LAS INCOGNITAS DEL GOBIERNO DE SÁNCHEZ CERÉN

Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 29 de abril de 2014

Las perspectivas políticas y proyecciones del Gobierno de Salvador Sánchez Cerén presentan un muy bajo perfil y, en consecuencia es fácil suponer que éste, no se modificará durante todo su mandato; que creará polos políticos de distracción y que, lo hará, sin importar que otros absorban los costos políticos al enfrentar problemas medulares o bien, descargando responsabilidades sobre Gobiernos anteriores. No obstante, será interesante conocer la posición que El Salvador tome en el concierto internacional en cuento a lo económico y lo político. Esta posición es decisión exclusiva de la visión del Presidente de la República de acuerdo con el Canciller, sin importar si dichas decisiones son o no de interés popular.

En el FMLN se ha dado mucha importancia a la lealtad revolucionaria, por sobre cualquier otra situación y, sabido esto, fácil es establecer de antemano la lista de los aliados con quienes Salvador Sánchez Cerén tiene “deuda revolucionaria”: comenzando con  CISPES, a partir de 1980 (Comité en solidaridad con el pueblo de El Salvador, creado para recaudar fondos y dar ayuda financiera, política y médica al FMLN). Fue investigado en los Estados Unidos por la presunción de violación a “la ley de registro para agentes extranjeros FARA”. Pese a haberse terminado la guerra, CISPES colabora aún, con el Ministerio de Educación en proyectos educativos y en la Dirección de la Escuela Política del FMLN. Y habiendo otras muchas organizaciones de red mundial, legales unas y terroristas las otras.

Salvador Sánchez Cerén ha estado siempre en relación con personajes internacionalistas como la que fue su secretaria, Lori Helene Berenson (condenada a 20 años de prisión por actos terroristas como militante del grupo Movimiento Revolucionario Tupac Amaru) y también asesores soviéticos, cubanos y últimamente, venezolanos. Tal relación hace hoy válida la pregunta: ¿cómo responderá nuestro Presidente, a los intereses de dichas relaciones? Es preciso entender que hoy,  no sería el FMLN el que responde sino la política exterior de la República de El Salvador.

Basta con ver la fotografía de Salvador Sánchez Cerén con los espías cubanos, para comprender que esa lealtad a ellos,  pesará mucho en el Gobierno de El Salvador, debido a la “lealtad revolucionaria”. En la OEA, dio su apoyo El Salvador, al Gobierno de Nicolás Maduro, en retribución a la “alta contribución venezolana” a la campaña del FMLN. Ahora, ¿Cuál será la posición salvadoreña frente al diferendo limítrofe peruano-chileno? Políticamente somos más cercanos a Perú pero, por nuestro conflicto en el Golfo de Fonseca, convendría apoyar las pretensiones de soberanía chilena, tomando en consideración la posición geográfica de la Isla Conejo, en relación con las pretensiones hondureñas de extender su mar territorial, a costa del salvadoreño.

Frente a las actuales negociaciones en su país, Nicolás Maduro,  plantea que se está conjurando contra él un levantamiento popular, al que él califica de “fascista” y debido a lo que él no puede dejar el poder, y en la página del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores (Embajada de la República Bolivariana de Venezuela para la República Socialista de Vietnam) puede conocerse  en “Venezuela es  Noticia” N° 1157 del 11/4/2014, un resumen de la posición de Maduro y un comentario sobre la proclamación de la República Popular de Donetsk (escindida de Ucrania, bajo línea política Rusa y de la nostalgia soviética, como lucha contra el “fascismo” tal como puede leerse en el blog de Josafat S. Comín). De tal manera,  que en dicho documento, muy sutilmente se plantea que ambas luchas son contra el “fascismo”.

Está claro el apoyo y también, muy probablemente, el reconocimiento futuro por parte de Venezuela a las nuevas repúblicas balcánicas, si la presión internacional lo permite, después de su reconocimiento por parte de Rusia. Hecho que nos lleva a la siguiente pregunta: si Venezuela apoya los intereses Rusos en los Balcanes ¿lo hará sóla o como líder del bloque ALBA? Pues la idea de Venezuela es la de presentarse como líder latinoamericano del de la región bolivariana. Lo cual nos obliga a la pregunta ¿Cuál sería la posición de la Cancillería salvadoreña si los Estados Unidos han anunciado sanciones para quienes apoyen la política de Putin en los Balcanes? Por ahora, tales sanciones sólo van dirigidas a sus asesores y compañías rusas pero, inevitablemente, tales sanciones se extenderán hasta donde sean superiores a los intereses geopolíticos rusos, los cuales son vitales en su pretensión de reconstruir el pasado poderío soviético.

Otro punto a considerar es ¿cuál será la posición de nuestra Cancillería frente a las intenciones del separatismo de Cataluña, cuyo referéndum ya está a las puertas? Existen lazos muy fuertes del FMLN con los separatistas españoles por su lucha revolucionaria. La capacidad económica de Cataluña puede permitirle ser “autárquico” sin embargo, necesita reconocimiento internacional y mercado para su comercio, pues automáticamente, si se separase de España, no formaría parte de la Unión Europea. Le es pues muy importante la posición latinoamericana en su favor y más aún porque los gestores de tal separación son de la izquierda española y muchos ven, en los modelos económicos propuestos por la izquierda latinoamericana los idóneos modelos a seguir, en su lucha anti imperialista.

Por último, es necesario considerar la posición salvadoreña ante el FMI, pues muy probablemente, la ayuda venezolana con la que contaba el futuro Gobierno y que destacó en la pasada campaña electoral, no pueda materializarse, por la quiebra de Venezuela y, reconsiderar las posiciones económicas de algunos ideólogos del FMLN,  que proponían el desconocimiento de la deuda, como medio de ahorro de un mil cuatrocientos millones de dólares; ante esta realidad el Gobierno de Sánchez Cerén ¿sopesará prudentemente la posición de El Salvador ante los acreedores internacionales? O, por el contrario, ¿pesará más, la visión ideológica anti imperialista? Todo lo dicho se resolverá en el futuro.

PANDILLAS, EL GOBIERNO Y LA IZQUIERDA REVOLUCIONARIA

Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 28 de abril de 2014

“La libertad es un mar borrascoso. Los hombres tímidos prefieren la calma del despotismo”. Tomás Jefferson

Las pandillas, el Gobierno y la Izquierda revolucionaria, tienen cada uno, sus propios objetivos, pero lo cual no significa que éstos, sean completamente excluyentes entre sí: tienen algunas coincidencias aunque al margen de las necesidades de El Salvador como Nación o como Estado democrático, dentro de la comunidad internacional.

El objetivo de las pandillas es el dominio territorial para cumplir  fines de aprovechamiento delincuencial dentro del mismo, por ello exigen, en términos generales, cuatro puntos fundamentales, que pueden conocerse, en la petición entregada al Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, por la carta que fue entregada, por intermedio del Padre Toño y la nota enviada a Mauricio Funes y que (filtrada por descontentos con esta negociación ilegal): primero, derogación de las leyes que como pandillas les son restrictivas; segundo, acuartelamiento de la Fuerza Armada; tercero, beneficios económicos colectivos y; cuarto, beneficios carcelarios para los ya presos. De hecho, esas cuatro puntos ya han sido logrados y por lo menos, planteados  de alguna manera a la población.

