Publicación Acción

Es necesario expresar libremente el pensamiento político para el fortalecimiento de nuestro sistema democratico, republicano y representativo.



miércoles, 30 de octubre de 2013

EL CONTROL ESTATAL DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN


Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 30 de agosto de 2013.

Cuando el Presidente señor Funes dice que: “lamento no poder cerrar tanto blog sucio que hay en el país”, seguramente se debe a que le es  molesto e inconveniente a sus planes políticos, escuchar discordantes voces  a  su opinión, sobre temas de naturaleza política y aún más, que la ciudadanía pueda formarse  opinión sólida y generalizada negativa hacia su gobierno, cuya posición está muy de acuerdo con las encubiertas dictaduras latinoamericanas: de Venezuela, Ecuador, Bolivia, Cuba y Nicaragua.

La idea del control de la expresión individual, sobre la opinión pública en general, no es tema nuevo pero sí, su justificación para los países Latinoamericanos. En una entrevista a Francisco Sierra Caballero, profesor de Teoría de la Comunicación, de la Universidad de Sevilla y, publicada bajo el título: “La comunicación es utilizada como sistema de control para la guerra oculta de formas de poder en la aldea global del capitalismo”, (bajo la responsabilidad de Fernando Arellano Ortiz), explica las razones por las cuales el Estado debe tener control de los medios de comunicación y, dichos medios pueden resumirse de la siguiente manera: débese concebir la información, como un bien social, un bien común, que debe ser de todos y, en consecuencia, ser regulado; los medios de comunicación en Latinoamérica, deben relacionarse unos con otros, por lo cual no deben estar en manos privadas, debe de existir una centralización de  la comunicación pues no es posible la comunicación y participación ciudadana,  si los medios de comunicación son  privados.

Estas tres ideas fundamentales sobre la regulación de la opinión pública, se basan en  el reconocimiento del Derecho a la Libertad de expresión, pero coartada o restringida para evitar ser manipulada por parte de los medios de comunicación y, en el tácito reconocimiento  de la incapacidad del individuo de tener ideas propias y favorables a la colectividad; por el contrario, las ideas propias estarán siempre al servicio del mejor postor y es el Estado el único que puede garantiza una “libertad con garantías igualitarias”. Esta posición, con respecto a la garantía individual de la libertad de expresión, lesiona, a la luz de la Teoría del Estado, la condición humana y el objeto y fin del Estado, en derredor de la persona humana. Principios son éstos, universalmente aceptados en Latinoamérica y España, y por toda la Unión Europea.

En los sistemas Democráticos y Republicanos, el fundamento de los mismos es la libertad de discusión y el debate de ideas, pero, no sólo en la Asamblea Legislativa o en algún otro foro político formal, sino fundamentalmente en la opinión del ciudadano común, que la comparte con otro individuo de su misma condición: transformase en Derecho por los mecanismos formales del Estado. Cualquier limitación en este sentido, frena  el verdadero mecanismo de la Democracia y la República. Sin embargo, es literalmente imposible llevarlos  a la práctica, pues un control de la autoridad o el Estado sobre la opinión pública, es una coacción  sobre el pensamiento humano, lo cual es imposible.

Lo único que se logra con la centralización de la información en manos del Estado, es la destrucción del medio de comunicación privado que presta, dentro de su función mercantil (publicidad comercial) es un servicio público de información y difusión de las ideas. Es  claro que si estas ideas son contrarias al Gobierno, éste, no quiere que se escucharan, pero difundirlas es el objeto de los medios de comunicación pues son genuina expresión social que no podría ser oída de otra manera aunque siempre es posible, pero de una manera más lenta.
En la historia moderna, el control más férreo de la comunicación, fue en la Unión Soviética y China, pero no pudieron evitar la voz de Solidaridad (Polonia), ni la expresión colectiva, en la Plaza de Tiananmen (China). Aunque los procesos regulatorios sobre los medios de comunicación, hasta hoy, se han iniciado sólo en Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina, se les une hoy, El Salvador, desde el Tribunal Supremo Electoral y la Presidencia de la República. Esta tendencia de amordazar los medios de comunicación, es un atentado  al Derecho de la Propiedad Privada pues, por la sola declaración de que, tal o cual actividad debe ser controlada por el Estado, y que no puede ejecutarse sino es por la declaratoria de Utilidad Pública (según los casos especiales señalados  en las legislaciones de cada Estado) ahora bien, para evitar ese paso, se regulan los espacios publicitarios, que son los que mantienen en funcionamiento  los distintos medios de comunicación. Al final, sólo queda en evidencia, la debilidad  de sus capacidades políticas, pues tiene que recurrir a la fuerza, en su vano intento  de acallar la opinión pública.

El Presidente señor Mauricio Funes, está demostrando no ser excepción a esta regla, común a los dictadorzuelos latinoamericanos (pues aunque ya está su período presidencial por terminar), parece soñar con poder alternarlo con otro ex presidente salido también del seno del gremio de comunicaciones; ambos, imbuidos en las ideas del socialismo para mantenerse en el poder, pero no quieren que se les aplique a ellos las ideas del sistema que en realidad es la antesala del comunismo. 

lunes, 28 de octubre de 2013

MANIPULACIÓN ECONÓMICA ¿CUESTIÓN DE SEGURIDAD NACIONAL?


Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 28 de agosto de 2013.

En días recientes, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) ha hecho serios señalamientos sobre el manejo político de las empresas ALBA y, su posible relación con grupos ilegales, con el consecuente lavado de activos. Pera ayudar a una comprensión clara de dichos señalamientos, presento hoy,  la relación de las empresas ALBA, bajo los principios de dos legislaciones nacionales vigentes: La Ley de Inversiones y la Ley de la Defensa Nacional.

Tomando como referencia la relación económica y legal existente entre PDVESA - ALBA - ENEPASA  y ALBA – otras empresas, encontramos que, en realidad, no existe por parte de estas,  una inversión  realmente extranjera,  esta calidad es más bien, sino ficticia, conforme a la Ley de Inversiones, lo que genera tal cantidad de capital a las empresas ALBA, es dinero salvadoreño que se paga por un bien de consumo y, no, es una materia prima, como lo señala dicha ley. Por otra parte, la relación PDVESA – ALBA – ENEPASA deja, a la luz pública, una relación accionaria de dominio venezolano, la cual le permite utilidades en todos los distintos estamentos, en los cuales tiene dominio económico.  Esta afirmación, se deduce de que  lo que genera dinero, para las empresas ALBA, es la gasolina y los demás derivados del petróleo que se comercializan a precios uniformes, con los de su competencia, pero los cuales son cancelados en efectivo y, en su totalidad, por el consumidor final, generando así un capital líquido, que ha ingresado originalmente al país vía de remesas o de actividades puramente salvadoreñas,  y lo cual, no está contemplado en la Ley de Inversiones.

Por otra parte, al ser ese capital pagado a ALBA- PDVESA con efectivo y bienes agrícolas producidos en El Salvador, equivale al pago o devolución de la inversión, lo cual sólo debe hacerse conforme a la Ley de la Inversiones, hasta el cierre total de operaciones en nuestro suelo,  lo cual convierte en ilegales los pagos efectuados y vuelve irregular la empresas que han realizado esta práctica.  Sólo pueden  ser pagadas y repatriarse las utilidades proporcionales de las inversiones, correspondientes a la participación accionaria de ALBA- ENEPASA. Sin embargo, al pagar el “capital de inversión”, se nulifica el beneficio logrado con la inyección de recursos extranjeros y con el pago de utilidades, hacia PDVESA – ALBA. Así repito,  el beneficio se anula y queda en saldos negativos, pues la devolución de la inversión, también conlleva el pago de intereses; por lo cual, la inversión de ALBA en números reales, da saldo negativo y por supuesto, no es por sonsiguiente una inversión extranjera.

A lo ya aclarado le agregaremos que, en su expansión, las empresas ALBA, al buscar la integración vertical, está llegando a  niveles de minoristas, lo cual está reservado exclusivamente, para los nacionales y centroamericanos de origen. Además, al ser favorables al ALBA las distintas leyes promulgadas desde la Asamblea Legislativa y desde el Ministerio de Economía, favorables, ya sea por afinidad ideológica, conveniencia partidaria o personal estrictamente, viola el principio de igualdad, establecido en la Constitución y en la misma Ley de Inversiones.

