LA LUCHA POLÍTICA

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION

 

La lucha política, ha derivado al ámbito judicial, como proceso de deconstrucción histórica, generada por el oficialismo, sin considerar, que tal pretendido giro, se revertirá contra el mismo régimen que lo ha provocado.

 

La visión que pretende crearse, es un cambio en el significado histórico, de que el pasado conflicto armado de el El Salvador, fue un conflicto pactado entre fuerzas políticas partidarias; una conservadora y la otra revolucionaria de izquierda, deseosas del poder y de los beneficios personales, que gozaban los conservadores, por lo que se generó una guerra, para equilibrando sus fuerzas, obtener mayores prebendas personales para ambas dirigencias. (Leer editorial del periódico oficialista El Salvador 28/12/2023, que expone estos conceptos.)

 

La razón de tal deconstrucción histórica, es para: establecer que la Fuerza Armada de hoy, es diferente de la Fuerza Armada, que participó en la Guerra Fría. Debe por lo tanto de cumplir un papel diferente, apegado a la visión política-histórica, del oficialismo y  cambiar su apoliticidad, por otra, política partidaria. Los militares en retiro, deben sufrir castigo por sus acciones en el servicio, como muestra de lo que el Estado puede hacerle a quien hoy en el servicio, se aparte de la visón oficialista.

 

El auto del 22/12/2023 del Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, Morazán, en la Causa Penal 238/1990, refleja esta nueva visión política-histórica, convirtiendo un proceso ya plagado de errores judiciales, en un instrumento político-ideológico del Gobierno.

 

Los hechos que juzga ahora el tribunal arriba mencionado, tuvieron origen en la intención, de crear una secesión en el territorio nacional; hechos narrados, desde varios puntos de vista – según las entrevistas de Marta Harnecker a la Comandancia del FMLN en Cuba, sobre el desarrollo de la Guerra y, con el parte de Guerra a la Nación, del General Emilio Ponce, al finalizar el conflicto y, los varios libros escritos sobre estos hechos, por el General Juan Orlando Zepeda Herrera- por lo que la historia ofrece suficientes elementos, para juzgar la realidad de los hechos sucedidos, considerándolos “hechos de guerra”.

 

Esta nueva historia, establece las bases para que los altos mandos de la Fuerza Armada y Policía Nacional Civil, sean juzgados hoy, por los crímenes de Lesa Humanidad, que  se les imputan por violación de los derechos humanos en el actual régimen, aunque sigan instrucciones políticas dictadas por el Órgano Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, pues el régimen autoritario, establece un mando único y, obediencia indiscutible, por lo que la responsabilidad será absoluta, por actuar sin la institucionalidad del Estado de Derecho.

 

Acusar de encubrimiento a las autoridades políticas, por aprobar una Ley en 1993, ya no vigente, no es justicia, pues recae la orden de captura sobre el único político de esa época, que hoy es un activista de los derechos humanos y del Estado de Derecho, Rubén Zamora Rivas y sobre Alfredo Cristiani, presidente de la República en aquella época, quien, ya fue objeto de diferentes ataques de Nayíb Bukele, ordenando en cadena nacional, su captura e incautación de todos sus bienes. En el extranjero, dichas órdenes de persecución y captura, son consideradas de naturaleza política y, por consecuencia, no ejecutables.

 

El proceso en el cual se emitió dicha valoración, busca responsabilizar de terrorismo a la oficialidad, en servicio activo en aquella época y justifica, el quehacer insurgente, lo cual viola el espíritu y la letra de los Acuerdos de Paz de 1992.

 

El actual régimen está creando un precedente que se le revertirá: por ahora, ha destruido la independencia judicial y la apoliticidad de la Fuerza Armada.

 

PUBLICACIÓN ACCION DESEA A SUS LECTORES UN FELIZ AÑO NUEVO Y UN PROSPERO 2024.

LA EMPRESA PRIVADA

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

 

La Empresa Privada, es  columna vertebral de las economías  desarrolladas, pues genera 9 de cada 10 empleos, convirtiéndose, en las mayores contribuyentes fiscales, por medio del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y su relación con el Estado, es esencial, para  la estabilidad macroeconómica del país: en El Salvador, país en desarrollo, el Gobierno, privilegia la inversión pública y ejerce acoso, sobre la Empresa Privada, en sus tres niveles económicos: grande,  mediana y pequeña, lo cual merece un comentario.