Los beneficios dados a los internos más peligrosos, ha permitido consolidar su mando desde las cárceles, estableciendo cadenas de mando fluidas y expeditas y, acrecentada así su capacidad operativa. Los presupuestos para la PNC y la FAES (exiguos por insuficientes), han limitado su operatividad en las acciones antipandillas. La Fiscalía General de la República, no ha aplicado la legislación ya existente para este caso en particular, sino que cada delito de las pandillas, ha sido manejado como un hecho “individual”, relativo al acto de una o varias personas, sin su relación con actos previamente orquestados por el crimen organizado, pues es imposible  que los agentes investigadores de la PNC, puedan relacionarlos como tales, ya sea por falta de personal, por presupuesto exiguo o limitaciones estrictamente legales. Por último, en la negociación con las pandillas se habla de “la responsabilidad de la sociedad y la colaboración que las empresas en la solución de este problema en la solución de este problema”.

Lo que el Gobierno pretende, es que la imagen del país, no sea la del más violento del mundo, sino que parezca cumplir los estándares internacionales, pero sin importar si esta baja de homicidios, se debe al sometimiento  de la población o al dominio de una pandilla sobre la otra; lo que cuenta menos para el Gobierno, es el cumplimiento de la Constitución Política, y por eso los funcionarios  pretenden buscar soluciones bajo argumentos oscuros, “políticamente aceptables”, que satisfaga las intenciones de las pandillas, guardando cuidadosos  las debidas apariencias.

Sin embargo, dadas las diferencias evolutivas, entre la MS 13 y la 18, frente a los beneficios que pueden recibir del Gobierno y, la posibilidad de tener una participación mayor en el control territorial, se ha desatado  entre ellos, nuevamente, la guerra, la cual, como es  natural, se extiende hacia la población y los entes de seguridad pública.

Para mayor claridad de esta situación, citaré como ejemplo, el caso del Bajo Lempa y Zacatecoluca, y también  de las áreas más populosas de San Salvador. En la primera, el control territorial para el trasiego de armas y drogas (pasajes tradicionalmente utilizados por la guerrilla del FMLN para sus fines logísticos y que formaba parte de su línea de abastecimientos desde Nicaragua), jamás ha sido desarticulado, por que el dominio del mismo estaba en la población natural del lugar, o de los asentamientos creados ad hoc. Su importancia va hoy, en el sentido de controlar las zonas que serán beneficiadas por el FOMILENIO II y percibir su beneficio económico mediante el control de sus polos de desarrollo. Aunque ahora ya no son parte de la cadena de abastecimiento antes citada, sí sirven a la droga y a las pandillas, pues  por allí se aseguran una fuente de ingresos los lugareños, pues es un área de pobreza extrema. En cuanto al centro  de San Salvador y su periferia, si controlan el mayor centro poblacional y por eso, la zona de mayor distribución y consumo de droga, sus ingresos están asegurados.

 La disputa entre la MS 13 y la 18, permite valorar el grado de desarrollo de la primera, que se extiende hasta líneas de autobuses, pequeños negocios, influencia en Iglesias protestantes etc., ha comprendido cómo puede utilizar el sistema social en su beneficio; mientras que la segunda, sobresale por su violencia, en un accionar más “primitivo”. Sin embargo, no es menos peligrosa que la primera, por su capacidad  terrorista y su afán de sobresalir en barbarie.

Por otra parte, la izquierda revolucionaria, excluida del actual Gobierno, no por diferencias ideológicas, sino por  estructura de poder, está planteando situaciones tradicionales de Izquierda, y que  complican la posición internacional y gobernabilidad del FMLN. Por hoy, la bandera que esgrime la Izquierda revolucionaria, es la de una nueva política de drogas, bajo el eslogan: “Yo apoyo. No castigo”, cuya pretensión es la despenalización del uso de drogas en El Salvador. Si bien en algunos Estados de los Estados Unidos, ha desaparecido la prohibición a la mariguana, la tendencia y razonamiento imperante en estas organizaciones de Izquierda, es la suramericana: siendo  la hoja de coca y la mariguana, de esta región, se afirma que su explotación y consumo es  un derecho su explotación, como lo ha sostenido Evo Morales, Pepe Mujica  y lo sostuvo Hugo Chávez (que hasta propuso que ALBA fuese una distribuidora de los productos de la coca). 

Esta posición en el caso nuestro, puede complicar las relaciones internacionales del actual Gobierno y, además, favorecería indirectamente al narcotráfico salvadoreño: las pandillas, las que monopolizan la comercialización y siembra de mariguana, también se verían favorecidas. Por la posición geográfica de El Salvador, se convertiría nuestro país, en el centro de trasiego “legal de la droga”, fortaleciendo el poder de las pandillas y de los Cárteles de la droga, en vez de disminuirlo o anularlo.

Lo único que puede evitar un acrecentamiento del poder de las pandillas, que son entidades criminales, es que éstas no obtengan, por parte del Gobierno, beneficios ilegales e inconstitucionales, además de evitar la despenalización en el uso y comercialización de las drogas.

LA OPERATIVIDAD DE LAS PANDILLAS

Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 27 de abril de 2014

Ya desde julio del 2012, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Estados Unidos (CSIS), planteo la posibilidad de que las pandillas criminales, quisiesen aprovechar la supuesta tregua de no agresión entre ellos, para convertirse en "actores políticos". Las redes de operación de las pandillas, ha revelado que tienen en Nicaragua la capacidad de comprar misiles tierra-aire y trasladarlos a un centro de distribución de armas en el Bajo Lempa, para después entregarlas a las FARC, en Colombia.

La alta capacidad de las pandillas de realizar operaciones clandestinas, sólo es posible por la conjugación de tres elementos: cohesión, red de poder o “contactos” y la práctica del terrorismo. La cohesión de las pandillas ha sido posible por las políticas fallidas de “la mano dura”, “mano súper dura” y “cero tolerancia”. El inadecuado enfoque del origen de las pandillas, que se puede apreciar en el documento “Pandillas y Políticas Públicas: Caso El Salvador”, de José Miguel Cruz y Marlon Carranza, editado por la UCA, pero deja en claro que el proceso de cohesión y evolución de las pandillas, sigue el camino desde la familia y avanza, hasta el crimen organizado, pasando por grupos juveniles, barras y pandillas;  sus acciones como medio de supervivencia van en escala,  desde la violencia-victima-testigo, hasta el homicidio, atracos y narcotráfico.

La cohesión de las pandillas viene forjándose desde el 2002; tiempo más que suficiente para que su supervivencia haya evolucionado, frente a su enemigo natural: el Estado. El ciudadano común es visto  por los pandilleros como  “vaca lechera de su propiedad”, que se encuentra en su territorio, al cual considera su “feudo”, garantizando su propiedad con los grafitis de su pandilla, clica y pandillero. Esta cohesión se ve reforzada en dos extremos: en sus niveles más bajos, en los que el pandillero necesita de la “mara” para cubrir todas sus necesidades básicas: vivienda, alimentación, reproducción y protección. En los niveles más altos de sus estructuras, son los que el Gobierno  necesita para sostener su imagen pública de garantizar la seguridad del ciudadano, pero que utiliza para sus agendas políticas ocultas.