Cuando existe una fuerza económica, capaz de manipular los distintos estamentos del Gobierno, como ha quedado evidenciado en la Superintendencia de Competencia, ante la denuncia de ANEP, el caso sale de la mera consideración de un grupo económico con poder y, se convierte en una amenaza para el sistema económico salvadoreño y, más aún, para el sistema político, razón de que deba ser considerada la injerencia política – económica de Venezuela. Para comprenderlo mejor, presento el considerando II de la Ley de la Defensa Nacional: “Que la Defensa Nacional es un objetivo fundamental y una obligación indelegable e ineludible del Estado y responsabilidad de todos los salvadoreños; que siendo parte activa de la Seguridad Nacional es un medio para que EL SALVADOR mantenga el desarrollo sostenible necesario que permita a sus habitantes el goce de los derechos establecidos en los Artículos 1 y 2 de la Constitución”. Y considerar que un poder económico, con fines políticos y fuera del área centroamericana, va en camino de tener una participación económica relevante (capaz de modificar las tendencias naturales del mercado) y una tendencia política ya relevante, es una cuestión de Seguridad Nacional. Pero es imposible pensar que este mecanismo constitucional y legal, actúe, pues es como dice el refrán,  “es encadenar a un perro con chorizos”, ya que son  los mismos  funcionarios que deben de actuar contra el ALBA, le  favorecen.


En conclusión, vamos en camino, no sólo de un descalabro económico, por un alejamiento de la verdadera inversión extranjera, sino también por el estrangulamiento de la empresa nacional por causas políticas y, la muerte por inanición, de la pequeña y micro empresa. Causa impresión muy aflictiva  oír que  la oposición venezolana relata que  ellos son  impotentes ante los asesores cubanos, que manejan por medio de los funcionarios venezolanos la vida económica y la seguridad de Venezuela. Aquí, tal situación,  no sería posible, sin la complicidad de los nacionales, pero, no debemos olvidar que actualmente dependemos de las “sugerencias” que nos hacen los venezolanos por medio de sus asesores en materia económica y empresarial del ALBA y la cual,  extiende su influencia hasta el Órgano de Inteligencia del Estado OIE.

domingo, 27 de octubre de 2013

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN PERÍODOS ELECTORALES


Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 27 de agosto de 2013.

El Tribunal Supremo Electoral ha resuelto, recientemente, una serie de Recursos promovidos por los partidos políticos, para preservar la imagen de sus candidatos; ha amenazado también,  con las acciones de oficio e incluso, con promulgar una ley que limite la libre expresión política, en los medios de comunicación. Cuando el Tribunal Supremo Electoral, califica de “campaña sucia” la difusión de los hechos de la vida pública pasada y presente de un candidato, ha cometido una clara violación a la libertad de expresión, consagrada en la Constitución y, un intento, de manipular la conciencia del votante, para estas presentes elecciones.

Calificar de injuriante, un spot publicitario que muestra la realidad del pasado terrorista de un candidato, es ocultar y renegar de su pasado, el que lo promovió en su partido y dio prestigio internamente a su persona, entre sus bases ¿fue bueno o fue malo? Tal es la cuestión y decidirlo, es puro relativismo decir hoy, “que su origen insurgente prueba que entiende las aspiraciones del pueblo salvadoreño” razonamiento que carece de sentido para la oposición que recuerda sólo la destrucción de puentes y otras infraestructuras, eliminación física de funcionarios públicos y etc. Juzgar que al presente mencionar dichas realidades es “campaña sucia” es lo repetimos, puro relativismo: ¿ser o no ser?, tal es la cuestión. Es también injuriante a la imagen de un candidato presentarlo afirmando que no pretende postularse nuevamente a la presidencia y, que luego lo hace argumentando “que su experiencia es cualidad en su favor” (no aclara ¿experiencia de qué…? Será del manejo provechoso de los fondos públicos….). Por otra parte, también es considerado injuriante mostrar a un candidato abrazando a un pandillero, cuando en su campaña presidencial, se propone un combate a los mismos, pero en sus visitas públicas no repara con quien se fotografía.

Lo curioso de esta sanción es que, por una parte, es considerada “campaña sucia”, la realidad del candidato y que sus opositores, se empeñan en hacer énfasis esa realidad, y,  son considerados “lícitos” los spot publicitarios que serían considerados “engañosos” si los vemos a la luz del Derecho del Consumidor. Como ejemplos citaré: cuando aparece el candidato dando una clase a párvulos en un escuela rural cuando en su vida nunca la ha dado, salvo de tácticas insurgentes, explosivos y dialéctica marxista a niños, guerrilleros en ciernes. Es también “lícito” que aparezca un candidato anunciando las obras y proyectos que ha hecho, pero con fondos públicos cuestionados en la Corte de Cuentas de la República. Y algo más, que se anuncie un mejor trato y servicios al usuario público cuando en su plan de gobierno, se sustenta en la esperanza que entidades internacionales  le donen el presupuesto general de la nación, por su linda cara.

Esta situación no sería en verdad preocupante, si los candidatos hubiesen presentado sus planes de trabajo o, por lo menos, soluciones realistas que fuesen más allá del spot publicitario pero, sobre sus verdaderos planes callan en la seguridad de que sus palabras, serán luego, usadas por el contrincante en su perjuicio y además, dependen  en mayor grado de sus asesores de imagen que de su propio ingenio e intelecto; el uno, tartamudea y no hilvana bien sus ideas pero, ninguno de los que le rodean se preocupa por tal deficiencia pues que no le están grabando toda su intervención; el otro, al pretender explicar los fundamentos de la democracia moderna, confunde los hechos históricos de la Revolución Francesa, pero nadie le contradice pues, él es el candidato y hacerlo, sería considerado deslealtad al partido y, afirma que su experiencia “es requisito que le abona” y primero estudia a la audiencia, para decir lo que  ésta quiere escuchar, sin fijarse que, en otra exposición, dijo todo lo contrario;  todos le oyen  y lo califican de “muy bien”,  y aunque no le prestan mucha atención, lo aparentan,  para ganarse su favor.

Esta realidad, en la que los candidatos a la vicepresidencia, tienen más presencia y cultura que los mismos candidatos a la presidencia, obliga a  dar completa libertad de expresión, pues por más que ésta se quiera limitar, para beneficiar a determinado candidato, la voz popular y las redes sociales, se encargan de difundirlo y, de una forma más mordaz, la de la burla pública, que es la expresión más poderosa del desacuerdo popular. Nos la ilustra  el escarnio que se hace del General David Munguía Payes en relación a sus desafortunadas y peligrosas declaraciones. Es expresión pública que sí tiene el ánimo de injuriar, lo cual no se puede penalizar, pues no son actos personales sino expresión de la conciencia colectiva y política.

Cuando el funcionario público o el que pretende serlo, actúa de manera injuriante, ante la moral colectiva, la injuria  la reciben de igual manera el funcionario y el candidato y,  así, el acto deja de ser una mera injuria y se convierte en una retaliación pública, a los actos del funcionario o candidato.


Por estas razones, limitar a los medios de comunicación y las formas de pensar partidarias, es inútil y riesgoso a la libertad de expresión, pues para ésta,  se inicia siempre por algo: hoy, las expresiones de los candidatos, mañana, se limitará por completo la libertad de expresión. Los medios de comunicación no son responsables de lo que se dice en sus medios, de lo contrario, serían una forma de censura indirecta y, a eso se quiere llegarse con tales propuestas. Aún cuando el Estado que ejerza un  férreo control de la campaña política, la opinión pública siempre lograra expresarse, pues es  la conciencia nacional que sale a flote. Y es esta realidad la que propagó la Revolución Francesa, cuyas ideas de libertad se concretizaron en las colonias españolas que, apoyándose en estas ideas, lograron su independencia, pese a los intentos de censurar los  escritos políticos.

sábado, 26 de octubre de 2013

LA ISLA CONEJO Y NUESTRA POLÍTICA EXTERIOR


Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 26 de agosto de 2013.