 

El total de las exportaciones en 2021, fue de $ 6,395 millones y nuestras importaciones fueron de $ 14,617 millones, exportando a 117 países e importando de 185. La diferencia en nuestra balanza de pagos, fue cubierta por las remesas. Esto nos indica, que nuestra política nacional debe de ir en fortalecimiento de las exportaciones, ya que las remesas, son un producto positivo, de la necesidad particular de emigrar, ante condiciones adversas, provocadas por actos negativos de Gobierno.

 

Las exportaciones, en detalle, son de pocas empresas y aún, las exportaciones agrícolas, son producto de las relaciones de cientos de productores individuales, con los beneficiadores exportadores, somo sucede en el café y la caña de azúcar, de tal manera, que la actividad va de grandes empresas a medianas y pequeñas. El empresario individual, sin importar al rubro a que se dedique, dependerá de las importaciones de los grandes comerciantes y sus productos, serán consumidos localmente, manteniendo un nivel de subsistencia, con un pago de impuestos mínimos.

 

Consideremos que la “Empresa Privada”, como actividad económica, dentro del Estado, no tiene preferencia política, pues su existencia depende del cumplimiento de las formalidades propias de la persona jurídica y, de las regulaciones impuestas por el Estado. Son las personas naturales, las que tienen una actuación política, pero la estrategia del presente Gobierno, es relacionar las relaciones empresariales con la política.

 

Por principio, si la empresa privada es una consecuencia de la libertad económica, tendrá una aceptación favorable, para quienes propicien dicha libertad y si por estrategia política, el Estado privilegia un sector determinado, para obtener su favor político, crea un desequilibrio en la actividad económica nacional, pues la Empresa Privada, abarca todos los espacios de la economía nacional. El Estado, no puede sostener la economía nacional, en base a la inversión pública, pues tendría que poseer recursos provenientes de riqueza de alguna explotación natural o, con recursos destinados para  la actividad privada, los cuales deprimen la economía, a mediano plazo.

 

El presente Gobierno, ha mantenido una serie de ataques hacia la Empresa Privada y la libre actividad económica, política iniciada, desde las acusaciones contra Francisco Flores y la dolarización, mantenidas hoy, con las acusaciones contra Alfredo Cristiani, y el espionaje contra ANEP y ASI. Esto es por la errónea concepción de relación, Empresa Privada/poder político, como antagónico con el poder del Estado. La actividad privada sostiene la bonanza de las economías modernas y los intereses del Estado, irán en función de la protección de sus empresas, pues de ellas dependen la banca y el bienestar de sus Estados.

 

Permitir la creación de sociedades mercantiles de una sola persona, rompe la finalidad de crear entidades que reúnen intereses y capitales de varias personas, para crear una persona jurídica, distinta y, superior de la individual, a no ser, que se pretenda, para el ocultamiento de personas naturales o capitales, como el Bitcoin ha sido señalado.

 

En la medida que, a la libertad económica, se impongan restricciones, se pierden libertades individuales y, será imposible, que el país pueda desarrollarse como nación independiente porque esto sólo puede lograrse, con la existencia de la Empresa Privada.

 

 

 

 

HAMBRE Y REPRESIÓN

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION

 

La sociedad salvadoreña, se encuentra fragmentada, más allá del concepto de izquierda o derecha (como más o menos, intervención del Estado), y de si el orden Constitucional está vigente o no. La fragmentación radica, en si se es capaz de sobrevivir dentro de este Estado o si él Estado, es la fuente de ingresos personales o, permite que se usufructúe la poca actividad económica que existe. La fragmentación social, se manifiesta en la angustia del miedo y la represión o, la opulencia y tranquilidad del poder.

 

Cuando se presentan estas grandes crisis sociales, sólo hay dos caminos: se da un estallido social, como las revoluciones, francesa de 1789, mexicana de 1910 y rusa de 1917. Estas sucedieron cuando hubo hambre y represión, sin desahogo social, que permitiese un cambio.

 

Si Luis XVI hubiese permitido el funcionamiento del Tercer Estado, hubiese habido para la crisis política, un desahogo, pero no fue así. Si el Zar Nicolas II, no hubiese reprimido las protestas de 1905 en San Petersburgo, la crisis, no hubiese escalado durante la primera Guerra Mundial. Si el General Don Porfirio Días, no hubiese insistido en su reelección, no hubiese estallado la revolución.

 

Hoy, en El Salvador, se están presentando situaciones similares: El hambre aumenta, a igual que la propaganda para ocultarla. La economía se contrae y el gasto público aumenta. Las noticias oficialistas aseguran millonarias inversiones y las acciones del Gobierno, ponen desincentivos a la inversión, salvo, para los negocios en donde intervienen, los intereses de funcionarios públicos.