Para probar esta segunda fuente de cohesión, cito un párrafo del artículo intitulado “El gobierno de El Salvador negoció con pandillas la reducción de homicidios”, por  Óscar Martínez, Carlos Martínez, Sergio Arauz, Efren Lemus, publicado en Rebelión.Org, el 27/3/12 y que dice: “Ese mismo día, un agente de inteligencia del Estado aseguró que, según le habían revelado fuentes directamente involucradas en la planificación, la estrategia es dirigida por el coronel Simón Molina Montoya, quien asesoró en inteligencia al actual ministro de Seguridad y Justicia, David Munguía Payés, cuando este último era ministro de Defensa. Molina Montoya es el segundo al mando en el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE). La consideración por el Gobierno actual,  de que la pandilla puede servir a sus intereses políticos, es razón para la cohesión entre pandillas rivales, pues la unión les dará mayor fuerza para recibir altos beneficios del Gobierno.

Un hecho lleva a lo otro, la conveniencia de uno, lleva a la conveniencia del otro. Las relaciones con las pandillas, a nivel social,  se extienden a sus familiares, dependientes de los ingresos del pandillero, formando una red que cubre todo El Salvador y parte del extranjero, donde haya asentamientos de inmigrantes salvadoreños, lo cual permite a quienes tienen interés político y forman Gobierno, tener acceso a una red clandestina que pueden usar ventajosamente; y  la cual ha sido capaz de llevar misiles tierra-aire desde Nicaragua a El Salvador y después a Colombia, sin ser detectado por los servicios de inteligencia o policial de estos tres países, o por el Comando Sur de los Estados Unidos. No sería de extrañar que en un momento, se hiciese público que Salvador Sánchez Cerén, el FMLN y la inteligencia Venezolana, estuviesen involucrados en tal tráfico, en el cual, las pandillas sólo habrían sido su instrumento. La fotografía de Salvador Sánchez Cerén, con los altos mandos de las FARC, en clandestinidad, es muy sugerente de lo que pudiese suceder y más aún, cuando la Dirección del Órgano de Inteligencia del Estado (OIE) sólo responde al Presidente de la República y, el Director anterior de la OIE, es hoy el  Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Ing. Ricardo Perdomo.

El uso del terrorismo, es el instrumento más eficaz como arma en manos de las pandillas, pues atemorizan a la población, no sólo con el propósito de obtener el dinero de ésta,  sino el control territorial que ponen al servicio de los Cárteles de la droga. ¿Qué tiene más fuerza coercitiva: la cárcel (por el Gobierno) o la posibilidad de ser asesinado junto a toda familia (por la Pandilla)? La respuesta es clara. Por tal razón, todas las políticas públicas que conlleven una pena menor que la muerte, serán inútiles para su extinción o disuasión. Sólo el aislamiento total de los pandilleros, puede iniciar la desarticulación de esta estructura; sin embargo, si el Gobierno no está sinceramente interesado en realizarla, no será posible desarticularla, a no ser que la presión ciudadana juntamente con la presión internacional lo logren;  no por conveniencia sólo de El Salvador, sino por la seguridad interna de los países en donde la Pandilla opera: El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, México, Estados Unidos, España (especialmente en Cataluña). Considerando la forma de crecimiento de las Pandillas MS 13 y 18 en el extranjero, es muy probable que en algún cercano momento, puedan interactuar  con las pandillas de origen árabe que ya actúan en  la Unión Europea. Son muestra de lo que pudiera suceder, la capacidad de las Pandillas de actuar juntamente con el Cartel de los Zetas y con todo aquel que les pueda proveer beneficios a cambio de dinero y cobertura política.

RAZONES POR LAS CUALES NO DEBE NEGOCIARSE CON LAS PANDILLAS

Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 26 de abril de 2014

Las razones por las cuales no  debe  negociarse con las pandillas y débese  romper cualquier acuerdo con ellas se haya celebrado, no son antojadizas, caprichoso apoyo a la violencia, como lo ha afirmado el Diputado Gallegos; son  razones de interés nacional, a saber: una política pública de esta naturaleza, no es exclusiva del Órgano Ejecutivo y, mucho menos lo es, cuando éste la ejecuta negando su autoría; la negociación puede efectuarse sobre bases ideológicas y de lucha política, pero no con delincuencia, para “legalizar” sus acciones delictivas y si lo hace porque el Estado no puede someter al delincuente,  legitimaríase ipso-facto, la autodefensa ciudadana preventiva.

En los últimos años, aunque lo ha negado, el Órgano Ejecutivo ha favorecido la negociación con las pandillas y, ha sido el autor de la  cohesión y fuerza de éstas. Para comprobarlo, basta con leer, en el periódico digital argentino, “el puercoespín”, de fecha 17/9/12, una versión que es diferente a la que se da aquí en El Salvador, de la negociación con las pandillas, pero basada en investigaciones “in situ”, en un artículo intitulado: “El Salvador: cómo se consiguió la tregua con las pandillas, por Carlos Martínez y José Luis Sanz” que en uno de sus párrafos dice: “ex guerrillero y ex diputado Raúl Mijango, monseñor Fabio Colindres y el propio ministro de seguridad y justicia, David Munguía Payés, describen hoy una estrategia que fue elaborada desde un primer momento en el despacho ministerial, bajo la explícita autorización del presidente de la República, Mauricio Funes”. Más adelante se aclara que, la participación de Monseñor Colindres, fue estratégicamente pensado sido para dar apariencia de seriedad y sin tramas ocultas al proceso.

Esta política oculta, la amplía hoy, Salvador Sánchez Cerén, en el Vaticano, pero siempre con palabras ambiguas. Por otra parte, no sólo se ha creado una comisión, sino dos comisiones independientes, para tratar el mismo punto, sin aclarar sus objetivos,  que sólo ellos conocen y, cuyo alcance es insospechado por ahora. Una política pública diseñada de esta manera, sólo entre David Munguía Payes y Mauricio Funes,  no llena los requisitos formales para serlo,  pues como política pública, es responsabilidad del Consejo de Ministros y no, de la decisión personal del Presidente Funes y, que debe ser sometida con posterioridad a la Asamblea Legislativa. Por la naturaleza inédita de este proceso con las pandillas, tenemos que relacionar los Art.  167 y 168 de la Constitución, con el Art. 1 inc. 2°, 83 y 86 inc. 3° del mismo cuerpo constitucional. Por otra parte, cuando el Gobierno le da poder de negociación a la Iglesia (católica y protestante), viola el precepto constitucional de separación de Iglesia-Estado, consagrado en el Art. 25, pues no se ha buscado a las personas por su  criterio personal, sino por las  instituciones que representan, las que tienen objetivos muy particulares y excluyentes entre sí, generando a futuro, un conflicto religioso, ya resuelto desde la Constitución de 1886.