Hace algunos días se leía en los periódicos hondureños lo siguiente: “Nuestra presencia, con la compañía de personalidades que trabajan con otras instituciones como la Cancillería de la República, Ministerio de Cultura, Fuerzas Armadas, Universidad Pedagógica Nacional  y otros entusiastas compatriotas que haciendo acto de presencia demuestran calor patriótico a este pequeño jirón de nuestra Honduras. Con ello estamos demostrando que la isla Conejo establecida a pocos pasos de tierra firme (unos 600 m.) nunca ha sido motivo de disputa con otro país, ya que ha tenido la misma formación geográfica, geológica, histórica y jurídica como la misma formación del Estado de Honduras. Tomado de un artículo intitulado “Golfo de Fonseca e isla Conejo”, de Noe Pineda Portillo y publicado en la La Tribuna, el 20/10/2013. Y el día 24 se leía en el mismo periódico las declaraciones de nuestro del Ministro de la Defensa Nacional, que honduras, ahora ya hoy con la isla Conejo, puede extender sus aguas territoriales.

Estas noticias, además de indignar a los salvadoreños y, hacer grave ofensa a los cánones de conducta a los que se debe un oficial de la Fuerza Armada, pone en grave riesgo, la Seguridad Nacional y amenaza, la estabilidad del área centroamericana, porque las declaraciones del Ministro de Defensa y del Presidente de la República, hacen desaparecer el efecto disuasivo de la Fuerza Armada salvadoreña, violentando los fines y objetivos de la Ley de Defensa Nacional, cuya responsabilidad recae directamente sobre el Presidente y su Consejo de Seguridad. Además de legitimar la soberanía hondureña sobre la isla Conejo, afirma que dicha posesión permitirá a honduras extender su dominio marítimo sobre nuestras aguas territoriales, lo que supera con creces el valor puramente terrestre de la isla Conejo.

Se supone que, dada nuestra debilidad (aparente), Honduras haría uso de la fuerza para legitimar su posesión marítima; para ello, este mes ha trasladado sus lanchas torpederas del atlántico al pacífico. Es oportuno recordar que la superioridad aérea hondureña desde mucho tiempo atrás, desde su participación en la Segunda Guerra Mundial y, como responsable de patrullar aguas del Caribe. Y por esto, los Estados Unidos han potenciado la fuerza aérea hondureña, hasta llegar hoy, a la posesión de 84 aparatos y 15,000 efectivos. Recordemos sin embargo, que esta superioridad no fue obstáculo para que en 1969, fuesen sus aviones destruidos en tierra y, equiparadas así las fuerzas en tierra fueron los hondureños derrotados por nuestra Fuerza Armada.

Además de la indignación que ha causado en los ciudadanos las declaraciones impropias de Munguía Payes sobre nuestra inferioridad de defensa nacional,  está la de ver en estas declaraciones,  un ardid para que se apruebe la compra de aviones, a precios exorbitantes pero cuyo negocio sería la última oportunidad de este gobierno para aprovechar en favor personal las posibles regalías del negocio, se descubre algo más y, es la realidad ideológica profunda del FMLN  y en la política exterior de Tony Saca. El FMLN descubre su intención de limitar o hacer desaparecer a la Fuerza Armada para substituirla por una Milicia Popular y cuya finalidad sería enfrentar problemas de desavenencias ideológicas en la población, pero con nula capacidad de defender el territorio nacional, ante amenazas del exterior, sean éstas terrestres, marítimas o aéreas. Tony Saca presento la visión de una zona geopolítica del Golfo de Fonseca, basada en el turismo y el comercio, con un condominio de los tres países, sin considerar las tendencias expansionistas de Honduras.  Esa es la visión política que presento Tony Saca y que hoy Funes la hace suya.

Estamos hoy, pagando frente a los hondureños las erradas políticas anteriores, sobre la Fuerza Armada y sobre nuestros intereses en el Golfo de Fonseca. Las declaraciones de Munguía Payes no fueron por azar, pues su habilidad política ha sido siempre relevante y, en consecuencia debemos ver cuál es el trasfondo de sus declaraciones; podría ser prepararnos para anunciar que se pactará políticamente con las maras debido a la incapacidad de nuestra policía y de la Fuerza Armada para combatirlas; podría ser que las zonas productivas del país, deben pagar un impuesto especial para que el Gobierno las pueda proteger o, pudiera ser que, las elecciones deben de ser suspendidas por causa de inminente guerra con Honduras. Pues bien,  fuese lo que fuese, debe exigirse públicamente, la destitución del Ministro de la Defensa Nacional y someterlo a un juicio disciplinario por contravenir las disposiciones internas de la Fuerza Armada; aunque el Ministro se encuentre de baja, el grado militar que posee le obliga a estar sujeto  a la debida conducta.


Para concluir, pensemos que Inglaterra y Francia en 1939 hubiesen realizado un razonamiento como el expresado por Munguía Payes, seríamos hoy acémilas de los Nazis, el Estado de Israel no existiría, pues se habría declarado vencido ante los ejércitos árabes y que 200,000 salvadoreños hubiesen muerto a manos de la Mancha Brava hondureña. Pensemos que, uno de los factores que miden la potencialidad de una fuerza militar, es su moral y la capacidad de sus mandos: no dudemos de la moral pero sí, de la capacidad de este mando, el cual por eso, debe ser removido de su cargo inmediatamente. Débiles o no, nuestra obligación es defendernos pues en esta defensa están el honor nacional y la supervivencia del país, en la integridad territorial, el cual es inalienable e imprescriptible.

jueves, 24 de octubre de 2013

¿SON PROPIEDAD DE LA IGLESIA LOS DOCUMENTOS DE TUTELA LEGAL?


Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 24 de agosto de 2013.

Sobre la cuestión: ¿son propiedad de la Iglesia católica los documentos de Tutela Leal?, hacemos y son pertinentes estas reflexiones: estos documentos son los registros  de Tutela Legal, órgano creado por la Iglesia católica para dar, a personas que lo solicitaban, asistencia legal gratuita. Registran, tales documentos, hechos del conflicto armado y la solicitud de asistencia legal, en muchos casos. Siendo estos documentos, resultado de la labor de Tutela Legal, órgano creado y dirigido por la Iglesia católica es de deducción lógica que, solamente la Iglesia católica, puede no sólo guardar dichos documentos, sino disponer de ellos según su deseo y criterio, pues son, absolutamente de su propiedad y puede la Iglesia católica retener y conservar su propiedad, de conformidad al principio de separación Iglesia y Estado: es la Iglesia católica, independiente del poder del Estado.

En cuanto a la propiedad de los documentos de Tutela Legal, débese considerar que la relación de la Iglesia católica en el Estado de El Salvador es dual: el Estado la reconoce como una entidad religiosa y, por acuerdo bilateral, es un Estado con el cual mantiene relaciones diplomáticas. Así, en razón de ser un Estado diferente, los documentos de Tutela Legal son objetos físicos pertenecientes a la Iglesia católica que es institución de un Estado extranjero. Estos documentos pueden ser avalados por el Sr. Arzobispo o por el Administrador de la Diócesis pero, finalmente por el Nuncio Apostólico, en El Salvador y quien ha sido así reconocido ante la Cancillería Salvadoreña.

En consecuencia de lo explicado, el requerimiento fiscal de resguardo de documentos, es una intromisión del Estado Salvadoreño en la función de la Iglesia católica y, se coloca en posición muy cuestionable ante quien, legalmente, posee documentos privados y cada expediente de Tutela Legal, es un ente individual y no se puede incautar la colectividad del mismo.

Débese considerar también que los registros de Tutela Leal, testimonian parte del conflicto armado: las denuncias de quienes, confiando en la Iglesia católica, relataron sus vivencias durante el conflicto y solicitaran, en muchos casos, asistencia legal gratuita. Por esta solicitud, la mayoría de los casos fueron judicializados por lo que, seguramente, existen o deben de existir los mismos documentos en el Órgano Judicial. En nuestro sistema judicial, los documentos de Tutela Leal carecen de validez debido a que son, por naturaleza documentos privados que sirvieron, en un momento dado, para iniciar un proceso judicial.