 

Los grandes empresarios salvadoreños, se expanden hacia el extranjero, pero no en El Salvador, pues su economía no lo permite, es muy frágil: depende de las remesas, que se consumen, en servicios. Nuestras exportaciones disminuyen, porque no pueden competir, y aun así, las ahoga el Gobierno.

 

Las elecciones presentes, indican un fraude, para evadir los controles internacionales, pues éstos se centran en el día de la elección y, en el recuento de votos. Ningún opositor, ha podido realizar una mínima campaña, pues los dineros públicos destinados para el funcionamiento del sistema electoral, han sido cortados. El financiamiento privado a partidos políticos, es fiscalizado y usado como una diana, para el aparato estatal.

 

Los representantes de los partidos políticos, en el Tribunal Supremo Electoral, no responden a los intereses de sus partidos, por las dadivas o promesas recibidas desde el Ejecutivo, se alinean con el oficialismo. La Sala de lo Constitucional, desoye los habeas corpus de más de 8000 detenidos e ignora el debido proceso contra otros 60,000;  ya hay denuncias, sobre que sus parientes, han sido eliminados del padrón electoral, así que no podrán expresar su descontento y su deseo, de un cambio de Gobierno, por medio del voto.

 

El Gobierno, al pactar con las pandillas, se ha aliado con una parte del crimen organizado, capturando a los enemigos de sus aliados. En este proceso, se ha capturado a por lo menos 20,000 personas inocentes, con fines publicitarios. Muriendo por diferentes causas, por lo menos 500 personas, en manos de las autoridades penitenciarias. Muchos detenidos, son usados como mano de obra, recordando la frase “Arbeit macht frei” (el trabajo hace la libertad), utilizada en los campos de concentración.

 

Por ahora, el alto empresariado, está conforme con el oficialismo, pues les permite ejercer su actividad libremente, pero en la medida que se baja en la cadena empresarial, se hace más difícil, el sostener otras empresas. La inflación y la crisis, golpean más, al más pobre y, poco a poco, se pierde el miedo “al régimen de excepción”. Luego, la corrupción estatal, verá en el gran empresariado, su nueva fuente de ingresos, consumiéndola.

 

Para evitar una inminente catástrofe: elecciones libres.

¿Y DÓNDE ESTÁ EL COMANDANTE?

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION

 

Aunque las licencias otorgadas a Nayíb Bukele y a Félix Ulloa, adolecen de contradicciones jurídicas, lo más importante es ¿sobre quién recae la Comandancia General de la Fuerza Armada” y ¿quién firmará las órdenes de ascensos, bajas y traslados dentro de dicha institución, o se mantendrán éstas en suspenso, hasta que retorne todo a la normalidad, en el siguiente período presidencial?

 

La Comandancia General de la Fuerza Armada, es cargo exclusivo:  recae sobre el Presidente de la República, pero en los considerandos del Decreto de licencia a Nayíb Bukele y Félix Ulloa, aparece que siguen siendo, Presidente y Vicepresidente, conservando su investidura, pero inhibidos de sus funciones, entre ellas la del “ejercicio del monopolio de la fuerza del Estado”. Otras atribuciones, serán ejercidas por “la designada a la presidencia”, o sea, transfieren la Comandancia General de la Fuerza Armada, a la designada presidencial, siendo éste, cargo exclusivo de quien ostenta la investidura de Presidente. Un Decreto legislativo no puede anular un mandato constitucional.

 

 

Habiendo dudas, de que la Sra., Claudia Juana Rodríguez de Guevara, pueda ejercer el Cargo de Comandante de la Fuerza Armada, consideremos la solicitud de licencia de Félix Ulloa, presentada por Conan Castro, Secretario Técnico de la Presidencia, sin solicitud expresa, o manifestación del consentimiento de Félix Ulloa, tal como se hizo, en el caso de Nayíb Bukele, por lo que su licencia, es “inexistente” y, debe de asumir la Comandancia General de la Fuerza Armada, lo que le imposibilita de ser candidato.

 

El monopolio del uso de la fuerza estatal, es del imperio de la Ley y no, de una persona o entidad, sino del conjunto, en su ejercicio, de instituciones públicas; esto es en nuestro sistema político. Si se trasladase esa función, a la designada a la presidencia, habría un cambio en la estructura de Gobierno y, sería una monarca o dictadora “provisional”, por mandato legislativo.