Otra razón es que, las acciones de las pandillas son delictivas y perjudiciales para el ciudadano común, pues se están negociando sus garantías constitucionales y derechos patrimoniales: la pandilla restringe la libertad de libre movilidad y, al extorsionar sistemáticamente, crea una “renta” a pagar,  la cual  ser un  gravamen más a los impuestos del Estado.  En el caso de no pagar a la pandilla, ésta aplica “pena de muerte” ipso-facto al extorsionado. La negociación con la delincuencia, es contraria al Art. 4 inc. 2 de la Constitución, pues la pandilla somete al ciudadano a una servidumbre y el Estado “legaliza” dicha situación, por el solo hecho de negociar con ella, y  aún más por llegar con ella, a un acuerdo.

Lo curioso y peligroso  del caso, es que las negociaciones con las pandillas se desarrollan dentro de las cárceles y por ello, se relajan los distintos procedimientos legales, en dichos centros de detención. Esta política, distancia a los Gobiernos democráticos, de la posición de El Salvador, como lo han hecho los Estados Unidos en este particular y,  muy probablemente también, lo harán los países de la Unión Europea, pues las pandillas, son un problema delincuencial transnacional y, en cierta medida, accionan en esos países, con conexiones con El Salvador.

La negociación con las pandillas, crea un espacio de ausencia de poder del Estado, y las pandillas lo saben y  aprovechan muy bien: quedó plasmado así en el “Documento  marco para la búsqueda de la paz”, entregado en persona, al Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, durante  su visita a El Salvador. Dicho documento fue firmado por: representantes  de la MS-13 por Dionisio Arístides Umanzor, “El Sirra”; Carlos Tiberio, “Snyder”; Marvin Adaly Quintanilla, “Piwi”; Saúl Antonio Turcios, “El 13”; Élmer Canales Rivera, “Crook”; Joaquín Moisés Cruz López, “Chele”; Dany Fredi Ramos; Borromeo Henrríquez, “El Diablito”, y Carlos Vélez, “Cerebro”. De parte de la 18 firmaron Víctor García Cerón, “Duke”; Andrés Roberto Barillas, “Lágrima”; César Daniel Renderos Días, “Cementerio”; Jefri Isaac Corvera, “Xochilt”; César Enrique Ábrego González, “Cuyo”; Rubén Toledo Cea, “Humilde”; Óscar René Moreira Palacios, “Pollo”; José Heriberto Henríquez, “Eddie Boy”; José Timoteo Mendoza, “Chory”, y Carlos Ernesto Mojica Lechuga, “Viejo Lin”. La condición era el secreto, pero Insulza, dio su apoyo público a la negociación con las pandillas. El poder de las pandillas para hacer llegar al Secretario General de la OEA al penal de Mariona, es SU CAPACIDAD DE ASESINATO Y DE CONTROL TERRITORIAL, ADEMÁS DE SU PODER ECONÓMICO, PRODUCTO DE LAS EXTORISIONES, TODO LO CUAL CREA SU FUERZA POLÍTICA.

La pandilla recibe dinero de la misma fuente tres veces: primero, cuando extorsiona directamente, segundo, cuando el Estado le da dinero y, tercero, cuando vende la droga; la fuente es siempre la misma: el trabajo del ciudadano honrado, pues de éste, sale la extorción directa; es indirecta cuando lo recibe del Estado,  producto de los impuestos y delictiva cuando es producto de la venta de  droga. El dinero en los tres casos, es producto del trabajo honrado del ciudadano que trabaja y que a veces encuentra en la droga y el alcohol, alivio a la triste realidad a que lo someten el Estado y la pandilla.

Ante la ausencia del poder del Estado para suprimir la pandilla,  es lícita la neutralización del pandillero, por parte del ciudadano, en recurrencia a su legítima defensa (acto en flagrancia y en defensa de la su vida e integridad física personal o de sus familiares), pero esos casos, son contados en relación con los realizados por las pandillas. En consecuencia se corre el riesgo que las comunidades se armen para su defensa común, como ya ha sucedido en Colombia y hoy, en Michoacán, México. Es poco probable, pero no deja de ser un riesgo para la estabilidad del país, pues ya el Estado tendría que combatir, no una fuerza, sino dos, aunque si el propio Ministro de Defensa es el autor intelectual de la negociación con las pandillas, con el aval del Comandante General del Ejercito, es muy probable que sea más cómodo volcar el poder del Estado contra quien quiera defenderse colectivamente, que contra las pandillas, por lo cual tendríamos al Estado, defendiendo a las pandillas, en vez de defender a los ciudadanos. El tráfico ilegal de armas desde Guatemala y Honduras a las pandillas, sólo es posible si el Gobierno ha actuado bajo el concepto jurídico penal de “comisión por omisión”

DIÁLOGO CON LAS PANDILLAS Y PACTO DE NACIÓN

Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 25 de abril de 2014

El actual y futuro Gobierno, está anunciando el Diálogo con las Pandillas y el Pacto de Nación, en dos planos diferentes, sin  aparente relación que sin embargo, sí la tienen, pues finalmente, dichos diálogo y pacto, vendrán a impactar la vida en sociedad en la cual, una de ellas, tendrá que  soportar a la otra. El resultado del dialogo del Gobierno con  las pandillas, tendrá que ser aceptado obligatoria y coercitivamente, por el resto de la sociedad, pues que será parte del Pacto de Nación. El problema está en  que la sociedad salvadoreña, NO QUIERE NEGOCIAR CON LAS PANDILLAS : el único Pacto de Nación que sí está dispuesto a aceptar, es el fiel cumplimiento de la Constitución Política y, de ninguna manera LA TRANSFORMACIÓN  SOCIAL DEL PAÍS Y SU ECONOMÍA.

El fenómeno de las pandillas, es consecuencia de condiciones sociológicas exógenas a El Salvador y, fuera del control y responsabilidad de los  individuos de la sociedad, pero desarrolladas dentro de la misma, debido a la incapacidad coactiva del Estado salvadoreño. La discriminación racial en las ciudades norteamericanas, no es responsabilidad del salvadoreño, como no lo es tampoco, la disfunción familiar en la que el marero se creó (hijos sin padre y violencia intrafamiliar). Hechos que, si en su momento no fueron reprimidos por el Estado, en  cumplimiento de la ley vigente, o no fueron objeto de preocupación de la Iglesia (católica o protestante), no justifica venir a imponerle al ciudadano común, trabajador y sujeto a la ley, la responsabilidad del hecho que aflige a la sociedad y, mucho menos, a imponerle la aceptación de los delincuentes como parte inevitable de la sociedad salvadoreña y además, por ley, bajo el cobijo del Estado.

Joaquín Villalobos, llama al fenómeno de las pandillas “La Revolución Lumpen”,  y afirma que su existencia es natural y congruente con toda la “exclusión social” que provoca el “capitalismo”. Esta idea, expresada en diferentes formas por la izquierda, lleva inevitablemente a un “Dialogo con las Pandillas”, al reconocer que es “lícito” su origen, dentro de la dinámica social y de la  incapacidad del Estado para combatirla. Si el Estado no puede combatirla, por falta de voluntad política, procedimientos y legislación, aunada a la falta de coercibilidad o  a la imposibilidad de llevarla a cabo, es natural el DIALOGO PARA LLEGAR A UNA NEGOCIACIÓN ENTRE DOS FUERZAS ANTAGONICAS PERO IGUALES (PRINCIPIO DE BELIGERANCIA EN EL DERECHO).

