tenido El Salvador.

 

La tendencia actual, para favorecer a una iglesia, en bien del oficialismo y, las facilidades que se le dan a quienes promueven el islam, cobrando impuesto sólo a las obras sociales cristianas, demuestran la intención de transformación religiosa.

 

El abuso del poder público, en normar fuera del bien común, crea inestabilidad.