Para ilustrar la naturaleza de estos documentos de Tutela Legal, podemos citar un caso: “denuncia por captura injustificada”, diligenciado el caso ante la Sala de lo Constitucional mediante el Habeas Corpus respectivo, el  juez ejecutor, encuentra el expediente del reo en un tribunal de jurisdicción militar o de lo penal, dependiendo de la época; había sido detenido el sujeto acusado, por la voladura de una torre eléctrica, de un poste o de una caja de red telefónica y, la persona denunciante ante Tutela Legal resultaba ser el responsable de las acciones de la célula terrorista a la cual pertenecía. Esta es sólo una visión parcial de los hechos y sólo debe ser tomada como una referencia, para recopilar datos judicializados,  que si tienen plena fe legal en nuestra legislación.

Aparte de la validez legal de los documentos de Tutela Legal, hay en realidad, otra cuestión de mucho más fondo: el papel que se desea juegue la Iglesia católica en las cuestiones políticas internas del país y que son a criterio del Estado. Es fundamental considerar esta cuestión ante los requerimientos de grupos interesados en la preservación de las íntimas raíces del conflicto y las pretensiones de la administración pública. Pero a estos intereses y a estas pretensiones, reciben clara respuesta el hacerles saber que la Iglesia católica, no está sujeta a las autoridades del Estado salvadoreño, tal como en esta explicación ha quedado demostrado.


La Iglesia Católica salvadoreña posee documentos que puede guardar o destruir a voluntad, pues su ministerio es independiente, de la voluntad de los gobernantes salvadoreños. Por otra parte, la propuesta de dar la categoría de documentos históricos a los que hoy se encuentran en Tutela Legal, es un intento de alterar la naturaleza de dichos documentos, dándoles una validez legal que no la tienen y en dicho acto, manipular políticamente a la Iglesia católica. La justificación del Fiscal General de la República, de que necesita tales documentos para una investigación vigente, es válida, siempre que sea dirigida hacia tal o cual sentido, pero no en un sentido general  y difuso, sobre lo que la ley de amnistía ya amparó y que la ley común ya prescribió. Una investigación amplia y difusa, no esta bajo la potestad de la Fiscalía General de la República, y ni mucho menos, el intento de incautar tales documentos de naturaleza privada y confidencial, amparado por el secreto profesional.

martes, 22 de octubre de 2013

TRIUNFO DEL FMLN, PUNTO DE HONOR VENEZOLANO


Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 22 de octubre de 2013.

El capítulo VII del Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2013, titulado “La Nueva Geopolítica Internacional”, marca un distanciamiento de Venezuela,  de sus políticas internacionales, planificadas desde 1958. En este giro de su política exterior, Venezuela basada en el  concepto de la multipolaridad, busca una consolidación de su posición internacional, en base a la ideologización de los gobiernos afines a su posición política.

Al trasladarse fuera de las fronteras venezolanas, el Socialismo del Silo XXI, proclamado por Hugo Chávez, pretende crear un bloque ideológico Latinoamericano afín, y,  por sobre las conveniencias comerciales tradicionales, con el claro propósito de enfrentar a las tradicionales áreas de influencia de los Estados Unidos en América Latina, con fines ideológicos radicales de izquierda. Por otra parte, Venezuela ancla su posición internacional, con China, Irán, Rusia, Bielorrusia, India, Vietnam y, otros países que le permitan relaciones comerciales y diplomáticas favorables  para sí, y contrarias, a los intereses norteamericanos.

Por otra parte, también ha creado un desbalance militar frente a Colombia y prepara a su milicia para un conflicto interno contra el imperialismo.  Y procura extender su influencia sobre  Suramérica, pretendiendo liderar el MERCOSUR, ALCA, y UNASUR. Petrosur, Petrocaribe, Petroandina, Banco del Sur y Telesur son expresiones de su poder petrolero, en detrimento de los intereses de sus connacionales y una forma de dar a conocer sus pretensiones geopolíticas.

En cuanto a Centroamérica, han tenido una férrea resistencia sus planes de penetración, exceptuando a Nicaragua, especialmente en Honduras y Guatemala y,  por esta razón, es de suma importancia para Venezuela favorecer el triunfo electoral del FMLN,  pues es su aliado de tradición revolucionaria y sometido a los intereses venezolanos, además de ser de absoluta confianza de los hermanos Castro, lo que asegura su línea anti imperialista.

La construcción del Canal de Nicaragua, como una alternativa al de Panamá, está enfrentando graves obstáculos, por parte de Costa Rica (ya hay en curso varias demandas ante instancias internacionales) y,  es necesario que El Salvador, se sume a la posición Nicaragüense y que, en su momento, sea inviable un canal seco entre Honduras y El Salvador.

Por otra parte, la visión del migrante salvadoreño, en general, es favorable al FMLN. Favor que   permitiría una posible plataforma de activismo ideológico en el extranjero, en favor de la visión venezolana, de un bloque “Latinoamericano de Poder”, frente a la opinión pública.

La penetración de las empresas ALBA en El Salvador, terminara infiltrándose a Honduras y Guatemala, debido a  la fuerte relación comercial con El Salvador,  y por eso, una de las estrategias de las empresas ALBA, es establecer operaciones en todos los estamentos de la vida económica de El Salvador,  por pequeño que sea pues, ésta le permitirá a la larga, tener una plena integración vertical y horizontal  que desplace, o por lo menos, que ejerza suficiente control sobre las empresas locales, creando así un campo estéril para nuevas inversiones extranjera de capitales extraños al ALBA. Esta estrategia económica, permitiría penetrar políticamente a Guatemala y Honduras.

Además, las políticas de presión hacia el sector privado, han hecho en Venezuela decaer la producción de alimentos, por lo cual necesita que  se los proporciones sus países satélites.  El Salvador ya le esta proveyendo a Venezuela de café y dentro de muy poco tiempo, le dará azúcar y granos básicos, a costa, estos últimos de que falten en El Salvador. Está haciendo lo mismo  Nicaragua y Cuba, aunque todavía no lo hacen significativamente el resto de los países del Caribe que están dentro del ALBA.


Esta estrategia Venezolana, muy hábil y efectiva rompe el principio de la no intervención en la libre determinación de los pueblos,  pues pretende consolidar con estrategia política, un bloque ideológico y no,  económico igualitario para sus integrantes, con sus allegados políticos y,   por esas razones,   el triunfo del FMLN en la próximas elecciones presidenciales, es punto de honor para Venezuela,  que podrá afirmar con el FMLN su influencia y tener una mejor plataforma política para el área centroamericana.

lunes, 21 de octubre de 2013

DEL MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE A LOS DERECHOS DE LA PACHAMAMA


Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 21 de agosto de 2013.

Es ya, de conciencia universal, la necesidad de la preservación del medio ambiente, para la supervivencia de la vida humana, asegurando a la misma, su futuro bienestar; sin embargo, en nuestro medio, al referirse a tal imperiosa necesidad, se suele emplear términos y conceptos ambiguos que, casi siempre inadvertidos, tienen implicaciones políticas.

Por tradición, el concepto de medio ambiente tiene por origen el imperio del bien común, sobre el interés individual; se tiene conciencia del bienestar humano, sin menoscabo de su progreso con el desarrollo tecnológico. A este principio, se dio expresión concreta en el “Informe Brundtland” en 1987, como fruto de los trabajos de la “Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas” y creada en la Asamblea de dicha organización internacional en 1983;  su definición, quedo plasmada en el principio 3° de la Declaración de Río, en 1992: “El desarrollo sostenible se basa en tres principales factores: sociedad, economía y medio ambiente y, lo cual, se define así: satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades.

En la práctica, este propósito se refiere a tres factores: a) ecología, b) economía y c) sociedad, y aplicados los tres, crean un modelo de conservación del medio ambiente con un desarrollo apropiado que no afecte sustantivamente, los ecosistemas y, procurando que haya siempre un ambiente de paz, igualdad y respeto a los Derechos Humanos. En resumen, se establece que la persona humana puede gozar del producto de la explotación de su entorno natural, cuidando de no destruirlo pues su gozo, es un derecho humano.