Lo resultante del Diálogo con las Pandillas,  será luego impuesto indirectamente en el Pacto de Nación, pues a la larga, todo se traducirá en DINERO QUE NECESITA EL ESTADO Y LA ÚNICA FORMA DE OBTENERLO, ES QUE LO DE LA ACTIVIDAD PRIVADA. Este no es el primer Diálogo con las Pandillas, que  Funes inició, con el reconocimiento internacional del mismo. Ya  se ha utilizado a las pandillas electoralmente, por todos los partidos políticos, de forma activa, para contingencia (amedrentar al contrario) y activismo político, o de forma pasiva, para que se abstengan de hacer lo pactado con el contrario.

En un reportaje de El Faro.Com, aparece Paolo Lüers, como el mediador de ARENA con las pandillas, y deja entrever que, la diferencia de votación obtenida en la segunda vuelta electoral,  con relación a la primera, se debió a la negociación realizada por él,  con las pandillas, pues gracias a ésta, la población pudo ir a votar libremente, sin miedo a las pandillas y, no influyó negativamente en la votación.  Tal opinión no es positiva ni apegada a la realidad, es  desmerecer lo logrado por todas las organizaciones que, en la primera y la segunda vuelta  apoyaron electoralmente a ARENA. Sin embargo, lo pongo como ejemplo por que es precisamente lo que se pretende hacer ahora: IGNORAR LA VOLUNTAD DE TODA LA CIUDADANÍA SALVADOREÑA EN LOS TEMAS RELATIVOS A LAS PANDILLAS Y A SU FORMA ECONOMICA DELICTIVA DE VIVIR: LA EXTORCIÓN Y ASESINATO.

El resultado del Dialogo con las Pandillas, será seguramente: concederles beneficios por parte del Estado, mediante la participación de los particulares (su aportación directa o por medio de nuevos impuestos) y, favorecer la consolidación de sus estructuras. La actual violencia es motivada por dos razones estratégicas: la primera,  probar al Gobierno,  que debe de cumplir con ellos lo pactado electoralmente y que ellos  tienen el poder suficiente para exigir su cumplimiento; la segunda es que, mientras más presión realicen (matando a miembros de la pandilla contraria, ataques a la PNC, FAES y personas habitualmente extorsionadas), lograran más fácilmente, una negociación  dentro del Diálogo establecido. De este modo, se están repitiendo  condiciones políticas internas, como las que fueron previas a los Acuerdos de Paz de 1992,  pero esta vez, sin componentes ideológicos, sino sólo por la fuerza bruta.

Lo que debemos tener, en esta circunstancia, es clara visión del propósito de estos hechos: la transformación económica y social del país, utilizando a las Pandillas como una punta de lanza y logrando de este modo,  los cambios que no se lograron con y luego de los Acuerdos de Paz en Chapultepec.

Los únicos que pueden evitar que el Dialogo con las Pandillas puedan alcanzar sus metas: reconocimiento legal, beneficios económicos, jurídicos y consolidación como estructura capaz de oponerse al Estado con su fuerza: es la oposición de cada uno de los ciudadanos en su carácter personal, expresando su descontento a su vecino, a su amigo, a su comunidad y asociación, con entera libertad y sin miedo, para crear una presión social que no permita la consolidación y la aceptación general de tales propuestas, restándole la legitimidad social que con la que pretende cubrirla el Estado. Las personas que el Gobierno ha escogido para el Diálogo, pueden ser buenas personas en lo individual, pero su visión, es diferente a la que tiene el  ciudadano extorsionado por las pandillas o temeroso de lo que pudiera sucederle. ¿Representa el Padre Toño a todos los católicos del país?, ¿representa el Pastor Rivas a todos los protestantes del país?, ¿representa FUNDE a todas las entidades cívicas y tanques de pensamiento  del país? Claro que no. Sólo la sociedad en su totalidad, víctima del terrorismo de las pandillas, tiene derecho a pedir a sus dirigentes encuentren medios para suprimir la acción de las pandillas que tanto las afligen.

PÉSAME POR EL FALLECIMIENTO DE LA POETISA HILDA MARINA INTERIANO DE PAYES (MARINA DE LA CUEVA)

PUBLICACIÓN ACCIÓN Y VICTIMAS DEL TERRORISMO EL SALVADOR

expresan su pesar por el fallecimiento de la insigne poetisa

DOÑA HILDA MARINA INTERIANO DE PAYES

(MARINA DE LA CUEVA)

1929-2014

NOCTURNO

Cuando la angustia se apodere

de tus sueños,

Haciendo rodar la noche con lentitud

monótona,

Y el desvelo cubra tus ojos con un

blanco velo.

Sorbe el tiempo en los vasos de un

añejo vino,

O pinta el lienzo nocturno con

los humos de una pipa,

Hasta que morfeo con tu lira,

te confunda en la noche.

Tomado del libro: RECUERDO: GABRIELIN -SUS POEMAS- San Salvador 21 de agosto de 1990

LA IZQUIERDA Y SUS DOS MANOS

Por
Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra
Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN http://publicacionaccion.blogspot.com
San Salvador, 17 de abril de 2014

Uno de los problemas que el FMLN tendrá que enfrentar al asumir el poder del Estado (pues controla la totalidad de las instituciones públicas), será el de mantener en equilibrio, su doble participación: muy acertadamente, empleó este doble juego, durante el Gobierno de Mauricio Funes en el cual fue, partido en el Gobierno pero sin ser Gobierno.

Hubo una serie de acciones políticas que directamente, no son atribuibles al FMLN pero que, muy cómoda y convenientemente, dejo que se efectuasen: los dudosos cuestionamientos del Lic. Rosalío Tochez Zavaleta como Presidente de la Corte de Cuentas de la República a Norman Quijano y a Ana Vilma de Escobar los cuales al final, fueron desvanecidos. Pero ahora se rumora que su objetivo son todos los alcaldes opositores al FMLN. Notable fue la insidia del presidente Funes contra los involucrados en el caso CEL-ENEL y en el de Paco Flores, que crearon un frente publicitario en favor del FMLN pero que, por su sobresaturación de publicidad, tuvo al final, un resultado adverso: siendo evidente el abuso de poder del Estado que hacía Funes, resulto en una subida notable en la votación a favor de ARENA.

Ahora vemos que en la primera reunión de ARENA con el FMLN, para la preservación de la Gobernabilidad, sólo se trataron temas de generales de país,  pero ninguno  práctico, pues, aunque el principio es de crear “acercamientos”, no se puede soslayar las acciones de la “mano oculta”, que es la de la política partidaria;  una mano  que ya no podrá ser  usada por el Gobierno, pues este ya no podrá  jugar dobles papeles: ser gobierno y oposición a la vez

Es de prever que por el momento, el FMLN seguirá utilizando el caballito de batalla: señalar la corrupción de los Gobiernos pasados, excluyendo el de Saca y  el de Funes, lo cual enviaría  mensaje muy peligroso hacia los Gobiernos cooperantes (excluyendo a Venezuela), pues  se afirmaría la protección de la corrupción por motivos políticos; que no basta un finiquito del Presidente de la Corte de Cuentas, o el comentario de un Juez en una Sentencia, para borrar de la opinión pública, lo evidente que es en el presente la corrupción estatal.