 

La Sra., Claudia Juana Rodríguez de Guevara, tampoco puede asumir el cargo de Comandante General de la Fuerza Armada, pues su nombramiento, como designado presidencial, adolece de tres defectos, de fondo y forma: no puede ser propuesta, pues es presidente de la Dirección de Obras Municipales, la cual es una autónoma, según el Portal de Transparencia del Órgano Ejecutivo. Tampoco fue juramentada en su nuevo cargo, de designada presidencial y, por último, asume dos cargos de actuación sucesiva, lo cual no es posible. Hay contradicción sobre su juramentación: uno dice fue privado, sin constancia y, otro, que no sucedió, por no ser necesario.

 

La Asamblea Legislativa ha realizado un golpe de Estado contra Félix Ulloa, al ser éste, objeto de “licencia”, sin solicitarla; sin considerar, que no hay razón jurídica válida, para dar la licencia conservando el cargo y, su derecho a ejercerlo.

 

La designada a la presidencia, no puede asumir la Comandancia General de la Fuerza Armada, mientras exista el decreto de licencia, en donde reconoce el estatus de presidente y vicepresidente electos, aunque les hayan cesado en sus funciones, pues dicha figura, implica un estatus que no permite a uno, ejercer y a la otra, asumir el cargo. Luego habría que considerar las inhabilidades.

 

En caso de ausencia total de quienes pudiesen ejercer  la presidencia, ésta recaería en el Presidente de la Asamblea Legislativa, pero en reconocimiento de tal ausencia, lo cual no ha hecho la Asamblea Legislativa, así que su Presidente, no puede asumir dicho cargo.

 

De estos someros razonamientos, viene la pregunta ¿Dónde está el Comandante? Recordando que cuando hay crisis en la legitimidad del mando militar o, en el ejercicio del mismo, la confianza institucional se pierde y, surge el autoritarismo.

TRES ETAPAS POLÍTICAS

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION

 

El presidente de Nuevas Ideas, Xavi Zablah Bukele, en el inicio de la campaña presidencial, mencionó tres etapas a cumplir: desarticulación de partidos, consolidación de gobierno y extinción de partidos opositores. Lo cual, por su implicación al sistema político, merece un comentario.

 

En cuanto a la desarticulación de los partidos, comenzó, señalando a ARENA como receptor de $ 10 millones de dólares de Taiwán: ayuda de un partido ideológicamente afín, en su defensa contra China continental. En ese momento, el FMLN, utilizó tal argumento, para el proceso contra Francisco Flores Pérez. Publicidad dirigida desde la empresa de Nayíb Bukele.

 

El FMLN, recibió $ 130 millones de dólares, provenientes de Venezuela, ingresados al país en maletas con dinero, siendo sus portadores, dos salvadoreños y un cubano, para la campaña de Mauricio Funes Esta información proviene de la oposición venezolana y, de los documentos capturados a las FARC, en Colombia, documentos disponibles a consulta. De este dinero, se perdieron en su traslado, $ 30 millones y sólo, se emplearon $ 70 millones en la campaña de Funes.

 

Además, se toleró y estimuló la corrupción de los encargados de los proyectos de ALBAPETROLEOS en El Salvador, creando una bonanza política de izquierda. Esto fue ocupado por los seguidores de Bukele, que aún no abandonaba el FMLN, pero que consolidaba a los expulsados en purgas anteriores, prometiéndoles la neo-revolución que no había realizado la cúpula del partido, por desviacionismo, de la ortodoxia marxista. Iniciando así, desde adentro de su partido, una lucha contra la cúpula del FMLN y, que termino con la estructura inicial de Nuevas Ideas.

 

Esto, concluyó la primera etapa del plan de la familia Bukele. La segunda etapa, inicia con la remoción de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General de la República. Parte del desarrollo de esta etapa, fue el pacto con las pandillas y el encarcelamiento, de quienes no fueron dóciles a sus órdenes: existen 42 mil pandilleros en libertad, según informes de inteligencia policial, filtrados a la organización InSight Crime y, publicados por ellos, en un amplio reportaje.

 

Como última etapa, ponen la extinción de los partidos de oposición y solicitan que sea el ciudadano, quien, con su voto, apruebe el sistema de partido único y rechace a la oposición. Con esto, se busca la legitimación del autoritarismo y que el ciudadano, sea el responsable de la destrucción de la República, aceptando de buena gana, el autoritarismo.