En  opuesta posición se han formulado los Derechos de “La Pachamama” (nominación en lengua quechua de la tierra) presentados  como política oficial en la VII Cumbre de del ALBA, celebrada en Cochabamba, Bolivia, el 17/10/2009. En el punto 4° de la Declaración Especial, por una Declaración de los Derechos de la Madre Tierra, se lee lo siguiente: “El precepto de que sólo los seres humanos tienen derechos genera un desequilibrio creciente de todo el sistema al dar vía libre a la violación de derechos de los demás seres naturales.  Existen diferencias entre los seres humanos y los demás integrantes de la Madre Tierra que deben ser tomadas en cuenta en una Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra.” Y congruente con el punto 9°,  que exige que estos principios sean adoptados por la Organización de las Naciones Unidas, fue presentada pero,  rechazada porque presenta una cosmovisión exclusiva de los países andinos,  no teniendo por tanto representatividad universal.

Los Derechos de “La Pachamama”, sustentada por el ALBA, no sólo contradicen los principios romanos del Derecho (universalmente aceptados), que sólo  al hombre reconoce ser poseedor de derechos y obligaciones, presentando además,  una vida económica sujeta a la productividad individual en la que el uso  del suelo y la clase de su producto sea determinado por el Estado, que además, será el que determine  establecimiento y productividad  de empresas agroindustriales. Este concepto, también es retomado en iguales términos por el “Llamamiento de la VI Conferencia de la Vía Campesina Egidio Bruneto”, celebrada en Yakarta, Indonesia, el 12/6/2013.

Esta posición, nos la explica, con claridad, el documento intitulado “Propuesta de Política Pública de Soberanía Alimentaria” (diciembre 2010), creado por el Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio CEICOM, en relación a las políticas de seguridad alimentaria que deben de ser implementadas en El Salvador, y dice: “una de las primeras y principales demandas de las que parte la Soberanía Alimentaria, es que los alimentos no sean considerados como una mercancía más en los circuitos del mercado internacional sometidos a la especulación sin límites, y dejen de ser utilizados como arma política y de guerra contra las poblaciones de los países empobrecidos. De acuerdo a Vía Campesina (1996), la soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos, de sus países o uniones de Estados a definir su política agraria y alimentaria, sin dumping frente a terceros países. La soberanía alimentaria va más allá del concepto más usual de seguridad alimentaria que plantea sólo asegurar que se produzca suficiente cantidad de comida con garantía sanitaria sin tener en cuenta qué comida se produce, cómo, dónde y en qué escala. …… El concepto de soberanía alimentaria fue desarrollado por Vía Campesina y llevado al debate público en ocasión de la Cumbre Mundial de la Alimentación en 1996, con la intención de ofrecer una alternativa a las políticas neoliberales. Desde entonces, ese concepto se ha convertido en un tema mayor del debate agrario internacional, inclusive en el seno de las Naciones Unidas”.

Las siguientes son las conclusiones  fácilmente apreciables. Las derivaciones agrarias de la Seguridad Alimentaria, propuesta por la Vía Campesina, son la estimulación del minifundio para una economía de subsistencia y de carácter local, con la utilización de métodos alternativos de cultivo, para descartar la producción agroindustrial. Las consecuencias económicas, de este enfoque, han sido, en Venezuela y Bolivia,  la expropiación de bienes agroindustriales, para asegurar la alimentación gratuita, lo cual, a la larga, ha contribuido al desabastecimiento alimentario, por el alejamiento de la inversión privada, la quiebra de las empresas confiscadas y en el tiempo,  la insostenibilidad gubernamental, a tales medidas económicas.

La propuesta de Seguridad Alimentaria de la FAO, garantiza el equilibrio entre las necesidades humanas y la sustentabilidad del medio ambiente, sin embargo, la aprobación de la ley sobre fertilizantes y agroquímicos, observada recientemente por el Presidente de la República, ante un evidente colapso del agro en el país, hace necesario tener claro el trasfondo doctrinario y conceptual de la misma y, más aún cuando lo que se discute  en este momento, en la Asamblea Legislativa,  es la Seguridad Alimentaria.

DIOS HA DADO A LA HUMANIDAD REALEZA Y DOMINIO SOBRE EL ORDEN CREADO. JUAN PABLO II.


domingo, 20 de octubre de 2013

LA PARTICIPACIÓN DE LA INICIATIVA PRIVADA EN LA POLÍTICA


Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 20 de agosto de 2013.

En días recientes,  tanto el señor Presidente de la República, Mauricio Funes como articulistas de marcada tendencia gubernamental, han señalado que la participación de la empresa privada en la política electoral, se ha extendido a cuestiones de negociación política internacional,  hecho que a juicio del señor Presidente, podría ser hasta constitutivo de traición a los intereses del Estado salvadoreño: tal actividad, es una injerencia de los poderes fácticos, en la política nacional y es, por tanto, participación espuria, indebida que debe ser objeto de los órganos de investigación y jurisdiccionalidad del Estado.

 Reflexionando sobre el juicio del señor Presidente, formulo las preguntas siguientes: ¿Ejerce el individuo la soberanía sólo durante las elecciones? ¿Debe la  participación política ser únicamente individual? ¿Es la agrupación natural sólo del Estado? ¿Representa la opinión política del Presidente la opinión total de los ciudadanos? ¿Está el ciudadano obligado a conformarse con el criterio político del Presidente? ¿Es lícita la agrupación política gremial?  Las respuestas a estas preguntas fundamentales sobre el funcionamiento del Estado, nos darán respuesta correcta a la posición política del señor Presidente Funes y a sus pretensiones de limitar la participación de la empresa privada, en el proceso político que actualmente vivimos.

Tanto la participación política de toda persona como la de los diferentes gremios a los que ésta pueda pertenecer, es constante en la vida nacional aunque más activa y apreciable, durante las campañas electorales. Los individuos se asocian a los gremios porque en conjunto acrecen su fuerza ya lo dice el refrán: “la unión hace la fuerza”; así, en razón de su número y en razón de su capacidad económica gozan de la aceptación general de la ciudadanía y pueden, con más o menos éxito intervenir en la política nacional. Es principio reconocido por la democracia, el debate constante. Si así no fuese, no tendría objeto la protección constitucional de la libertad de expresión y de la libre asociación.

De esta libertad, se desprende que en El Salvador y en cualquier otro Estado latinoamericano y europeo, cuando se reúnen para discutir los importantes temas económicos y sociales,  no lo hacen sólo entre sí,  los pares políticos, sino también intervienen los gremios, las organizaciones especializadas de investigación social, las universidades, pues todas, junto a las municipalidades, constituyen los estados intermedios de la sociedad (intermedio entre el individuo y el Estado). Es pues, la participación en la política de la empresa privada, perfectamente lícita, y no sólo es legal, sino además, perfectamente natural como expresión colectivizada del interés público.

Sin embargo si el gobierno, deslegitima un acto realizado por el gobierno anterior y este acto está en relación con un gobierno extranjero, el natural que se cree una lucha dentro de las esferas judiciales nacionales e internacionales, pues, el nuevo gobierno está buscando con su política cómo incumplir las resoluciones tomadas por parte del antiguo gobierno y, todo, con fines estrictamente políticos y de conveniencia personal.

Tal forma de actuar, contrario a los principios de gobernabilidad y buen entendimiento internacional, tiene, forzosamente, que ser expuesto por los perjudicados ya se trate de nacionales o de extranjeros y con las consecuencias que de ello se derivarán.

Este proceso de desavenencia, es normal cuando están relacionados con temas de campaña electoral. Es natural referirse a sus opositores, pretendiendo crear una figura de conspiración contra quien con “debilidad, heroísmo y entrega” defiende los intereses nacionales. ¡Lástima grande que no sea verdad tanta belleza, vana ilusión…! La verdad tanto unos como otros, están defendiendo intereses particulares, pretendiendo usar para estos, los atereces del Estado, el ejemplos: el Estado concede permisos de explotación minera pero como no se llega a acuerdos con el otro, sobre la participación Estatal vía concesión y accionaria para los nacionales involucrados, el Estado apoya las demandas de las comunidades cercanas que serían afectadas por el uso del arsénico en la extracción del oro y, es natural que los afectados, realicen cabildeos en su favor ante los gobiernos de la nacionalidad de sus empresas o la de sus accionistas.