Los señalamientos que los rotativos hacen, sobre el caso de la presa del Chaparral y la adjudicación  parcializada de licitaciones públicas (ejemplo, la contratación de la empresa que realizara los escaneos en las fronteras) refleja una corrupción,  que no es juzgada por parte del Estado, pues se trata  de sus mismos funcionarios. La corrupción en el uso de fondos público-privados, provenientes del ALBA, para la campaña electoral pasada, no deja de ser corrupción, aunque el Superintendente de Competencia afirme lo contrario, pues su papel durante el conflicto armado, fue  de apoyo en el extranjero a los grupos  del FMLN  y, es natural por esto, que  no haría algo que pudiera dañar los intereses del FMLN,  aunque  sí de sus enemigos políticos.

La imparcialidad de las instituciones públicas, en el caso de CEL-ENEL se cuestiona, desde el momento de la insistencia de revertir el resultado del arbitraje en París,  que fue adverso al Estado de El Salvador. El Dr.  Héctor Hernández Turcios, propuso como una primera instancia,  que la Fuerza Armada, en defensa del territorio nacional, recuperara de las manos italianas, las instalaciones de la geotérmica; propuesta absurda,  que en la ocasión replique en un artículo de esta publicación. Con el embargo hacia los bienes italianos y de los antiguos directores de la CEL, utilizando para dicha acción legal, las valoraciones de daños y de valor de empresa, realizados por una empresa privada, propiedad de unos de los Ministros del Gobierno Funes, pone en duda la parcialidad del peritaje respectivo y así mismo pone en duda las acciones emprendidas por el patrocinio infiel que se pudiese estar dando en este momento y encubiertos dentro del proceso judicial existente, pues fueron las mismas personas que en su momento, representaron los intereses nacionales en Paris, siguiendo los lineamientos de los hoy procesados,  quienes resultan ser los “asesores” de la Fiscalía General de la República, contra los antiguos Directores de CEL, hoy procesados.

El FMLN tendrá que establecer con claridad cuál es su juego: como entidad de Gobierno y como opositor,  no puede ofrecer paz política, desarrollo económico y gobernabilidad, si sus mismas entidades, envían mensajes indirectos de procesos y embargos  a entidades internacionales y propuesta de un indigenismo inexistente, proclive a la alteración de la paz pública.

Por otra parte, la misma Derecha política, debe ser  firme en sus negociaciones, pues no son temas abstractos los que afectan o interesan al pueblo salvadoreño. Son la estabilidad económica, la delincuencia, la solidez en la tenencia de la tierra y la no persecución política contra quienes han luchado,  con las armas  o  con acciones políticas contra el FMLN, en un apoyo directo o indirecto a la institucionalidad del Estado.

 

CREANDO A FRANKESTEIN

Por             

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com

San Salvador, 15 de abril de 2014.

Al igual que en la novela Frankenstein o el moderno Prometeo, de novelista Mary Shelley, nuestros inspirados políticos de izquierda, pretenden volver a la vida un monstruo, con distintos sucesos de nuestra historia patria, como no creen en Dios, juegan a serlo y pretenden volver a la vida a pueblos originarios cuya memoria hace tiempo se extinguió y de cuya existencia, sólo saben quienes acuciosos, leen los libros que registran nuestra historia. En El Salvador pretenden, los legisladores que al mágico conjuro de una ley volverán a la vida las huestes indígenas a las que deberá otorgárseles beneficios ancestrales a costa del sacrificio de todos los salvadoreños de la presente generación, pues por la natural evolución de su mestizaje, no podremos probar quien tiene y quien no tiene sangre indígena. La ley, será por panto un Frankenstein real que amenazará destruir a todos los salvadoreños.

 

La nueva ley que para preservar el indigenismo pretende aprobar el FMLN como una ( so pretexto de expresión cultural y turística), se extiende hacia la concesión de “autonomía de pueblos originarios” y a establecer el resarcimiento en tierras e indemnizaciones sobre la disolución de los ejidos en 1882, por lo cual “El Estado reconoce y protegerá los derechos de los pueblos originarios a poseer, explotar, controlar y utilizar sus tierras, territorios y recursos naturales”. Este proyecto de Ley implica revertir un proceso iniciado en 1839 y culminado con la Constitución liberal de 1886. No toma en cuenta, la evolución urbanística ni económica de El Salvador actual. Y aún revierte dl concepto establecido por Manuel José Arce, en nuestra independencia, en que no habrá distinción al momento de su enterramiento, entre los salvadoreños (indios, criollos, españoles, mestizos, mulatos, zambos y saltatrás).

A manera de ejemplo: según el plano de San Salvador en 1896, elaborado por J. Arciniegas, Colombiano, aprobado por el Ministerio de Gobernación e impreso y editado por POMÉON & SES FILS, Loria, Francia. Al norte, San Salvador tenía como límite el Campo de Marte, hoy Parque Infantil; al sur, el Cementerio de los Ilustres; al oeste el Hospital Rosales y al este, el barrio de la Vega…… todo lo demás fueron tierras ejidales…. Y la caficultura está asentada en tierras reclamadas en base a la posesión por la siembra de café, de acuerdo a las leyes de la época….. ¿Revertiremos eso… y extinguiremos las circunscripciones municipales creadas durante el siglo XX?

Sin tomar en cuenta,  otro problema a dilucidar que es ¿Quién es indígena? Si no existen criterios legales para determinarlo y, según ciertos estudios demográficos, se establecen como población indígena el 1% o menos de la población, pues el 85% es mestizo y el restante, es de ascendencia europea, árabe, negra y asiatica. Lo cual implicaría decretar una legislación similar a “Las leyes de Núremberg de pureza racial, de 1935” y, dar categorías de “Derecho” según fuese el porcentaje de ascendencia indígena….. y de responsabilidades en el caso de ser de origen europeo….o deducir responsabilidades ancestrales, en el caso de que los antepasados hayan colaborado o aprobado las leyes de disolución de los ejidos, por violación a los derechos raciales ancestrales de los indios. Adviértase que todo lo aquí planteado como posible, riñe con nuestra Constitución Política y más aún, con nuestra verdadera cultura y ser histórico; sería aberración histórica.