 

Hay una cuarta etapa, de la cual no se ha hablado y, es del florecimiento de los intereses personales de la Familia Bukele. Este proceso ya lo vemos: inaugurando obras públicas, para intereses particulares. La clínica de la Isla Tasajera, es por la construcción de un complejo hotelero privado. Bien hubiese podido construirse, en Santa Rosa Guachipilín, Masahuat, Quelepa o Chilanga, son igualmente deficientes los servicios públicos.

 

Parte de esta cuarta etapa, es el fortalecimiento de intereses con China continental, contra los Estados Unidos y una mayor protección para las pandillas, en su delinquir internacional. Debemos de esperar una nueva constituyente y el desaparecimiento, de la Asamblea Legislativa, tal como la concebimos, por un mayor poder del Ejecutivo.

 

Los planes de Bukele, deformaron, a fuerza de marketing político, la realidad de la relación del Kuomintang de Taiwán, con ARENA, en El Salvador, en el contexto de la Guerra Fría y, el FMLN fue engañado, para que sus acciones fuesen usadas en su contra, en una lucha contra su cúpula, más no, contra la militancia.

 

El rechazo a sus candidatos, en la votación interna de Nuevas Ideas, por su militancia, es el mayor temor de Xavi Zablah Bukele.

LA REALIDAD ELECTORAL PRESENTE

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION

 

La adopción, por la presente administración electoral, del método D´Hondt, en substitución del método anterior, de cocientes y residuos, es favorable a partidos que tienen una aceptación mayoritaria, en detrimento de la participación minoritaria, como la aseguraba nuestro anterior método. La transformación municipal, obedece a la pretensión de manipular el método D´Hondt. Cuando se aprobó este método, no hubo ninguna alusión a su impacto, en los municipios, luego de su transformación, prueba es de la existencia de un gobierno en la sombra.

 

La implementación de este método, contraviene las razones de la implementación del voto por rostro e internas, que buscaba que el candidato electo, no dependiese en nada, de la voluntad de la autoridad partidaria y, aseguraba una representación igualitaria, en cuento a voz legislativa, castigando al mayoritario, para que no hubiese mayoría plena y, favoreciese al minoritario, para una representación mínima legislativa, alcanzando el máximo posible, de la equidad política; hoy se busca, la representación mayoritaria.

 

El método D´Hondt, al favorecer a los grandes partidos, que no poseen mayores diferencias ideológicas o, que Estado de Derecho es firme y, basado en el equilibrio de poderes, se estimula la estabilidad política, pues los cambios sociales, deben darse en forma lenta, sin trauma social, pero este método, en una sociedad, con conflictos sociales agudos, no favorece la estabilidad, pues no permite el desahogo social de las minorías.

 

Este método, adoptado por el actual régimen, procura facilitar el control legislativo y municipal, pero para ello es necesario que se mantenga un grado de aceptación mayoritaria, como el dado en la elección pasada, en la cual, la figura de Nayíb Bukele, aún no había sufrido, erosión.

 

El arrastre que llevó a los alcaldes y diputados, a un triunfo electoral,  fue el de Bukele, quien apareciendo como padrino electoral (ver vallas publicitarias de esa campaña), estos triunfaron, pero su trabajo, al ser deficiente, y sólo atender a los negocios de interés de la Dirección de Obras Municipales, cuya presidenta Claudia Juana Rodríguez de Guevara (hoy presidente de hecho), recibe el rechazo de la población, cambiando las premisas con las que operaria el método D´Hondt, para favorecer al oficialismo.

 

Las dificultades en las recientes elecciones internas de Nuevas Ideas, muestran los problemas que se magnificarán el día de las elecciones de 2024. Sólo el 9.5% de los votantes, acudieron a las urnas, votando 44,398 afiliados: anteriormente participaron 465,468, por lo que es de prever, que el sistema D´Hondt, juegue, si la oposición recobra su voto constante, en contra de quienes lo implementaron.

 

Hay que considerar que, la disolución de municipios traerá abstencionismo, y que los problemas municipales en las grandes urbes, darán rechazo al oficialismo. El reordenamiento de San Salvador y, de las otras urbes controladas por Nuevas Ideas, son un polo de rechazo, pues toca a mayorías muy pobres, que luchan por la supervivencia y, han perdido el miedo a las amenazas de la aplicación del régimen de excepción.