Las pretensiones del señor Presidente Funes son que todos los salvadoreños sin excepción, estén conformes con la posición política que él sustenta. Y, esto, aunque íntimamente el ciudadano, no esté de acuerdo porque le parece que la posición del señor Presidente no se ajusta a la realidad o, simplemente, porque es contraria a su parecer. El deseo del Presidente, señor Funes, no inhibe al ciudadano a pensar, expresarse y agruparse adoptando una posición política contraria a la del gobierno.  El Presidente Funes, al referirse a los “poderes fácticos” hace referencia a algunos sectores de poder económico que lo son tal, por el número de su agrupación en intereses comunes y no hace referencia, a quienes le apoyan, tanto por su inmenso poder económico como por la influencia de las organizaciones sindicales.


El uso del poder del órgano Ejecutivo, para desvirtuar la opinión individual o colectiva de la sociedad salvadoreña, atenta contra el sistema democrático, con clara tendencia autocrática en el uso del poder,  y es muy peligroso, no sólo, para el proceso electoral, sino también para la expresión general de la oposición, pues esta posición política del Presidente Funes se concentra en atacar a la que proviene de la iniciativa privada. 

miércoles, 16 de octubre de 2013

DEL CHE GUEVARA, UN CONCEPTO REVOLUCIONARIO


Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 16 de septiembre de 2013.

La “Ética Revolucionaria en el Che”, artículo publicado en el Diario CoLatino, de fecha 13/10/2013, recuerda un artículo en similares términos, de Armando Romero, Reportero Sin Fronteras, cuyo título es “Ética Revolucionaria y Dogmática”. Aunque creo impropio atribuir valores éticos al “Che” Guevara – sus pensamientos y acciones hacen imposible su calificación a la luz de los criterios morales occidentales -  pues si a sus acciones revolucionarias les aplicamos éstos, no hay duda de que se le calificaría de sicópata muy peligroso (para su criterio), las acciones humanas deben estar enmarcadas dentro de los principios revolucionarios, en su forma más abstracta, critica aún, la praxis explicada por Marx y Hegel y, la traduce en la inhumanidad del individuo frente a la idea del marxismo, pero no obstante, criterio tan errado,  su pensamiento nos sirve para establecer un paralelo de sus ideas con lo que ya se ha convertido el comunismo actual en Latinoamérica; y, si nos ocupamos del tema es porque el pensamiento revolucionario del “Che” se mantiene vivo en sus seguidores y, aunque sólo hablan de Socialismo, es muy bien sabido que el tal, es antesala del comunismo.

Una de las frases revolucionarias de Guevara por A. Fernández O. es: “Como arma para luchar contra el capitalismo, las armas del capitalismo”. Es decir, que había que aplicar al enemigo, sus mismos procederes. Observamos pues que, finalizada la Guerra Fría, el comunismo Latinoamericano, se acomodó, ingeniosamente, al sistema político liberal – capitalista y, buscando el poder por los métodos democráticos, pero ofreciendo revolución o “cambios”. Ejemplo muy claro y aleccionador para la sociedad democrática fue Hugo Chávez: siguió el método y lo perfeccionó. Evitó algunos errores observados por él en el comunismo soviético, en el cubano  y en el chino y así, paso a paso, fue construyendo alianzas en base a la corrupción tolerada y, mediante el aislacionismo fue destruyendo a la oposición; empleó fondos públicos para beneficios selectivos internos y, la extensión internacional de su área de influencia. Así, en pocos años, gozó de gran influencia política en los países del Caribe y Centroamérica y, también cierta hegemonía en Suramérica; sin embargo el costo de tales logros,  ha sido importante: el alejamiento doctrinario del marxismo, el debilitamiento económico y, sobre todo la consolidación de la oposición, otrora dispersa  pero ahora, ya ahita del corrupto proceder político. Pero como contrapartida de tales costos, se logró la construcción de un gobierno – empresa, que permite el lucro al funcionario – gerente y, que para su particular beneficio, utiliza el poder del Estado y, finalmente,  se crea una “masa” de votantes – activistas que sigue los lineamientos partidarios, en la seguridad del subsidio estatal.

En Centroamérica esta suerte de situación ha llegado a un punto de equilibrio en Nicaragua y, se está luchando para alcanzarlo aquí en El Salvador. En Venezuela, el tal sistema, se rompió en las últimas y recientes elecciones Presidenciales. El caso es que, al poner el práctica el sistema liberal, el comunismo pierde su principal característica social que es el “colectivismo dirigido”, adoptando el “individualismo” que permite el modelo “partido – empresa” y que sus miembros utilicen, para su provecho, el sistema contrario. Esta forma política garantiza un control de las instituciones públicas y de la economía nacional, desde las empresas relevantes que garanticen el poder de un partido político, lo que,  por una parte, desnaturaliza al comunismo y por otra, atenta contra el sistema democrático. Estos dos efectos contrarios fueron objeto de crítica por parte de Marta Harnecker que así se lo expresó a Chávez y, también confirma el proceso el descontento de los antiguos comunistas contra la cúpula del FMLN en El Salvador.

La revolución comunista pretende un cambio total de la sociedad; un cambio forzado, anti natural de la realidad humana; es un cambio asentado en las ideas de Marx y de Hegel, pero si en este cambio se adoptan las normas que se quieren cambiar, se termina aceptándolas como propias pero sin aceptar las bases que la sostienen; hay entonces, una desnaturalización de las ideas y los fines. Este proceso crea, en el gobernante, un relativismo por el cual sólo importa ya su propia conveniencia y así queda descrito con bastante realismo, el proceso del Socialismo del Socialismo del Siglo XXI.

Cuando el escritor y filólogo chino Lyn Yutang se refiere a las invasiones ha sufrido a lo largo de su historia,   dice no temerlas pues por fin, todos los invasores se vuelven chinos. Explica así que, cuando el enemigo adopta las estructuras,  la fuerza y características de su enemigo, termina identificándose aunque continúese considerando su enemigo. El algo semejante, lo que está sucediendo con el Socialismo del Siglo XXI.


Cuando los socialistas se ven obligados para lograr sus metas de poder o de provecho personal, puede observarse que se ha iniciado su decadencia; así lo afirma también Lyn Yutang, gran observador de la historia: “el uso de poder es la iniciación de su decadencia”. La sociedad avanza y evoluciona aún sin la dirección de una persona o grupo, se mueve por que  existe la sinergia social que determinan las leyes propias de la economía y, este proceso, prueba científicamente cuan errado fue el pensamiento revolucionario del “Che” Guevara que murió en Bolivia, por la prédica patológica de tan errada y maléfica predica del comunismo. La utilización de los principios capitalistas y democráticos por parte de la izquierda, sólo produce una degeneración de sus ideas y un adefesio económico imposible de sostenerse sin las inyecciones constantes de capital nuevo, ya que su fin verdadero es político y no económico.

domingo, 13 de octubre de 2013

PROBIDAD VERSUS CORRUPCIÓN


Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 13 de septiembre de 2013.

En los últimos meses, los comentarios sobre la corrupción, han sido noticias relevantes de los medios de comunicación: Verdaderamente escandalosas las noticias sobre los ardides en la CEL y en la construcción del Boulevard Diego de Holguín. Estas noticias, asas escandalosas,  descubren, en sus detalles, los manejos mañosos de los fondos públicos, pero los políticos, aprovechan estas noticias para manipular los hechos a su favor, dentro de un marco estrictamente electoral, sin importar si las personas señaladas son las verdaderas responsables de los hechos o si son sus aliados o enemigos políticos, para maximizar el hecho o minimizarlo, a conveniencia.