Cuatro son las intenciones del FMLN al presentar tan absurdo y perverso anteproyecto de Ley. Primero, crear contradicciones, en una sociedad que ha devenido homogénea a lo largo de toda su existencia y, probar que su ideal de lucha de clases es real, con prueba científica; segundo, crear las condiciones para la destrucción de la productividad privada, que tendrá como forzosa consecuencia, la supremacía del poder estatal y, aplicar el principio de la “prueba de la propiedad histórica”, fuente de las confiscaciones en Venezuela; tercero, crear en la población una zozobra social,  desaparecida de los Acuerdos de Paz y del pasado período eleccionario; cuarto,  lograr, por medio del populismo, el caudal electoral que les dé el triunfo en el 2015 y preparación para el 2018 y 2019. Consecuencia de que ésta ley no se apruebe, será inculcar en el alma popular la idea y deseo de reclamar un derecho que no existe,  pero el cual, el FMLN presenta como real, acusando a los que se opongan de conculcar los Derechos Populares: Frankenstein en acción, logrando como mínimo,  la justificación para la toma de tierras agrícolas, con fines de vivienda.

Muy oportuno momento es este para llamar la atención del partido ARENA, cuyo presidente afirmó que el suyo es el único partido de Derecha. Es el momento en que sus diputados, principalmente de los departamentos más cafetaleros: Santa Ana, Ahuachapán, Sonsonate, La Libertad, Usulután y San Miguel, sepan defender con argumentos de sólido saber histórico saber social y político, y no se escondan bajo la argumentación de que es competencia única de la Comisión de Cultura o que están esperando lineamientos del partido o que “es una ley que tiene cosas buenas y hay que estudiarla” para luego salir con la tontería de que “la aprobamos así porque venía peor, y no podíamos oponernos por ser minoría, pero la cambiaremos cuando cambie la correlación de fuerzas y nos sea favorable”, como sucedió con la Ley de Ordenamiento Territorial,  que no es más que una ley preparatoria para esta nueva ley.

Aquí en El Salvador no existen las diferencias raciales: somos un pueblo sólidamente cohesionado, indios, españoles,  otros europeos, árabes, y asiáticos, están en el origen de la población actual. Nuestro mestizaje es una realidad histórica, irreversible pero imposible de probar en qué grado se es español o indio. Nuestra lengua es el español o castellano. La religión cristiana es nuestra fe profunda. El lenguaje náhuatl es una reminiscencia histórica que sólo puede interesar a quienes tengan curiosidad por las civilizaciones precolombinas. Rendir culto a los dioses indígenas, es rendirle culto a Huichilopoztli, con sus sacrificios humanos y posterior preparación de los restos en mole y alhuaishte…., o luego cubrir el ícono del Señor Degollado con la piel restante….

PITBÚLICA MORDIDA DE LA IZQUIERDA CONTRA SUS ENEMIGOS

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com

San Salvador, 9 de abril de 2014.

Pitbúllica….así, sólo a la cruel y tenaz mordida de un perro pitbull, puede compararse la feroz y tenaz persecución que la izquierda realiza contra sus antiguos enemigos. En efecto, cual feroz pitbull, no distingue a quien muerde, pues en ocasiones hiere a un a quien sirve a sus intereses. Pitbúllica es la clasificación justa para describir la tenacidad con la que se persigue a los militares iniciados en España, por la muerte de los padres jesuitas, durante la ofensiva guerrillera de 1989.

El proceso iniciado contra trece militares salvadoreños, encausados por el Juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco Núñez, parecía finiquitado en virtud  la Disposición Transitoria Única, incluida en la reforma del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que obliga al sobreseimiento de todas las causas que no cumplen los nuevos requisitos que limitan la justicia universal.  Sin embargo, a instancia de este mismo Juez y de los querellantes, se ha cambiado la tipificación delictual y se eleva, el proceso a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, para que determine si el juicio que se celebró en El Salvador, fue "un mero fraude" y "una formalidad para aparentar la realización de una justicia que no fue tal".

La pretensión de juzgar a los militares salvadoreños por  terrorismo y, considerar que la justicia salvadoreña fue sólo un mero arreglo de forma, presenta a salvar, dos graves problemas jurídicos: el uno, es sobre la calificación de terrorismo  y el otro, sobre  la capacidad de un tribuna de un Estado, de juzgar las acciones judiciales de otro Estado (soberano), con el cual se ha  sostenido relaciones diplomáticas normales, durante  la comisión  de los hechos a juzgar. Estas dos situaciones a considerar son de palpitante debate jurídico y político en España, a partir de la existencia  ETA y sus actos de terrorismo.  La complejidad de esta situación, se puede apreciar en Concepto Jurídico de Terrorismo y Elementos Subjetivos de Finalidad. Fines Políticos Últimos y Fines de Terror Instrumental. De Adela Asua Batarrita . Catedrática Derecho Penal de la Universidad del País Vasco.

El Código Penal Español, al igual que las Naciones Unidas,  no ofrece  una definición propiamente dicha de terrorismo; sólo ofrece los rasgos comunes a los dos grupos básicos de actos de terrorismo, los cuales pueden concretarse en dos requisitos: uno de carácter objetivo: la realización de una conducta que es, en todo caso, constitutiva de delito, como delito común de asesinato, de secuestro, de amenazas, estragos...etc., y otro, de carácter subjetivo, de fin a perseguir o teleológico, que impregna el sentido del hecho definido, por la finalidad de “subvertir el orden constitucional o de alterar la paz pública”. Finalidad con la cual se caracterizan las bandas armadas, las organizaciones o grupos terroristas”(art. 571) y  a los delitos cometidos bajo sus dictados, y el cual se reitera, como elemento subjetivo, en la tipificación del terrorismo del terrorismo “periférico” (art. 577). Bajo estos conceptos,  los militares juzgados por el Juez Eloy Velazco Núñez, no encajan en la tipificación de terrorismo. Y si  se los  aplicamos a los militares ya juzgados en El Salvador, tampoco encaja el tipo penal, pues en el mismo proceso, llevado en España, señala la participación de los sacerdotes jesuitas dentro del proceso político, del cual,  sólo fue una derivación la ofensiva de noviembre de 1989.

Para que pudiera ser aceptada en este caso la tipificación de terrorismo, se tendría que admitir la tesis de “terrorismo de Estado”, tesis  sí sustentada por ETA, EZBOLLAH, IRA y otros grupos terroristas, así como por socialistas  e islamistas ortodoxos, que consideran a los Estados Unidos e Israel, como los promotores del terrorismo en el mundo. Además,  implicaría que el Gobierno de Felipe González y de su Ministro de Asuntos Exteriores de España, habrían sostenido relaciones diplomáticas con un “Estado y Gobierno terrorista”, mientras no reconocían al FMLN como el “legítimo representante del pueblo salvadoreño”, agrupación allegada a ETA y en la cual, algunos de sus miembros colaboraban en actividades contra el Gobierno salvadoreño y hasta hubo algunos de ellos que murieron en este territorio salvadoreño. Esta situación presenta un dilema moral y político para la justicia española: el terrorista condenado como tal en suelo español, habría realizado en suelo salvadoreño las mismas actividades, pero tendrían que ser consideradas “legítimas” por las autoridades judiciales españolas.

La persistencia de la izquierda, ha mordido también al Juez Eloy Velazco Núñez, pues en noviembre de 2011, el colectivo  de la Izquierda Anticapitalista, presenta, en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, una querella criminal por prevaricación, pues  había resuelto el Juez Velazco Núñez, dejar sin efecto,  la citación del General Venezolano, Néstor González,  quien en tal momento se encontraba asilado en Costa Rica y, cuya orden de captura por el Gobierno de Hugo Chávez, podría hacerse efectiva en España si dicho General pisase suelo español, pese a ser un caso claramente político. Este proceso se inició a solicitud de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, de la Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid y del Frente Iberoamericano de Madrid,  para determinar la supuesta colaboración entre ETA y las FARC. Y lo cual es en extremo molesto para la Izquierda.

