Por
Lic.
Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCION
El
Régimen de Excepción, prorrogado indefinidamente y, el desarrollo de un periodo
electoral, sin que exista amenaza externa, al sistema político, exigen un
análisis, pues son base del sistema electoral, las libertades de expresión y de
asociación, que se complementan en un mismo acto, para dar forma a las
elecciones, de las cuales, surgirá la legitimidad del nuevo Gobierno.
El Régimen de Excepción, al suspender las garantías constitucionales,
deja a criterio del Gobierno, la expresión y asociación, por lo que estas
facultades, pierden su existencia, pero el ejercicio de esta potestad por el
Gobierno, ha encarcelado a cerca de 60,000 personas; muchas de las cuales han
sido ya liberadas o, ratificada su detención, en dudosos procedimientos
judiciales.
Hasta el grado de aseverar que “ El policía es un juez de la calle que
tiene criterios para poder detener, identificar e individualizar a cualquier
persona” (palabras del director de la Policía Nacional Civil, expresadas al
analizar los resultados del Régimen de Excepción, según publicación en “Voces”
del viernes 17 de febrero de 2023).
Tal aseveración, prueba el estado policial que se vive en El Salvador,
por lo cual es muy difícil conocer el sentir o voluntad popular, como expresión
soberana, ya sea en opinión, manifestación o, en las urnas. Las elecciones del
28/marzo/1982, se realizaron bajo un contexto de guerra, pero en la claridad
del enemigo: la pretensión del FMLN de tomar el poder por vía de las armas y el
Estado de El Salvador, celebro elecciones bajo el principio del respeto a la
libertad de expresión y el derecho a elegir o ser electo. Pero ahora, sin que
nadie pretenda el cambio de Gobierno por medio de las armas, el Gobierno, usa
su poder coactivo, introduciendo miedo en la población, para asegurar la
aceptación del Gobierno, por medio de la “legitimación”.
Por esta razón, las encuestas, aunque sean realizadas conforme a los
parámetros técnicos normales, darán un resultado, no acorde con la realidad y,
por lo tanto, inducen a error. Igual error se producirá en el sistema electoral:
pueden darse dos situaciones, abstencionismo masivo o, una alta votación, no
justificada (esta aseveración, se encuentra basada en el número de documentos
únicos, entregados en el exterior, sin justificación con las partidas de
nacimiento, u otros listados de ciudadanos, en el país.
En tales circunstancias, quienes contiendan con el favor del oficialismo,
tendrán la ventaja en el terreno, e igual ventaja, en el sistema jurídico
electoral. La finalidad de unas elecciones en tales circunstancias, es
“legitimar” al nuevo régimen, el cual, bajo ninguna circunstancia, podría ser
considerado “legal”, debido a las violaciones constitucionales, ocurridas hasta
el momento.
La legitimación que pretende el régimen, es fácilmente sustentable en el
interior, bajo un Régimen de Excepción, cuando impera la fuerza, logrando que
el miedo sea rector de la conducta nacional; pero muy difícil que sea aceptada
en el extranjero un Gobierno basado en la fuerza, pero es necesario constante
denuncia de los opositores, especialmente, de quienes sean candidatos en
oposición al régimen y exijan, la vigencia del Estado de Derecho.
La negativa internacional a aceptar las elecciones realizadas por Rusia,
en los territorios ucranianos ocupados, ha sido por la gestión realizada por
Ucrania, ante un acto de fuerza y, de igual forma, la labor de los candidatos
opositores, es hacer saber a la comunidad internacional, la realidad interna del
país y, que dicha realidad, contradice los principios democráticos occidentales,
imperantes en el mundo libre.
La legitimación del autoritarismo, debe ser evitada por la acción de los
salvadoreños, corriendo a elecciones, pero denunciando la opresión del Gobierno.