Nuestros políticos, durante esta actual campaña electoral, se acusan recíprocamente, de actos de corrupción. Lo hacen, con la esperanza o en la creencia, de que las entidades internacionales que ofrecen o prestan ayuda, exigen responsabilidades cuya práctica será de beneficio para el que recibe el préstamo,  pero no, para su rival. Pues esta manera de juzgar, ha llegado, en la actualidad, a ser herrada: es tan profunda la recesión mundial, amenaza ésta, de tal manera aún a las economías más fuertes como la de los Estados Unidos y la Unión Europea que los gobiernos se han puesto alerta contra la corrupción, en la cual ven un peligro para el desarrollo económico y para la libertad de los países beneficiados. Pues la corrupción no se limita a los fondos públicos, sino que extiende hacia las resoluciones judiciales, el poder del Estado frente a los particulares nacionales y extranjeros, el narcotráfico y la política cotidiana. En consecuencia, han desechado la tolerancia, exigen hoy, integridad en el manejo de los fondos públicos, de los propios y los prestados a otras naciones, dentro del presente mundo globalizado.

Esta exigencia de integridad, tiene por motivo que la recesión mundial y que hasta ya el Gobierno de los Estados Unidos está padeciendo, ha probado que el asistencialismo no ha producido los efectos provechosos esperados y, que la corrupción de los funcionarios “asistidos” y, en cierto modo “tolerados” por los países de cuya ayuda se goza, ya no es ni sostenible ni moralmente aceptable como política de Estado.

Se ha comprobado que los “préstamos” para el desarrollo, eran fácilmente y con frecuencia “diluidos” por la corrupción pública: salarios excesivos, contratos sobrevaluados, viáticos onerosos y etc., han tenido efectos contraproducentes: ya no son garantía de la estabilidad de un gobierno en este mundo de influencia multipolar.  La corrupción crea un “leviatán” que consume los recursos producidos por el esfuerzo del ciudadano común o por los préstamos de las reservas internacionales, destinadas para el desarrollo, es decir que deben emplearse para reactivar la economía nacional, favoreciendo de este modo el motor económico mundial.

Refiriéndonos exclusivamente al caso de los países latinoamericanos, es notorio cómo funcionarios públicos de estos países, sin excepción pobres, pretenden vivir en tal opulencia que parecen jeques petroleros, costeada tanto por el dinero nacional, cómo con el producto de préstamos y donaciones. Esta  escandalosa corrupción tanto en los ciudadanos como en los países prestatarios o “altruistas” el deseo de aplicar a los hechos de los funcionarios un criterio diferente: aunque tarde, les están aplicando al juzgarlos,  las normas morales y, tal vez no lo hacen porque se escandalicen del acto inmoral, sino por las consecuencias nefastas que tal conducta tienen en la opinión pública de sus países, si tales hechos salen a la luz pública con la complicidad de sus gobernantes. La corrupción no es recta de un solo sentido, como “plaga de Egipto”, se extiende abarcadora. Por ejemplo,  un Diputado se duele de la aprensión del Cartel de Texis, al que disculpa así “son personas pobres que necesitan traficar para solventar sus problemas económicos, pues son poquiteros que no le hacen daño a nadie”. Este juicio es juzgar los hechos a la luz del “relativismo” y, si el Estado, con el propósito de hacer subir los indicadores de la excelencia de su educación, baja la exigencia de una prueba intelectual (PAES) para que subiendo los indicadores de provecho educativo sea fácil justificar nuevos préstamos para inversión social, fraude es para las entidades internacionales y pésimo ejemplo para los estudiantes.

La corrupción de los funcionarios públicos es también, como las plagas de Egipto, abarca los actos de su vida pública y privada, pero a esta última no nos referiremos porque sale a luz de varias maneras, algunas veces como delitos ante la justicia y otros como pecados ante la moral y Dios.

Durante la actual campaña electoral, nuestros políticos se acusan unos a otros y, lo hacen en la creencia, de que las entidades internacionales, cuando les exigen condiciones específicas a cambio de su ayuda, lo hacen con un fin político que beneficiaría a ambos y que irá en perjuicio de su rival. La realidad es que los países altruistas han visto por fin, en la corrupción, un serio peligro para el desarrollo económico, que afecta todos los demás campos de la vida. Han concluido que la actual crisis económica se resolvería con la excelencia de una vida auténticamente moral y con la libertad que sólo la ley limita.

Ha sido interesante ver cómo este proceso se ha iniciado con la exigencia una plena trasparencia de los manejos, primero de las empresas que necesitan de fondeos para su operatividad (reglas de la NIF-PYME) y cómo se ha ido extendiendo hacia la pítica y los países que necesitan de fondos internacionales para su existencia.


Para evitar el rebalse de la corrupción a niveles ya incontenibles, es necesario que haya deducción de responsabilidad por las funciones desempeñadas. Los políticos acusados trataran de culpar a otros funcionarios, sus oponentes más débiles, pero si la justicia actúa como corresponde, y al parecer así será pues ya no depende de las instancias y política nacional,  es de esperar, que quienes se creen hoy impunes, y protegidos por su posición política, sean mañana procesados, junto a sus hoy enemigos políticos. Ya no basta el ocultamiento de documentos, la compra de solvencias o negar los cargos imputados ante la opinión pública. La supervivencia de nuestro actual modelo económico liberal, al amparo de nuestro régimen de gobierno: republicano, democrático y representativo, hará vivir la justicia para que definitivamente, se extirpe la corrupción de funcionarios y de políticos.

miércoles, 9 de octubre de 2013

ACUSACIONES Y JUICIOS TEMERARIOS AL AMPARO DE LA LIBERTAD


Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 9 de octubre de 2013.

Por casualidad  he leído el artículo intitulado “Nos quieren ver la cara”. Al referirme a su texto que, pretende ser una resumida exposición de la historia salvadoreña, desde el siglo XIX hasta el presente, es decir, algo así como visión panorámica de nuestra vida nacional en dicho lapso, no me sorprende porque se trata de su autor el señor Joaquín Villalobos quien, con tono de gran autoridad y saber, expresa y formula juicios sin conocimiento verídicamente histórico de los hechos, de sus causas y sus consecuencias.

Porque es muy fácil decir “se produjo la expropiación de tierras que dio origen a la oligarquía;  “se impusieron con fraudes electorales”; “se legislo contra inmigrantes indeseables para proteger a la oligarquía”; “la concentración de la riqueza impide el desarrollo” y etc. Continuar citando dichos juicios y calificaciones erróneas lo creo innecesario al objeto de mi comentario.

No se puede, más bien, sí se puede pero no se debe hacer afirmaciones tan generalizadas cuando el juicio sólo es resultado de una elucubración que sólo la alimenta el resentimiento,  la frustración y el odio de quien ha visto sus metas políticas derrumbas por la realidad.

Nuestra historia,   como reza nuestro himno nacional, es dolorosa y sangrienta, pero excelsa y brillante a la vez y, es obligación patriótica estudiarla y aprenderla sin pasión ni juicios baladíes, con la finalidad de exaltar la posición política de quien le paga.

Este artículo “Nos quieren ver la cara” acusa, precisamente,  la frustración ¿qué quiere decir – señor Villalobos – los “ricos no se deben orgullecer de su pasado de pobreza sino por ser hijos de papá”? y este otro “el país tiene un capitalismo primitivo de apellidos que mata la creatividad e impide el progreso”. Son juicios oscuros de entender para sus lectores, que le dicta, posiblemente su propia frustración por el resultado de la lucha guerrillera de la que fue uno de sus jefes, que dirigió muy convenientemente y a salvo desde Managua y la Habana, mientras que sus subalternos cumplieron las órdenes que él recibía de cubanos, nicaragüenses y rusos. Además, pretende desvanecer la culpa de sus asesinatos mediante el señalamiento de la represión de la subversión que ayudo a crear.

En cuanto al señor Saca actual candidato a la presidencia, y me refiero sólo a este hecho, porque es como se suele decir, “de palpitante actualidad” y de relación directa con el autor del artículo que comento, podrá tener este ex presidente sus finiquitos pero es “vox populi” que se apropio “legalmente” de algunos millones de la partida secreta. No tenemos juicio de probidad (de hecho, aunque sí de nombre) y por eso tanto puede absolvérsele como condenársele en la opinión pública, porque esta fuera del alcance del ciudadano común probar tales hechos ante el encubrimiento desde el poder del Estado o del poder político . Y a propósito de esta candidatura del señor Saca,  le digo que el dinero es en cierta forma, menos importante que el peligro que representa su posible segunda presidencia. El texto de la Constitución no le prohíbe ser por segunda vez presidente pero, el espíritu de la misma es que no haya repetición de gobernante: es muy peligroso. Así lo hicieron,  para perpetuarse en el poder, Hugo Chávez, Evo Morales, Salvador Correa y Daniel Ortega. En el segundo período,  les es fácil proponer que se reforme la Constitución y como están en el poder, todo lo pueden legalizar por inmoral que sea y ya tendríamos otro dictador “legal”.