 

Ni bailes de las concursantes a Miss Universo, en las plazas, ni la deslumbrante tecnología de la Biblioteca Nacional, o un partido de futbol con Messi, cambiarán el hecho de que hay hambre en el pobre y, que la razón, no indique que lo que realiza el Gobierno, son locuras. Hay un rechazo a Nuevas Ideas y éste, va por escalas: es mayor para alcaldes, luego para diputados y por último, para Nayíb Bukele, lo cual no signifique que mantiene índices de aprobación, logrados por el marketing político.

 

El ciudadano votará por un cambio: regresando a la estabilidad de los partidos tradicionales o, al que consideren con más fuerza, para enfrentarse contra Nayíb Bukele.

GOBIERNO EN LA SOMBRA

 

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCION 

 

El Gobierno en la sombra, es también llamado “criptocracia” o Gobierno secreto invisible. Consiste en un verdadero poder político efectivo, ejercido por personas diferentes, a las nombrados por los ciudadanos, con gran influencia y autoridad, dentro de ciertos estamentos gubernamentales, que ejercen poder entre bastidores, es decir, más allá del control de las instituciones democráticas.

 

El acto de Nayíb Bukele, de aparentar salir de la presidencia, ha sido suceso visible del Gobierno en la sombra, pues su última transmisión, con su consejo de Ministros, para ellos fue, una amenaza, por la cual, su vigilancia y la del Fiscal General, asegurarían su autoridad. Luego el nombramiento como “presidente interino”, con poderes limitados, a su Secretaria Privada, confirma el Gobierno en la sombra.

 

Este Gobierno en la sombra, permite eliminar a aliados, que colaboraron a su triunfo electoral. Guillermo Gallegos, quien le facilitó, correr como candidato presidencial de GANA, ahora es amenazado con ser investigado y preso. Un acto que no se podría, de manera formal, atribuir a Nayíb Bukele, sino a la “institucionalidad”, que busca combatir la corrupción.

 

El anuncio de la Fiscalía, de judicializar 255 casos de crímenes de lesa humanidad, del pasado conflicto armado, es para ejercer presión sobre los oficiales en situación de retiro, que señalan las desviaciones del actual Alto Mando, en cuanto a su lealtad a Bukele y no, a la Constitución.

 

En investigaciones publicadas en años anteriores, la Fiscalía, fue señalada por su relación con el crimen organizado, según lo afirma el ex agente de la DEA, Danny Dalton, en acciones que favorecían la impunidad del Cartel de Taxis y su relación con Gustavo Villatoro, actual Ministro de Justicia y Seguridad Pública. La acción directa del encubrimiento, se le atribuye, en dicha investigación, a Rodolfo Delgado, que, en aquel momento, era auxiliar fiscal. Hoy, es el Fiscal General de la República, a quien Nayíb Bukele, encargó, el comportamiento del gabinete, mientras Bukele ejercerá la función de supervisor ministerial.

 

Al cumplirse un año del régimen de excepción, el Ministro Villatoro, expreso en una entrevista: “el régimen de excepción debe continuar”, sin especificar razones o su tiempo máximo. Por ahora, se debe de presumir, que el régimen de excepción durara todo el período eleccionario y, que continuará, mientras dure el presente régimen.

 

Claudia Juana Rodríguez de Guevara, quien actúa en calidad de “presidente interina”, cargo que no existe en la legislación salvadoreña, no posee connotación política, sino la concedida por la voluntad de Nayíb Bukele. Su nombramiento, en contravención a la Constitución, solo augura que será quien asumirá la responsabilidad directa de los acontecimientos futuros, pero sin responsabilidad jurídica (directa) con Nayíb Bukele, o sea la prisión contra antiguos aliados de Bukele o la represión, por desórdenes públicos, por actos de protesta.

 

Un diputado de Nuevas Ideas, en el foro legislativo, dijo que, si el “pueblo lo aprobaba”, era legal, así que aplica la teoría de la legitimación, ante el rompimiento constitucional, pero no se aclaró, si era la voluntad de los “diputados”, como representantes del pueblo o, que el pueblo, no expresaba su voluntad de inconformidad. En este sentido, hay que aclarar que el ciudadano, no puede expresar su voluntad, pues sus derechos han sido suspendidos por el régimen de excepción, el: libre tránsito, libertad de expresión, libertad de asociación y la libertad de definir su domicilio. Claramente, la voluntad popular, es imposible de conocer en tales condiciones y la del diputado, no es válida, si está fuera de su mandato.

 

El Gobierno en la sombra, lo constituyen el crimen organizado y los círculos de poder económico, en derredor de la familia Bukele.