La cuestión se presenta ambigua: ¿Quién en verdad es terrorista? ¿puede calificarse de terrorista a quien combate bajo el juramento de dar la vida en defensa de la ley y la nación? ¿o es terrorista quien bajo el amparo de la ley promueve a tiza y justifica la subversión de la guerrilla para el logro de sus fines con el propósito de cambiar el orden legítimo establecido?

La acusación de terrorista trastorna la lógica. El Estado, invocando la ley, acusa de terrorista a los subversivos y éstos, invocando sus “derechos” (que sólo ellos se atribuyen) acusan de terrorista al Estado y persiguen a sus defensores con Pitbúllica mordida. Confiamos sin embargo, en que, por gracia de Dios la justicia que no satisface intereses,  ni rinde pleitesías por fin dará su fallo: los terroristas irán a la cárcel y los valientes que lograron derrotarlos extinguiendo la Pitbúllica mordida, serán justamente honrados y recompensados por que supieron salvar a su patria con riesgo de su propia vida.

“Cuando se busca tanto el modo de hacerse temer se encuentra siempre primero, el de hacerse odiar”. Montesquieu 

LA EMPRESA PRIVADA Y EL GOBIERNO

Por

Lic. Fernán Camilo Álvarez Consuegra

Editor de PUBLICACIÓN ACCIÓN  http://publicacionaccion.blogspot.com

San Salvador, 7 de abril de 2014.

Los diferentes conflictos ideológicos y prácticos que pueden suscitarse entre la actividad privada y  el ordenamiento del Gobierno, giran en derredor del concepto de “autoridad” y “poder”, sin importar la magnitud ni la naturaleza del conflicto. Siempre existirán los conflictos y serán normales, como expresión de las existentes  fuerzas vivas. Sin embargo, si el resultante de la acción de estas dos fuerzas, destruye más de lo que construye, las fuerzas se vuelven perjudiciales y van en detrimento del progreso social, que estas dos fuerzas, pretenden desarrollar.

La palabra “autoridad”, derivada del latín, “autoritas”, implica la importancia e influencia de que gozan en reconocimiento general varias personas o un individuo, en un sistema de opiniones. Dejaremos por hoy, de lado, la “autoridad moral” y, nos centraremos en la “autoridad social directa”, que da forma al grupo social;  o sea, al cuerpo mismo de una sociedad. Consideremos que existe la capacidad de crear un grupo social, asegurando su cohesión y su capacidad de hacerlo funcionar,  según sea el fin para el cual ha sido creado. En este sentido, todas las organizaciones dentro del Estado, como gremios, sindicatos, ONG´ s, empresas privadas, partidos políticos o personas individuales, poseen cierto grado de autoridad, dentro del conglomerado social.

En términos prácticos, la autoridad es un hecho: es la capacidad de la personalidad de irradiar influencia, de crear cohesión social y obediencia; pero,  el tejido social es también un hecho real y, de éste, surge el Derecho.  De este tejido social, nace el poder legítimo: El poder  que en un sentido más amplio,  permite realizar actos y regir conductas, de naturaleza coercitiva y, por eso,  en casos especiales, ejercer la coacción.

Mientras que la autoridad es de naturaleza “espiritual” o de aceptación voluntaria general, el “poder” evoca una realidad material, por lo que, en la sociedad, no pueden estar divorciadas y menos aún, ser antagónicas, pues  en tal caso se daría  a la ingobernabilidad de un Estado con muy nefastas consecuencias para la sociedad misma.

El socialismo en su persistente visión de lucha de clases, ve un peligro constante en todo gremio, asociación o institución, que están en pugna constante por lograr el dominio dentro de la sociedad: no considera los objetivos que toda agrupación persigue. Del toda errónea es esta manera de apreciar las relaciones de las agrupaciones sociales, pues el tejido social es, en realidad, uno, que ofrece algunas características diferentes o roles y pretensiones dentro de los grupos particulares, pero que no afectan el objetivo general. Con esta visión, el socialismo comente su primer gran error: creer que el poder del Estado, obtenido gracias al voto ciudadano es diferente del que expresa, socialmente, en sus relaciones con las agrupaciones y que, por ser poder coercitivo del Estado, las asociaciones están sometidas al imperio del Estado.

El segundo error del socialismo es calificar de política partidaria, la actividad de cada gremio, sindicato o asociación, siendo que esa actividad es política sí, pero en su sentido más amplio: conseguir fines específicos; el apoyo político partidario en el sentido de lo congruente con dichos fines particulares de cada entidad. Conforme con esta visión socialista, sería de esperar que la empresa privada se volviese enemiga del Gobierno. Esto no puede ser, pues,  para existir la empresa privada, tiene que desenvolverse dentro del Estado y no, fuera de él, como sí lo hacen los grupos delincuenciales, que por naturaleza son opuestos al Estado y no obedecen sus reglas.

El Derecho tiene por objeto subordinar el poder a la autoridad, es decir, permitir al espíritu social, gobernar los mecanismos del Estado. Hay una física social que es el conjunto de las leyes naturales que rigen la sociedad, pero hay también, una psiquis social que es la ley espiritual que se impone a esas leyes naturales en la sociedad y son aquellas derivadas de la moral y el buen vivir. Resumiendo,  tanto en la sociedad como en el individuo, hay necesidad y libertad, materia y espíritu, lo físico y lo psíquico, cuerpo y alma, lo mecánico y lo vivo, pesadez y agilidad, poder y autoridad. El socialismo invierte esas relaciones, supeditando al poder del Estado, la moralidad social (ser de la  sociedad). Lo cual, desde el punto de vista, formalmente jurídico,  es correcto, pero sin su objetivo social o moral, rompe la espina dorsal de la sociedad, pues el gobernante del Estado, no puede presumir e imponer la moralidad social, cuando ésta nace de la sociedad misma.

Por las razones así expuestas, el poder del Gobierno, no debe  agredir el ser moral (espíritu de la sociedad) expresado en las fuerzas vivas de la sociedad, las que se reconocen por su “autoridad”. En lo económico, la empresa privada representa ese ser moral de la sociedad y el Gobierno, obligado está a llegar a  un entendimiento con ella, no por sumisión del uno a la otra, sino porque su entendimiento es en beneficio del país y, en consecuencia debe de hacerse por difícil que parezca. En consecuencia es para bien del Estado el buscar toda condición que favorezca dicho entendimiento y no serán sucedáneos de la empresa privada para llenar los requisitos formales y de apariencia de gobernabilidad por parte del Estado.

Debe guardarse el Estado de toda medida o disposición gubernamental que sea proclive al perjuicio, destrucción o extinción de la empresa privada. Deberá guardarse, el Estado de declarar medidas en favor de una empresa estatal o partidaria, con la intención de suplantar la verdadera empresa privada.