Igual peligro representa creer lo que dice el señor Villalobos, pues si queremos ver el origen de toda propiedad inmueble,  ya no se puede comprobar su adquisición ni el esfuerzo de quienes la titularon y abre el espacio para su cuestionamiento y su expropiación, pues el criterio expresado por el señor Villalobos, no es nuevo, ya la uso Hugo Chávez,  como pretexto para la expropiación y devolverla “al pueblo”.


Refutar punto por punto su artículo sería muy largo. Me refiero pues a un punto más. Por lo general los emigrantes salvadoreños en los Estados Unidos logran medios de vida aceptables pero con gran esfuerzo e inteligencia: las condiciones sociales son en dicho país, muy diferentes y la educación también y sería largo de explicárselo con verdadero conocimiento y con la paciencia de un docente universitario y no como el señor Villalobos lo hace con nuestra historia, cometiendo errores que pudieran ser muy peligrosos para la educación popular y no abonan la paz y armonía de nuestra querida nación, a no ser que su intención, muy velada tal vez sea provocar condiciones para nueva insurrección.

lunes, 7 de octubre de 2013

DEL FINANCIAMIENTO DE LA CAMPAÑA ELECTORAL


Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 7 de octubre de 2013.

Una campaña electoral, sin la debida contraloría de su financiamiento, permite la utilización de fondos muy cuestionables por su origen; pudieran provenir de fuentes muy interesadas en nuestra soberanía, pretendiendo ejercer por su aporte financiero, injerencia en la vida política de nuestro país; y, en vista de tal posible peligro, es muy conveniente y parara garantía de la legitimidad de los fondos, saber con certeza, el origen de las fuerzas económicas que dan apoyo a cada uno de los principales partidos en contienda.

Los partidos políticos, cuentan con un financiamiento común a todos ellos: el que aporta el Estado a cada uno, según la mayor o menor votación obtenida por cada contrincante y que, en la presente contienda, parece determinarse en cinco dólares por cada voto. Se cuenta también con los fondos particulares que de la Asamblea Legislativa se desvían hacia los partidos políticos y, que no se invierten en necesidades propiamente legislativas (asesorías y otros gastos pertinentes) sino en calidades que los partidos procuran ocultar; sin embargo, este manejo es de común conocimiento y se le denuncia por la disparidad de asignaciones que varía acorde con el interés ejecutivo en determinada facción legislativa.

Fuera de esas dos relaciones económicas comunes, se abre una disparidad con respecto al financiamiento de los partidos políticos. El FMLN es el que dispone de más dinero pues, tiene el que recibe del 10% que aportan por disciplina partidaria, todos los miembros que devengan un salario del Estado; este aporte, no es en realidad, el más importante, más bien tiene por objeto, mantener la disciplina interna del partido. El verdadero financiamiento de su campaña lo aportan las empresas ALBA. Estas empresas, hasta abril del presente año no habían presentado sus balances al Registro de Comercio y, por este motivo, algunos economistas, para calcular las reservas líquidas de dichas empresas utilizaron información cruzada pública del Banco Central de Reserva y estimaron que podrían llegar hasta dos mil millones de dólares ($ 2, 000,000.00), aunque otros economistas, allegados a la información del FMLN, aseguran que las ALBA sólo cuentan con un mil doscientos millones de dólares ($1,200,000.00). Esta cuantiosa cantidad proviene de las actividades de las empresas ALBA que les deja, en concepto de “crédito” el 40% de nuestra factura petrolera y además, los sobreprecios encubiertos que le permite Venezuela y se escapa a una fácil detección; estas operaciones que sólo son conocidas por las investigaciones periodísticas editadas en el extranjero y que nos vienen por corresponsalía. Se puede afirmar, en conclusión, que el financiamiento del FMLN es resultado del interés político que el Gobierno venezolano tiene en este país. Para finalizar este punto, hay que hacer notar que la correlación de fuerzas legislativas pueden hacer que el país, ya forme parte de Petrocaribe, pero no se hace, porque tal acción implicaría que los fondos de ALBA sean sometidos a la auditoría de la Corte de Cuentas de la República y a un escrutinio por parte de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa.

El financiamiento de ARENA lo aportan sólo unos sectores de la empresa privada; son quienes por ahora, tienen capacidad para aportar fondos para una campaña electoral, no son muchos, debido a la crisis económica del país. Algunos entendidos en esta materia del financiamiento de los partidos políticos y contrarios a ARENA, afirman que el patrimonio empresarial de los que apoyan a ARENA y que, comparado con el capital de ALBA, el financiamiento venezolano es insignificante. Sin pretender realizar un recuento de las fortunas y de las instituciones económicas que apoyan a ARENA, sí podemos traer la observación de que hay diferencia muy grande y muy importante en la naturaleza y propósito de la inversión de los cuantiosos fondos; así, los de ALBA, son créditos de Venezuela que persiguen un fin político: Sánchez Cerén ha afirmado que si él triunfa ingresaremos a Petrocaribe; no dice que también toda la deuda privada de las empresas ALBA serán deuda del Estado para con Venezuela, es decir, deuda pública. No sucede tal peligro, con lo que aporta el empresario salvadoreño apoyando a ARENA. Su patrimonio, está al servicio de sus propias empresas, lo da después de haber pagado sus impuestos y, de sus utilidades, aporta al financiamiento al partido de su preferencia, por lo que es un apoyo personal y no de empresa,  y que están perfectamente auditados y comprobables en el Ministerio de Hacienda, al grado tal,  que fue “vox populi”,  que Mauricio Funes, solicito a muchos empresarios que no realizasen aportes partidarios,  para que sus empresas no tuviesen “contratiempos” en sus operaciones o tramites con el Gobierno.

Por otra parte, las empresas ALBA, no necesitan dar dinero al FMLN de manera directa. El método, muy eficaz e ingenioso es realizar una campaña paralela con “inversión  social” y, aprovechando dichos actos realizados, identificarse con el FMLN; esto implica una ausencia de control fiscal en sus inversiones políticas. Pues muy, más obscuras son las fuentes financieras del candidato Tony Saca, ex Presidente de la República. Se le atribuye “vox populi” quinientos once millones de patrimonio personal, al retirarse como Presidente, pero suspendió los pagos a algunos periodistas en los últimos días de julio del presente año y, en el confidencial del Diario El Mundo, se insinuó que había realizado un viaje a Brasil en donde le habían dado cuarenta millones de dólares para gastos de su campaña. La lógica de dicho financiamiento nos obliga a hacernos varias preguntas: ¿y ese capital brasileño tiene acaso, pretensiones económicas en nuestro país? ¿Es que Brasil ha lavado dinero procedente de El Salvador o de Venezuela? ¿Sería capital árabe con intereses políticos? Sea cual sea el origen o el propósito, todo hace elucubrar que hay fuerzas que tienen poder para financiar la candidatura del ex Presidente Saca y que, sólo él y sus íntimos allegados conocen; más, si vemos que el capital palestino nacional le apoya, no nos sería extraño que, un capital del mismo origen, en el Brasil, apoye desde el extranjero, con fines políticos del cercano oriente.

Existe una tendencia dentro de los políticos del FMLN y de los que apoyan a UNIDAD,   de querer demostrar que ARENA está dirigido exclusivamente, por el gran capital, pero lo que en realidad, están atacando de hecho, es a la empresa privada, deslegitimando las tendencias políticas de los empresarios, con el fin de que éstos, guarden distancia con la política; y así, de esta manera el poder político de las empresas ALBA se magnifique, en detrimento de la función social de toda iniciativa de la empresa privada.